Cobertura de servicio médico a personas con algún transtorno mental

 

Se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados con el objetivo de garantizar que las personas que se vean afectadas por alguna enfermedad mental, cuenten con cobertura de seguro para soportar los gastos que realizan en el tratamiento de transtornos mentales.

Los transtornos referidos pueden ser aquellos como depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, comportamiento alimentario, comportamiento disruptivo u otros con efectos discapacitantes.

El documento adiciona un segundo párrafo al artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones, publicado el 16 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.

Establece que corresponderá a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas emitir las disposiciones de carácter general, con previa opinión de la Secretaría de Salud, al que las instituciones de seguros se deberán sujetar, a efecto de ofrecer planes de protección específicos a personas diagnosticadas con algún trastorno mental por parte de una institución pública del Sistema Nacional de Salud, estableciendo cláusulas tipo de uso obligatorio para los contratos de seguro en materia de salud mental”.

Fue enviada la Comisión de Salud.

Dictamen de modificación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de educación

 

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

El documento pretende establecer que, además de las autoridades educativas federales y estatales, también se incluyan a las municipales, para garantizar que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua.

La iniciativa señala que el municipio es la institución jurídica, política y social que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un ayuntamiento, y que las relaciones intergubernamentales son la clave para garantizar la educación obligatoria, bilingüe e intercultural.

Auxilio a víctimas de secuestro

 

Se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 282 y 283, fracción III en materia de auxilio a las víctimas de secuestro, para establecer que el Ministerio Público, deberá señalar a la o las personas que han de auxiliarse o aprenderse en el secuestro, en la solicitud que haga a la autoridad judicial para la orden de cateo de domicilio o propiedad privada.

Lo anterior, “con la intención de cubrir y proteger a las víctimas de secuestro o de violencia intrafamiliar, asegurando que las órdenes de cateo contarán con un respaldo mayor desde la Constitución y desde la ley secundaria, en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para evitar impunidad por lagunas en el marco jurídico mexicano”.

Asimismo el documento señala que esta iniciativa tiene la intención de evitar antinomias (contradicción entre dos preceptos legales) o lagunas en las normas mexicanas, ya que las últimas reformas a la Carta Magna han generado contradicciones y vacíos.

Reducción de la jornada laboral

Existe una propuesta para cambiar la Ley Federal del Trabajo mediante la cual se  sugieren alteraciones en la sección A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, poniendo el foco en los periodos de reposo y en la reducción del tiempo de trabajo.

Esta propuesta incluye recortar la longitud de la semana de trabajo de 48 horas a 40 horas y proporcionar dos jornadas de pausa tras cinco días consecutivos de labor.

Hasta ahora, su aprobación ha sido postergada y se espera que para mediados de 2024, se podría tomar una decisión definitiva.

Tipificar acoso laboral y sancionar a quien lo comet

 

Se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados una iniciativa a fin de tipificar el acoso laboral y sancionar de uno a 9 años de prisión a quien lo cometa, adicionando un artículo 260 Bis al Código Penal Federal.

El documento define el acoso laboral como cualquier acción por la cual una persona es agredida física, verbal y/o psicológicamente, a través de amenazas, intimidaciones, agresiones, humillaciones, maltrato, hostigamiento, insulto, inequidad salarial, acoso sexual, psicológico o de cualquier otro tipo por otra u otras personas en el ejercicio de su actividad laboral o como consecuencia de la misma.

Establece que si la persona que comete acoso laboral fuese servidora pública y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará por el mismo término de la pena de prisión impuesta

Fue enviada a la Comisión de Justicia para dictamen.