Feb 15, 2024 | Actualidad Prime
La Cámara de Diputados ha emitido dos resoluciones destacando la urgente necesidad de abordar la crisis en los centros penitenciarios de Chile. La resolución 985 destaca la necesidad de erigir nuevos centros y mejorar los existentes, respondiendo a las crecientes preocupaciones sobre seguridad pública. Esto, con Chile mostrando un aumento notable en la percepción de la delincuencia en comparación con otros países de América Latina.
Se reconoce también la crisis humanitaria dentro de las cárceles, lo que ha llevado a los jueces a buscar alternativas al encarcelamiento tradicional. Es imperativo modernizar la infraestructura penitenciaria, asignando recursos adecuados para construir y mejorar los centros existentes, una medida respaldada por una abrumadora mayoría en la sala.
Además, la resolución 984 aborda la necesidad de establecer el uso obligatorio de uniformes para la población penal. Esta medida se presenta como una solución para reducir la actividad delictiva dentro de los recintos carcelarios, así como para fomentar la igualdad, la disciplina y el respeto a la ley entre los internos. Al evitar la categorización por vestimenta y prevenir la victimización de algunos reclusos por otros, se espera crear un ambiente más seguro y equitativo en las cárceles.
Ambas resoluciones fueron promovidas por diputados comprometidos con abordar estos desafíos, quienes reconocen la importancia de tomar medidas concretas para mejorar el sistema penitenciario. La construcción de más centros penitenciarios y el uso de uniformes obligatorios son pasos fundamentales hacia la reforma integral del sistema carcelario chileno, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los reclusos y promover la seguridad tanto dentro como fuera de las cárceles.
Fuente: camara.cl
Feb 14, 2024 | Actualidad Prime
Feb 13, 2024 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha emitido un fallo histórico en favor de las víctimas de detención ilegal, apremios y abuso sexual ocurridos en 1984. En una decisión unánime, el tribunal ha acogido la demanda de indemnización de perjuicios presentada por Nadia Isabel Parra Millatureo, Rosalba Marina Parra Millatureo y Sandra Angélica Parra Millatureo, ordenando al fisco el pago de una indemnización total de $225.000.000 por concepto de daño moral.
El fallo, emitido por la Primera Sala del tribunal de alzada, revoca una sentencia anterior del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas que había acogido la excepción de prescripción extintiva presentada por el fisco. La Corte estableció que las hermanas Parra Millatureo fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles tanto en sede penal como civil.
El tribunal destacó que las hermanas fueron detenidas ilegalmente en marzo de 1984 y sometidas a malos tratos y abuso sexual por parte de Carabineros de Chile en la Primera Comisaría de la ciudad. Durante su detención, sufrieron apremios físicos y psicológicos, presenciaron torturas a otros detenidos y fueron posteriormente ingresadas ilegalmente a la Cárcel de Punta Arenas.
La resolución de la Corte también hace referencia a la obligación del Estado de Chile de proteger los derechos humanos, en consonancia con el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se destaca que los delitos de lesa humanidad y las acciones de indemnización derivadas de ellos son imprescriptibles, según lo establecido en el derecho internacional.
En cuanto a los daños sufridos por las demandantes, la Corte consideró que están suficientemente acreditados, tanto por la naturaleza de la agresión como por su contenido, respaldados por informes psicológicos y la testimonial de expertos que atendieron a las víctimas en el contexto de reparación.
En conclusión, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha sentado un importante precedente al rechazar la excepción de prescripción extintiva y ordenar al fisco indemnizar a las hermanas Parra Millatureo por los graves daños sufridos durante su detención ilegal en 1984. La decisión resalta la importancia de la justicia y la reparación integral en casos de violaciones a los derechos humanos.
