Ene 30, 2025 | Actualidad Prime
El proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas quedó en condiciones de ser promulgado tras recibir el respaldo de la Sala del Senado. Con 29 votos a favor, 3 en contra y una abstención, los senadores ratificaron el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias entre ambas Cámaras sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Anteriormente, la Cámara de Diputados también aprobó el proyecto.
En la revisión de los cambios propuestos por el Senado, la Cámara de Origen no aprobó un artículo relacionado con las labores de vigilancia para corregir inobservancias menores al Código de Aguas, debido a la falta de quórum. Esta situación originó la formación de la Comisión Mixta, que logró llegar a un consenso. La presidenta de la instancia mixta, senadora Yasna Provoste, explicó en la sesión que el proyecto busca perfeccionar la fiscalización hídrica y detalló que la redacción final adoptada por el Senado fue la que finalmente se ratificó en la Cámara.
Detalles del proyecto
El proyecto de ley tiene como objetivo mejorar el control de infracciones al Código de Aguas mediante la introducción de un procedimiento administrativo sancionador simplificado. Este procedimiento se aplicará a infracciones menores, cuya excepcionalidad o alcance justifica un proceso más ágil y eficiente. El objetivo es reducir los tiempos de tramitación y ofrecer mecanismos más eficaces para disuadir las infracciones.
Dentro de las medidas, se propone adecuar los mecanismos de notificación en los procedimientos administrativos y adaptarlos a la digitalización del Estado. También se incluirá la experiencia de los funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA) para mejorar la eficiencia de los procesos.
El proyecto abarca procedimientos relacionados con multas de baja cuantía, áreas con escasez hídrica, zonas de prohibición para la explotación de aguas subterráneas, y sanciones que no requieran inspección en terreno.
Fuente: senado.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema rechaza recurso contra sentencia por despido improcedente
Ene 23, 2025 | Actualidad Prime
La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que busca prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar (VIF). El proyecto, identificado como Boletín 15936, propone cambios legales para proteger a las víctimas de este tipo de violencia.
La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) lideró la iniciativa, respaldada por otros diputados del Frente Amplio, como María Francisca Bello, Diego Ibáñez, Javiera Morales y Gael Yeomans. También se sumó la exdiputada Mercedes Bulnes, fallecida en 2024.
El proyecto considera la posesión de armas como una presunción de riesgo inminente de VIF. Por esta razón, plantea que los jueces puedan dictar medidas cautelares como la prohibición de porte y tenencia de armas, además de su decomiso, en casos de intimidación.
Nuevas facultades para los jueces
La iniciativa permite a los jueces de familia acceder a los registros de armas de la Dirección General de Movilización Nacional. Esto facilitará determinar si una persona denunciada por violencia intrafamiliar tiene autorización para portar armas.
El texto exige que las demandas o denuncias se basen en hechos que afecten la vida, integridad física o psíquica, libertad o indemnidad sexual de la víctima. También aborda casos en que la persona denunciada posea armas sin autorización.
Medidas para condenados
El proyecto establece que quienes sean condenados por violencia intrafamiliar no podrán poseer armas de fuego. Carabineros deberá confiscar las armas, municiones y cartuchos de los infractores en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación de la sentencia.
En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones o Gendarmería, se informará a la institución correspondiente para que adopte medidas legales y reglamentarias.
Además, las personas condenadas podrán solicitar excepciones si demuestran que necesitan portar armas para su profesión, pero el tribunal rechazará la solicitud si existe un riesgo grave para la víctima.
Debate en la Cámara
Durante la discusión, varios diputados destacaron el impacto positivo del proyecto en la protección de mujeres, niñas y niños. Se mencionó que el 93% de las armas inscritas en Chile pertenecen a hombres, y que el uso de armas de fuego estuvo presente en un 23,8% de los femicidios de 2022 y un 15% en 2023.
Algunos parlamentarios criticaron que el proyecto no aborda a quienes poseen armas ilegales, señalando que esto representa un desafío más complejo.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó en el debate y destacó la importancia de la iniciativa. Subrayó que permitirá aplicar restricciones si se demuestra que el acusado tiene antecedentes de conducta violenta.
El proyecto ahora deberá ser revisado y votado por el Senado para avanzar en su tramitación.
Fuente: camara.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte de Valdivia confirma condena contra el Fisco por acoso laboral en Gendarmería
Dic 20, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados discutió el pasado 17 de diciembre, el proyecto de ley que moderniza el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, propone crear un sistema autónomo para calificar enfermedades profesionales y fortalecer la fiscalización en este ámbito.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lideró la presentación del proyecto junto al subsecretario Claudio Reyes y la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana. Durante la sesión, las autoridades detallaron las principales propuestas, como el fortalecimiento de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la implementación de un régimen de monocotización para trabajadores informales y no obligados a cotizar.
«La creación de Comisiones Autónomas de Calificación de Enfermedades Profesionales y el fortalecimiento de la fiscalización permitirán ampliar la cobertura y los beneficios del sistema de salud laboral», señaló la ministra Jara.
Por su parte, el subsecretario Reyes explicó que las reformas buscan modificar el mecanismo de calificación de enfermedades profesionales y entregar nuevas facultades a la Suseso. «Nos enfocamos en un mejor gobierno corporativo y en garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente. Esperamos que las próximas sesiones incluyan las opiniones de trabajadores y otros actores clave», agregó.
