Conveniencia entre S.A de C.V y una S. R.L

I. FUNDAMENTOS LEGALES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (S. DE R.L. DE C.V.)

a) Naturaleza: sociedad de carácter intuito personae; los socios se obligan sólo al pago de sus aportaciones y no responden personal ni solidariamente por las obligaciones sociales.

b) Nombre o denominación: puede adoptar denominación o razón social, debiendo añadirse siempre la leyenda “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o “S. de R.L.” y en su caso “de C.V.”

c) Número de socios: máximo de 50, cada socio tiene una parte social indivisible y sólo puede titular de una parte.

d) Capital y aportaciones: el capital se divide en partes sociales que pueden ser de valor desigual, pero deben ser múltiplos de un peso. Está prohibida la suscripción pública de capital, al menos el 50 % de cada aportación debe pagarse al constituirse.

e) Transmisión de partes sociales: la cesión a terceros o admisión de nuevos socios requiere el consentimiento de socios que representen la mayoría del capital, salvo que el contrato social exija mayor porcentaje.

f) Los socios gozan de derecho del tanto; cuando un socio desee vender su parte a un tercero, debe ofrecerla a los demás socios, quienes pueden ejercer su preferencia.

g) La transmisión mortis causa no requiere consentimiento

h) Órganos: existe una asamblea de socios (único órgano deliberativo) y uno o varios gerentes o consejo de gerentes. No existen asambleas ordinarias o extraordinarias diferenciadas; la mayoría se determina normalmente por el capital representado; para modificar estatutos o cambiar el objeto social se requiere unanimidad o mayoría cualificada (¾ partes).

i) Vigilancia: la figura del comisario o interventor es opcional; los socios pueden decidir su designación.

j) Libro de socios: la sociedad debe llevar un libro de socios donde se inscriban los nombres, aportaciones y cesiones; la cesión surte efectos contra terceros desde su inscripción.

2. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (S.A. DE C.V.)

a) Naturaleza: sociedad de capital, de carácter intuito pecuniae; existe bajo una denominación y está integrada por accionistas cuya responsabilidad se limita al pago de las acciones suscritas.

b) Nombre: la denominación debe ser única y debe ir seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o “S.A.” y en su caso “de C.V.”.

c) Número de accionistas y capital: mínimo dos accionistas; se deben suscribir la totalidad de acciones y exhibir al menos el 20 % en efectivo y el 100 % de las aportaciones en especie. La sociedad puede constituirse ante notario o por suscripción pública.

d) Acciones: el capital se divide en acciones libremente negociables; el contrato social puede establecer restricciones a su transmisión, como requerir autorización del consejo de administración para transferencias. Los accionistas tienen derecho preferente para suscribir nuevas acciones en proporción a su aportación.

e) Órganos: existen dos tipos de asambleas: ordinarias (que deben reunirse al menos una vez al año y aprobar los informes del consejo de administración, nombrar administradores y comisarios, fijar su remuneración, etc.) y extraordinarias (que tratan asuntos como reformas estatutarias, emisión de acciones preferentes o bonos, aumentos o reducciones de capital, fusiones, transformación o disolución).

f) Administración: se confía a un administrador único o un consejo de administración. Los accionistas minoritarios que representen al menos un 25 % del capital tienen derecho a nombrar un consejero.

g) Vigilancia: debe designarse al menos un comisario que vigile la administración, exija informes periódicos, revise los estados financieros y convoque asambleas cuando advierta irregularidades.

h) Derechos de minoría: accionistas con al menos un 25 % del capital pueden ejercitar acción civil en contra de los administradores, diferir la votación de un asunto por tres días o impugnar judicialmente resoluciones de asamblea.

3. OTRAS DISPOSICIONES RELEVANTES

a) Capital variable: la LGSM permite que cualquier tipo de sociedad sea de capital variable, pudiendo aumentar o disminuir el capital social sin formalidades de transformación.

b) Compatibilidad con inversión extranjera: la Ley de Inversión Extranjera permite que la inversión extranjera participe en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas, salvo actividades reservadas o con límites específicos. Para la admisión de socios extranjeros, las sociedades deben incluir la cláusula de admisión de extranjeros o cláusula Calvo, en la cual el inversionista extranjero se obliga a considerarse mexicano respecto de sus participaciones y renuncia a la protección de su gobierno; la omisión de esta cláusula puede dar lugar a la pérdida de las participaciones.

