La ley Antiterrorista está en el centro de atención legislativa en Chile, ya que se ha movido a la Comisión de Constitución para su actualización. El proyecto, que busca derogar la ley N° 18.314 de 1984, obtuvo un sólido respaldo en la Sala con 41 votos a favor y una abstención.
Hasta el 28 de marzo, tanto los senadores como el Ejecutivo tendrán la oportunidad de presentar indicaciones a la normativa. El objetivo es claro: examinar detalladamente el contenido del proyecto, especialmente los tipos penales y las sanciones asociadas, con el fin de modernizar y fortalecer la persecución de los delitos terroristas.
Este proyecto en primer trámite es el resultado de la fusión de cuatro mociones y un mensaje, presentados por distintos senadores y el Presidente de la República. En el centro del debate está la necesidad de actualizar la normativa, dado que se reconoce la dificultad actual para probar el ánimo terrorista, lo que ha limitado significativamente la aplicación efectiva de la ley vigente. Se destaca especialmente la presencia de acciones terroristas en regiones como la Metropolitana, Tarapacá, Valparaíso y Araucanía.
Los tiempos legislativos también fueron objeto de discusión durante el debate. Mientras algunos senadores urgieron por una tramitación rápida dada la situación delictual actual y la antigüedad de las mociones, otros abogaron por un cuidadoso proceso de redacción para no complicar aún más la aplicación de la ley.
Objetivizar los tipos penales
En la Sala, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Felipe Kast, explicó la necesidad de objetivar la ley antiterrorista, destacando la importancia de describir las conductas de manera objetiva para permitir su aplicación efectiva.
En el debate participaron numerosos senadores, quienes mayoritariamente coincidieron en la necesidad de actualizar la ley ante el cambiante escenario de inseguridad. Se valoró positivamente que el proyecto busque objetivar los tipos penales, lo que se espera facilite la persecución de estos delitos. Sin embargo, hubo ciertas reservas respecto a la conveniencia de insistir en la iniciativa, argumentando que las penas contempladas podrían no diferir significativamente de las de otras leyes en uso.
La discusión también giró en torno a la redacción del proyecto, con algunos legisladores señalando la necesidad de revisar ciertas definiciones ambiguas que podrían confundir su aplicación. Se reconoció abiertamente la falta de consenso político en la aplicación de la ley actual, lo que ha llevado a considerarla obsoleta en la práctica.
Fuente: senado.cl
