Entre las modificaciones destacan la regulación del arrendamiento social, que permitirá a los trabajadores alquilar viviendas y luego comprarlas, y la creación de una empresa filial dedicada a construir viviendas para este propósito.

También se reduce el número de integrantes en la Asamblea General y el Consejo de Administración del Infonavit para optimizar su funcionamiento.

Además, se fortalece la gobernanza del instituto con mayor representación del Gobierno en los órganos internos y una auditoría más robusta.

El Infonavit quedará excluido de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la Secretaría de Hacienda emitirá reglas prudenciales para su manejo financiero.

Por último, se establece la obligación de presentar un informe anual al Congreso sobre las operaciones y estados financieros, con el objetivo de mejorar la transparencia y supervisión. Estas reformas buscan beneficiar a los trabajadores y fortalecer la administración del instituto.