La Corte de Apelaciones de Santiago ordena al fisco a indemnizar a familiares de víctimas del incendio en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel

En una decisión histórica, la Corte de Apelaciones de Santiago ha condenado al fisco a pagar indemnizaciones a 307 familiares de los 81 internos que fallecieron en el trágico incendio ocurrido el 8 de diciembre de 2010 en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel. La Primera Sala del tribunal, compuesta por las ministras Maritza Villadangos, Paola Hasbún y el abogado integrante Jorge Gómez, resolvió de manera unánime incrementar los montos indemnizatorios previamente establecidos.

El fallo destaca la insuficiencia de las indemnizaciones iniciales para compensar los severos daños emocionales sufridos por los familiares de las víctimas, calificando las sumas referenciales y mínimas referenciales como exiguas. La corte mantuvo la clasificación grupal de los afectados, determinando un estándar de igualdad entre los demandantes que se encuentran en situaciones similares.

Además, se subrayó la posibilidad de ajustar los montos indemnizatorios en función de los antecedentes probatorios presentados en cada caso particular. El tribunal enfatizó que esta medida no implica una valoración arbitraria del daño, sino una uniformidad en la solución para casos semejantes, dejando abierta la posibilidad de indemnización para aquellos que puedan demostrar suficientemente el perjuicio moral sufrido.

En conclusión, la Corte elevó los montos referenciales y mínimos referenciales para asegurar una compensación justa y adecuada a los graves daños emocionales experimentados por los familiares de las víctimas del incendio, reconociendo la magnitud del sufrimiento causado por la pérdida de sus seres queridos en tan trágicas circunstancias.

Fuente: www.pjud.cl

La Corte Suprema analiza proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal

El pleno de la Corte Suprema se reunió el 17 de junio pasado para examinar un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal. Esta iniciativa, presentada por moción, pretende introducir la figura de la detención en casos urgentes bajo ciertas circunstancias. El informe del análisis fue enviado a la presidencia del Senado el jueves 25 de julio.

Según los proponentes, esta modificación responde al aumento de la criminalidad violenta y organizada en los últimos años, lo que requiere que el Estado adopte medidas más efectivas para proteger la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. El objetivo es priorizar una respuesta rápida en situaciones donde un retraso podría permitir la evasión de la justicia o causar daño a las personas involucradas.

El proyecto se inspira en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, que implementó un sistema adversarial similar al de otros países de Latinoamérica y a la Reforma Procesal Penal chilena de 2000. Además, se menciona la similitud con facultades contempladas en sistemas mixtos como el español y en el derecho común norteamericano, que permiten detenciones preventivas basadas en una causa probable.

La Corte Suprema destaca que la Constitución chilena establece un régimen de revisión judicial de las detenciones practicadas u ordenadas por la autoridad administrativa, similar al sistema estadounidense, pero con la exigencia de flagrancia o autorización legal para las detenciones sin orden judicial previa. Este sistema se refleja también en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El informe subraya la importancia de que las medidas que afecten derechos fundamentales cuenten con autorización judicial previa para garantizar un control objetivo y proteger los derechos ciudadanos. La alteración de esta premisa podría contradecir el ordenamiento jurídico nacional, que se basa en la revisión imparcial de un juez para prevenir detenciones arbitrarias.

Finalmente, el proyecto podría afectar la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, al introducir un caso de detención administrativa no fundamentado en la flagrancia. Aunque la modificación no disminuiría el trabajo de los tribunales, sí alteraría la carga de trabajo, reduciendo el número de audiencias necesarias para el control de legalidad de las detenciones.

El informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial advierte un posible aumento en las apelaciones relacionadas con la revisión judicial en estos casos, lo que podría significar un incremento en los costos anuales, estimado en 24.450 millones de pesos, según una minuta financiera complementaria elaborada por el Subdepartamento de Operaciones del DDI.

Fuente: pjud.cl

Aprobado en la Cámara proyecto para regular sistemas de inteligencia artificial y robótica

La Comisión de Futuro de la Cámara respaldó, con 8 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la legislación para regular los sistemas de inteligencia artificial, robótica y tecnologías relacionadas. El proyecto, originado en una propuesta parlamentaria, tiene como objetivo establecer un área de soberanía digital para los sistemas de inteligencia artificial.

La normativa, abordada en el boletín 15869, busca establecer límites, formalidades y requisitos para la implementación y aplicación de sistemas de inteligencia artificial. Se pretende que estos sean exigibles a todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que utilicen estos sistemas.

