Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la prohibición de solicitar un acuerdo conclusivo respecto del cumplimiento de una sentencia

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que el Código Fiscal de la Federación prohíba a contribuyentes solicitar un acuerdo conclusivo, en el supuesto específico de que ya exista determinación judicial en el procedimiento de fiscalización.

Se explicó que los acuerdos conclusivos ofrecen facilidades a los contribuyentes para regularizar su situación fiscal, antes de recurrir a los tribunales, con el fin de lograr una mayor recaudación y reducir los costos de operación de la hacienda pública; oportunidad que se pierde cuando el asunto escala a las autoridades judiciales a través de un medio de impugnación.

Por lo que la limitación tiene como finalidad evitar la promoción de medios de defensa con el objetivo de retardar los procedimientos de fiscalización.

Por último, la Sala precisó que, si la determinación judicial es emitida en el sentido de reponer el procedimiento de fiscalización, para el efecto de que se dé oportunidad a la persona contribuyente de acceder al acuerdo conclusivo, la prohibición no resulta aplicable.

Dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación

 

La Cámara de Diputados aprobó con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención,, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. El gasto neto total previsto asciende a 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, lo que representa un incremento del 4.2% al 2023.

El documento indica que las previsiones propuestas por el Ejecutivo Federal, de manera general, se alinean con las metas y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y que se destinan a una atención ordenada de los compromisos gubernamentales, en beneficio de la población.

Para la finalidad «Gobierno», el PPEF 2024 considera un monto de 554.460.5 millones de pesos, lo que constituye un incremento de 9.6 por ciento, en términos reales, respecto al ejercicio fiscal previo. A su interior, las principales funciones son Seguridad Nacional, con 150.432.4 millones de pesos, Justicia con 138.141.5 millones de pesos y Asuntos de Orden Público con 85,981.6 millones de pesos.

El monto total aprobado al grupo funcional de “Desarrollo Social” asciende a 4,384,582.4 millones de pesos, llegando a una inversión equivalente al 12.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esto implica un aumento anual de 7.1 por ciento en términos reales, respecto a lo aprobado en 2023.

Se proponen disminuciones al presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2024, sin contar las prerrogativas a partidos políticos, ascendería a un total de 23,797.38 millones de pesos.

Contempla modificaciones respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal, un ajuste presupuestal a diversos ramos autónomos por un monto de 13 mil 262 millones de pesos, para redireccionar estos recursos al Ramo 11 de Educación Pública, específicamente al Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar “Benito Juárez”.

Obligatoriedad de las salas de lactancia

 

Se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de reformar la Ley Federal del Trabajo, para establecer que será obligación del patrón instalar salas de lactancia dentro de los centros de trabajo, las cuales estarán disponibles durante toda la jornada laboral y deberán cumplir con condiciones de higiene, privacidad y accesibilidad para amamantar o extraer y conservar adecuadamente la leche materna.

El documento modifica la fracción IV del artículo 170 de la referida Ley, para proponer que las madres trabajadoras tendrán derecho a un periodo de lactancia por un término mínimo de seis meses en lugar de un máximo de seis meses, como lo plantea la ley vigente.

La iniciativa también busca reformar el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional para agregar: “y conservar adecuadamente la leche materna en salas de lactancia instaladas, de manera obligatoria en condiciones de higiene, privacidad y accesibilidad, dentro de la institución o dependencia y disponibles durante toda la jornada laboral”.

Fue turnada a las comisiones del Trabajo y Previsión Social para dictamen y de Igualdad de Género para opinión.

Fortalecimiento de programas de Protección Civil

 

La Cámara de Senadores aprobó, con 94 votos a favor, reformar el artículo 82 de la Ley General de Protección Civil a fin de fortalecer los programas de Protección Civil y los Atlas de Riesgos -documentos que buscan prevenir y mitigar el impacto de los fenómenos naturales-.

El documento establece que el Gobierno federal, con la participación de las entidades federativas, además de la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica, concentre la información sobre factores de riesgo químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo presentes en las distintas regiones del país.