II. COMPARACIÓN ENTRE S.A. DE C.V. Y S. DE R.L. DE C.V.

S. de R.L. de C.V.

Naturaleza y finalidad: Intuito personae; sociedad de carácter personal, enfocada en la confianza entre socios.
Número de socios: Máximo 50 socios

Representación del capital
Partes sociales: indivisibles, que pueden ser de valor desigual; no se representan en títulos negociables.
Suscripción de capital: Prohibida la oferta pública de partes sociales, al menos un 50 % de cada aportación debe pagarse al constituirse.
Transmisión de participaciones: Requiere consentimiento de socios que representen la mayoría; existe derecho de preferencia (derecho del tanto).

Asambleas: Existe una sola asamblea de socios. Para acordar reformas estatutarias o cambios de objeto se requiere unanimidad o ¾ partes de los socios.
Órgano de administración: Uno o varios gerentes o consejo de gerentes.
Vigilancia: Comisario opcional.
Responsabilidad de socios: Limitada al pago de sus aportaciones.
Registro de socios: Se lleva un libro de socios donde se anotan las partes y sus transmisiones; los cambios surten efectos contra terceros cuando se inscriben.
Adecuación a pequeñas empresas y estructura flexible: Régimen sencillo y flexible; menor carga administrativa; mejor para negocios familiares o pequeños; apta para atraer inversión extranjera mediante “check the box” en EUA (se asimila a LLC).
Compatibilidad con extranjeros: Requiere inclusión de la cláusula de admisión de extranjeros; no hay prohibición para que extranjeros sean socios, salvo en sectores reservados.

S.A. de C.V.

Naturaleza y finalidad: Intuito pecuniae; sociedad de capital, orientada a reunir inversión y facilita entrada y salida de accionistas.
Número de socios: Mínimo 2 accionistas, sin límite máximo.

Representación del capital

Acciones: de igual valor que pueden ser nominativas o al portador y son negociables; pueden existir diferentes series o clases.
Suscripción de capital: Puede constituirse por suscripción privada o pública. Las acciones deben suscribirse en su totalidad y exhibirse al menos un 20 % en efectivo.
Transmisión de participaciones: Transferencia libre, salvo que los estatutos establezcan restricciones; el consejo puede negar la inscripción, pero debe designar comprador.; accionistas tienen derecho preferente para nuevas emisiones.

Asambleas: Dos tipos: ordinarias (al menos una vez al año) y extraordinarias, cada una con cuórums específicos.
Órgano de administración: Administrador único o consejo de administración; minorías tienen derecho a nombrar consejeros.
Vigilancia: Comisario obligatorio.
Responsabilidad de socios: Limitada al valor de sus acciones.
Registro de socios: La transmisión se refleja en el registro de accionistas y puede implicar endoso del título o anotación electrónica, según el régimen de acciones.
Adecuación a pequeñas empresas y estructura flexible: Requiere mayor formalidad y control; adecuada para captar inversiones mayores y acceso a financiamiento; puede emitir diferentes clases de acciones.
Compatibilidad con extranjeros: Igual que en la SRL; las acciones pueden ser adquiridas por extranjeros mientras se incluya la cláusula Calvo.

III. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

1. VENTAJAS DE LA S. DE R.L. DE C.V.

a) Estructura flexible y personalista: El régimen de SRL se basa en la confianza entre socios y permite acordar clausulados a medida; la obligación de designar comisario es opcional, reduciendo costos y formalismos.

b) Control en la entrada de nuevos socios: La cesión de partes requiere el consentimiento de la mayoría y otorga a los socios derecho de preferencia; esto protege la identidad de los socios y evita la entrada de terceros no deseados.

c) Adecuada para negocios pequeños o familiares: La limitación a 50 socios y la prohibición de oferta pública de capital simplifican el control y administración; los gastos de constitución son menores y el régimen de gerentes es menos formal.

d) Tratamiento fiscal y compatibilidad con inversionistas extranjeros: doctrinalmente, se considera más conveniente para inversionistas estadounidenses porque puede optar por el régimen fiscal de “check the box” y ser tratada como entidad transparente en EE. UU., permitiendo deducir pérdidas.

e) Facilidad para adaptarse a cambios de capital: La figura de capital variable permite aumentar o disminuir el capital sin mayores formalidades.