Los fundamentos del proyecto enfatizan la importancia de alcanzar un equilibrio que resguarde los derechos fundamentales garantizados por el Estado de Chile, sin obstruir el desarrollo y acceso a estas tecnologías. Además, se destaca el objetivo de no aumentar desproporcionadamente los costos asociados con la introducción de soluciones de inteligencia artificial en el mercado y en el funcionamiento de organismos públicos y privados.

Presentado en abril de 2023, el proyecto también busca fomentar una discusión democrática sobre las consideraciones éticas de la inteligencia artificial y establecer una legislación coherente que regule procesos de desarrollo, distribución, comercialización y utilización de estas tecnologías.

Entre sus puntos clave, el proyecto aborda la regulación de la responsabilidad civil, los derechos de propiedad intelectual y la utilización de inteligencia artificial en ámbitos penal, educativo, cultural y audiovisual. Además, busca proteger los derechos de propiedad intelectual y las creaciones artístico-culturales, así como salvaguardar los derechos de los consumidores y el tratamiento adecuado de datos personales.

Fuente: camara.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Aprueban creación de comisión investigadora para analizar histórico fraude tributario en Chile

Aprueban creación de comisión investigadora para analizar histórico fraude tributario en Chile

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, sin votación ni discusión, la formación de una nueva comisión investigadora destinada a analizar la participación de los órganos del Estado en lo que se considera el mayor fraude tributario en la historia de Chile. La operación, denominada «Operación Tributos», involucra más de 240 mil millones de pesos y ha llevado a la detención de al menos 55 personas, principalmente empresarios.

La comisión se enfocará en fiscalizar los actos del Gobierno, especialmente del Ministerio de Hacienda, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros. La investigación abordará la correcta fiscalización y control de la operación durante los últimos 10 años.

La solicitud para la creación de la comisión, respaldada por 66 diputados y diputadas, destaca que se trata del mayor golpe a la evasión tributaria en la historia del país. Se informa que los presuntos fraudes al fisco suman más de 240 mil millones de pesos desde 2016 hasta la fecha, con más de 100 mil facturas ideológicamente falsas que involucran a más de 300 contribuyentes y al menos a 7 clanes criminales.

Además, se revela que la organización criminal habría creado más de 100 empresas «fantasmas» que operaban en al menos 10 regiones del país, con más de 400 cuentas bancarias, propiedades, vehículos, efectivo y otras divisas. La Policía de Investigaciones y los persecutores penales han logrado recuperar bienes y dinero por un monto estimado de 25 mil millones de pesos.

La comisión sobre fraude tributario deberá presentar su informe en un plazo no superior a 60 días y tendrá la facultad de constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para llevar a cabo su mandato.

Fuente: camara.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte de Apelaciones de Santiago incrementa indemnización a motorista por accidente de tránsito

Corte de Apelaciones de Santiago incrementa indemnización a motorista por accidente de tránsito

La Corte de Apelaciones de Santiago ha tomado una decisión trascendental al incrementar significativamente la indemnización otorgada a un motorista que resultó lesionado en un accidente de tránsito en la comuna de Ñuñoa, registrado en agosto de 2016.

En una resolución unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada, conformada por el Ministro Miguel Vázquez y las ministras Romy Rutherford y Lidia Poza, revocó parcialmente la sentencia del 2º Juzgado Civil de Santiago. Esta revisión implicó una modificación en la compensación económica que deberán pagar solidariamente el conductor y la empresa propietaria de la camioneta involucrada en el accidente.

El fallo del tribunal de alzada destacó aspectos cruciales que condujeron a esta modificación de la indemnización. En particular, se rechazó la evaluación original del lucro cesante demandado, otorgándole al demandante una compensación de $2.000.000, considerando la imposibilidad física para realizar su labor como ingeniero forestal. Además, se confirmó el daño emergente y se duplicó la suma asignada por concepto de daño moral, elevándolo a $10.000.000.

La Corte fundamentó su decisión en la pérdida de la capacidad de ganancia y la invalidez temporal del demandante, lo que le impidió ejercer su profesión durante un período importante. Esto fue respaldado por la documentación presentada, que reflejaba un promedio de ingresos mensuales de $1.000.000 antes del accidente, así como testimonios que respaldaron la incapacidad física del demandante después del evento traumático.

La sentencia resalta la importancia de la reparación integral del daño, citando disposiciones legales y evidencias que justifican la revisión de la indemnización inicialmente establecida. En resumen, la Corte de Apelaciones de Santiago recalibró la compensación, aumentando la indemnización total a pagar a $21.670.330, reconociendo así los perjuicios sufridos por el motorista como resultado del accidente de tráfico.

Fuente: pjud.cl

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