La información referida es importante para la elaboración de los programas de Protección Civil, así como para los Atlas de Riesgos que elaboran los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su trámite legislativo correspondiente.

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Consulta

¿Cómo llevar un juicio ejecutivo mercantil?

Respuesta

I. El juicio ejecutivo mercantil es un proceso legal diseñado para recuperar deudas relacionadas con transacciones comerciales. Aquí hay una visión general de cómo llevar a cabo un juicio ejecutivo mercantil en México, así como algunos factores que pueden influir en los tiempos de resolución:

II. Pasos para llevar a cabo un juicio ejecutivo mercantil:

1. Requerimiento de Pago Extrajudicial: Antes de iniciar un juicio ejecutivo mercantil, el acreedor suele enviar un requerimiento de pago al deudor para darle la oportunidad de liquidar la deuda de manera voluntaria. El deudor tiene un plazo para responder a este requerimiento.

2. Demanda: Si el deudor no responde al requerimiento de pago extrajudicial o no llega a un acuerdo con el acreedor, el siguiente paso es presentar una demanda ante un tribunal mercantil. La demanda debe contener información detallada sobre la deuda y la documentación que respalda la deuda

3. Citación al Deudor: Una vez presentada la demanda, el tribunal citará al deudor para que presente una contestación en un plazo determinado. El deudor puede responder a la demanda y defender sus derechos.

4. Audiencia Preliminar: En algunos casos, se llevará a cabo una audiencia preliminar para resolver cuestiones procesales y establecer un calendario para el resto del procedimiento.

5. Desahogo de Pruebas: Las partes presentarán pruebas y argumentos durante el proceso, y se pueden realizar audiencias para su presentación.

6. Sentencia: Finalmente, el tribunal emitirá una sentencia que puede condenar al deudor a pagar la deuda o determinar la cantidad exacta a pagar. El tiempo que toma obtener una sentencia varía según la carga de trabajo del tribunal y la complejidad del caso.

III. Factores que influyen en los tiempos de resolución:

1. Carga de trabajo del tribunal: La cantidad de casos pendientes en un tribunal puede afectar los tiempos de resolución. Los tribunales con una alta carga de trabajo pueden demorar más en emitir sentencias.

2. Complejidad del caso: La complejidad de los hechos y las pruebas presentadas en el juicio puede influir en el tiempo que lleva obtener una sentencia.

3. Recursos legales del deudor: Si el deudor presenta una defensa sólida y utiliza recursos legales para retrasar el proceso, esto podría alargar los tiempos de resolución.

4. Recursos y estrategia de las partes: La eficiencia en la presentación de pruebas y argumentos por parte de las partes también puede influir en los tiempos de resolución.

5. Cambios en la ley: Las leyes y reglamentos pueden cambiar, lo que podría afectar los procedimientos legales y los tiempos de resolución.

IV. Conclusiones:

1. Es importante destacar que los tiempos de resolución pueden variar ampliamente en México y dependerán de los factores mencionados anteriormente, así como de la jurisdicción específica. Si estás involucrado en un juicio ejecutivo mercantil, es recomendable consultar a un abogado especializado en derecho mercantil para obtener orientación específica sobre tu caso y los tiempos de resolución en tu jurisdicción particular.

3. El tiempo que toma obtener una sentencia varía según la carga de trabajo del tribunal y la complejidad del caso, así como el grado de resistencia que oponga el deudor, la cantidad de pruebas, entre otras variables legales. El tiempo aproximado es entre 8 y 12 meses.

En el juicio ejecutivo mercantil se debe tomar en consideración que se podrá proceder de inmediato con la ejecución del embargo en forma precautoria, por la existencia deuda no pagada.

2. Para una revisión al procedimiento del juicio ejecutivo mercantil, paso a paso, se podrá consultar la siguiente guía de esquemas del proceso, respetando los derechos y créditos de autor correspondientes en https://drive.google.com/file/d/1cQ3cdA … UK4v8/view