Asociaciones Solidaristas deben cumplir con el RTBF

Con la publicación de la nueva Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) el pasado mes de setiembre,  se confirmó la obligación de las Asociaciones Solidaristas así como de otras entidades  (Cooperativas, mutuales, Organizaciones sin Fines de Lucro) de cumplir por primera vez este año con sus declaraciones ordinarias a este Registro.   (Ver al respecto la nota que publicamos en nuestro blog Punto Jurídico )

PASOS A SEGUIR

  1. Inscripción en el padrón del RTBF. Previo a presentar la declaración en el sistema RTBF, el representante legal o similar debe acudir ante un notario público para que incluya en el padrón del RTBF los datos identificativos de la organización, así como los datos del representante legal o apoderado.  Para estos efectos el notario público debe contar con un certificado válido de firma digital.
  2. Como segundo paso,  una vez que la Asociación Solidarista ha sido registrada por el notario público,  se requiere que el representante legal, utilizando su certificado de firma digital, ingrese a la plataforma a completar las distintas plantillas que se le muestran.

Entre los datos que se solicita brindar resumimos los siguientes:

  1. Datos identificativos de la organización
  2. Propósito y objetivos
  3. Datos de contacto
  4. Dirección exacta
  5. Fecha de constitución
  6. Nombre completo y documento de identidad de cada miembro de la Junta Directiva

Finalmente se exige como requisito adjuntar un archivo con los ingresos y egresos de la Asociación.

Incumplimiento:   Se dispone en el art. 33 del Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales No. 44390-H que las asociaciones que no cumplan con el RTBF después de ser apercibidos por una vez, se harán acreedoras de fuertes multas pecuniarias así como sanciones relacionadas con la no emisión de certificaciones e inscripción de documentos, entre otros.

Exención de gastos en inscripción de resoluciones de familia

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia se introdujeron cambios sustanciales a normas varias de nuestro ordenamiento jurídico.   De igual manera se derogaron otro tanto.  Una de esas normas es la contenida en el siguiente numeral, 315. Trata sobre la exención de gastos en la inscripción de resoluciones provenientes de Juzgados de Familia ante el Registro Nacional.

Artículo 315.- Exención de pago de tributos en traspasos.  La inscripción de cualquier resolución que decida cuestiones patrimoniales entre cónyuges, o entre estos e hijas o hijos, estará exenta de pago de derechos de traspasos.

Sabemos que a la fecha, para la inscripción de  algunas resoluciones provenientes de Juzgados de Familia, sí se han tenido que pagar timbres e impuestos de traspaso.   El Registro Inmobiliario ha considerado que cuando dichos traspasos son entre los  exesposos se encuentran exentos.  Sin embargo, si son a favor de los hijos, debe pagarse como cualquier traspaso.    Tratándose de vehículos, el criterio registral ha sido siempre que sin importar si el acto es o no entre excónyuges,  corresponde pagar  impuesto de transferencia.  Tratándose de inscripciones a favor de los hijos de la pareja, tampoco se ha aplicado nunca exención alguna.

Estaremos a la espera de conocer si tanto el Registro Inmobiliario como el Registro de Muebles producirán algún tipo de circular o directriz sobre el tema.  No hemos tenido conocimiento de colegas que hayan podido realizar sus inscripciones sin pago de timbres, ni impuestos de traspaso.    Pensaríamos que por entrar en vigencia el nuevo Código Procesal de Familia,  las disposiciones de este numeral 315 deberían resultar aplicables también en forma inmediata.   Mejor entonces ir con cautela sobre este particular.   Una alternativa sería presentar los trámites con el mínimo de timbres  (2,000 de Derechos de Registro) a la espera de determinar si estos Registros ya están aplicando las exenciones del art. 315 antes indicado.

Notarios solo tienen tres días para avisar a la DNN sobre cambios

El Consejo Superior Notarial redujo solamente a tres días el plazo que tienen los notarios para informar sobre los siguientes cambios a la Dirección Nacional de Notariado (DNN).   Lo anterior mediante reforma al artículo 35 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial :

a) Traslado del lugar de la notaría o cambios en los medios de contacto reportados

b) Destrucción, inutilización o deterioro del tomo de protocolo, o extravío o sustracción de su lugar de custodia

c) Sustracción de la firma digital del notario

d) Sustracción del papel de seguridad utilizable

e) Cambio en los sellos o firma

El notario dará cuenta de lo anterior por escrito a la Dirección Nacional de Notariado. Los reportes los hará mediante el formulario y canales dispuestos para ello, con los requisitos establecidos para cada caso.

Puede encontrar en la página web de la DNN los enlaces a los distintos formularios que deben ser completados para realizar el reporte de cada una de estas situaciones.

De no cumplirse con este requisito, el notario será sancionado por la Dirección Nacional de Notariado de acuerdo con el artículo 140 del Código Notarial.

Conviene que los notarios tomen nota de esta reforma la cual se encuentra vigente a partir del pasado 24 de setiembre.

Fuente:  Página web de la DNN

 

Proponen reforma a normas sobre tenencia y portación de armas

Mediante el Proyecto de Ley No. 24.070 se reforman los artículos 7, 88, 88 bis y 88 ter de la Ley N.º 7530, Ley de Armas y Explosivos de 10 de julio de 1995.  El objetivo  es clarificar los tipos penales y aumentar las sanciones como medida disuasiva a los portadores de armas que lo hagan sin ajustarse a la ley.

Se establece además como agravante en los delitos de tenencia y portación ilegal de armas permitidas, aquellos casos en los que:

  1. El agente posee o porta un arma de fuego que se encuentra inscrita a nombre de un tercero
  2. Utiliza armas que han sido reportadas por el propietario registral como extraviadas o sustraídas, o
  3.  Armas utilizadas para la comisión de un ilícito penal, o enmarcado dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita.

