TOP de Santiago condena por incendio en Cerro Navia

El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha emitido una sentencia condenatoria en el caso del incendio ocurrido en diciembre de 2022 en la comuna de Cerro Navia. Ignacia Ramsay Cáceres Cid y Jenniffer Andrea Gatica Antinao han sido declaradas culpables como coautoras del delito de incendio consumado.

Sentencia y Penas Impuestas

El tribunal, integrado por los jueces Claudio Henríquez Alarcón (presidente), María Isabel Pantoja Merino y Rodrigo Palma Ruiz (redactor), ha impuesto penas efectivas a ambas acusadas. El Tribunal condenó a 10 años y un día de presidio a Ignacia Ramsay Cáceres Cid, mientras que Jenniffer Andrea Gatica Antinao recibió una pena de 5 años y un día de presidio efectivo. Además, se les han aplicado las accesorias legales correspondientes, incluyendo inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares mientras dure la condena.

Hechos Probados

El tribunal ha determinado, más allá de toda duda razonable, que las acusadas, en compañía de otros individuos no identificados, arrojaron un elemento inflamable por la ventana de un departamento en Cerro Navia, provocando un incendio que afectó gravemente el inmueble. Este acto irresponsable puso en peligro la vida de los residentes del edificio, causando lesiones a una de las personas presentes en el momento del incendio.

Consideraciones en la determinación de Penas

En la fijación de las penas, el tribunal tuvo en cuenta diversos factores, incluyendo las atenuantes y circunstancias específicas de cada acusada. Se reconoció la atenuante del artículo 11 n° 6 del Código Penal para Jenniffer Andrea Gatica Antinao, quien poseía un extracto de filiación libre de antecedentes penales. Además, se valoró positivamente el hecho de que ambas acusadas declararon y colaboraron en el esclarecimiento de los hechos, lo que contribuyó a la rebaja de las penas.

Opinión Disidente

Cabe destacar que el juez Rodrigo Palma Ruiz emitió un voto en contra de la condena, argumentando que la prueba presentada para demostrar la participación de las acusadas en el delito resultó insuficiente e inconsistente. Sin embargo, la mayoría del tribunal consideró que existían elementos suficientes para declararlas culpables y aplicar las penas correspondientes.

Fuente: pjud.cl

Confirman arresto domiciliario total para imputado por cuasidelito de homicidio

En una decisión unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco ha respaldado la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional impuesta a Angelo Adrián Durán Pastor, quien enfrenta cargos por cuasidelito consumado de homicidio. Esta determinación, que fue ratificada tras el recurso presentado por la defensa, confirma la resolución inicial dictada por el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial.

El incidente que llevó a esta medida cautelar ocurrió el pasado 8 de febrero en la comuna de Nueva Imperial, cuando Durán Pastor, al mando de un bus, no respetó el derecho de paso de una peatón que cruzaba la vía habilitada. Este descuido provocó el fallecimiento de la víctima debido a un politraumatismo.

El fallo de la Segunda Sala destaca que el arresto domiciliario total es una medida proporcional, necesaria e idónea para salvaguardar la seguridad y los intereses del proceso. Por ende, se ha rechazado la solicitud de la defensa de modificar esta medida cautelar, afirmando que la libertad de Durán Pastor representa un riesgo para la seguridad pública.

En consecuencia, se mantiene la decisión de mantener al imputado bajo arresto domiciliario total, asegurando que no represente un peligro para la sociedad mientras continúa el desarrollo del proceso judicial en su contra.

El Ministerio Público sostiene que Durán Pastor, en el momento del incidente, no estaba atento a las condiciones del tráfico, lo que resultó en la tragedia que costó la vida a la peatón. Este caso pone de relieve la importancia de la responsabilidad y atención al volante para evitar accidentes graves como el que aquí se juzga.

Fuente: pjud.cl

Cámara demanda construcción de más centros penitenciarios en Chile

La Cámara de Diputados ha emitido dos resoluciones destacando la urgente necesidad de abordar la crisis en los centros penitenciarios de Chile. La resolución 985 destaca la necesidad de erigir nuevos centros y mejorar los existentes, respondiendo a las crecientes preocupaciones sobre seguridad pública. Esto, con Chile mostrando un aumento notable en la percepción de la delincuencia en comparación con otros países de América Latina.