2. DESVENTAJAS DE LA S. DE R.L. DE C.V.

a) Limitación de socios y transmisión complicada: El tope de 50 socios y la necesidad de autorización para transferir partes pueden dificultar la entrada de nuevos inversionistas y limitar la posibilidad de atraer capital fresco.

b) Restricciones a la negociación de partes sociales: Al no ser títulos negociables, no pueden cotizarse ni circular en mercados; ello restringe fuentes de financiamiento.

c) Mayores exigencias en ciertos acuerdos: Para modificar estatutos o cambiar el objeto social puede requerirse unanimidad o ¾ partes de los socios, lo que dificulta la toma de decisiones ante disensos importantes.

3. VENTAJAS DE LA S.A. DE C.V.

a) Facilidad para atraer capital e inversionistas: El capital se divide en acciones libremente negociables; la posibilidad de emitir diferentes clases de acciones y de recurrir a la suscripción pública facilita obtener recursos de numerosos inversionistas.

b) Mayor flexibilidad en la transmisión de acciones: La ley permite la libre transmisión, salvo restricciones estatutarias; esto genera liquidez y posibilita la entrada de socios estratégicos.

c) Escala y proyección: No existe límite de accionistas; es idónea para proyectos de mayor envergadura y puede evolucionar a oferta pública de acciones.

d) Gobierno corporativo robusto: Las obligaciones de asambleas ordinarias y extraordinarias, la existencia de consejos de administración y comisarios ofrecen un marco de control y transparencia; los derechos de minoría permiten a accionistas no mayoritarios proteger sus intereses.

4. DESVENTAJAS DE LA S.A. DE C.V.

a) Mayor formalidad y costos administrativos: La constitución exige suscribir y exhibir capital mínimo, nombrar comisarios, celebrar asambleas con formalidades legales y llevar registros más complejos. Esto implica mayores costos en honorarios notariales, auditorías y cumplimiento.
b) Menor control sobre la entrada de accionistas: Salvo pacto estatutario, las acciones son libremente negociables; aunque se pueden establecer restricciones, la capacidad de veto es limitada.

c) Exposición pública: Si se recurre a oferta pública o se busca financiamiento bursátil, la empresa queda sujeta a la supervisión de autoridades financieras y a requisitos de información.

IV. ANÁLISIS PARA EL CASO ESPECÍFICO (S. DE R. L. DE C. V., GIRO COMERCIAL CON 3 SOCIOS, UN EXTRANJERO, ESTRUCTURA FLEXIBLE)

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO Y NÚMERO DE SOCIOS.

Al tratarse de una actividad comercial de compraventa y con sólo tres socios, la estructura personalista de la S. de R.L. de C.V. se ajusta mejor a las necesidades, pues no se requiere captar un gran número de accionistas ni financiamiento público. La limitación a 50 socios no afecta y la administración puede simplificarse mediante un gerente.

En la S.A. de C.V., aunque sólo se necesitan dos accionistas, la exigencia de consejos de administración y comisarios implica un aparato corporativo más complejo y costoso.

2. PARTICIPACIÓN DE INVERSIONISTA EXTRANJERO.

Tanto la SRL como la SA permiten la participación de capital extranjero, siempre que se incluya la cláusula de admisión de extranjeros en los estatutos. Según la LIE, los inversionistas extranjeros pueden participar en cualquier proporción en sociedades mexicanas (excepto actividades reservadas). Y, debe incorporarse el acuerdo mediante el cual el socio extranjero se obliga a considerarse mexicano respecto de sus derechos y bienes, renunciando a la protección diplomática (cláusula Calvo), con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, perderá sus participaciones.

3. ESTRUCTURA Y TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES.

Para los socios que deseen preservar el carácter cerrado de la sociedad y evitar la entrada de terceros, la SRL ofrece mayor control gracias al requisito de consentimiento mayoritario y derecho del tanto. Esto se alinea con la preferencia por una estructura flexible y cerrada.

La SA, aunque puede imponer restricciones estatutarias a la transmisión de acciones, por naturaleza tiene un régimen de libre circulación, lo que puede generar incertidumbre sobre la identidad futura de los accionistas.

4. RESPONSABILIDAD Y FISCALIZACIÓN.

En ambos tipos sociales, la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportaciones. Sin embargo, la SA requiere la designación de un comisario que vigile la gestión. Para una sociedad pequeña, este requisito implica mayor costo y formalidad.

