Buscan eximir del pago del IVA a la compra de vehículos e insumos para bomberos

La Cámara de Diputados ha aprobado por una amplia mayoría la resolución 929, con 130 votos a favor y 14 abstenciones, que busca eximir del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) la adquisición de vehículos e insumos destinados a los bomberos.

El objetivo de esta iniciativa es proporcionar apoyo a los cuerpos de bomberos en la compra de bienes y equipamiento necesarios para llevar a cabo sus labores de manera eficiente y efectiva en la atención de emergencias causadas por diversos factores, como incendios y accidentes.

Se destaca el carácter voluntario de los cuerpos de bomberos en todo el país, resaltando su función principal de responder a emergencias de forma gratuita, lo que demuestra su compromiso con la seguridad y protección de la comunidad.

Aunque los bomberos reciben financiamiento del Estado, así como de aportes y donaciones, se reconoce la importancia de brindarles mayores herramientas legales para que puedan cumplir con su labor de manera óptima. En este sentido, se hace hincapié en la necesidad de evaluar el costo de adquisición de vehículos, equipamiento e insumos, y considerar su exención del pago del IVA como una medida estratégica para fortalecer su labor.

La resolución también resalta la significativa labor de los bomberos en todo el país, contando con aproximadamente 313 cuerpos y alrededor de 57 mil voluntarios y voluntarias. Estos individuos arriesgan sus vidas diariamente para proteger a la comunidad y sus bienes, mostrando un compromiso excepcional con el servicio público.

Los autores de esta resolución, entre ellos Viviana Delgado, Alejandro Bernales, Karen Medina y otros, buscan garantizar un apoyo efectivo a los bomberos y reconocer su invaluable contribución a la seguridad y bienestar de la sociedad.

Fuente: camara.cl

Limitarían la autorización del padre deudor de alimentos para salida de hijos del país

Con el objetivo de salvaguardar el bienestar de los menores y evitar situaciones de perjuicio familiar, la Comisión de Mujer y Equidad de Género ha respaldado la idea de legislar un proyecto que busca modificar la ley N° 21.389. Esta iniciativa tiene como propósito limitar la autorización del padre deudor de alimentos en relación con la salida de los hijos fuera del país, especialmente en casos de incumplimiento reiterado de su obligación legal.

La moción aprobada en general, está sujeta a indicaciones hasta el viernes 08 de marzo, con el fin de perfeccionar su contenido tanto en forma como en fondo.

La propuesta contempla la incorporación de un nuevo artículo a la ley N° 21.389, que establece que un padre incluido en el registro nacional de deudores de pensión de alimentos por más de 90 días no podrá oponerse a la salida del país de sus hijos, a menos que se trate de casos calificados.

Esta medida busca abordar situaciones donde el padre deudor de alimentos utiliza su posición para ejercer control económico sobre la familia, afectando el bienestar de los hijos. Además, se pretende simplificar el proceso legal para autorizar la salida del país en casos de completo abandono por parte del padre deudor, evitando así costos procesales y pérdida de oportunidades importantes para el desarrollo de los menores.

El Ministerio de la Mujer ha valorado esta iniciativa y ha recomendado algunos aspectos a perfeccionar, como la inclusión de la madre deudora si corresponde, así como aclarar detalles como la notificación del deudor. Se espera que estas medidas contribuyan a garantizar los derechos de los menores y prevenir situaciones de vulnerabilidad familiar.

Fuente: senado.cl

Corte de Apelaciones de Santiago ordena reapertura de investigación por muerte de Pablo Neruda

En una decisión unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda. Esta medida surge tras considerar que existen diligencias específicas que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con su fallecimiento.

El fallo, emitido bajo el rol 6.406-2023, revoca la resolución previa dictada por la ministra instructora, al argumentar que la investigación aún no ha agotado todas las vías pertinentes para arrojar luz sobre el caso. La Primera Sala, conformada por las ministras Maritza Villadangos, Elsa Barrientos y el abogado (i) Jorge Gómez, sostiene que es necesario cumplir con las disposiciones del artículo 108 del Código de Procedimiento Penal.

