Ene 23, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes expresó su profunda solidaridad y preocupación ante la grave crisis humanitaria que afecta a la subregión del Catatumbo, donde en los últimos días se han intensificado los enfrentamientos armados, dejando un saldo devastador.
Según el informe, más de 80 personas han perdido la vida en tan solo tres días, mientras que un número indeterminado de civiles ha sido secuestrado. Las comunidades locales enfrentan desplazamientos masivos, confinamientos, la paralización de clases, el cierre del comercio y la interrupción del transporte. Entre las principales víctimas se encuentran campesinos y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.
La Comisión resaltó que esta crisis se ve exacerbada por el histórico abandono estatal en la región del Catatumbo, lo que ha dejado a sus habitantes en una situación de extrema vulnerabilidad frente a las disputas entre grupos armados. En este contexto, la Comisión hizo un llamado contundente al ELN y al EMB-FARC para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y cesen las hostilidades contra la población civil, además de exigir la liberación inmediata de los civiles retenidos.
Demandas al Gobierno Nacional
La Comisión Legal de Paz también solicitó al Gobierno Nacional la implementación de acciones urgentes para mitigar la crisis y proteger a la población afectada. Entre sus exigencias destacan:
- Adoptar medidas inmediatas de protección para la población civil.
- Garantizar corredores humanitarios para la evacuación segura de las comunidades en riesgo.
- Cumplir con los principios de subsidiariedad y corresponsabilidad en la atención integral de las víctimas del conflicto.
- Recuperar el control territorial en la región.
- Buscar mecanismos humanitarios que permitan desescalar el conflicto.
- Acelerar la firma e implementación del «Pacto por la Transformación Territorial del Catatumbo», una herramienta clave para abordar las causas estructurales de la violencia en esta zona.
La Comisión reiteró que el Estado colombiano debe priorizar la asistencia integral y la seguridad de las comunidades afectadas, especialmente en una región históricamente golpeada por el conflicto armado. El llamado se extiende también a los actores armados ilegales, para que cesen las acciones que ponen en riesgo la vida y dignidad de la población civil.
La situación del Catatumbo representa una de las más graves crisis humanitarias en el país, y la respuesta oportuna y efectiva de las autoridades será determinante para evitar mayores tragedias.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional declara incumplimiento general en presupuestos máximos y abre incidente de desacato contra el ministro de Salud
Ene 22, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, a través del Auto 2049 del 13 de diciembre de 2024, declaró el incumplimiento general en el componente de suficiencia de los presupuestos máximos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La decisión fue tomada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que identificó fallas estructurales en el sistema de salud colombiano. Como consecuencia, la Corte abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social.
Contexto y análisis de incumplimientos
La Corte evaluó el cumplimiento del Auto 2881 de 2023, que establecía obligaciones concretas en materia presupuestal. Entre los principales hallazgos, la Sala Especial destacó:
- Incumplimiento en el pago de reajustes presupuestales de 2022: Pese a la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para cancelar $819 mil millones con cargo al servicio de deuda del presupuesto de 2024, el Ministerio de Hacienda no ha transferido los recursos, violando el ordinal tercero del Auto 2881 de 2023.
- Falta de metodología unificada: Más de seis meses después de la notificación del Auto 2881 de 2023, no se ha creado la metodología para definir y reajustar los presupuestos máximos, incumpliendo el ordinal sexto de la misma providencia.
Ante estos incumplimientos, la Corte ordenó al ministro de Salud que, en un plazo de 48 horas, cumpla con lo dispuesto en los ordinales tercero y sexto.
Problemas de financiación en 2024
La Sala advirtió que, durante 2024, los recursos presupuestales fueron insuficientes para cubrir los presupuestos máximos del segundo semestre, evidenciando graves falencias. Las asignaciones presupuestarias se han gestionado de manera tardía y fragmentada, afectando la sostenibilidad del sistema de salud y el cumplimiento de los servicios y tecnologías no UPC.
Órdenes específicas de la Corte
Como parte de la decisión, la Corte dispuso las siguientes acciones inmediatas:
- Pagos pendientes de 2024: Ordenó el pago de presupuestos correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre de 2024, así como el reconocimiento de los periodos de noviembre y diciembre de 2024 antes del 30 de enero de 2025.
- Pagos para 2025: Los presupuestos máximos de cada mes deben ser pagados dentro de los 15 primeros días del mes correspondiente. Los pagos de enero y febrero de 2025 deberán realizarse antes de finalizar febrero.
- Transferencias del Ministerio de Hacienda: Se instruyó al Ministerio de Hacienda para que garantice la transferencia de recursos necesarios para cumplir con los pagos en los plazos establecidos.
La Corte resaltó que los retrasos en el pago y la persistencia de fallas presupuestales amenazan la estabilidad financiera de las EPS y comprometen el derecho a la salud de los afiliados. Este incidente subraya la necesidad de una acción inmediata y coordinada entre las entidades involucradas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia de salud.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional convoca diálogo nacional para superar bloqueos en la protección de excombatientes de las FARC-EP
Ene 21, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, a través de su Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en las garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz, adoptó nuevas medidas para enfrentar la creciente victimización de los excombatientes de las extintas FARC-EP. Mediante el Auto 1929 de 2024, la Sala diagnosticó graves fallas estructurales en el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (SPARR), identificando bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que dificultan su implementación efectiva.
La Sala detectó dos grandes problemas estructurales:
- Desarticulación entre entidades responsables del SPARR. Esta situación está ligada a la falta de implementación de perspectivas diferenciales que atiendan los riesgos específicos de los excombatientes.