La SRL puede prescindir de comisario, permitiendo que los socios lleven un control interno más sencillo.

5. FLEXIBILIDAD EN LA GOBERNANZA.

La SRL cuenta con un solo órgano de asamblea y reglas sencillas para la adopción de acuerdos, lo que favorece la rapidez de las decisiones. La posibilidad de exigir unanimidad para asuntos fundamentales protege a los socios minoritarios.

La SA debe celebrar asambleas ordinarias y extraordinarias con cuórums distintos, lo que requiere mayor planificación. Los derechos de minoría previstos en la LGSM para la SA pueden ser innecesarios en una sociedad con tres socios que confían entre sí.

6. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO.

Si a largo plazo se busca atraer a numerosos inversionistas o acceder a mercados de capital, la SA ofrece más mecanismos (emisión de acciones, series con derechos distintos) y mayor reputación ante inversionistas.

No obstante, para un negocio inicial de compraventa y distribución con pocos socios, la SRL de C.V. es suficiente y permite una evolución posterior mediante transformación en SA sin disolverse, conforme a la LGSM.

V. CONCLUSIÓN JURÍDICA Y RECOMENDACIÓN

I. Con base en la legislación aplicable y la comparativa expuesta, se considera que la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable es la figura más conveniente para el escenario planteado, véase el apartado IV.

Esta recomendación se fundamenta en los siguientes puntos:

1. Adecuación a número reducido de socios: La SRL permite hasta 50 socios, de modo que tres socios (incluido un extranjero) están ampliamente cubiertos.

2. Control y flexibilidad: La necesidad de consentimiento mayoritario y el derecho de preferencia para transmitir partes sociales aseguran que los socios conserven el control y mantengan la estructura cerrada.

3. Menores formalidades y costos: Al no ser obligatorio designar comisario y al tener un solo órgano de deliberación, la SRL resulta menos onerosa y más ágil en la toma de decisiones, lo cual es valioso para una empresa comercial pequeña o mediana.

4. Compatibilidad con inversión extranjera: Tanto la SRL como la SA permiten la participación de inversionistas extranjeros, pero en una SRL la incorporación de un inversionista extranjero se regula mediante la cláusula Calvo, sin mayores requisitos.

5. Ventajas fiscales potenciales: Algunas doctrinas señalan que la SRL puede asimilarse a una LLC estadounidense y aprovechar el régimen “check the box”, permitiendo a inversionistas extranjeros deducir pérdidas.

Sólo en caso de que los socios planeen expandirse a gran escala, atraer múltiples inversores o acceder a financiamiento público, sería recomendable considerar la S.A. de C.V., ya que ofrece herramientas de emisión de acciones y un marco de gobierno corporativo más robusto, aunque con mayores costos y formalidades.

II. Se recomienda la lectura de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y, la Ley de Inversión Extranjera (LIE), ambas consultables en las siguientes direcciones electrónicas, respectivamente:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSM.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIE.pdf

Consultoría Tirant. Créditos hipotecarios

I. TRATADOS INTERNACIONALES APLICABLES

México forma parte de diversos acuerdos multilaterales y bilaterales que, directa o indirectamente, protegen a los deudores hipotecarios. Entre ellos destacan los tratados de libre comercio, que incluyen capítulos de servicios financieros (por ejemplo, el T-MEC/USMCA o el CPTPP), que permiten a bancos extranjeros ofrecer créditos en México bajo regulación local.

Además, México ha ratificado tratados de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, art.11 garantiza el derecho a una vivienda adecuada), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.17 protege la inviolabilidad del domicilio) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). En la CADH el art.21 reconoce:

Artículo 21. CADH.

Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por ley.

Tales compromisos internacionales se incorporan al derecho interno y deben promover la protección de los deudores bancarios.

