Jun 4, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Pleno de la Corte Suprema, reunido el pasado lunes 26 de mayo, analizó en profundidad el proyecto de ley que «Regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que indica». El informe resultante fue remitido a la presidencia del Senado el 28 de mayo.
El proyecto de ley busca establecer un marco normativo para la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad en determinados casos, con el fin de garantizar un trato más humanitario a ciertos condenados. Sin embargo, el informe de la Corte Suprema advierte que su regulación es «parcial e incompleta», ya que se limita a aspectos específicos sin abordar de manera integral la ejecución de las penas privativas de libertad.
El Artículo 1° establece principios generales. Es solo enunciativo, sin mecanismos de aplicación. Carece de herramientas normativas concretas.
El Artículo 2° regula la suspensión por salud. Adolece de imprecisión en las enfermedades. Especialmente en las mentales, lo que genera aplicaciones dispares. No define criterios de certificación médica. Tampoco los efectos jurídicos de la suspensión. Esto genera incertidumbre sobre su duración y revisión. Además, no se aclara la diferenciación de beneficios.
El Artículo 3° permite sustituir pena por reclusión domiciliaria. Presenta una formulación más precisa. Sin embargo, su causal de enfermedades crónicas es amplia. No define qué enfermedades califican. Tampoco «tratamiento adecuado» en el sistema. Esto podría causar inequidad en su aplicación.
El Artículo 4° regula el procedimiento aplicable. Acierta en la competencia del Juzgado de Garantía. También en la posibilidad de apelación. Además, fija plazos procesales adecuados.
Impacto internacional y jurisprudencia
A pesar de estas observaciones, el oficio consigna que la materia del proyecto es de gran importancia por los problemas que aborda, dado que no existe un estatuto moderno que los regule, Chile ha suscrito importantes instrumentos internacionales que así lo sugieren. Entre ellos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (art. 13), el Estatuto de Roma (arts. 1 y 110), complementados por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
El tribunal destaca que, con base en estas normas del derecho internacional y del ius cogens, la Corte Suprema cuenta con líneas jurisprudenciales (aunque no unánimes y que podrían ser consideradas) que han comenzado a abordar temas como la evaluación mental de condenados para modificar el régimen de cumplimiento (Rol 25.912-2023), la sustitución de penas privativas de libertad de personas mayores (Rol 236.784-2023) y el arresto domiciliario total en casos excepcionales (Rol 3743-2024, entre varios). También se mencionan casos de sustitución de pena a mujeres en sede de amparo (Rol 206.854-2023, Rol 9.886-2024, Rol 87.474-2023).
Finalmente, la Corte reitera lo señalado en un informe anterior (Boletín 16.036-17): aunque los objetivos del proyecto parecen razonables y se alinean con estándares internacionales para personas vulnerables privadas de libertad, podría estar en tensión con otras obligaciones importantes del Estado. Específicamente, se menciona el riesgo de «incentivar la impunidad y la denegación interesada de justicia» en relación con «casos especialmente graves de nuestra historia reciente, tales como los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura entre los años 1973 y 1990″. Además, se advierte una posible mayor carga de trabajo para los tribunales.
Fuente: pjud.cl
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May 1, 2025 | Actualidad Prime
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara los lineamientos de un proyecto de ley que busca enfrentar la baja sostenida en las matrículas de las carreras de pedagogía. La iniciativa, impulsada por el Gobierno bajo el boletín 17442, apunta a establecer nuevos requisitos de ingreso basados en criterios técnicos, necesidades territoriales y evidencia.
Durante su exposición, Orellana explicó que la matrícula en pedagogía disminuyó un 43,3% entre 2018 y 2022. De mantenerse la tendencia, el país enfrentará un déficit de 33 mil docentes idóneos y especialistas hacia 2030. A esta situación se suma una oferta formativa concentrada geográficamente. Por ejemplo, solo cuatro regiones imparten pedagogía en arte, dos ofrecen especialidad técnico-profesional y tres cuentan con programas en física.
El subsecretario aclaró que el proyecto no eliminará los criterios de selectividad, pero sí permitirá adaptarlos a las realidades locales. El plan contempla un rediseño en la manera en que se define el acceso a estas carreras, con decisiones tomadas por el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, mediante acuerdos basados en mayoría absoluta.