Entre las diligencias ordenadas por el tribunal de alzada se encuentran:

  1. Realización de un nuevo peritaje caligráfico respecto del certificado de defunción emitido por el Dr. Vargas Salazar.
  2. Práctica de una Metapericia para revisar e interpretar los resultados de pericias realizadas por expertos de las Universidades de McMaster y Copenhague, a cargo de expertos propuestos por dichas instituciones.
  3. Declaración judicial de Peter Kornbluh, Director del Proyecto de Documentación de Chile, según lo solicitado por el querellante.
  4. Declaración judicial de Eduardo Adolfo Arriagada Rehren sobre su trabajo de inteligencia relacionado con el costridium botulinum y su posible vinculación con hechos similares.
  5. Investigación por parte de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos para analizar similitudes entre los hechos de este caso y otros antecedentes.
  6. Incorporación completa del proceso Rol N° 6494-2019.
  7. Peritaje de regresión de edad de Eduardo Arriagada Rehren a la época de 1973, a cargo del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile.

Fuente: pjud.cl

Proponen rigurosas sanciones para combatir la contaminación ambiental

En un esfuerzo por combatir la creciente contaminación ambiental causada por el arrojo de basura en espacios públicos y sitios eriazos, un proyecto de ley ha llegado al Senado en su segundo trámite constitucional. Este proyecto, que está siendo examinado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, busca modificar el Código Penal para imponer sanciones más severas a quienes incurren en tales conductas.

El objetivo principal de esta iniciativa es elevar los rangos sancionatorios para aquellos que arrojan basura en lugares como plazas, caminos, calles, playas y monumentos naturales. Según lo establecido en el proyecto, aquellos que violen estas disposiciones se exponen a penas de hasta 540 días de presidio, así como multas que podrían ascender a más de 250 mil pesos chilenos.

El proyecto propone sanciones que van desde el presidio menor en su grado mínimo hasta la prestación de servicios en beneficio de la comunidad para aquellos que ensucien o arrojen desechos en espacios públicos. En casos donde se requiera la prestación de servicios, se deberá obtener el consentimiento previo del infractor. De lo contrario, se impondrá una multa adicional, sin perjuicio de la pena privativa de libertad.

Además, se contempla sancionar con la misma severidad a aquellos que trasladen basura a vertederos clandestinos, así como a quienes contaminen playas, riberas de ríos y zonas protegidas por el Estado. Estas conductas podrían resultar en penas de hasta 3 años de presidio y multas significativamente más altas.

Fuente: senado.cl

Cámara demanda construcción de más centros penitenciarios en Chile

La Cámara de Diputados ha emitido dos resoluciones destacando la urgente necesidad de abordar la crisis en los centros penitenciarios de Chile. La resolución 985 destaca la necesidad de erigir nuevos centros y mejorar los existentes, respondiendo a las crecientes preocupaciones sobre seguridad pública. Esto, con Chile mostrando un aumento notable en la percepción de la delincuencia en comparación con otros países de América Latina.

Se reconoce también la crisis humanitaria dentro de las cárceles, lo que ha llevado a los jueces a buscar alternativas al encarcelamiento tradicional. Es imperativo modernizar la infraestructura penitenciaria, asignando recursos adecuados para construir y mejorar los centros existentes, una medida respaldada por una abrumadora mayoría en la sala.

Además, la resolución 984 aborda la necesidad de establecer el uso obligatorio de uniformes para la población penal. Esta medida se presenta como una solución para reducir la actividad delictiva dentro de los recintos carcelarios, así como para fomentar la igualdad, la disciplina y el respeto a la ley entre los internos. Al evitar la categorización por vestimenta y prevenir la victimización de algunos reclusos por otros, se espera crear un ambiente más seguro y equitativo en las cárceles.

Ambas resoluciones fueron promovidas por diputados comprometidos con abordar estos desafíos, quienes reconocen la importancia de tomar medidas concretas para mejorar el sistema penitenciario. La construcción de más centros penitenciarios y el uso de uniformes obligatorios son pasos fundamentales hacia la reforma integral del sistema carcelario chileno, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los reclusos y promover la seguridad tanto dentro como fuera de las cárceles.

Fuente: camara.cl