El proyecto de ley antiterrorista, tras ser aprobado por unanimidad en gran parte y por mayoría en aspectos específicos en su trámite en la Sala del Senado el 2 de mayo de 2024, representa un esfuerzo legislativo para modernizar la normativa en esta área. Se enfoca en abordar los desafíos que han obstaculizado su aplicación eficaz en el tiempo reciente, mediante la sanción de asociaciones terroristas, la definición de delitos específicos y la determinación de penas proporcionales.
El proyecto contempla disposiciones como el delito terrorista individual conexo e inconexo (también conocido como «lobo solitario»), medidas especiales de investigación y cambio de jurisdicción en casos complejos. Sin embargo, algunos aspectos, como el cambio de jurisdicción y el delito terrorista individual inconexo, generaron debates significativos y fueron votados por mayoría.
Una de las disposiciones aprobadas permite al Ministerio Público solicitar a la Corte Suprema que los casos de alta complejidad sean competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Otra disposición aprobada sanciona el reclutamiento de menores para asociaciones terroristas. Además, se aprobó la norma que sanciona el delito terrorista individual inconexo, así como medidas especiales para la intervención de aparatos celulares y otros dispositivos.
Sin embargo, estas medidas adicionales de investigación suscitaron preocupaciones en cuanto a su posible infracción a los derechos fundamentales de personas no investigadas. Se enfatizó que se requerirá autorización judicial para su implementación y que estarán limitadas en el tiempo.
El debate en la Sala reflejó la necesidad de modernizar la normativa antiterrorista para anticiparse a los eventos y sancionar las asociaciones terroristas de manera efectiva. Los parlamentarios coincidieron en la importancia de contar con definiciones claras y objetivas para el uso eficiente de la legislación en este ámbito.
El proyecto propuesto establece sanciones para quienes participen en asociaciones terroristas y define qué se considera como una asociación terrorista. También determina qué acciones constituyen un delito terrorista y establece penalidades específicas para los empleados públicos que cometan estos delitos en el ejercicio de sus funciones.
En resumen, el proyecto de ley antiterrorista, respaldado en su mayoría, refleja un intento por actualizar y fortalecer la legislación en esta área, buscando garantizar la seguridad y protección de la sociedad frente a amenazas terroristas.