Se reconoce también la crisis humanitaria dentro de las cárceles, lo que ha llevado a los jueces a buscar alternativas al encarcelamiento tradicional. Es imperativo modernizar la infraestructura penitenciaria, asignando recursos adecuados para construir y mejorar los centros existentes, una medida respaldada por una abrumadora mayoría en la sala.

Además, la resolución 984 aborda la necesidad de establecer el uso obligatorio de uniformes para la población penal. Esta medida se presenta como una solución para reducir la actividad delictiva dentro de los recintos carcelarios, así como para fomentar la igualdad, la disciplina y el respeto a la ley entre los internos. Al evitar la categorización por vestimenta y prevenir la victimización de algunos reclusos por otros, se espera crear un ambiente más seguro y equitativo en las cárceles.

Ambas resoluciones fueron promovidas por diputados comprometidos con abordar estos desafíos, quienes reconocen la importancia de tomar medidas concretas para mejorar el sistema penitenciario. La construcción de más centros penitenciarios y el uso de uniformes obligatorios son pasos fundamentales hacia la reforma integral del sistema carcelario chileno, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los reclusos y promover la seguridad tanto dentro como fuera de las cárceles.

Fuente: camara.cl

Condenan a cuatro marinos por secuestro con grave daño en Quillota

En un fallo histórico, el Ministro en visita extraordinaria, Max Cancino Cancino, condenó a cuatro exmarinos de la Armada por el secuestro con grave daño de Carlos Francisco Otazo Román, ocurrido en abril de 1974. El tribunal dictaminó penas de 5 años y un día de presidio efectivo, junto con accesorias legales, para Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Héctor Vicente Santibáñez Obreque y Sergio Hevia Febres.

El ministro Cancino Cancino absolvió a los acusados Gilda Mercedes Ulloa Valle y Guillermo Tomás Morera Hierro, descartando su participación en el secuestro.

En el ámbito civil, el tribunal desestimó la prescripción opuesta por el fisco, ordenando el pago de una indemnización de $80.000.000 por daño moral a la víctima.

En la resolución, (causa rol 258-2017) el ministro en visita estableció con certeza que Otazo Román fue detenido en la vía pública en Quillota, trasladado al cuartel Silva Palma en Valparaíso y sometido a interrogatorios, golpizas y torturas con corriente eléctrica. Posteriormente, fue llevado a la Cárcel Pública de Valparaíso y juzgado por un Consejo de Guerra.

La sentencia del Consejo de Guerra, emitida el 14 de marzo de 1975, condenó a Otazo Román a penas de extrañamiento y presidio menor. Sin embargo, el 23 de abril de 1975, se aprobó una nueva sentencia, dejándolo condenado a extrañamiento menor. Carlos Francisco Otazo Román se exilió con su familia en Oslo, Noruega.

Este fallo marca un hito en la justicia chilena al reconocer y condenar actos cometidos durante la dictadura militar. El Estado, al desestimar la prescripción y ordenar la indemnización, asume responsabilidad por el grave daño infligido a Otazo Román. La sociedad espera que este juicio contribuya a la memoria histórica y fomente la búsqueda de verdad y justicia en casos similares.

Fuente: pjud.cl

Rechazan demanda de manifestante herido durante protesta

El 29° Juzgado Civil de Santiago desestimó la demanda presentada por un manifestante que resultó herido por perdigones durante una protesta en 2019. El juez Matías Franulic Gómez rechazó la acción debido a la falta de claridad en los hechos y circunstancias del incidente.

La resolución destaca las variaciones significativas en las declaraciones del demandante, generando obstáculos para determinar los hechos con precisión. Las versiones del demandante respecto a su ubicación y participación en la protesta difieren entre distintos relatos presentados durante la investigación.

El tribunal observó discrepancias en los relatos del demandante sobre su ubicación y acciones durante la protesta. La resolución subraya que las pruebas no brindan suficiente claridad para juzgar la proporcionalidad de la respuesta policial, aunque sugieren su participación en una manifestación injusta y agresiva. El demandante admitió haber realizado actos violentos, lo que justificó la intervención de la policía, pero no demostró una infracción por parte de Carabineros.

El tribunal concluyó que el demandante participó en una reunión ilegal y agresiva durante un período de agitación social, exponiéndose a riesgos sin probar la infracción de Carabineros. La resolución enfatiza que, si bien se reconoce el derecho a manifestarse, debe hacerse pacíficamente y sin armas, de acuerdo con la Convención Americana. En definitiva, la demanda fue rechazada ya que el demandante no logró probar que Carabineros actuara en incumplimiento de sus deberes.

Fuente: pjud.cl