El Gobierno ha anunciado un proyecto de reforma en el poder judicial que transformará radicalmente el proceso de nombramiento de jueces, juezas y ministros en los distintos niveles del Poder Judicial. Esta iniciativa, la mayor en las últimas tres décadas, pretende asegurar que los nombramientos se basen en criterios de mérito y transparencia, garantizando procesos objetivos y competitivos.

Principales transformaciones

Dentro del proyecto presentado por el Gobierno se busca reformar el proceso de nombramiento de jueces y ministros, basándose en los principios de mérito, transparencia y probidad. Dentro de las principales características del proyecto se destacan:

Creación del Consejo de Nombramientos de Jueces

Uno de los ejes principales del proyecto es la creación del Consejo de Nombramientos de Jueces, encargado de seleccionar a los candidatos con base en concursos competitivos que evalúan su trayectoria y capacidades. Este consejo estará compuesto mayoritariamente por miembros del Poder Judicial, elegidos por sorteo, con un mandato limitado a cinco años sin posibilidad de reelección.

Separación de funciones administrativas y jurisdiccionales

Otra medida clave de la reforma es la transferencia de las funciones administrativas de la Corte Suprema a un organismo autónomo, responsable de la gestión de los recursos del sistema judicial y sujeto a rendición de cuentas ante la Contraloría. De esta forma, los jueces podrán dedicarse exclusivamente a la resolución de casos, sin distraerse en tareas administrativas.

Fortalecimiento de la Fiscalía Judicial

El proyecto también refuerza las atribuciones de la Fiscalía Judicial, dotándola de herramientas para investigar conflictos de interés y posibles infracciones a la probidad dentro del sistema judicial. Los miembros de la Fiscalía no podrán ejercer funciones jurisdiccionales, y sus dictámenes sobre conflictos de interés tendrán carácter vinculante para todo el Poder Judicial.

Eliminación de la figura de los abogados integrantes

En línea con el objetivo de preservar la independencia judicial y evitar conflictos de interés, se propone la eliminación de la figura de los abogados integrantes. A partir de la reforma, solo jueces formalmente investidos podrán ejercer funciones jurisdiccionales.

Control ético bajo la supervisión de los colegios profesionales

El proyecto establece que los colegios profesionales tendrán la capacidad de demandar judicialmente sanciones a aquellos que incumplan con las normas éticas de la profesión, independientemente de su afiliación.

Esta reforma pretende transformar profundamente el funcionamiento del Poder Judicial, promoviendo la imparcialidad, la eficiencia y la transparencia en los procesos de nombramiento y gestión dentro del sistema.

Fuente: gob.cl

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