El pasado 28 de mayo de 2024, un grupo de senadores presentó una moción destinada a establecer un régimen carcelario agravado para ciertos delitos considerados de gravedad extrema. La propuesta, ahora en manos de la Comisión de Constitución para su análisis, busca implementar medidas de incomunicación absoluta en centros penitenciarios en casos específicos. Con esto se seguiría una línea similar al modelo italiano conocido como «cárcel dura».

El proyecto implica modificaciones al Código Penal y al Procesal Penal para instaurar un régimen carcelario más severo para aquellos que sean formalizados y permanezcan en prisión preventiva. También para los condenados por delitos relacionados con terrorismo, seguridad interior del estado, tráfico de drogas, control de armas y asociación delictiva, entre otros.

En esencia, se establecen dos penas accesorias comunes para todos los crímenes y delitos simples: la incomunicación con individuos externos al establecimiento penitenciario y la incomunicación con otros reclusos, según lo determine el reglamento penitenciario.

Estas penas pueden aplicarse tanto en la sentencia definitiva como durante el cumplimiento de la condena, pudiendo eximirse o revocarse en casos de colaboración eficaz con la justicia.

La solicitud para aplicar esta medida puede provenir del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o el querellante particular. En los casos en que la incomunicación no haya sido impuesta en la sentencia, la solicitud puede ser presentada por diversas partes, incluyendo al propio condenado o su defensor.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de trasladar al condenado a otro centro penitenciario para garantizar la eficacia de la medida. En el caso de la prisión preventiva, la incomunicación puede mantenerse durante toda la duración de la medida cautelar.

El régimen agravado propuesto consiste en la incomunicación absoluta, ya sea con personas externas al establecimiento carcelario o con otros internos. Esta medida se asemeja al modelo italiano de «cárcel dura», diseñado para prevenir asociaciones delictivas, conductas subversivas o terroristas.

Bajo este régimen, los condenados estarían sujetos a un aislamiento estricto, con control de visitas y restricciones a sus actividades, incluyendo el contacto con otros reclusos. Con una duración diaria de hasta 23 horas en celda, con apenas una hora de recreo, este régimen limitaría considerablemente la interacción social de los reclusos.

Fuente: senado.cl