- Asignación difusa de responsabilidades. La falta de coordinación entre las entidades nacionales y territoriales genera inequidad en la carga de respuesta, afectando la eficacia del sistema.
Además, destacó la necesidad urgente de garantizar que el sistema cumpla con su propósito de prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
En un esfuerzo por superar estas fallas, la Corte anunció dos sesiones técnicas para finales de enero y principios de febrero de 2025.
- Primera sesión: Centrada en el componente de alertas tempranas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), bajo la dirección de la Defensoría del Pueblo, programada para el 31 de enero de 2025.
- Segunda sesión: Enfocada en la respuesta rápida, coordinada por el Ministerio del Interior, que se llevará a cabo el 3 de febrero de 2025.
A las sesiones fueron convocadas diversas entidades gubernamentales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y el Ministerio de Defensa, además de organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Kroc y la Federación Colombiana de Municipios. También se contará con la presencia de organismos internacionales, como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la MAPP-OEA.
La Corte destacó la importancia de la participación activa de las delegaciones de firmantes del Acuerdo de Paz, quienes podrán aportar su experiencia en el monitoreo y evaluación del SPARR.
Con este espacio de diálogo, la Corte busca fomentar una discusión abierta y transparente que permita encontrar acuerdos concretos para superar los bloqueos identificados. La medida reafirma el compromiso del Estado con la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de los derechos de los excombatientes, promoviendo una coordinación efectiva entre las entidades involucradas y garantizando un enfoque integral en la prevención de riesgos.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena garantizar el marcador «No Binario» en cédulas digitales
Ene 20, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional de Colombia, mediante la sentencia T-527 de 2024, protegió los derechos fundamentales de Sergio, una persona que se identifica como «No Binaria». Sergio había solicitado una acción de tutela tras la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil para expedirle una cédula de ciudadanía digital con el marcador de género «No Binario», a pesar de contar con una cédula amarilla con holograma y un registro civil que reflejan esta identidad.
La entidad justificó su negativa señalando, por un lado, que el marcador «No Binario» solo se había implementado en las cédulas de holograma y, por otro, que no disponían del presupuesto necesario para actualizar su sistema informático y permitir la inclusión de este marcador en las cédulas digitales.
La Sala Quinta de Revisión concluyó que la Registraduría vulneró los derechos de igualdad, libre desarrollo de la personalidad, e identidad de género de Sergio. Aunque reconoció que la actuación de la entidad no fue intencionalmente discriminatoria, la Corte sostuvo que esta había incumplido el precedente establecido en la Sentencia T-033 de 2022, que exige garantizar la inclusión del marcador «No Binario» en el registro civil y los documentos de identificación.
En cuanto al argumento presupuestal, la Corte fue enfática en que las limitaciones económicas no pueden justificar la imposición de barreras para el ejercicio de derechos fundamentales. Resaltó la obligación del Estado de garantizar la igualdad formal y material, especialmente para las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.
La Corte ordenó a la Registraduría que, en un plazo de seis meses, coordine con el Departamento Nacional de Planeación la asignación de recursos necesarios para actualizar su sistema informático y permitir la inclusión del marcador «No Binario» en las cédulas digitales.
Además, reiteró su exhorto al Congreso de la República para que legisle sobre esta materia, recordando el incumplimiento en la implementación de las medidas ordenadas en la sentencia T-033 de 2022.
Esta sentencia representa un paso significativo hacia el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas no binarias en Colombia y refuerza la obligación estatal de garantizar la identidad de género como un componente esencial del libre desarrollo de la personalidad.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Proyecto de acto legislativo busca reducir los salarios de congresistas en Colombia
Ene 17, 2025 | Actualidad Prime
Recientemente, el senador Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, presentó ante el Congreso el proyecto de acto legislativo 09 de 2025. Esta iniciativa propone una reducción significativa en las remuneraciones de los congresistas, estableciendo un nuevo límite de hasta 20 salarios mínimos mensuales a partir del 20 de julio de 2026.
Actualmente, los congresistas en Colombia perciben una asignación mensual de más de 48 millones de pesos, lo que ha sido motivo de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. El proyecto busca enmendar el artículo 187 de la Constitución Política, reduciendo los salarios en casi un 50% y estableciendo que estos se reajusten anualmente de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Sin embargo, la propuesta aclara que este cambio no afectará el régimen salarial de otros funcionarios públicos, cuyos ingresos seguirán basándose en lo devengado por el Presidente de la República.
La radicación del proyecto cuenta con el respaldo de 57 congresistas de distintas bancadas, incluyendo figuras como Humberto De La Calle, Mauricio Gómez Amín, Esmeralda Hernández, y Robert Daza. Este apoyo multipartidista resalta el consenso sobre la necesidad de promover una mayor equidad y transparencia en las instituciones legislativas.
El senador Cepeda se mostró optimista respecto al avance del proyecto en el Congreso, destacándolo como un paso fundamental hacia la transformación del sistema político. Además, señaló que esta iniciativa podría contribuir a recuperar la confianza ciudadana en una institución que ha enfrentado críticas por percepciones de privilegios excesivos.
El proyecto iniciará su trámite legislativo una vez se reanuden las sesiones ordinarias. De ser aprobado, deberá superar ocho debates para convertirse en ley. Este proceso será observado de cerca, ya que la propuesta busca acercar las instituciones a la ciudadanía y consolidar una política más austera y alineada con las necesidades del país.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado discutirá proyecto de ley sobre gestión comunitaria del agua
