Reparación del daño. SCJN

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el dictado de una sentencia condenatoria es una forma de reparación del daño, vinculada con el derecho a la verdad, en razón que implica el reconocimiento de que una persona ha sufrido un ilícito, el fracaso del Estado en su deber de prevenir el delito, y que ha sido perseguido y sancionado conforme a la ley.

La Sala determinó que la verdad es un reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y no se trata de cualquier versión. El derecho a una respuesta judicial efectiva implica la determinación de los hechos en la vía penal, que constituye una explicación suficiente y satisfactoria sobre los hechos victimizantes y, por tanto, debe erigirse como una explicación congruente y respetuosa de los mismos.

Así, para que una sentencia condenatoria cumpla con los estándares mencionados, es necesario que garantice la reivindicación del derecho vulnerado por el ilícito y la convicción de que no habrá impunidad.

 

Iniciativa relativa al Fondo Nacional de Vivienda

Se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que el Fondo Nacional de la Vivienda establezca un sistema de vivienda con orientación social que permita a las personas trabajadoras renegociar su crédito al cubrir el 80 por ciento del mismo y, con ello, poder finiquitar el préstamo; esto, sin duplicar o triplicar el valor del bien, en los términos que establezca la ley para brindar seguridad y confianza a las personas trabajadoras del Estado.

La iniciativa reforma el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Política a fin de cambiar el primer párrafo de este inciso para sustituir el término trabajadores por el de personas trabajadoras, así como eliminar la palabra habitaciones por viviendas, y agrega como características que sean cómodas e higiénicas. Asimismo, señala que podrán ser nuevas o usadas.

Argumenta que la vivienda es un pilar de desarrollo económico y social de México, un bien fundamental para la sobrevivencia, protección, patrimonio y bienestar de los individuos y la familia, por lo que contar con una casa accesible, digna, de calidad, que brinde seguridad y tenga todos los servicios apropiados, dan certeza en su adquisición.

Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales,

Aprobación de dictamen sobre magistraturas del Tribunal Unitario Agrario

La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, aprobó el dictamen con punto de acuerdo relativo a las personas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal para ocupar diversas magistraturas vacantes del Tribunal Unitario Agrario, a efecto de que sean designadas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El documento señala que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en la Constitución Política y las leyes orgánicas del Tribunal Agrario y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, designa como magistrados numerarios del Tribunal Unitario Agrario a los ciudadanos: Alejandro Domínguez Muñoz, Carlos Alberto Durán Rojano, Elohim Sandoval Pérez, Gabriel Juárez García, Griselda Martínez Vázquez, Juan Carlos Robles Sierra, Reynalda Merchant Aguilar y Rosa Imelda Leyva Barraza.

El dictamen refiere que esta Comisión llevó a cabo las comparecencias de las personas propuestas para ocupar las magistraturas, con el objetivo de allegarse de mayores elementos y que las y los integrantes realizaran un análisis sobre la capacidad técnica, experiencia profesional y el conocimiento en la materia.

Homicidio y feminicidio

En México, el proceso de construcción del tipo penal feminicidio requirió argumentos para diferenciar un homicidio de un feminicidio. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) sistematizó estas diferencias y las clasificó como elementos normativos, objetivos y de sanción del tipo penal de feminicidio.
Dichas consideraciones se encuentran ya integradas en el Artículo 325 del Código Penal Federal, para contemplar a los feminicidios como un delito grave. Todo ello fue decretado el 14 de junio de 2012 . Sin embargo, no fue fácil tipificar habiendo otros tipos penales aparentemente similares.
Si bien los delitos de homicidio y feminicidio son clasificados como delitos contra la vida y la integridad corporal por el Código Penal Federal, ambos delitos presentan diferencias conceptuales y de ejecución; la víctima y el motivo suelen ser distintos. Veamos la definición de ambos para encontrar las primeras diferencias.
El homicidio se define como el delito cometido cuando una persona priva de la vida a otra. Esta definición podría entenderse como un tipo general de delito en el que toda privación de la vida podría considerarse homicidio, independientemente de la punibilidad aplicable al caso concreto. Por otro lado, el feminicidio se define como el delito cometido cuando alguien priva de la vida a una mujer por razón de género. Cabe preguntarse cómo se determina que hay una razón de género que justifique la tipificación de este delito. Las siguientes circunstancias pueden aclarar esta cuestión:
 La víctima presenta signos de violencia sexual;
 La víctima ha sufrido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, o actos de necrofilia;
 Existen antecedentes de violencia familiar, laboral, comunitaria, política o escolar por parte del victimario;
 Existe parentesco o una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o de hecho entre las partes;
 Existen antecedentes de amenazas relacionadas con el feminicidio, acoso o lesiones por parte del victimario;
 La víctima ha sido incomunicada;
 El cuerpo de la víctima ha sido expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público; o,
 El victimario ha obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o ha ejercido sobre ella cualquier forma de explotación.

Las penas impuestas a ambos delitos también son distintas. Al que cometa el delito de homicidio simple intencional se le impondrá una pena de entre doce 12 y veinticuatro 24 años de prisión; mientras que el delito de feminicidio se castiga
con penas que van desde los cuarenta 40 hasta los sesenta 60 años de prisión y de quinientos 500 a mil 1,000 días multa.

Finalmente, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio establece los lineamientos específicos que deben seguir las autoridades encargadas de la administración de justicia en estos casos, incluyendo la impartición de justicia con perspectiva de género, coordinación interinstitucional, atención a víctimas y obtención de pruebas.

