Avances y desafíos de la JEP en la Justicia Transicional Restaurativa: Informe de la ONU

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su Informe Anual sobre Colombia 2024, en el que reconoce los avances significativos en la implementación de la Justicia Transicional Restaurativa por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El documento destaca logros clave en la protección de los derechos de las víctimas y la consolidación de mecanismos de justicia, al tiempo que señala desafíos pendientes en el proceso.

Uno de los avances más relevantes mencionados en el informe es la adopción de la Medida Cautelar Nacional para garantizar la memoria y la verdad, así como para fortalecer la búsqueda, identificación y entrega digna de víctimas de desaparición forzada. Este mecanismo busca abordar obstáculos estructurales que han limitado la respuesta del Estado en estos casos, incluyendo la falta de consolidación de sistemas de información y el subregistro de víctimas.

El informe también resalta el progreso en los macrocasos de la JEP. En particular, destaca la imputación a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento de menores en el Caso 07. Asimismo, menciona el primer juicio adversarial iniciado en septiembre de 2024 contra un compareciente que no reconoció su responsabilidad ni aportó verdad.

Otro aspecto relevante del informe es la colaboración de la JEP con autoridades territoriales para la futura imposición de sanciones propias. Se han adelantado diálogos con el sector público y privado, así como con la cooperación internacional, con el fin de garantizar la implementación de estas medidas. Además, la ONU valora los esfuerzos de la JEP en el cumplimiento del régimen de condicionalidad para aquellos comparecientes que no fueron identificados como máximos responsables.

A pesar de estos avances, el informe advierte sobre los desafíos que enfrenta la Jurisdicción. La persistencia de la violencia contra la población civil, el reclutamiento forzado y la desaparición de personas siguen limitando la participación de las víctimas en el Sistema Integral para la Paz. Asimismo, se señala que estos crímenes afectan de manera desproporcionada a grupos vulnerables como la niñez, las mujeres, los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes.

En respuesta a estos retos, la ONU insta a la JEP a avanzar con determinación en la instrucción de nuevos macrocasos, especialmente el Caso 11, que aborda la violencia de género y los crímenes motivados por prejuicios basados en la orientación sexual.

El informe concluye reiterando el compromiso de las Naciones Unidas con el proceso de paz en Colombia y hace un llamado a todas las partes involucradas a fortalecer la implementación de medidas que garanticen los derechos de las víctimas, consolidando así una paz sostenible e inclusiva.

Fuente: jep.gov.co

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Fortalecen articulación interinstitucional para el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes en Bogotá

El Consejo Superior de la Judicatura y la Alcaldía Mayor de Bogotá han anunciado avances en su colaboración interinstitucional con el objetivo de mejorar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Esta iniciativa busca replicar buenas prácticas que han permitido a jóvenes en conflicto con la ley restablecer sus planes de vida.

Durante la jornada de socialización titulada «Buenas prácticas judiciales: Programas de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica a cargo del Distrito», el vicepresidente del Consejo, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, enfatizó la relevancia de la articulación institucional. Según Vallejo Jaramillo, esta colaboración es crucial para proporcionar a los adolescentes herramientas que les permitan transformar sus vidas y contribuir positivamente a la sociedad.

El evento contó con la participación de jueces penales especializados en adolescentes, quienes discutieron estrategias como la justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Estas prácticas buscan fortalecer las capacidades comunitarias para la convivencia y prevenir la participación de menores en actividades delictivas.

Además, el magistrado coordinador del área penal señaló que los espacios de diálogo entre jueces, empleados judiciales y autoridades de la Alcaldía Mayor de Bogotá han producido resultados positivos. Estos incluyen la reducción de la reincidencia de menores en actos delictivos y una mayor satisfacción de las víctimas.

El magistrado concluyó destacando la importancia de trabajar conjuntamente para mejorar la ciudad y la sociedad, impactando de manera positiva las vidas de los jóvenes que han infringido la ley, al tiempo que se resuelven los conflictos generados y se protegen los derechos de las víctimas.