Fuente: pjud.cl
Feb 12, 2024 | Actualidad Prime
Ministro Álvaro Mesa Latorre condenó a Hernán Raúl Quiroz Barra, un ex detective de la Policía de Investigaciones en retiro, a 12 años de presidio efectivo. Esta condena, que incluye inhabilitaciones absolutas para cargos públicos y derechos políticos, así como para profesiones titulares durante el tiempo de la condena. El fallo confirmó su participación en el delito de secuestro calificado de Osvaldo del Carmen Cerna Huard, perpetrado en noviembre de 1974 en Temuco.
En el fallo, el Ministro Mesa estableció que Quiroz Barra, junto con otros funcionarios de la Policía de Investigaciones, participó activamente en un grupo encargado de detener e interrogar a personas con supuestas vinculaciones políticas opositoras al régimen militar imperante en la época. Este grupo, agregado al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel, realizaba detenciones ilegales y trasladaba a las víctimas a diversos lugares de detención, sin que se conociera formalmente su identidad ni se registrara su ingreso en los libros correspondientes.
El caso de Osvaldo del Carmen Cerna Huard, un joven contador y militante del Partido Comunista, es paradigmático de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante aquellos años oscuros de la historia chilena. El testimonio de testigos y familiares, respaldado por una exhaustiva investigación judicial, revela el calvario que sufrió Osvaldo desde el momento de su detención hasta su desaparición.
La sentencia del Ministro Mesa no solo implica la condena del culpable, sino también el reconocimiento del dolor y sufrimiento infligido a la víctima y a su familia. En el ámbito civil, se ha ordenado al fisco indemnizar a los hermanos de Osvaldo del Carmen Cerna Huard con la suma de $600.000.000 por concepto de daño moral, un gesto que busca aliviar en parte el trauma y la injusticia sufridos durante décadas.
Fuente: pjud.cl
Feb 9, 2024 | Actualidad Prime
La sala de la Cámara respaldó dos resoluciones destinadas a fortalecer la protección de los animales contra el maltrato. Estas medidas tienen el objetivo de establecer obligaciones para las autoridades y la creación de un registro especial de condenas por actos de crueldad animal.
La primera resolución, identificada como 934, insta al Ejecutivo a presentar un proyecto de modificación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Esta iniciativa tiene como propósito definir responsabilidades claras para las autoridades competentes en la materia. Se reconoce la necesidad de abordar las preocupaciones planteadas por diversas organizaciones animalistas de la región de Atacama, quienes han expresado inquietudes sobre la efectividad de las leyes existentes en la práctica.
Es crucial destacar que, aunque los organismos estatales tienen la facultad de promover la tenencia responsable de animales, carecen de obligaciones concretas para cumplir con los objetivos establecidos. Esta falta de exigencia puede conducir a lagunas en la implementación de las disposiciones legales pertinentes.
Los autores de esta resolución, incluyendo a Jaime Mulet (FRVS), Boris Barrera (PC), Karol Cariola (PC), Nathalie Castillo (PC), Marta González (IND), Matías Ramírez (PC), Marcela Riquelme (IND), Camila Rojas (Comunes) y Carolina Tello (PC), han reconocido la importancia de abordar esta cuestión de manera integral.
Por otro lado, la resolución 965 respaldada por la Corporación insta al Ejecutivo a proponer un proyecto para establecer un registro especial de condenas por actos de maltrato animal. Se subraya la relación entre el maltrato animal y posibles trastornos psicológicos en los seres humanos, lo que destaca la necesidad de abordar esta problemática de manera exhaustiva.
La ausencia de un registro especial de condenas en la legislación actual es preocupante, y se destaca la importancia de contar con herramientas efectivas para prevenir y controlar el maltrato animal. Este registro facilitaría la identificación y seguimiento de individuos con antecedentes de crueldad animal, contribuyendo así a la protección y bienestar de los animales en la sociedad.
En resumen, estas resoluciones representan un avance significativo en la protección de los derechos de los animales en Chile y reflejan el compromiso del país con el bienestar animal y la justicia.
Fuente: camara.cl
