La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales aprobó en general el proyecto de modificación de la Ley N° 20.600, que establece los Tribunales Ambientales. La iniciativa, presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Matías Walker e Isabel Allende, tiene como objetivo consagrar la procedencia del recurso de casación contra las sentencias emitidas por los Tribunales Ambientales del país.
Esta modificación brindaría certeza jurídica y una protección adecuada al debido proceso, ofreciendo una vía de impugnación para las sentencias dictadas en el marco de la Ley de Humedales Urbanos y otros cuerpos normativos que aborden problemas similares en el sistema recursivo.
Durante el proceso de análisis del proyecto, la Comisión, presidida por el senador Latorre, escuchó a diversos actores, incluyendo al Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, Tribunales Ambientales, el Consejo de Defensa del Estado, representantes académicos, Urbano Proyectos y la Red Plurinacional de Humedales.
Qué busca la Ley
Aunque el texto fue bien recibido por su mayor claridad y uniformidad, se destacaron aspectos a abordar, como la necesidad de mayor claridad sobre los recursos que proceden y la importancia de evitar tiempos prolongados de judicialización. También se planteó la necesidad de una definición legal que aclare las sentencias de los Tribunales Ambientales.
La propuesta busca modificar el sistema recursivo contenido en la Ley N° 20.600, permitiendo así interponer recursos contra sentencias definitivas que resuelvan reclamaciones en el contexto de declaraciones de humedales urbanos, en virtud de la Ley N° 21.202 y otras disposiciones legales como la Ley 20.920 o Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor).
Con esta modificación normativa, se espera establecer un sistema recursivo uniforme para las sentencias del Tribunal Ambiental, en línea con el Acuerdo Regional sobre Justicia Ambiental, lo que facilitaría la unificación de criterios entre los tres Tribunales Ambientales. No obstante, se mantiene la exclusión de las resoluciones sobre medidas provisionales, en coherencia con su naturaleza. El plazo para recibir indicaciones sobre el proyecto se extiende hasta el 3 de noviembre de 2023.
Fuente: senado.cl
