La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción ha emitido un fallo dividido que ordena la internación provisional de 11 imputados en unidades psiquiátricas. Esta decisión surge tras el recurso de amparo presentado por las defensas de los imputados, quienes se encuentran actualmente internados en recintos penales. El tribunal ha determinado que se deben cumplir las resoluciones que ordenaron su ingreso a unidades especializadas en salud mental, debido a la falta de recursos y la dilación en la realización de evaluaciones periciales.
El fallo instruye al Servicio de Salud Concepción a abrir los cupos necesarios en unidades psiquiátricas para recibir y evaluar a los amparados. Estos individuos se encuentran internados en recintos penales mientras esperan la evaluación de su salud mental, la cual ha sido postergada durante años debido a la falta de recursos y disponibilidad de plazas en los establecimientos correspondientes.
El tribunal reconoce que, si bien la internación provisional se decretó sin contar con el informe pericial obligatorio, la falta de ejecución de estas evaluaciones en un plazo razonable ha sido una constante debido a la falta de recursos y la existencia de listas de espera en todas las unidades psiquiátricas del país. Esta situación ha llevado a que los procesos judiciales de los amparados queden suspendidos durante largos periodos, lo que vulnera sus derechos y compromete su integridad física y psíquica.
En cuanto a la legalidad de la internación provisional, el fallo destaca que, aunque estas medidas se fundamentan en la peligrosidad del imputado, es indispensable que se acredite pericialmente dicha condición antes de su aplicación. La falta de cumplimiento de esta exigencia, sumada a la negativa del Servicio de Salud Concepción de acoger a los amparados en un establecimiento asistencial adecuado, vulnera normativas legales y constitucionales.
La resolución también hace hincapié en la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, incluyendo el derecho a la salud física y mental. En este caso, mantener a los amparados en unidades penitenciarias comunes, sin la atención especializada que requieren, constituye una violación de sus derechos y una medida desproporcionada.
En conclusión, la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción de ordenar la internación provisional de los imputados en unidades psiquiátricas responde a la necesidad de garantizar el respeto de sus derechos y su seguridad. Este fallo destaca la importancia de contar con recursos adecuados para la evaluación y tratamiento de la salud mental de las personas involucradas en procesos judiciales, así como la responsabilidad del Estado en asegurar el cumplimiento de estas medidas.
Fuente: pjud.cl
