El Senado de la República avanza en el trámite de un proyecto de ley que pretende establecer una política pública integral contra la tuberculosis en Colombia. La iniciativa contempla acciones en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación, con el fin de atender a las personas afectadas y a sus comunidades. El Ministerio de Salud y Prosperidad Social tendría la responsabilidad de fijar los protocolos nacionales para su implementación.

La Comisión Quinta del Senado aprobó el proyecto de ley que busca declarar a la Ciénaga Grande de Santa Marta como zona de interés ambiental, turístico y ecológico. La iniciativa propone medidas para la recuperación del ecosistema, la protección de la biodiversidad, el fortalecimiento de la pesca artesanal y el impulso del turismo sostenible, con el fin de enfrentar la crisis ambiental que amenaza este territorio estratégico para la región y el país.

El Consejo de Estado, mediante la sentencia 0314-2025, decretó la suspensión parcial de las disposiciones contenidas en el Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre de...

La Corte Suprema de Justicia unificó criterios sobre la familia de crianza en Colombia y estableció ocho directrices interpretativas para orientar la labor judicial. El fallo precisó que este vínculo solo procede cuando existe una relación inexistente o precaria con los progenitores, descartando la posibilidad de una doble filiación. Además, recalcó que los aportes económicos o afectivos de allegados corresponden a la solidaridad familiar y no constituyen, por sí solos, una relación de crianza.

La Corte Constitucional estableció que en casos de responsabilidad médica los jueces deben valorar integralmente la atención prestada al paciente con base en pruebas y evidencia científica. La decisión fija que no se requiere certeza absoluta para demostrar el nexo causal, sino aplicar el estándar de probabilidad prevalente.

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que plantea sanciones económicas inmediatas en procesos de injuria y calumnia. La medida impondría multas de entre dos y trece salarios mínimos, incluso cuando exista retractación, y busca reforzar la protección a la honra y el buen nombre. El destino de los recursos generados por estas sanciones será definido en los próximos debates, en los que se discute si deben dirigirse a la crisis carcelaria o a las víctimas de la difamación.