El Congreso de Chile aprueba el acceso a Internet como servicio público

El Congreso de la República de Chile ha dado un paso significativo hacia la democratización de la conectividad digital al despachar a ley el proyecto de Acceso a Internet como Servicio Público de Telecomunicaciones. Esta medida, respaldada por el Gobierno y anunciada durante la primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, busca brindar acceso equitativo a la conectividad en todo el país.

El proyecto otorgará a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) mayores facultades de fiscalización y establecerá un mecanismo de subsidio a la demanda. Este mecanismo, similar al que opera para servicios básicos como la electricidad y el agua potable, permitirá asistir en el pago de las facturas de Internet a las familias más necesitadas.

Parte del Plan Brecha Digital Cero 2022-2025, la ley tiene como objetivo primordial garantizar que todos los ciudadanos chilenos puedan acceder a la conectividad, independientemente de su ubicación geográfica o su situación económica.

El proyecto define el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones destinado a satisfacer las necesidades de comunicación de la población en general. Además, establece que las empresas de telecomunicaciones deben brindar cobertura a todos los usuarios dentro de su área de servicio. Por ejemplo, si una compañía proporciona servicio en una comuna específica, ahora estará obligada a cubrir toda la comuna, en lugar de solo ciertos sectores, como sucede en la actualidad.

Una de las disposiciones más destacadas del proyecto es la facultad presidencial para asignar anualmente, durante la discusión del Presupuesto, subsidios para el pago de las facturas de Internet a un porcentaje determinado de los usuarios más vulnerables. Esta asignación se basará en registros como el Registro Social de Hogares (RSH) u otros instrumentos pertinentes, utilizando los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).

Sin embargo, antes de su implementación, será necesario elaborar una serie de reglamentos que faciliten la aplicación efectiva de la ley. Estos reglamentos serán cruciales para asegurar que la ley cumpla su objetivo de garantizar un acceso equitativo a la conectividad digital en todo el territorio chileno.

Fuente: gob.cl

Avanza la Ley Corte de Isapres la en Comisión de Salud

La Comisión de Salud ha despachado la Ley Corta de Isapres, una iniciativa crucial que busca garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Este fallo, que obliga a las isapres a aplicar la tabla única de factores y a reembolsar los cobros en exceso, tiene importantes repercusiones tanto para las instituciones de salud privadas como para los usuarios del sistema de salud en Chile.

El proyecto, presentado por el gobierno y aprobado por la Comisión de Salud, otorga nuevas facultades a la Superintendencia de Salud y fortalece el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mediante la creación de una nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Además, establece la creación de un Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud para asesorar a la Superintendencia en el proceso de restitución de cobros en exceso.

Una de las principales modificaciones aprobadas en la discusión del proyecto es el mecanismo de pago de los cobros en exceso por parte de las isapres. Se ha acordado un plan de pago que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Salud, con un plazo de devolución de hasta diez años. Sin embargo, se han recogido indicaciones parlamentarias que priorizan el pago acelerado para los afiliados mayores de 80 años, con un plazo máximo de 24 meses, y para los mayores de 65 años, con un plazo de 72 meses.

Asimismo, se ha aprobado la fijación de un techo del 10% para el incremento de la prima extraordinaria, la cual se aplicará por única vez para cubrir el costo de prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de los afiliados y sus beneficiarios.

Es importante destacar que estas modificaciones buscan encontrar un equilibrio entre el cumplimiento del fallo judicial y la estabilidad del sistema privado de salud, garantizando el acceso y pago de las atenciones de salud para todos los ciudadanos.

En cuanto a las reacciones ante estas medidas, el superintendente de Salud ha destacado la importancia de encontrar un equilibrio financiero que beneficie tanto a las isapres como a los usuarios del sistema de salud. Por otro lado, algunos parlamentarios han expresado preocupación por el impacto que pueda tener el aumento de la prima extraordinaria en los usuarios, aunque reconocen la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema.

En resumen, la Ley Corta de Isapres representa un avance significativo en la regulación del sistema de salud privado en Chile, buscando conciliar los intereses de las isapres, los usuarios y el Estado en el cumplimiento de las obligaciones legales y la protección de los derechos de todos los ciudadanos en materia de salud.

Estabilización de Tarifas Eléctricas: Ley para Mitigar Aumentos y Deudas

El proyecto que busca estabilizar las tarifas eléctricas ha avanzado hacia su promulgación como ley, tras recibir el respaldo unánime en la Sala luego de los cambios realizados por la Cámara Baja. La propuesta, originada en mensaje, tiene como objetivo principal contrarrestar las alzas proyectadas en los precios de la electricidad, así como solventar la deuda acumulada durante el congelamiento de las tarifas y proporcionar un subsidio transitorio destinado a hogares vulnerables, quienes son los más afectados por estos incrementos.

Durante el debate, se recordaron las circunstancias que condujeron al congelamiento de las tarifas eléctricas y se destacó la conformación de una mesa técnica compuesta por asesores del Ministerio de Energía y senadores, que permitió configurar el mencionado subsidio. También se subrayó la importancia de convertir este beneficio en una medida permanente, reconociendo su relevancia para las familias vulnerables.

