Abr 11, 2025 | Actualidad Prime
La Sala del Senado aprobó esta semana, en general, el proyecto de ley que entrega un bono transitorio a funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). La iniciativa regresó a la Comisión de Hacienda para continuar su trámite en particular.
El proyecto busca cumplir un compromiso incluido en la ley de reajuste del sector público 2025. Su objetivo principal consiste en otorgar, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, un bono mensual al personal que recibe las gratificaciones especiales de riesgo y de reacción táctica. Los montos alcanzarán hasta un 10% y un 2,5% del sueldo, respectivamente.
El senador Iván Moreira detalló que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública establecerá el porcentaje específico para cada funcionario mediante un decreto. Este decreto deberá emitirse dentro del mes siguiente a la publicación de la ley.
Durante el debate intervinieron los senadores Enrique Van Rysselberghe, Sebastián Keitel, Kenneth Pugh, Ximena Órdenes, José Miguel Durana, Iván Flores, Juan Ignacio Latorre y Fidel Espinoza. Todos coincidieron en que el proyecto fortalece la labor de la PDI en un contexto de creciente criminalidad.
Los parlamentarios señalaron que los funcionarios de la PDI enfrentan un escenario más complejo y peligroso, marcado por la expansión del crimen organizado, el narcotráfico y delitos de alta sofisticación. También destacaron que esta asignación mejorará sus condiciones laborales y podría representar un ingreso adicional equivalente a un sueldo extra anual.
Fuente: senado.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado aprueba proyecto que flexibiliza normas para viviendas sociales
Abr 10, 2025 | Actualidad Prime
La Sala del Senado aprobó por unanimidad una iniciativa que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, con el objetivo de facilitar la construcción de viviendas sociales y de interés público. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación.
La propuesta permite ampliar excepciones sobre el número mínimo de estacionamientos exigidos por condominio y sobre el límite máximo de unidades habitacionales en los proyectos de vivienda social. Con estos cambios, el Ministerio de Vivienda busca viabilizar conjuntos habitacionales que ya presentan cierto grado de avance, pero que no cumplen con la normativa vigente.
La senadora María José Gatica, presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, detalló que el proyecto busca dar una solución a iniciativas que hoy se encuentran paralizadas por restricciones normativas. Según cifras del Ministerio de Vivienda, más de 20.000 viviendas en todo el país enfrentan dificultades por estas exigencias legales.
Actualmente, la ley obliga a disponer un estacionamiento por cada vivienda de interés público y limita a 160 el número de unidades habitacionales por condominio de viviendas sociales. Estas restricciones han frenado múltiples proyectos en diversas regiones.
Durante el debate, los senadores Fidel Espinoza y Carlos Kuschel, junto a las senadoras Claudia Pascual, Yasna Provoste y María José Gatica, expresaron su respaldo a la medida. Coincidieron en la necesidad de ajustar las normativas a la realidad actual del país.
Además, los parlamentarios expusieron al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, las dificultades que enfrentan vecinos de la zona sur, y destacaron la urgencia de evitar un impacto negativo en la industria de la construcción.
Fuente: senado.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema rechaza recurso de casación contra sentencia que ordenó indemnización a grupo internacional
Abr 9, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Suprema desestimó un recurso de casación presentado por dos contadores, a quienes una empresa internacional dedicada a la venta de tinturas industriales demandó por responsabilidad extracontractual. La sentencia, dictada en la causa rol 3.543-2025 por la Primera Sala del máximo tribunal, descartó los argumentos de la defensa por falta de fundamento confirmando la indemnización.
Detalles del fallo
Los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, Mario Carroza y la abogada integrante Raúl Fuentes coincidieron en que el recurso no expuso una infracción efectiva a las leyes reguladoras de la prueba. Según el fallo, los recurrentes no lograron demostrar que el tribunal inferior cometió errores al valorar los antecedentes del caso.
El escrito judicial explicó que la defensa invocó el artículo 1698 del Código Civil, relacionado con la carga probatoria. Sin embargo, los magistrados concluyeron que esta norma no permite modificar los hechos ya establecidos por los jueces de fondo, ya que no regula directamente la prueba, sino que distribuye la responsabilidad de probar entre las partes.
