El Consejo de Estado definió los criterios para determinar quién debe responder por los perjuicios derivados de actuaciones notariales, precisando que la responsabilidad puede recaer en la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, en el notario que ejerce la función fedante o en la Superintendencia de Notariado y Registro, según la naturaleza del daño. La decisión, emitida en el marco de un caso de venta fraudulenta de bienes con base en un poder certificado irregularmente, reafirma que la función notarial es un servicio público delegado por el Estado, el cual conserva la titularidad y puede ser llamado a responder patrimonialmente conforme al artículo 90 de la Constitución.

El Congreso de la República estudia una iniciativa que pretende eliminar el cobro por reconexión de los servicios públicos domiciliarios, una medida que busca aliviar los gastos de los hogares de menores ingresos y garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales. El proyecto establece que las empresas no podrán cobrar tarifas adicionales cuando un usuario se ponga al día con sus pagos y solicite la reinstalación del servicio, lo que representa un avance en la protección de los derechos de los consumidores.

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes impulsa el Proyecto de Ley 048 de 2025, que busca establecer un marco de protección integral para las personas desplazadas por factores ambientales en Colombia. La iniciativa, presentada tras la Sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional, propone reconocer a esta población como sujeto de especial protección constitucional, garantizar derechos como vivienda, salud y empleo, prevenir desastres mediante alertas tempranas y crear un registro nacional para su identificación.

La Corte Constitucional amparó los derechos a la igualdad, la libertad de locomoción y la vivienda digna de una mujer con discapacidad que debía subir 98 escalones para llegar a su vivienda, y precisó cuatro pautas que deben cumplir los conjuntos residenciales frente a las personas con afectaciones de salud. El alto tribunal reiteró que la inclusión no depende de la voluntad de las mayorías, sino que constituye un deber constitucional, y ordenó a la copropiedad garantizar una solución integral de accesibilidad en un plazo máximo de un año, con acompañamiento del Distrito para evaluar la viabilidad de una entrada peatonal alternativa.

La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-401 de 2025, le ordenó al Ejército Nacional realizar los ajustes técnicos y administrativos necesarios para incorporar...

La Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación trasladar la investigación por el asesinato de una joven a una unidad especializada en delitos contra la mujer o feminicidios. El alto tribunal concluyó que la entidad no aplicó la debida diligencia ni la perspectiva de género exigidas en este tipo de casos, a pesar de que existían indicios de que el crimen estuvo motivado por razones de género.