Cambios clave en el proyecto
El proyecto contempla separar las labores de calificación de enfermedades profesionales de los organismos administradores actuales, como las mutualidades de empleadores y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Este nuevo sistema técnico busca mejorar la objetividad y transparencia en el proceso.
Además, otorga a la Suseso nuevas facultades para coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo del sistema, fiscalizar la gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento de estándares de gobierno corporativo en las mutualidades.
Monocotización para trabajadores informales
La propuesta incluye un régimen transitorio de monocotización que permitirá a trabajadores independientes acceder a prestaciones del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales por hasta cuatro años. También se busca fomentar la formalización laboral al incluir beneficios de la Ley Sanna, que cubre a niños y niñas con condiciones graves de salud.
La superintendenta Pamela Gana subrayó la importancia de estas medidas. «Nuestro objetivo es garantizar que los trabajadores reciban sus prestaciones en salud laboral de manera oportuna y adecuada», afirmó.
Próximos pasos
El proyecto continuará en discusión durante las próximas sesiones de la comisión, donde se espera recoger aportes de trabajadores y otros grupos relacionados antes de pasar a la votación específica. El Ejecutivo busca consolidar una reforma que fortalezca la seguridad social y amplíe la cobertura a sectores tradicionalmente excluidos.
Fuente: suseso.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Seminario sobre la Ley 21.484 resalta avances y desafíos en el sistema de pago de pensiones alimenticias
Oct 24, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Gobierno Interior comenzó la discusión del proyecto que busca asegurar la procedencia legal del dinero destinado al pago de fianzas, una alternativa a la prisión preventiva y los honorarios de los abogados defensores en casos de delitos graves. La iniciativa, presentada por el diputado Juan Fuenzalida (UDI), enfatiza la importancia de evitar que recursos de origen ilícito se utilicen para eludir medidas cautelares, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Durante la sesión, Fuenzalida destacó que el sistema judicial actual no exige un control riguroso sobre el origen del dinero destinado a estas fianzas, a pesar de que existen mecanismos para identificar operaciones sospechosas a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Como ejemplo, mencionó un caso reciente en Los Vilos, donde el Juzgado de Garantía permitió la sustitución de la prisión preventiva por una fianza a imputados vinculados a la organización criminal «Tren de Aragua».
El proyecto también aborda la situación de los abogados que defienden a personas investigadas bajo la Ley 20.000, relacionada con delitos de drogas. Fuenzalida subrayó la necesidad de que los defensores acrediten el origen lícito de sus honorarios, señalando que en algunos casos, se han visto abogados exhibiendo sumas considerables de dinero en redes sociales, lo que genera dudas sobre la legalidad de estos ingresos.
Este proyecto busca fortalecer las herramientas legales del sistema penal, exigiendo mayores controles para garantizar la transparencia y legalidad de los recursos utilizados en el proceso judicial, protegiendo así los intereses de la sociedad frente a actividades delictivas.
Fuente: camara.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema rechaza recurso de casación por caso de defectos de construcción
Ago 29, 2024 | Actualidad Prime
El Congreso aprobó la Ley de Protección de Datos Personales, lo que deja el camino listo para su publicación y promulgación. La nueva norma busca regular el tratamiento de datos personales y establece la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, encargada de fiscalizar su cumplimiento.
¿Qué establece la nueva ley?
La Ley de Protección de Datos Personales regula las condiciones bajo las cuales se procesan los datos personales, garantizando la protección de los derechos de sus titulares. Esta normativa actualiza la legislación vigente, alineando el estándar chileno con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, considerado la referencia global en la materia.
Entre los derechos detallados en la ley, se incluyen:
- Derecho de acceso
- Rectificación
- Supresión
- Oposición
- Portabilidad
- Bloqueo
La ley establece procedimientos claros para que los titulares de los datos puedan ejercer estos derechos ante las entidades responsables de su tratamiento.
Ámbito de aplicación
La regulación afectará a quienes traten datos personales dentro del territorio nacional o lo hagan en nombre de entidades ubicadas en Chile. Además, se aplicará a quienes, desde el extranjero, ofrezcan bienes o servicios a personas en Chile, incluso si los datos son tratados fuera del país.
Creación de la Agencia de Protección de Datos Personales
Uno de los pilares de la nueva ley es la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, una entidad destinada a supervisar el cumplimiento de la ley y a imponer sanciones en caso de infracciones. La normativa clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas, con sanciones que van desde 5.000 a 20.000 UTM, convirtiéndose en una de las multas más altas del ordenamiento jurídico chileno.
Impacto internacional
La implementación de esta ley permitirá que Chile sea reconocido por la Comisión Europea como un país con un nivel adecuado de protección de datos personales. Esto facilitará la transferencia internacional de datos entre Chile y la Unión Europea, uno de sus principales socios comerciales.
Además, la aprobación de esta normativa cumple con uno de los compromisos adquiridos por Chile al ingresar a la OCDE en 2010. Con esta ley, Chile no solo protege los derechos de sus ciudadanos, sino que también impulsa la economía digital bajo estándares internacionales.
La ley entrará en vigor 24 meses después de su publicación, otorgando a las organizaciones el tiempo necesario para adaptarse a este nuevo régimen.
Fuente: gob.cl