Propuesta modifica actual Ley de Educación Superior
La propuesta modifica la Ley 20.129, que regula el sistema nacional de aseguramiento de la calidad en educación superior. Su objetivo es establecer un mecanismo técnico y periódico para definir los requisitos de ingreso a pedagogía, garantizando así la formación de docentes suficientes y bien preparados. El enfoque incluirá criterios de equidad, diversidad y calidad.
Entre las medidas más destacadas, el proyecto plantea:
- Establecer un procedimiento técnico para definir los requisitos de acceso a pedagogía.
- Reforzar la equidad y diversidad en el ingreso a estas carreras.
- Asegurar la formación de docentes calificados en todo el país.
Las universidades solo podrán acreditar carreras de pedagogía si admiten a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por el Comité Técnico. No obstante, las instituciones podrán solicitar excepciones fundadas ante el Ministerio de Educación.
Incentivos y apoyo para atraer nuevos talentos docentes
El proyecto se complementará con el plan docente de la cartera, que refuerza el Programa de Atracción de Talento Pedagógico (PATP). A través de este programa, las universidades identificarán estudiantes con vocación pedagógica directamente en liceos y colegios, ofreciendo ingreso especial y liberación del límite de vacantes.
Orellana destacó que, gracias a una indicación aprobada en el proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior (FES), el Ejecutivo podrá destinar más de 200 mil millones de pesos para fortalecer el PATP y promover la vocación docente.
El subsecretario también informó sobre medidas para permitir la prosecución de estudios de los docentes sin título. “Existen 14 mil profesores de aula sin título, y son quienes presentan mayor retención en el sistema”, señaló. Para ello, el ministerio conformó una mesa técnica que establecerá condiciones claras y rigurosas para validar la continuidad académica de estos profesionales.
Diputados valoran el debate y piden cambios estructurales
Durante el debate, el diputado Stephan Schubert respaldó la iniciativa y advirtió sobre la “crisis anunciada” en el sistema educativo. A su juicio, la baja en el interés por la pedagogía responde a la pérdida de autoridad del docente y a una creciente carga burocrática.
Helia Molina insistió en abordar el problema desde una perspectiva cualitativa, que considere los factores sociales y comunicacionales que afectan la valoración del rol docente.
Por su parte, Hugo Rey propuso crear un programa de actualización para estudiantes que abandonaron sus carreras de pedagogía, pero cursaron varios semestres. Además, enfatizó que el país debe contar con los mejores profesionales y mantener estándares altos para ingresar a la docencia.
Fuente: camara.cl
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Ene 30, 2025 | Actualidad Prime
El proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas quedó en condiciones de ser promulgado tras recibir el respaldo de la Sala del Senado. Con 29 votos a favor, 3 en contra y una abstención, los senadores ratificaron el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias entre ambas Cámaras sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Anteriormente, la Cámara de Diputados también aprobó el proyecto.
En la revisión de los cambios propuestos por el Senado, la Cámara de Origen no aprobó un artículo relacionado con las labores de vigilancia para corregir inobservancias menores al Código de Aguas, debido a la falta de quórum. Esta situación originó la formación de la Comisión Mixta, que logró llegar a un consenso. La presidenta de la instancia mixta, senadora Yasna Provoste, explicó en la sesión que el proyecto busca perfeccionar la fiscalización hídrica y detalló que la redacción final adoptada por el Senado fue la que finalmente se ratificó en la Cámara.
Detalles del proyecto
El proyecto de ley tiene como objetivo mejorar el control de infracciones al Código de Aguas mediante la introducción de un procedimiento administrativo sancionador simplificado. Este procedimiento se aplicará a infracciones menores, cuya excepcionalidad o alcance justifica un proceso más ágil y eficiente. El objetivo es reducir los tiempos de tramitación y ofrecer mecanismos más eficaces para disuadir las infracciones.
Dentro de las medidas, se propone adecuar los mecanismos de notificación en los procedimientos administrativos y adaptarlos a la digitalización del Estado. También se incluirá la experiencia de los funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA) para mejorar la eficiencia de los procesos.
El proyecto abarca procedimientos relacionados con multas de baja cuantía, áreas con escasez hídrica, zonas de prohibición para la explotación de aguas subterráneas, y sanciones que no requieran inspección en terreno.
Fuente: senado.cl
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Ene 23, 2025 | Actualidad Prime
La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que busca prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar (VIF). El proyecto, identificado como Boletín 15936, propone cambios legales para proteger a las víctimas de este tipo de violencia.
La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) lideró la iniciativa, respaldada por otros diputados del Frente Amplio, como María Francisca Bello, Diego Ibáñez, Javiera Morales y Gael Yeomans. También se sumó la exdiputada Mercedes Bulnes, fallecida en 2024.