II. PRINCIPIO PRO PERSONA

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su cardinal 1°, establece que las normas sobre derechos humanos se interpretarán siempre de modo que brinden la protección más amplia a la persona. Este principio pro persona obliga a aplicar la disposición (ya sea constitucional, legal o convencional) que más favorezca al deudor hipotecario. Por ejemplo, si un contrato contiene cláusulas abusivas que limiten derechos, deben aplicarse las normas constitucionales o internacionales que amplíen las garantías del deudor. En este sentido, la Constitución reconoce además explícitamente el derecho a una vivienda adecuada, (véase art.4.º CPEUM)

III. JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1. Suprema Corte de Justicia (SCJN): La Primera Sala ha reiterado que los créditos hipotecarios son contratos de adhesión sujetos al régimen constitucional de protección al consumidor (art.28 CPEUM). Por ejemplo, en el Amparo Directo 7413/2023, la Corte revocó una sentencia civil al determinar que el tribunal debió analizar el contrato de crédito conforme al régimen de consumo, salvaguardando los derechos del deudor, consultable en la https://www.scjn.gob.mx/sites/default/f … titucional

Así, la Corte exige examinar con detenimiento las cláusulas y anular aquellas que violen la buena fe o la ley. Aunque en el Amparo 1137/2018 (BANAMEX vs. CONDUSEF) se rechazó el recurso de la banca, el caso evidencia que la autoridad considera abusiva cláusula que imposibilita el pago o libera al prestamista de responsabilidad. En precedentes (tesis jurisprudenciales) la SCJN ha señalado, por ejemplo, que si el deudor cumple con pagos pese a irregularidades contractuales, ello convalida la obligación, pero no legitima cláusulas contrarias a ley.

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): La jurisprudencia interamericana refuerza la protección de la vivienda y la propiedad. La CADH prohíbe la usura y exige indemnización justa en expropiaciones, véase la CADH consultable en https://www.corteidh.or.cr/tablas/17229 … 0por%20ley

Y, si bien no hay un caso específico de cláusulas hipotecarias, la Corte IDH ha subrayado en varios fallos y opiniones consultivas la importancia del derecho a la vivienda digna como componente del derecho a un nivel de vida adecuado. En casos de desalojos forzosos (por ejemplo contra Brasil), se han aplicado estándares estrictos para evitar violaciones de derechos sociales. De manera similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que la carga desproporcionada de una deuda puede implicar violaciones a derechos económicos y sociales.
IV. FUNDAMENTO JURÍDICO PARA IMPUGNAR CLÁUSULAS ABUSIVAS

Desde el plano constitucional, destacan el Art.1° (pro persona) y el Art.4° (vivienda digna). El cardinal 28 de la CPEUM prohíbe la usura y la “explotación del hombre por el hombre”, principios que obligan a nulidad de tasas de interés o penalizaciones extraordinarias. A nivel convencional, los artículos 11 PIDESC y 21 CADH (de propiedad) y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de inviolabilidad del domicilio, protegen el derecho a la vivienda y al hogar de procesos arbitrarios. Además, la Ley Federal de Protección al Consumidor declara nulas las cláusulas que limiten derechos del consumidor o eximan de responsabilidad al banco. Por su parte, los códigos civiles prevén la nulidad absoluta de actos ilícitos y la relativa de aquellos contra la moral o buenas costumbres, fundamento que aplica a cláusulas contrarias a la ley. Así, existe base constitucional, convencional y legal para impugnar judicialmente cláusulas abusivas en créditos hipotecarios garantizados con inmuebles en México.

Sobre el Derecho a la inviolabilidad del dominio, se recomienda consultar el siguiente enlace https://archivos.juridicas.unam.mx/www/ … 3_7709.pdf

V. CRITERIOS DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

La SCJN ha señalado en diversas ocasiones que los deudores hipotecarios deben recibir “trato preferente” bajo el derecho de amparo cuando se violan sus garantías fundamentales. En general, la Corte aplica doctrina pro consumator, anulando cláusulas que generan desequilibrio sustancial. La Corte Interamericana, por su parte, ha establecido que los Estados deben proteger los derechos económicos y sociales asociados a la vivienda, de modo que toda ejecución hipotecaria debe garantizar el debido proceso y condiciones justas.

VI. LISTA DE ALGUNOS TRATADOS

1. Tratados comerciales con capítulos financieros o de servicios

a) Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC / USMCA), incluye disposiciones sobre servicios financieros que permiten la operación de bancos extranjeros en México bajo ciertas condiciones. Asimismo, establece reglas sobre tratamiento nacional y acceso al mercado.

b) Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM). Contempla liberalización de servicios, incluyendo probablemente a los financieros, aunque no está enfocado específicamente en hipotecas.
c) Acuerdo de Libre Comercio México – Reino Unido (en negociación/implementación). Incluye cláusulas modernas que abarcan servicios financieros e inversión.

2. Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Protección al Consumidor

a) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). México lo ha ratificado; el artículo 11 reconoce el derecho a una vivienda adecuada, lo cual puede interpretarse como protección indirecta frente a condiciones abusivas en créditos hipotecarios.

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Ratificado por México; su artículo 17 protege el hogar y la privacidad, lo que puede ser relevante en casos de ejecuciones hipotecarias arbitrarias.

c) Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Ratificada por México; el artículo 21 reconoce el derecho a la propiedad y prohíbe la usura.

3. Otros instrumentos y acuerdos internacionales varios

a) Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional (IFC, del Grupo Banco Mundial). Aunque no es un tratado estatal per se, México ha aprobado enmiendas relacionadas. La IFC otorga líneas de crédito que fomentan el financiamiento hipotecario, especialmente para grupos vulnerables.

b) Acuerdos de Cooperación Financiera. México ha suscrito acuerdos con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque se centran más en infraestructura que en créditos hipotecarios.

c) Otros acuerdos bilaterales-fiscales/antilavado. Ej.: acuerdos con España, Francia, etc., para intercambio de información financiera y prevención de delitos, que no regulan directamente créditos hipotecarios, pero establecen condiciones de transparencia en operaciones financieras transfronterizas.

VI. CONCLUSIÓN

En relación con las cláusulas que generan desequilibrio sustancial, tanto la jurisprudencia nacional como las decisiones interamericanas apoyan la invalidez de cláusulas hipotecarias abusivas en defensa de los derechos de los deudores.

Consultoría Tirant. Concurso mercantil

Consulta

Información sobre el concurso mercantil

Respuesta

I. OBJETO Y FINALIDAD

La Ley de Concursos Mercantiles (LCM) es norma de interés público cuyo objeto es regular el procedimiento del concurso mercantil con la finalidad principal de conservar la empresa y evitar la quiebra cuando sea posible; si no es viable, la finalidad de la etapa de quiebra es la realización del activo para pagar a los acreedores, artículos 1 al 3 de la LCM.

II. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO — ETAPAS

El concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, artículos 2 y 3 de la LCM.

1. Conciliación: etapa negociadora cuyo propósito es lograr un convenio entre el comerciante y sus acreedores reconocidos para la conservación de la empresa.

2. Quiebra: en caso de que no prospere la conciliación, procede la venta de la empresa, unidades productivas o bienes para satisfacer a los acreedores.

III. SUJETOS / PARTES PROCESALES PRINCIPALES (QUIÉNES INTERVIENEN)

Entre los sujetos procesales y técnicos más relevantes están:

1. El Comerciante (deudor): persona física o moral con la calidad de comerciante, según el Código de Comercio, numeral 4 de la LCM.

2. Acreedores: (acreedores reconocidos, comunes, con garantía real, privilegiados, subordinados, etc.). El reconocimiento, graduación y prelación de créditos se decide en sentencia especial, artículo 17 de la LCM.

3. El Juez de Distrito: es competente para conocer del concurso mercantil en la demarcación donde radique el comerciante; el juez es el rector del procedimiento.

IV. ÓRGANOS ESPECIALISTAS Y AUXILIARES (TÉCNICOS)

La LCM creó órganos técnicos especializados que desempeñan funciones clave:

1. Visitador: practica la visita (diagnóstico) inicial y rinde informe al juez.
2. Conciliador: conduce la etapa de conciliación, impulsa y propone el convenio y coordina estudios/avalúos.

3. Síndico: administra la masa, representa los intereses de los acreedores y, en la etapa de quiebra, recomienda enajenaciones, etc.

Estos especialistas son designados/registrados y regulados a través del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), órgano auxiliar del Poder Judicial encargado de llevar el registro y lineamientos de los especialistas. Véase los cardinales 148 y ss. Así como la LCM; normativa y reglas del IFECOM, Organismo consultable en la siguiente dirección electrónica https://www.ifecom.cjf.gob.mx/index.htm.

V. AUTORIDADES E INSTITUCIONES ESPECIALES QUE INTERVIENEN

1. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades financieras: en concursos de instituciones de crédito y entidades financieras la LCM establece reglas especiales (por ejemplo, la CNBV puede solicitar que el procedimiento inicie en quiebra, recomendar conciliador o síndico, designar interventores, etc.).

2. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y otros organismos pueden designar interventores para proteger intereses de usuarios/acreedores cuando proceda, de conformidad con las disposiciones de la LCM sobre instituciones financieras.

