Mar 27, 2024 | Actualidad Prime
Mar 22, 2024 | Actualidad Prime
Feb 5, 2024 | Actualidad Prime
El Juzgado de Letras de Loncoche respalda la multa de 60 UTM impuesta a Rendic Hermanos SA (Unimarc). La sanción se impone por no especificar las funciones precisas de un «operador de tienda».
La sentencia (causa rol 1-2024) destaca que el contrato incumple el artículo 10 N°3 del Código del Trabajo al no proporcionar certeza, seguridad y objetividad sobre las funciones del operador de tienda. El juez expone que las tareas del cargo son tan diversas, desde la reposición de productos hasta la limpieza del local, que resulta imposible determinar cuáles son principales o si son alternativas o complementarias.
Respecto a las alegaciones de vicios formales, el tribunal afirma que el acto administrativo contiene una adecuada expresión del sustento fáctico y normativo de la infracción. Se descarta la vulneración del principio non bis in idem, ya que no se demuestra que el trabajador haya sido objeto de otro proceso sancionatorio por la misma cláusula. En el fallo, el juez Renán Andrés Latín Quezada descarta arbitrariedad en el proceso sancionatorio de la Inspección Comunal del Trabajo de Loncoche.
El tribunal respalda la determinación de la sanción, considerando el tamaño de la empresa, la naturaleza de la infracción y multas anteriores en los últimos 18 meses. La petición de rebaja de la multa es denegada, ya que la empresa no demostró intención de corregir los defectos y existe reincidencia en su conducta.
El tribunal no encuentra pruebas de que un anexo posterior al periodo de fiscalización haya sido presentado a la Dirección del Trabajo para su consideración. En cuanto a la notificación de la sanción, se rechaza la solicitud de declarar su nulidad, ya que la reclamante fue notificada tácitamente al presentar la acción.
En conclusión, se rechaza la reclamación de multa administrativa y no se condena en costas a la parte reclamante por tener motivo plausible para litigar.
Fuente: pjud.cl
Ene 15, 2024 | Actualidad Prime
El Juzgado de Letras de Arauco acogió la denuncia de tutela laboral presentada por una trabajadora del Comité de Agua Potable Rural de Laraquete. La magistrada Vania Angulo Torrez dictaminó que la denunciada violó los derechos fundamentales de la empleada, quien sufrió acoso, insultos y maltratos por parte de sus superiores y compañeros de trabajo.
El fallo, emitido el 15 de enero de 2024, establece que el Comité vulneró el derecho constitucional a la integridad física y psíquica, la honra y la no discriminación. Según la prueba documental, testimonial y los oficios incorporados, la actora fue víctima de constantes malos tratos, como gritos, agresiones verbales, faltas de respeto, insultos y golpes en la mesa. Estas conductas, según el fallo, llevó a la trabajadora a desarrollar un trastorno adaptativo, calificado como enfermedad profesional.
El tribunal laboral subraya que la denunciada no cumplió con las obligaciones que le impone el Código del Trabajo, específicamente el artículo 184, que establece la obligación del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. En lugar de cumplir con esta obligación, la denunciada perturbó gravemente el clima laboral, afectando peligrosamente la salud mental de la empleada y otros trabajadores.
El fallo también revela que, tras el fallecimiento de la madre de la denunciante por COVID-19, la denunciada la obligó a tomar vacaciones para evitar contagios, a pesar de que no había tenido contacto con su madre. Además, la denunciada modificó las funciones del reemplazo de la trabajadora, generando una sobrecarga laboral al regresar.
Como resultado de estas violaciones, el tribunal ordenó al Comité de Agua Potable Rural de Laraquete pagar una indemnización total de $16.483.241, que incluye compensación por indemnización, feriados y daño moral. La indemnización por daño moral se fundamenta en el diagnóstico de Trastorno de Adaptación de la trabajadora, calificado como de origen laboral, que incluyó insomnio, preocupación, agobio, angustia y alopecia.
Fuente: pjud.cl
Dic 22, 2023 | Actualidad Prime
El Senado, con una mayoría sólida, aprobó un proyecto de ley que prepara el terreno para ser promulgado como una nueva legislación, que tiene como propósito realizar un reajuste salarial para el sector público en el año 2024. Este proyecto, tras un intenso debate, abarca no solo un aumento del 4,3% en los sueldos públicos, sino también varias medidas adicionales, como la extensión del Bolsillo Familiar Electrónico, cambios en el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) y ajustes en los contratos de salud.
El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, destacó la capacidad de llegar a acuerdos valiosos cuando existe un diagnóstico compartido y una voluntad de respuesta conjunta. A pesar de la aprobación inicial tanto en la Comisión de Hacienda como en la Cámara de Diputados, se realizaron votaciones separadas, especialmente en temas como la modificación del procedimiento para el ICSA, generando debates intensos.
El proyecto, detallado por el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Ricardo Lagos, no solo contempla el reajuste del 4,3%, sino también bonificaciones y ajustes diversos para el sector activo. Sin embargo, el amplio alcance de esta legislación miscelánea generó opiniones divididas, especialmente en torno al ICSA, considerado por algunos como un salvataje a las Isapres y por otros como una medida necesaria para evitar una crisis en el sistema de salud.
Los debates también resaltaron la necesidad de modernizar el Estado, con especial énfasis en regular el teletrabajo en el sector público, un aspecto que no fue abordado en la legislación anterior sobre conciliación de vida familiar y laboral. El ministro de Hacienda anunció la presentación de una nueva iniciativa al respecto a finales de diciembre para su discusión inmediata en enero.
En términos concretos, el proyecto establece un reajuste del 4,3% con la posibilidad de un adicional del 0,5% si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supera el 3,8% en un lapso de 12 meses a partir de abril de 2024. También se detallan incrementos en bonos, asignaciones y aportes a distintos sectores del servicio público y se abordan aspectos como el ICSA para el año 2024, los planes de retiro, ajustes en las normativas vigentes y compromisos de gestión para el año 2024.
Fuente: senado.cl
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