Dic 26, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presidida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aprobó recientemente la política de financiamiento y riesgos agropecuarios para el año 2025. Este plan, que coincide con la declaratoria del Año de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria, busca fortalecer el desarrollo rural y mejorar las condiciones económicas del sector agropecuario mediante una inversión estimada entre 38 y 43 billones de pesos.
La estrategia se articula en cinco ejes principales: apoyo a la Reforma Agraria, transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, gestión de riesgos, fortalecimiento de la asociatividad y ampliación del acceso al crédito. Los beneficiarios prioritarios incluyen pequeños y medianos productores, con un enfoque en la inclusión financiera y productiva.
Dentro del Plan Indicativo de Crédito se proyecta destinar entre 5,3 y 5,7 billones de pesos para la inclusión productiva de pequeños productores, 2 a 2,5 billones para mujeres rurales, cerca de 11 billones para la producción alimentaria y 2 billones para iniciativas relacionadas con cambio climático.
El Plan Anual de Incentivos, por su parte, se enfocará en apoyar a los productores más vulnerables, incluyendo mujeres, jóvenes rurales, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado, a través de líneas de crédito especiales. Asimismo, el Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios contempla una inversión de 221 mil millones de pesos, con énfasis en la gestión integral de riesgos y la reestructuración del Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA).
Esta política refleja un esfuerzo por abordar los retos económicos, sociales y climáticos del sector agropecuario en Colombia, buscando consolidarlo como un pilar del desarrollo económico y social del país.
Fuente: minagricultura.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Protección al trabajo: Corte Constitucional anula fallo que desconoció vínculo laboral
Dic 25, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-515 de 2024, amparó los derechos fundamentales de una trabajadora que solicitó la declaración de una relación laboral con los propietarios de un hotel. El caso surgió luego de que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia negara las pretensiones de la accionante en un proceso laboral ordinario.
La mujer, quien desempeñaba labores como recepcionista y camarera en el hotel, interpuso una demanda tras la muerte de su jefe directo, cuando los hijos de este asumieron la administración del establecimiento. Alegó que las condiciones laborales eran insatisfactorias, nunca fue afiliada al Sistema de Seguridad Social, y la liquidación que recibió fue inadecuada. Sin embargo, al no obtener una decisión favorable en la justicia ordinaria, acudió a la tutela argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso.
La Corte Constitucional determinó que el Tribunal Superior incurrió en dos graves defectos judiciales. En primer lugar, un defecto sustantivo, al no aplicar correctamente el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece los criterios para reconocer la existencia de una relación laboral. A pesar de haberse comprobado que la accionante realizaba actividades personales para el hotel y recibía una remuneración, el Tribunal no reconoció los efectos laborales derivados de esta relación.
En segundo lugar, identificó un defecto por desconocimiento del precedente judicial, ya que el Tribunal se apartó de una línea jurisprudencial establecida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Este precedente subraya que, aun cuando no se prueben con exactitud ciertos extremos temporales de la relación laboral, el juez debe dictar condenas parciales en favor del trabajador en aras de proteger sus derechos fundamentales.
La Corte destacó la importancia de los principios de primacía de la realidad sobre las formas y la presunción de laboralidad consagrados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Enfatizó que el trabajo, como derecho humano fundamental, requiere medidas de protección específicas por parte de los jueces laborales, quienes deben garantizar los derechos de los trabajadores incluso frente a vacíos probatorios en las demandas.
Como resultado, la Corte anuló la decisión del Tribunal Superior y le ordenó adoptar una nueva resolución en el caso, observando los principios constitucionales y jurisprudenciales aplicables. Este fallo refuerza la protección de los derechos laborales en Colombia y marca un precedente relevante en la defensa del debido proceso en el ámbito laboral.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: La Corte Suprema de Justicia redefine los efectos legales de la separación de hecho prolongada
Dic 24, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sentencia SC3085-2024, ha sentado un precedente clave al determinar que la separación de hecho entre cónyuges por un periodo igual o superior a dos años conlleva automáticamente la disolución de la sociedad conyugal. Este pronunciamiento busca resolver un vacío normativo y equiparar las consecuencias legales de la separación de hecho con las de la separación judicial.
Con la nueva interpretación, los bienes adquiridos por los cónyuges tras el periodo de separación dejarán de formar parte de la comunidad de gananciales. Esto abre la posibilidad de constituir una unión marital de hecho y, con ella, una sociedad patrimonial en una nueva relación. La decisión busca evitar situaciones de abuso, donde un cónyuge pudiera beneficiarse de un patrimonio construido sin su aporte, y al mismo tiempo asegura una protección justa para los derechos de terceros involucrados en relaciones posteriores.