VI. PLAZOS, REGLAS PROCESALES Y REGLAMENTACIÓN SECUNDARIA

La LCM y sus Reglas de Carácter General, regulan plazos, por ejemplo, duración de conciliación y prórrogas, forma de reconocimiento de créditos, requisitos del convenio, publicidad y medidas cautelares. Además, existe abundante doctrina, guías y comentarios elaborados por universidades, el IFECOM y el Poder Judicial que clarifican la práctica. Véase las reglas de carácter general y texto de la LCM.

VII. REFERENCIAS / FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRINCIPALES (Y RECOMENDACIÓN DE LECTURA RÁPIDA)

1. Ley de Concursos Mercantiles, texto vigente; publicación original DOF del 12 de mayo de 2000; así como sus últimas reformas registradas en la referencia oficial el 11 de mayo del 2022. — ver texto y artículos 1–4; 2–3 (objetivo y etapas); cardinales del 148–157 (conciliador y convenio); cap. de quiebra (numerales 167 y sig.).

2. Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) — funciones, registro de especialistas y normativa administrativa, información consultable en la siguiente dirección electrónica: ifecom.cjf.gob.mx

3. Reglas de Carácter General de la LCM, lineamientos operativos para especialistas y procedimient

Consultoría Tirant. Comprobantes Fiscales Digitales

I. ¿CÓMO DEBERÍA DE PERFECCIONARSE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBA DE UN CFDI, ES DECIR, DE LA REPRESENTACIÓN IMPRESA?

Para que la representación impresa de un CFDI tenga plena eficacia probatoria en un juicio mercantil (o en cualquiera que admita como medio de prueba documentos), debe “perfeccionarse” de modo que goce de la presunción de veracidad propia de los documentos públicos y, en su caso, de los medios electrónicos autorizados por la autoridad fiscal.

A CONTINUACIÓN, SE PROPONEN LOS PASOS:

1. Identificación y ofrecimiento formal

En el escrito de ofrecimiento de pruebas (art. 293 y 294 del Código Federal de Procedimientos Civiles), describir con exactitud el comprobante: folio fiscal, fecha de expedición, RFC, emisor y receptor, monto, etc.

Indicar la forma en que se aportará: “Se exhibe en copia de la representación impresa del CFDI, acompañada de la constancia de autenticidad emitida por el SAT, misma que solicito que se tenga por reproducida y valorada per se como documento público”.

2. Conversión en documento público mediante la constancia de autenticidad

El CFDI original es un documento electrónico privado (sin intervención notarial), pero la “constancia de autenticidad” que expide el SAT al validar el folio fiscal lo convierte en documento público, con plena fe legal sobre su contenido (CFF, art. 29-A, fracc. VI).

Dicha constancia se obtiene en el portal de “Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet” del SAT, al ingresar folio, RFC, emisor y receptor, en la siguiente dirección electrónica: verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

El archivo PDF resultante debe anexarse al escrito.

3. Informe o reporte de validación como medio de prueba

Además de la constancia, puede solicitarse al SAT un “reporte de estatus” o “informe de validación” del CFDI, que documenta si fue certificado o cancelado, fecha y hora de timbrado, etc. Al ser expedido por autoridad pública, también es documento público.

Ofrecer este informe de igual forma, con copia simple y petición de que el juzgador lo tenga por reproducido como prueba plena.

4. Desahogo en audiencia

Si se pretende demostrar la vigencia o cancelación en la audiencia mediante conexión en tiempo real al portal del SAT, debe haberse ofrecido previamente la “prueba electrónica” y suministrado los datos de acceso (folio fiscal, RFC, URL) dentro del término probatorio (CFPC, art. 294, II).

En el momento de desahogo, solicitar al juez autorización para proyectar en sala la página de verificación y tomar constancia en acta de la consulta; empero, dada la inmediatez, es preferible aportar la constancia de autenticidad generada momentos antes de la audiencia y anexar la URL como respaldo.

5. Valor probatorio y presunción de veracidad

Una vez aportada la constancia del SAT, el documento alcanza el estatus de “público” (CFPC, art. 130), con fe plena sobre los hechos que en él constan, salvo prueba en contrario (CFPC, art. 202). Evitando así cualquier objeción sobre la autenticidad de la representación impresa, y a la vez se refuerza el valor probatorio del CFDI en el litigio.