Además, la Corte indicó que el tribunal inferior aplicó correctamente las reglas sobre el peso de la prueba y las presunciones, descartando una infracción al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil. La resolución subrayó que la evaluación sobre la existencia de presunciones corresponde exclusivamente a los jueces de fondo.
El fallo también señaló que la defensa no invocó normas sustantivas claves, como los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, que definen la responsabilidad extracontractual. Al omitir ese punto, los recurrentes reconocieron implícitamente la correcta aplicación de esas disposiciones, lo que impidió que el recurso tuviera viabilidad.
La Corte concluyó que, por todo lo señalado, el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandada adolece de manifiesta falta de fundamento.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte de Arica ordena prisión preventiva para imputado por tráfico de migrantes
Abr 8, 2025 | Actualidad Prime
En un fallo unánime, identificado con causa rol 258-2025, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica ordenó que Nilton Zacarias González Cuevas ingrese al Complejo Penitenciario de Acha tras ser imputado por tráfico de migrantes. Los ministros Pablo Zavala Fernández, José Delgado Ahumada y Héctor Gutiérrez Massardo concluyeron que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
El tribunal revocó la decisión anterior que había descartado la prisión preventiva y resolvió imponer esta medida cautelar. La Corte argumentó que se cumplen todos los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal. En particular, los magistrados destacaron la gravedad del delito y la eventual participación de niños, niñas y adolescentes entre las víctimas.
El Ministerio Público formalizó a González Cuevas por tráfico de migrantes, delito que cometió el 2 de abril en la frontera con Bolivia. Ese día, el imputado llegó al kilómetro 63 de la Ruta A-93, en la comuna de General Lagos, a bordo de un vehículo destinado al traslado ilegal de doce personas, entre ellas cuatro menores de edad. Cada migrante pagó 400 mil pesos por el ingreso clandestino al país.
Según la investigación, González Cuevas coordinó con ciudadanos peruanos la entrega de los migrantes en la frontera. Posteriormente, intentó transportarlos a Arica, pero Carabineros frustró el plan al interceptarlo en la ruta y detenerlo en el lugar.
Con esta resolución, la Corte dio curso a la prisión preventiva y dejó sin efecto las medidas cautelares menos gravosas que había dictado previamente el Juzgado de Garantía.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: 46Corte de Apelaciones fija en $25 millones indemnización para víctima de tortura en dictadura
Abr 7, 2025 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió fijar en $25.000.000 la indemnización que el Estado deberá pagar a Iris Olimpia Bello Muñoz, quien en la dictadura de 1973 y 1974 sufrió detenciones arbitrarias y tortura por parte de agentes del Estado. En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal confirmó la sentencia emitida por el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago, aunque redujo el monto indemnizatorio inicial.
Los ministros Inelie Durán, Paula Rodríguez y el abogado integrante Cristián Parada evaluaron la proporcionalidad entre el daño acreditado y la suma a compensar. En su análisis, el fallo destacó la dificultad de calcular el daño moral, ante la ausencia de baremos técnicos consolidados. Por ello, el tribunal recurrió a criterios de prudencia, equidad y experiencia.
El caso, identificado con causa rol 10.689-2021, se remonta a la dictadura de octubre de 1973 y abril de 1974, cuando Bello Muñoz, entonces alumna de la Escuela Industrial de Concepción, enfrentó dos detenciones sin justificación legal. Carabineros la llevó a la Cuarta Comisaría de la ciudad, donde fue interrogada bajo tortura, amenazada, golpeada y sometida a simulacros de ejecución. Tras estos episodios, permaneció detenida en condiciones inhumanas y se exilió en Alemania Federal, donde vivió hasta 1991.
El fallo valoró la gravedad de los hechos y reconoció la especial intensidad del daño sufrido. La Corte consideró los antecedentes del caso y lo comparó con fallos anteriores, lo que motivó la rebaja del monto originalmente determinado por el tribunal civil.
De esta manera, el Poder Judicial ratificó la responsabilidad del Estado y la necesidad de reparar, aunque parcialmente, el daño causado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Informe de la Comisión Mixta sobre el Sernafor avanza en la Cámara Baja
