La Sala de la Cámara aprobó las modificaciones del Senado al proyecto (boletín 17312). Este exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos recintos. Así, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley de la República.
La nueva norma agiliza la ejecución de obras. Permite que los proyectos definidos por decreto presidencial se desarrollen mediante procedimientos administrativos más expeditos.
Con esta medida, el gobierno busca responder al déficit carcelario. Los objetivos incluyen disminuir el hacinamiento y reforzar la seguridad pública. Esto mejorará las condiciones de reinserción, reduciendo costos y tiempos.
Aceleración de Trámites y Plazos
Una enmienda clave establece que si el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no emite un informe en 30 días hábiles, el proyecto obtendrá aprobación positiva automáticamente.
La ley mantuvo la exención del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obras de reparación o ampliación. Además, reduce a la mitad los plazos para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.
Se establece que la participación ciudadana solo incluirá a personas con interés directo. Es decir, solo podrán participar residentes de la comuna o de comunas colindantes.
La iniciativa dispone que las autoridades deben resolver todos los permisos y autorizaciones en plazos reducidos a la mitad. Se considerará aprobada la solicitud si la autoridad no se pronuncia en el tiempo establecido.
Finalmente, el proyecto obliga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a informar trimestralmente. Debe reportar a las comisiones de Constitución de ambas cámaras sobre la ejecución de las obras bajo este régimen especial.
Debate y Alcances de la Norma
En el debate participaron múltiples diputados, incluyendo Andrés Celis, Gonzalo Winter y Joanna Pérez. La mayoría coincidió en la necesidad de aumentar y mejorar la infraestructura penitenciaria.
Los intervinientes destacaron que los nuevos centros deben ubicarse preferentemente en la periferia de las ciudades. Esto ayudará a reducir el impacto urbano y facilitará la gestión de los recintos.
También enfatizaron la importancia de despejar trámites administrativos y ambientales para acelerar las obras. Consideran la situación de sobrepoblación que enfrentan la mayoría de los recintos del país.
Se advirtió que la sobrecarga en las cárceles del norte representa un desafío. Estas albergan, en su mayoría, a personas extranjeras vinculadas al crimen organizado.
Los diputados valoraron que la iniciativa reduzca tiempos de autorización usando el silencio administrativo. Sostienen que la ejecución de obras puede dinamizar la economía y generar empleos.
Fuente: camara.cl
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