La Comisión de Constitución de la Cámara retomó la discusión sobre el proyecto que propone disolver la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación. La iniciativa, enviada por el Ejecutivo en 2013, fue aprobada en su idea de legislar.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que el proyecto busca resolver los graves problemas financieros de la Editorial Jurídica, una corporación de derecho público ajena a la administración del Estado. Entre sus principales dificultades se encuentran deudas tributarias, juicios laborales y embargos.
El proyecto analizado por la Comisión de Constitución plantea la disolución de la editorial a través de un liquidador designado por el Ministerio de Justicia. Además, establece que la Universidad de Chile administrará los sellos de la Editorial Jurídica y Andrés Bello, preservando sus marcas.
Por otro lado, otorga nuevas atribuciones a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que asumiría el rol de secretaría técnica de la Comisión de Códigos de la República, encargada de la edición oficial de los textos legales.
El director de la BCN, Diego Matte, participó en la sesión y señaló que los trabajadores que se auto despidieron por la insolvencia de la editorial aún enfrentan problemas laborales pendientes. Además, expresó su desacuerdo con la Comisión de Códigos, argumentando que confunde el rol académico con el institucional.
Matte también solicitó avanzar en el reconocimiento legal del Sistema Ley Chile, una plataforma digital que publica más de 4 mil normas y registra un tráfico anual de 32 millones de sesiones.
Debate y cifras financieras
Los diputados respaldaron la disolución, pero pidieron un informe actualizado sobre las deudas de la editorial, considerando que el proyecto tiene 11 años. Según datos presentados por el ministro Gajardo, el informe de la Contraloría de 2022 indica que la editorial acumula deudas tributarias por $18 mil millones, derechos de autor por $834 millones, obligaciones de corto plazo por $21 mil millones y deudas laborales por $458 millones.
El Ministerio de Justicia planea realizar un aporte adicional para cubrir las deudas laborales tras la liquidación, aunque reconoció que las cifras deben ser actualizadas.
Reforma al sistema de nombramientos judiciales
En otro tema, la Comisión de Constitución continuó el análisis de la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Esta propuesta busca modernizar los procesos de designación en el Poder Judicial.
Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales, participó en la discusión y destacó la importancia de garantizar la independencia de los jueces. Señaló que los magistrados deben tomar decisiones basadas únicamente en el derecho, sin presiones de las instituciones que los designan ni de sus superiores jerárquicos.
Lovera propuso separar las funciones de nombramiento de las labores disciplinarias y administrativas. También cuestionó la participación del Senado en la ratificación de ternas judiciales, argumentando que no existe una justificación técnica para ese proceso y que se podrían evitar influencias políticas en la designación de los jueces.
El académico subrayó la necesidad de asegurar la pluralidad y la alta calificación técnica en la integración del máximo tribunal, además de establecer mecanismos que reduzcan la posibilidad de tráfico de influencias.
Fuente: camara.cl
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