La Ley 2210 de 2022 reconoce oficialmente a los entrenadores deportivos en Colombia, estableciendo un registro profesional y otro provisional para regular su labor, promover su profesionalización y garantizar su inclusión en un marco legal. Esta normativa busca fortalecer el sistema deportivo nacional, mejorar la calidad del entrenamiento y brindar mayores oportunidades de desarrollo y protección a quienes forman parte esencial del crecimiento atlético del país.

La Corte Suprema de Justicia amparó los derechos fundamentales a la diversidad e identidad cultural de un indígena wayuu, al ordenar a la Fiscalía facilitar el registro civil de defunción de su hijo asesinado, sin exigir necropsia ni levantamiento del cadáver, en reconocimiento de las prácticas funerarias tradicionales de su comunidad.

La Corte Constitucional recordó que el derecho a la educación debe garantizarse de forma continua y sin discriminación, especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Aunque el caso fue declarado sin objeto por hecho superado, el alto tribunal reiteró que los criterios administrativos, como el mínimo de estudiantes, no pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales de los niños y niñas en contextos vulnerables.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de una mujer que denunció acoso laboral con enfoque de género, ordenó su reincorporación al trabajo y exigió a la empresa adoptar protocolos efectivos, destacando la obligación del Estado y los empleadores de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

Fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca modernizar el Código de Ética para el ejercicio profesional de la Química en Colombia. La iniciativa establece principios éticos, define deberes y derechos, y regula sanciones e incompatibilidades, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad y el compromiso social de los profesionales del sector.

Colombia da un paso histórico en la protección animal al aprobar un proyecto de ley que prohíbe el embargo de animales de compañía y de soporte emocional. La iniciativa reforma el Código Civil y el Código General del Proceso para reconocer a estos seres sintientes como parte del núcleo familiar, garantizando su protección en procesos judiciales y priorizando el bienestar emocional de niños, adultos mayores y personas vulnerables.