La norma contempla diversas medidas, entre las que se incluyen el perfeccionamiento del Fondo de Estabilización de Tarifas, cambios al Mecanismo de Protección al Cliente (MPC) para permitir el pago gradual de la deuda acumulada, y el descongelamiento gradual de las tarifas de distribución eléctrica. Asimismo, se establece la creación de un Subsidio Transitorio dirigido a un millón de hogares vulnerables, con el objetivo de mitigar los aumentos en sus cuentas eléctricas.

La Cámara Baja introdujo cambios significativos al proyecto, destacando la creación de un Mecanismo de Reconocimiento de Generación Territorial (RGT), que reduce los costos de la energía para las familias que viven en zonas con centrales de generación de carbón, así como la instauración de una mesa de trabajo destinada a evaluar otras fuentes de financiamiento para aumentar el monto anual del subsidio a las familias vulnerables.

El ministro de Energía, Diego Pardow, destacó la importancia de las enmiendas realizadas en la Cámara de Diputados, resaltando la conformación de una mesa técnica para estudiar fondos de financiamiento que amplíen la cobertura del subsidio para clientes vulnerables.

En resumen, este proyecto legislativo representa un paso significativo hacia la estabilización de las tarifas eléctricas, con medidas destinadas a proteger a los consumidores regulados, mitigar las alzas y proporcionar apoyo a las familias más vulnerables. Su trámite ha sido marcado por el consenso y la búsqueda de soluciones efectivas a los desafíos energéticos que enfrenta el país.

Fuente: senado.cl

Proyecto en la Cámara de Diputados sobre Fiscalización Ambiental

La Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados ha puesto en marcha la discusión sobre un proyecto que busca robustecer y mejorar la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la normativa ambiental en Chile. Este proyecto, (boletín 16553) se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), ha sido objeto de análisis por parte de académicos y representantes del Gobierno.

El objetivo primordial de este texto es dotar al organismo encargado de la fiscalización ambiental de un marco institucional que permita abordar las deficiencias identificadas en una década de implementación. En palabras del académico Pablo Soto, de la Universidad Austral, el propósito fundamental no radica en incrementar las sanciones, sino en asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental, marcando así una diferencia significativa en la aproximación a la regulación del sector.

Por otro lado, Rosa Gómez, de la Universidad de Los Andes, resaltó la importancia de garantizar los recursos económicos necesarios para que la SMA pueda llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. En este sentido, señaló que una institución vigorosa requiere de un respaldo presupuestario adecuado para llevar a cabo sus prácticas de manera eficiente.

La presencia de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, en la sesión parlamentaria subraya la relevancia que el Gobierno otorga a este proyecto. Plumer expresó su aprecio por las opiniones de los expertos, destacando la importancia del diálogo continuo en el proceso legislativo.

Este proyecto de ley busca no solo reafirmar el papel crucial de la SMA en la fiscalización ambiental, sino también introducir ajustes necesarios en su regulación orgánica para mejorar la eficacia y eficiencia de sus funciones. Se propone un esquema diversificado de instrumentos de cumplimiento que se adapte a diversos tipos de incumplimientos ambientales, agilizando así la toma de decisiones y garantizando una respuesta oportuna ante el incumplimiento ambiental, en línea con el mandato constitucional de protección del medio ambiente y la salud de las personas.

La Comisión de Medioambiente ha establecido el próximo lunes 8 de abril como plazo para recibir propuestas de invitados. Una vez concluida esta ronda de audiencias, se procederá a la votación del proyecto, marcando un hito significativo en el fortalecimiento de la fiscalización ambiental en el país.

Fuente: camara.cl

Proyecto para combatir el sobreendeudamiento y los fraudes bancarios

El día 3 de abril de 2024, la Sala del Senado tomó la decisión de despachar a segundo trámite un proyecto de ley destinado a modificar diversos cuerpos legales. Este proyecto, conocido como iniciativa miscelánea, tiene como objetivo principal combatir el sobreendeudamiento y abordar los crecientes problemas relacionados con los fraudes bancarios que afectan tanto a los consumidores como a las instituciones financieras.

El texto legal propuesto busca proporcionar nuevas herramientas para contrarrestar el sobreendeudamiento, así como también abordar el aumento de los costos del financiamiento y los delitos financieros asociados, como los fraudes bancarios. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la importancia de estas medidas, señalando que los abusos relacionados con los fraudes de tarjetas han resultado en pérdidas considerables para las instituciones financieras, con ejemplos impactantes, como los 11 millones de dólares en reclamos registrados por Banco Estado en una sola semana debido a denuncias de fraudes.

Durante el debate en el Senado, se resaltó la necesidad de regular y prevenir estos abusos, así como también se expresó preocupación por el aumento de tutoriales en redes sociales que explican cómo cometer fraudes, lo que no solo afecta a las utilidades de las instituciones financieras, sino que también encarece el crédito en general.

Nuevas medidas

El proyecto de ley introduce una serie de modificaciones destinadas a fortalecer los programas existentes y a implementar nuevas medidas para enfrentar estos desafíos. Entre ellas, se destacan los ajustes en los criterios de elegibilidad para los programas de garantías en el sector de la construcción y la vivienda, la extensión de la duración de ciertos programas hasta finales de 2024 y la creación de un nuevo programa de garantías para el refinanciamiento de deudas.

Además, se traslada la facultad de regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito a la Comisión para el Mercado Financiero, con el fin de evitar prácticas que generen costos no previstos para los deudores.

Fuente: senado.cl