Se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de reformar los artículos 10, 32, 52, 54 y 55 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible para combatir el desperdicio de alimentos mediante incentivos fiscales, campañas de concientización, así como la firma de convenios de colaboración con los bancos de alimentos de la localidad.
El documento establece que para hacer efectivo el derecho de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social, a acceder a una alimentación adecuada, gratuita o a precios accesibles, las autoridades de los tres niveles de gobierno firmen convenios de colaboración con los bancos de alimentos de la localidad para incentivar las acciones que estos realizan en la recuperación y distribución de alimentos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Ahgrícola y Autosuficiencia Alimentaria.