6. “Por tanto, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet exhibidos de forma impresa en un juicio ordinario mercantil, hacen prueba plena, siempre que contengan los datos necesarios para evidenciar que cumplen con los requisitos previstos en los preceptos indicados, pues su impresión hace presumir la existencia del auténtico virtual, ya que su original no es un documento en papel, como lo era antes, por lo que es materialmente imposible que el creador de esos comprobantes exhiba en juicio un original en físico; sin que ello implique un estado de indefensión a la contraparte, toda vez que puede tacharlos de falsos e, incluso, está en aptitud de verificar su autenticidad consultando la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria”. Véase la tesis con el rubro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI). HACEN PRUEBA PLENA LOS EXHIBIDOS DE FORMA IMPRESA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, SIEMPRE QUE CONTENGAN LOS DATOS NECESARIOS PARA EVIDENCIAR QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Registro digital: 2023840

Consultoría Tirant. Pagaré

Consulta

Pagaré la prueba preconstituida. ¿La parte actora en un juicio ejecutivo mercantil, con el sólo hecho de presentar anexo a su demanda inicial un pagaré considerado como prueba pre constituida y sin ofrecer otras pruebas en el juicio, acredita su acción cambiaría directa?

¿Es decir, con la sola presentación del pagaré anexo a su demanda inicial, acredita su acción, sin necesidad de ofrecer más pruebas?

Respuesta

I. PAGARÉ COMO PRUEBA PRECONSTITUIDA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL

El pagaré es un título ejecutivo por disposición del artículo 1391, fracción IV del Código de Comercio (CC), lo que implica que “trae aparejada ejecución”. Jurídicamente, esto significa que el pagaré funciona como prueba pre-constituida del crédito que documenta. En la práctica, la sola exhibición del pagaré en el juicio ejecutivo mercantil acredita plenamente la existencia de la obligación (identifica acreedor, deudor, monto y vencimiento).

Artículo 1391. CC. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.

Traen aparejada ejecución:

I…

IV. Los títulos de crédito;
Fracción reformada DOF 24-05-1996

Por ello, el demandante no necesita aportar otras pruebas para demostrar su acción directa sobre el pagaré: con el propio título acredita los hechos en que funda su pretensión, para una mejor ilustración véase la siguiente sentencia 160/2019, en materia mercantil, consultable en https://www.poderjudicialqro.gob.mx/APP … o%20a%20la

II. FUNDAMENTO LEGAL:

El Código de Comercio establece que sólo procede el juicio ejecutivo cuando la demanda se apoya en un documento con ejecución incorporada. En particular, los pagarés y demás títulos de crédito gozan de esta categoría ejecutiva. Asimismo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito consagra el principio de literalidad y define que el pagaré refleja en sí mismo el derecho del acreedor. De ello se infiere que el crédito consignado es “a cierto, líquido y exigible”, por lo que la parte actora acredita su acción con la mera presentación del instrumento, art. 1391 del CC.

II. CARGA DE LA PRUEBA:

La jurisprudencia ha señalado que, ante esta prueba preconstituida, corresponde al demandado desvirtuar la obligación sólo a través de excepciones específicas. Así, según la tesis jurisprudencial I.8o.C.215 C:

PAGARÉS. SON PRUEBA PRECONSTITUIDA, Y ES AL DEMANDADO A QUIEN CORRESPONDE PROBAR SUS EXCEPCIONES.

El pagaré tiene el carácter de título ejecutivo, y constituye una prueba preconstituida de la acción, pues el propio documento contiene la existencia del derecho, define al acreedor y al deudor, y determina la prestación cierta, líquida y exigible de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título; en tal virtud, es al demandado a quien corresponde probar sus excepciones.

Registro digital: 192600

Dicho de otro modo, si el demandado niega la deuda, deberá probar el pago, la extinción o cualquier defensa; mientras tanto, el pagaré sigue surtiendo pleno valor probatorio en favor del actor.

En consecuencia, con la sola exhibición del pagaré anexado a la demanda ejecutiva mercantil, el actor acredita su acción cambiaria directa, sin necesidad de ofrecer pruebas adicionales. Sólo en caso de que el demandado invoque y acredite excepciones (por ejemplo, pago o cancelación) será procedente discutir la validez del título. Esta conclusión se fundamenta en el artículo 1391 del Código de Comercio, numerales 5 y 1194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, (literalidad y carga de la prueba) y en la doctrina jurisprudencial citada.