Más restricciones para los deudores de pensión alimentaria

En una medida destinada a fortalecer la persecución de deudas de pensiones alimenticias, se propone una enmienda a la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias en Chile. El mensaje, avalado por la Comisión de Mujer y Equidad de Género, presidida por la senadora Loreto Carvajal, busca evitar que los deudores de pensiones alimenticias se beneficien de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

El texto reconoce la efectividad del Registro de Deudores como un mecanismo para fomentar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias y garantizar la corresponsabilidad parental. Sin embargo, se lamenta que el incumplimiento de estas obligaciones persista, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes, así como a sus madres, constituyendo una forma de violencia económica contra las mujeres.

La propuesta refuerza el Registro para hacer más eficiente la persecución de las deudas, estableciendo que aquellos con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no podrán beneficiarse de programas ni instrumentos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

Para garantizar la efectividad de esta medida, se sugiere que la Agencia consulte en línea con el Servicio si el presunto beneficiario está inscrito como deudor de alimentos en el Registro.

La ley 21.389, que establece el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, introdujo cambios significativos en el sistema de pago de pensiones alimenticias, mejorando el sistema de cobro y estableciendo deberes de consulta, retenciones y pagos para agentes públicos y privados.

Esta legislación ha tenido un impacto significativo, con más de 166 mil deudores inscritos hasta noviembre de 2023, siendo mayoritariamente hombres. Además, establece consecuencias para los deudores, como la retención de devoluciones de impuestos y el rechazo de solicitudes de pasaporte o licencia de conducir.

Fuente: senado.cl

Avanza a segundo trámite proyecto de nueva Ley Antiterrorista

El proyecto de ley antiterrorista, tras ser aprobado por unanimidad en gran parte y por mayoría en aspectos específicos en su  trámite en la Sala del Senado el 2 de mayo de 2024, representa un esfuerzo legislativo para modernizar la normativa en esta área. Se enfoca en abordar los desafíos que han obstaculizado su aplicación eficaz en el tiempo reciente, mediante la sanción de asociaciones terroristas, la definición de delitos específicos y la determinación de penas proporcionales.

El proyecto contempla disposiciones como el delito terrorista individual conexo e inconexo (también conocido como «lobo solitario»), medidas especiales de investigación y cambio de jurisdicción en casos complejos. Sin embargo, algunos aspectos, como el cambio de jurisdicción y el delito terrorista individual inconexo, generaron debates significativos y fueron votados por mayoría.

Una de las disposiciones aprobadas permite al Ministerio Público solicitar a la Corte Suprema que los casos de alta complejidad sean competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Otra disposición aprobada sanciona el reclutamiento de menores para asociaciones terroristas. Además, se aprobó la norma que sanciona el delito terrorista individual inconexo, así como medidas especiales para la intervención de aparatos celulares y otros dispositivos.

Sin embargo, estas medidas adicionales de investigación suscitaron preocupaciones en cuanto a su posible infracción a los derechos fundamentales de personas no investigadas. Se enfatizó que se requerirá autorización judicial para su implementación y que estarán limitadas en el tiempo.

El debate en la Sala reflejó la necesidad de modernizar la normativa antiterrorista para anticiparse a los eventos y sancionar las asociaciones terroristas de manera efectiva. Los parlamentarios coincidieron en la importancia de contar con definiciones claras y objetivas para el uso eficiente de la legislación en este ámbito.

El proyecto propuesto establece sanciones para quienes participen en asociaciones terroristas y define qué se considera como una asociación terrorista. También determina qué acciones constituyen un delito terrorista y establece penalidades específicas para los empleados públicos que cometan estos delitos en el ejercicio de sus funciones.

En resumen, el proyecto de ley antiterrorista, respaldado en su mayoría, refleja un intento por actualizar y fortalecer la legislación en esta área, buscando garantizar la seguridad y protección de la sociedad frente a amenazas terroristas.

Fuente: senado.cl

Avanza proyecto de financiamiento y mejoras al transporte público

La Comisión de Hacienda, bajo la presidencia del senador Ricardo Lagos, completó la votación en particular del proyecto de ley que propone un nuevo marco de financiamiento y mejoras al transporte público remunerado de pasajeros. El objetivo principal del proyecto es destinar recursos públicos para abordar la compleja situación económica y sanitaria que enfrenta este sector, con la finalidad de promover un transporte público moderno, sustentable y más equitativo.

Durante la discusión, se profundizó en diversas indicaciones con el fin de fomentar el uso del servicio, fortalecer el trabajo del panel de expertos, garantizar la eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos, mejorar la información disponible, y realizar precisiones en la redacción del texto legal, entre otros aspectos.