Fuente: ramajudicial.gov.co

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Estudio revela medidas para una justicia restaurativa en casos de violencias basadas en género y prejuicio en Colombia

En la semana conmemorativa del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, el Observatorio de Justicia Transicional de Colombia, bajo la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha presentado su estudio «Transiciones justas en clave restaurativa: Medidas y sanciones restaurativas en casos de violencias basadas en género y violencias por prejuicio».

El informe examina la concepción, diseño e implementación de enfoques de género y la perspectiva interseccional en la justicia restaurativa para casos de violencias basadas en género y prejuicio. Propone cerca de 20 buenas prácticas tanto para autoridades judiciales como para entidades del ejecutivo, con roles en la Justicia Transicional Restaurativa en Colombia.

Los resultados del estudio han sido compartidos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un esfuerzo por respaldar y contribuir técnicamente a su labor fundamental.

Mariana Ardila, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, enfatiza: «El momento de la justicia transicional restaurativa para las más de 35 mil víctimas de diferentes tipos de violencias de género y violencias por prejuicio registradas en la JEP es ahora.»

El lanzamiento de este estudio busca enriquecer el debate sobre cómo diseñar e implementar medidas que contribuyan efectivamente a reparar y restaurar los profundos daños causados por estas violencias.

Las recomendaciones se centran en acciones que contribuyan a prevenir la violencia basada en género y el prejuicio, así como en transformar las condiciones estructurales que perpetúan la exclusión y discriminación. Además, destacan la importancia de garantizar la participación y seguridad de las víctimas en el proceso, así como el cuidado de su salud mental y emocional.

El estudio contó con la participación de diversas organizaciones sociales, funcionarios de la JEP, académicos y expertos internacionales en justicia transicional y restaurativa, así como representantes de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. Fue realizado bajo la consultoría de la Fundación APG, Paz y Reconciliación.

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La JEP reconoce al río Cauca como víctima del conflicto armado: Un paso hacia la reconciliación ambiental

En un acto de significativa trascendencia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha notificado oficialmente a las comunidades del río Cauca sobre el reconocimiento de este afluente como víctima del conflicto armado en Colombia. Esta diligencia, que tuvo lugar en el corregimiento La Balsa, municipio de Buenos Aires (Cauca), marca un punto de inflexión en la justicia ambiental y la búsqueda de reconciliación en el país.

Con el río Cauca como protagonista, la JEP realizó un recorrido por sus corrientes en compañía de representantes de los Consejos Comunitarios de la Cuenca del Cauca, la Microcuenca de los ríos Teta y Mazamorrero, así como otras organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas. A través de cantos, elementos simbólicos y ofrendas, se notificó a estas comunidades que el río Cauca ha sido reconocido como una víctima del conflicto, en el marco del Caso 05 que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Este reconocimiento, catalogado como «con pertinencia natural», busca iniciar un proceso de reconciliación con el río y la naturaleza, reconociendo el papel central que desempeña el Cauca en la vida de las comunidades caucanas. Durante años, este afluente ha sido testigo de graves violaciones, incluyendo el uso de sus aguas como fosa común por parte de grupos paramilitares con la complicidad de la fuerza pública.

La notificación de la JEP, que se llevó a cabo con actos restaurativos y armonización, representa un primer paso hacia la reconstrucción de los vínculos rotos por la violencia entre las comunidades y el entorno natural. Para las víctimas del conflicto, sanar es el único camino hacia adelante, reconociendo el valor esencial que tiene el río Cauca en sus vidas.

Este reconocimiento fue motivado por la evidencia judicial que revela el uso sistemático del río como fosa común entre los años 2000 y 2004. Como parte del proceso de notificación, la JEP recorrió junto a las comunidades algunos sitios emblemáticos de la violencia, honrando la memoria de las víctimas y buscando restaurar la conexión perdida entre las comunidades y el río.

La participación de representantes de comunidades ancestrales, negras e indígenas de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, así como autoridades territoriales y organismos de control, subraya la importancia de este proceso para la reconciliación nacional. En un simbólico recorrido en canoas por el río Cauca, las comunidades y la JEP cerraron este acto de notificación con pertinencia natural.

Fuente: jep.gov.co

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