La Corte enfatizó que este enfoque respalda valores constitucionales como la justicia, la igualdad entre diferentes formas de familia y el respeto a la autonomía personal. Además, se elimina la asimetría regulatoria existente, donde la separación judicial permitía la disolución de la sociedad conyugal, mientras que la de hecho no generaba el mismo efecto inmediato.
Esta decisión refuerza la importancia de reconocer la voluntad tácita de los cónyuges de finalizar su vínculo económico y patrimonial cuando optan por un distanciamiento prolongado, promoviendo así un marco más justo y acorde con la realidad social y familiar.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Consejo de Estado advierte irregularidades en el Proyecto de Ley sobre Jurisdicción Agraria y Rural
Dic 23, 2024 | Actualidad Prime
El Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió un concepto clave sobre el «Proyecto de Ley por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones». La solicitud, presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, buscaba clarificar aspectos relacionados con las competencias de esta alta corporación en el marco del proyecto legislativo.
En su análisis del 29 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado identificó varias disposiciones del proyecto de ley que contrarían el Acto Legislativo 03 de 2023, el cual confiere a esta corporación la función de órgano de cierre en asuntos agrarios dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, según lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución. Entre los artículos cuestionados se encuentran los artículos 9, parágrafo 1; 31, 53, 55, 56 y 59, que fueron señalados como potencialmente inconstitucionales.
Además de advertir los posibles vicios de inconstitucionalidad, la Sala de Consulta planteó recomendaciones orientadas a corregir estas falencias. Entre las propuestas destacan ajustes en la distribución de competencias y la introducción de recursos extraordinarios, con el objetivo de garantizar una estructura legal que permita resolver de manera eficiente los conflictos relacionados con la propiedad y la posesión de tierras rurales.
El concepto emitido también destacó la importancia de proteger los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, como lo estipula el Acto Legislativo 03 de 2023, buscando fortalecer los mecanismos legales para la resolución de conflictos agrarios en el país.
Este pronunciamiento subraya la necesidad de ajustar el proyecto de ley para asegurar su compatibilidad con el marco constitucional y garantizar la efectividad en la protección de derechos y resolución de controversias en el ámbito agrario.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: El Ministerio de Justicia lanza en Buenaventura la estrategia “Zonas de Paz y Esperanza”
Dic 20, 2024 | Actualidad Prime
Con el objetivo de promover entornos seguros y reducir la vulnerabilidad asociada a los mercados locales de drogas, el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó en Buenaventura la estrategia «Zonas de Paz y Esperanza». Esta iniciativa busca transformar los territorios priorizados mediante acciones integrales en justicia, convivencia y seguridad.
El evento, que tuvo lugar en las instalaciones de Comfamar, reunió a más de 120 jóvenes de distintas comunidades del municipio. Durante la jornada, se realizaron talleres orientados a la construcción de paz, el fortalecimiento de liderazgos y el diálogo intercultural. Estas actividades fueron lideradas por la Biblioteca Nacional de Colombia y Partners Colombia, con el objetivo de fomentar una cultura de paz y fortalecer los lazos comunitarios.
En su intervención, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, señaló la importancia del rol juvenil en los procesos de transformación social. “Al hablar y dialogar, se están escuchando, y escuchar al otro es el primer paso para construir juntos”, afirmó, destacando la necesidad de herramientas prácticas para la resolución de conflictos y la gestión de riesgos.
Componentes de la estrategia
La estrategia «Zonas de Paz y Esperanza» abarca varias líneas de acción:
- Fortalecimiento institucional: Busca la articulación de actores como alcaldías, gobernaciones, Policía Nacional y organizaciones sociales para garantizar una presencia efectiva en los territorios.
- Proyectos productivos: Promueve alternativas económicas sostenibles en comunidades impactadas por economías ilícitas.
- Resolución de conflictos: Impulsa métodos como la mediación comunitaria, la conciliación en equidad y la formación de promotores de paz.
El evento también contó con la participación de representantes de la Alcaldía de Buenaventura, la Secretaría de Paz del Valle del Cauca y organismos internacionales como UNICEF.
Buenaventura como territorio piloto
La elección de Buenaventura como punto de partida responde a los altos índices de violencia y la incidencia de economías ilícitas en el municipio, así como al potencial de sus comunidades para liderar procesos de cambio. Las actividades continuarán el 16 de diciembre con talleres y reuniones interinstitucionales destinadas a definir acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de la estrategia.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Justicia busca articular esfuerzos con comunidades, instituciones locales e internacionales y el sector privado para fomentar entornos de paz, justicia y oportunidades en las regiones más vulnerables del país.
Fuente: minjusticia.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Comisión Segunda del Senado presenta balance positivo en el tercer año de legislatura 2022-2026