EXPOSICION DE MOTIVOS

«Por consiguiente, se logra constatar que el uso de armas de fuego para la consumación de homicidios es la más utilizada por las personas que los realizan, poniendo en alerta a las autoridades pertinentes en cuanto al deber de controlar todo tipo de armas, la cantidad de armas, tenencia, como las que se encuentran circulando en la sociedad y los requisitos para la portación de estas, además de los canales por los cuales se da el trasiego de armas de grueso calibre, que están entrando a nuestras fronteras, mejorando la capacidad bélica de los grupos delictivos ante una eventual guerra de bandas o ante las mismas autoridades, poniendo en riesgo a civiles y oficiales.»   (Tomado de la Exposición de Motivos,  Proyecto de Ley 24.070)

ARTÍCULOS REFORMADOS

En el numeral 7 se especifican los delitos de las personas con antecedentes policiales o penales inhibidas para portar y tener armas, entre ellos, delitos contra la propiedad o los contemplados en la Ley N.º 8589 de Penalización de Violencia contra las Mujeres, delitos sexuales, contra la vida y contra la libertad así como la Infracción a los delitos contemplados en la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo Ley N°7786 y del 30 de abril de 1998 y sus reformas.

En el artículo 88 relativo a la tenencia ilegal de armas permitidas, se establece que la pena de tres hasta cinco años de prisión a quien mantenga bajo su posesión, en forma ilegítima, un arma de fuego permitida que no se encuentre debidamente inscrita ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos se  agravará hasta en un tercio,  si el arma en cuestión se encuentra inscrita a nombre de un tercero y ha sido reportada como extraviada o sustraída.

De igual manera se establece en el artículo 88 bis relativo al delito de portación ilegal de armas permitidas, el agravamiento de la pena hasta en un tercio si la persona porta un arma de fuego que se encuentra inscrita a nombre de un tercero, ha sido reportada por el propietario registral como extraviada o sustraída, sea objeto de receptación conforme a lo dispuesto en el Código Penal, o la portación se realiza dentro de alguno de los supuestos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada Ley N°8754 del 24 de Julio del 2009 y sus reformas.

Finalmente el artículo 88 ter se establece que la denuncia o reporte de haberse extraviado o perdido un arma debe efectuarse en un plazo perentorio de cinco días hábiles, a partir del momento en que se tuvo conocimiento del hecho, y se sustituyó la pena de días multa por una pena privativa de libertad de tres a seis meses de prisión, a quien omita denunciar o reportar la pérdida, el extravío o la sustracción de un arma de fuego.

Adicionalmente, si el arma fuere decomisada a un tercero sin que haya sido reportada como perdida, extraviada o sustraída por el propietario registral, generará la cancelación de la licencia del permiso de portación.   Si le  fuera decomisada a un menor de edad sin que se haya reportado como perdida, extraviada o sustraída,  se sancionará con pena privativa de libertad de seis a nueve meses de prisión, e igualmente se cancelará la inscripción del arma y el permiso de portación.

Fuente:  Sitio web de consulta de Proyectos de Ley / Asamblea Legislativa

Matrimonios civiles no podrán celebrarse con poder especialísimo

Con la reforma introducida al artículo 30 del Código de Familia por el Código Procesal de Familia que entró a regir el pasado 1 de octubre, se elimina la posibilidad de celebración de matrimonios civiles mediante poder especialísimo.

Así se leía antes el texto de dicho numeral:

Artículo 30.-
El matrimonio podrá celebrarse por medio de apoderado con poder especialísimo constante en escritura pública y que exprese el nombre y generales de la persona con quien éste haya de celebrar el matrimonio; pero siempre ha de concurrir a la celebración en persona el otro contrayente.
No habrá matrimonio si en el momento de celebrarse estaba ya legalmente revocado el poder.

Ahora su texto es el siguiente:

Artículo 30.- Matrimonio. Imposibilidad de matrimonio por poder
Bajo ninguna circunstancia se verificará un matrimonio con poder de alguno de los contrayentes.
Los funcionarios o el notario público que celebren matrimonios deberán dar constancia y fe pública de que al acto concurrieron los dos contrayentes en un mismo momento.

Los divorcios son los que sí podrán seguirse tramitando mediante poderes especialísimos.  Más bien cuentan ahora con una norma específica que así lo establece dentro de Código de Familia:

«También, podrá decretarse el divorcio por el mutuo consentimiento de los cónyuges, para lo cual estos, personalmente o uno solo de ellos por medio de un apoderado especialísimo dado en escritura pública, deben otorgar un convenio de divorcio en escritura pública que contenga los siguientes puntos: (…)»

Anteriormente si bien no se encontraba expresamente prevista la posibilidad de que los contrayentes otorgaran mandatos especialísimos para la tramitación del divorcio, se había aceptado mediante una interpretación por analogía de la norma que autorizaba hacerlo en casos de matrimonio.

Importante tomar en cuenta lo dispuesto en el art. 55 de este nuevo Código Procesal sobre los requisitos del poder especialísimo:

Artículo 55.- Poder especialísimo.
En los casos en que sea necesario poder especialísimo, deberá ser otorgado en escritura pública y se consignarán los actos para los cuales se da la autorización dentro del proceso; en caso de conciliación o mediación, se deberán especificar de forma concreta las cláusulas exactas del eventual arreglo, todo bajo pena de nulidad del acuerdo que se tome. El poder podrá ser revocado en cualquier estado mediante la misma forma de su otorgamiento, salvo que sea de forma oral en la audiencia, para lo cual no se exigirá ninguna formalidad.