El proyecto considera la posesión de armas como una presunción de riesgo inminente de VIF. Por esta razón, plantea que los jueces puedan dictar medidas cautelares como la prohibición de porte y tenencia de armas, además de su decomiso, en casos de intimidación.
Nuevas facultades para los jueces
La iniciativa permite a los jueces de familia acceder a los registros de armas de la Dirección General de Movilización Nacional. Esto facilitará determinar si una persona denunciada por violencia intrafamiliar tiene autorización para portar armas.
El texto exige que las demandas o denuncias se basen en hechos que afecten la vida, integridad física o psíquica, libertad o indemnidad sexual de la víctima. También aborda casos en que la persona denunciada posea armas sin autorización.
Medidas para condenados
El proyecto establece que quienes sean condenados por violencia intrafamiliar no podrán poseer armas de fuego. Carabineros deberá confiscar las armas, municiones y cartuchos de los infractores en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación de la sentencia.
En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones o Gendarmería, se informará a la institución correspondiente para que adopte medidas legales y reglamentarias.
Además, las personas condenadas podrán solicitar excepciones si demuestran que necesitan portar armas para su profesión, pero el tribunal rechazará la solicitud si existe un riesgo grave para la víctima.
Debate en la Cámara
Durante la discusión, varios diputados destacaron el impacto positivo del proyecto en la protección de mujeres, niñas y niños. Se mencionó que el 93% de las armas inscritas en Chile pertenecen a hombres, y que el uso de armas de fuego estuvo presente en un 23,8% de los femicidios de 2022 y un 15% en 2023.
Algunos parlamentarios criticaron que el proyecto no aborda a quienes poseen armas ilegales, señalando que esto representa un desafío más complejo.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó en el debate y destacó la importancia de la iniciativa. Subrayó que permitirá aplicar restricciones si se demuestra que el acusado tiene antecedentes de conducta violenta.
El proyecto ahora deberá ser revisado y votado por el Senado para avanzar en su tramitación.
Fuente: camara.cl
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Dic 20, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados discutió el pasado 17 de diciembre, el proyecto de ley que moderniza el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, propone crear un sistema autónomo para calificar enfermedades profesionales y fortalecer la fiscalización en este ámbito.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lideró la presentación del proyecto junto al subsecretario Claudio Reyes y la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana. Durante la sesión, las autoridades detallaron las principales propuestas, como el fortalecimiento de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la implementación de un régimen de monocotización para trabajadores informales y no obligados a cotizar.
«La creación de Comisiones Autónomas de Calificación de Enfermedades Profesionales y el fortalecimiento de la fiscalización permitirán ampliar la cobertura y los beneficios del sistema de salud laboral», señaló la ministra Jara.
Por su parte, el subsecretario Reyes explicó que las reformas buscan modificar el mecanismo de calificación de enfermedades profesionales y entregar nuevas facultades a la Suseso. «Nos enfocamos en un mejor gobierno corporativo y en garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente. Esperamos que las próximas sesiones incluyan las opiniones de trabajadores y otros actores clave», agregó.
Cambios clave en el proyecto
El proyecto contempla separar las labores de calificación de enfermedades profesionales de los organismos administradores actuales, como las mutualidades de empleadores y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Este nuevo sistema técnico busca mejorar la objetividad y transparencia en el proceso.
Además, otorga a la Suseso nuevas facultades para coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo del sistema, fiscalizar la gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento de estándares de gobierno corporativo en las mutualidades.
Monocotización para trabajadores informales
La propuesta incluye un régimen transitorio de monocotización que permitirá a trabajadores independientes acceder a prestaciones del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales por hasta cuatro años. También se busca fomentar la formalización laboral al incluir beneficios de la Ley Sanna, que cubre a niños y niñas con condiciones graves de salud.
La superintendenta Pamela Gana subrayó la importancia de estas medidas. «Nuestro objetivo es garantizar que los trabajadores reciban sus prestaciones en salud laboral de manera oportuna y adecuada», afirmó.
Próximos pasos
El proyecto continuará en discusión durante las próximas sesiones de la comisión, donde se espera recoger aportes de trabajadores y otros grupos relacionados antes de pasar a la votación específica. El Ejecutivo busca consolidar una reforma que fortalezca la seguridad social y amplíe la cobertura a sectores tradicionalmente excluidos.
Fuente: suseso.cl
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