La Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 161 de 2025, que propone la creación de los Frentes de Seguridad Ciudadana y establece disposiciones para su funcionamiento a nivel nacional. La iniciativa fue respaldada por 10 votos a favor y 2 en contra, luego de superar un debate de carácter procedimental.

El proyecto parte del principio de que todos los asuntos que impactan al país, incluida la situación de violencia y las acciones del sector defensa para enfrentarla, están sometidos al control político del Congreso. En ese marco, la propuesta busca mejorar la percepción de seguridad y fortalecer los canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, en respuesta a los persistentes hechos de inseguridad.

La iniciativa plantea la creación de un marco normativo integral y permanente para consolidar los frentes de seguridad, figuras que ya existen en Colombia y que actualmente agrupan a más de 1.900 frentes activos y cerca de 46.000 ciudadanos. Entre sus objetivos centrales se encuentran garantizar financiación pública, fortalecer su estructura operativa y promover una mayor participación comunitaria en la prevención y atención de problemáticas de seguridad.

Durante el trámite, se precisó que los Frentes de Seguridad Ciudadana no son equiparables a las antiguas asociaciones conocidas como “Convivir”, con el fin de despejar confusiones que han surgido en el debate público. Desde la presidencia de la Comisión Segunda se destacó que el proyecto apunta a articular acciones conjuntas entre ciudadanía y autoridades, incentivando el compromiso comunitario con el entorno y la seguridad local.

No obstante, la iniciativa también generó reparos. El representante Alejandro Toro, por Antioquia, votó en contra y dejó constancia de sus preocupaciones, anunciando que propondrá ajustes durante el debate en plenaria. Entre los puntos señalados se encuentran los límites de actuación de estos frentes, la posible interpretación del uso de uniformes como incentivos indebidos y la destinación de recursos públicos, a la luz de antecedentes recientes de excesos registrados en Medellín.

El proyecto continuará ahora su trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se espera un debate de fondo sobre su alcance, controles y salvaguardas institucionales.

Fuente: camara.gov.co

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