Hubo un debate sobre la posibilidad de incluir a todos los tipos de taxis dentro del alcance de la ley, argumentando su importancia en el transporte público. También se discutió la duración de los subsidios contemplados en la ley, la chatarrización de vehículos, entre otros temas relevantes.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que el proyecto se enfoca en subsidiar los medios de transporte público para fomentar su uso sobre el transporte privado, generando así impactos positivos en el sistema en su conjunto.

A pesar de los avances, surgen preocupaciones sobre la viabilidad de ciertas medidas, como la chatarrización de vehículos, y se plantea la necesidad de clarificar aspectos relacionados con los recursos disponibles, las prioridades y la subjetividad en la toma de decisiones.

Es importante destacar que el Ejecutivo manifestó su intención de hacer reserva de constitucionalidad respecto a ciertas indicaciones aprobadas por la Comisión, lo que sugiere que el proyecto podría enfrentar más discusiones en etapas posteriores. Una vez que la Comisión de Hacienda emita su informe correspondiente, el proyecto pasará a ser discutido por la Sala del Senado.

Fuente: senado.cl

Autorizado el uso de armas para aspirantes a policías durante su formación

El proyecto que busca permitir el porte de armas a los aspirantes a oficiales de policía ha avanzado significativamente en el Congreso. Tras su tercer trámite, la propuesta ha quedado lista para ser discutida en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa, que ha obtenido un respaldo significativo con 31 votos a favor y solo 2 abstenciones, propone una modificación clave a la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas. Esta enmienda autorizaría el uso de armamento por parte de los aspirantes a oficiales de policía desde el primer año de formación, durante el desarrollo de sus prácticas en las instituciones respectivas.

El senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Defensa, ha destacado la importancia de esta medida, la cual busca fortalecer la formación de los futuros agentes del orden. Según explicó el parlamentario, la propuesta permitiría que los alumnos de las escuelas policiales puedan contribuir activamente a labores de prevención y mantención del orden público mientras cursan sus estudios.

Durante el debate en el Senado, diversos legisladores expresaron su apoyo a la necesidad de reforzar la capacitación de las fuerzas policiales. Además, se discutió sobre el alcance de las prácticas profesionales contempladas en la norma, las cuales se entenderían en un sentido amplio, abarcando todas aquellas actividades relacionadas con la seguridad pública.

Una de las principales novedades de esta propuesta es la inclusión de la protección de la legítima defensa privilegiada para los futuros carabineros que realicen pasantías durante su formación policial. Esta medida, incorporada mediante un nuevo inciso quinto, proporcionaría un respaldo legal adicional a los aspirantes a oficiales, amparándolos bajo el artículo 10, N° 6, del Código Penal.

Fuente: pjud.cl

Nuevo registro de deuda consolidada a Tercer Trámite Constitucional

En una decisión unánime, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados ha respaldado las normas y modificaciones al texto legal del proyecto que establece un registro oficial de información sobre obligaciones crediticias. Este paso crucial marca la entrada del proyecto en su tercer trámite legislativo, fortaleciendo su camino hacia la implementación.

El propósito fundamental de esta iniciativa es la creación de un registro que centralice información sobre las obligaciones crediticias. Esto no solo tiene como objetivo proporcionar antecedentes sobre deudas morosas, sino también destacar los comportamientos de pago ejemplares, permitiendo a las personas demostrar su historial crediticio de manera más completa ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El senador Rojo Edwards, presidente de la Comisión de Economía, fue el encargado de presentar el proyecto ante la Sala, resaltando la necesidad de mejorar el sistema de información crediticia para beneficio tanto de los individuos como del sistema financiero en su conjunto.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda, enfatizó la ausencia de registros positivos que reconozcan el cumplimiento puntual de obligaciones financieras, subrayando la importancia de esta iniciativa para mejorar el acceso al crédito en condiciones más favorables.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el objetivo es corregir la parcialidad en la información crediticia, proponiendo un registro que complemente los datos proporcionados por los burós privados, consolidando así un sistema mixto de información crediticia.

Además, se contempla la creación de una instancia administrativa con poderes regulatorios y de supervisión sobre los agentes del sistema de información comercial, lo que aseguraría una implementación adecuada de la iniciativa.

En cuanto a los derechos de los deudores, se enfatizó en reforzar su capacidad de control sobre su información crediticia, estableciendo los procedimientos necesarios para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos.

Fuente: senado.cl