Fundamento
Artículo 302, 305 y 325 del Código Penal Federal
Feminicidio3Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio

Juicio abreviado

El Juicio Abreviado es una figura jurídica introducida con las reformas constitucionales al Sistema de Justicia Penal en nuestro país el 18 de junio de 2008. Estas reformas marcaron un cambio significativo en el sistema judicial, ya que buscaban modernizar y hacer más eficiente la administración de justicia.
Particular relevancia tiene la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, el cual se distingue por su transparencia y por garantizar los derechos de las partes involucradas. Por la propia naturaleza del antiguo sistema de justicia penal inquisitivo, caracterizado por su opacidad y formalismos excesivos, no era posible contar con un procedimiento abreviado que permitiera resolver los casos de manera más rápida y eficiente.

Los requisitos para el Juicio Abreviado son varios y deben cumplirse estrictamente para asegurar la legalidad del proceso:

1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, lo cual implica que ha evaluado la conveniencia de esta vía para el caso específico;
2. Que la víctima u ofendido no presente oposición, asegurando así que sus derechos e intereses no se vean perjudicados; y,
3. Que el imputado: Exprese el conocimiento informado de los alcances y derechos relacionados con el procedimiento abreviado, demostrando que comprende las implicaciones de optar por esta vía;
4. Renuncie al juicio oral, lo cual significa que acepta no tener un juicio público y contradictorio;
5. Consienta la vía abreviada, manifestando su acuerdo de manera libre y voluntaria;
6. Admita su responsabilidad por el delito imputado, aceptando los hechos tal como se le han imputado; y,
7. Acepte ser sentenciado en términos de lo que indique el procedimiento abreviado, lo cual asegura que está de acuerdo con las posibles consecuencias legales.

La normativa aplicable no menciona la imposibilidad de aplicarlo a delitos de alguna clase particular; sin embargo, no puede aplicarse a personas inimputables.
Esto significa que el Juicio Abreviado es una opción viable para una amplia gama de delitos, siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados y no se trate de personas que, por alguna razón legal, no pueden ser consideradas responsables de sus actos. Esta flexibilidad permite que el sistema de justicia sea más accesible y eficiente, beneficiando tanto a los imputados como a las víctimas y a la sociedad en general.

Fundamento
Artículos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, y 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Consultoría Tirant. Apertura de sucursal

Consulta

Información sobre la apertura de una sucursal de un call center en Puebla.

Respuesta

La apertura de una sucursal de un local comercial es un acto administrativo que depende del tipo de actividad comercial que se va a desempeñar, tamaño, horarios, entre otros. Al no contar con esa información, intentaremos dar respuesta a su consulta en términos generales, lo que debería ser suficiente para iniciar la tramitación de las correspondientes licencias y permisos, tanto a nivel municipal, como estatal. Consideraremos, también que el inmueble se encuentra en el municipio de Puebla y ninguno de los municipios conurbados que componen la ciudad de Puebla.

El gobierno municipal de Puebla ha puesto a disposición de la ciudadanía y empresas un servicio digital para consultar y realizar los trámites necesarios para la constitución e instalación de empresas en el municipio. El servicio es denominado Ventanilla Digital de Inversiones.
La propia Ventanilla Digital de Inversiones le permite seguir el procedimiento, basado en las particularidades de su negocio, para lo cual debe decidir la superficie ocupada del comercio (mayor o menor a 120 metros cuadrados), si necesitará construir y aperturar o sólo aperturar; si es nueva construcción, adecuación o ampliación; el lugar en que se va a situar, etc.
Algunos trámites que consideramos relevantes para la apertura de su establecimiento comercial son:
1. Apertura a la palabra: Establece las bases para la operación, administración y control del Programa de Apertura a la Palabra, simplificando el proceso que enfrenta la ciudadanía en relación con los trámites de apertura de establecimientos comerciales o de servicios.
2. Aviso de apertura de negocio: Autoriza la apertura o empadronamiento de establecimientos en los que se desarrollan actividades económicas, en un espacio no mayor a 120 metros cuadrados y que no impactan negativamente en el entorno urbano en el que se ubican.
3. Constancia de Alineamiento y Número oficial: Otorga un documento técnico con el número oficial, vialidad y el asentamiento humano que corresponde, además de señalar el límite de un inmueble respecto a una vía pública.
4. Constancia de Registro de Programa Interno de Protección Civil: Asegura que todos los establecimientos, ya sean comerciales, de servicios, industriales, educativos o de alto riesgo, cuenten con las medidas de seguridad en materia de protección civil para mantener un entorno seguro para las personas que laboran o visitan.
5. Constancia de Verificación de Medidas de Seguridad: Verifica que los comercios y establecimientos cuenten con medidas de seguridad en materia de protección civil para mantener un entorno seguro para las personas que trabajan o visitan.
6. Expediente Único para Trámites notariales (para compraventa total con construcción existente): Otorga los documentos técnicos legales requeridos por la normatividad vigente, necesarios para las gestiones notariales y autorización de construcciones existentes con antigüedad de más de 5 años.
7. Factibilidad de uso de suelo: Otorga el documento técnico oficial, de acuerdo con la normatividad vigente, que indica si un Uso de Suelo es factible para desarrollarse en un inmueble determinado, para vivienda, industria, comercio, servicios, usos mixtos o escuelas (nivel básico, medio y/o superior).
8. Licencia de funcionamiento para establecimiento sin venta de bebidas alcohólicas: Autoriza la apertura o empadronamiento de establecimientos de giros comerciales que no venden bebidas alcohólicas.
9. Licencia de uso de suelo específico: Es un documento técnico oficial que indica el uso de suelo en un inmueble para la operación de un giro comercial, industrial y/o de servicios dentro del marco legal vigente. También puede ser para un giro controlado con venta de bebida alcohólica.
Fundamento
Lineamientos para la operación del Registro Municipal de Trámites y Servicios.
Lineamientos para obtener el Registro en el Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio de Puebla
Manual de Inspecciones basadas en riesgo de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.