Consejo de Estado declara nulidad de actos administrativos sobre impuesto de alumbrado público en caso Acerías Paz del Río vs. Municipio de Nobsa

El Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación en el caso Acerías Paz del Río vs. Municipio de Nobsa, al declarar la nulidad de los actos administrativos que determinaban el valor del impuesto de alumbrado público que la empresa siderúrgica debía pagar entre los años 2015 y 2017.

La disputa se originó cuando la Secretaría de Hacienda de Nobsa determinó directamente el monto del impuesto, lo que llevó a Acerías Paz del Río a presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. La empresa argumentó que la responsabilidad del recaudo recaía en la empresa comercializadora del servicio de energía, en calidad de agente retenedor, y que cualquier acción debía dirigirse exclusivamente contra dicho agente.

El Consejo de Estado respaldó este argumento al declarar la nulidad de los actos administrativos, afirmando que en situaciones donde el agente retenedor asume la responsabilidad del recaudo del tributo, la administración no puede actuar directamente contra el contribuyente. En este caso, el municipio solo podía exigir el cumplimiento de la obligación a la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica, que actuaba como agente retenedor, y no a Acerías Paz del Río, el sujeto pasivo del impuesto.

Esta decisión establece un importante precedente en cuanto a la distribución de responsabilidades en el recaudo de impuestos municipales, enfatizando la necesidad de que las acciones administrativas se dirijan correctamente hacia los agentes retenedores, en lugar de los contribuyentes finales.

Fuente: cortesuprema.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional insta a medidas integrales para garantizar derechos de personas mayores

Corte Constitucional insta a medidas integrales para garantizar derechos de personas mayores

En una decisión adoptada mediante la sentencia T-077 de 2024, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional ha amparado el derecho fundamental a la salud de las personas mayores, haciendo un llamado urgente para abordar los desafíos del envejecimiento poblacional y la soledad. El caso en cuestión involucró a una persona mayor que requería un examen médico, pero se le exigía un acompañante, situación que se complicaba al no contar con una red de apoyo cercana.

La Corte, reconociendo la realidad global de un envejecimiento demográfico, destacó la necesidad imperante de priorizar el cuidado de las personas mayores como una política pública fundamental. Además, hizo hincapié en la problemática de la soledad entre este sector de la población, subrayando la importancia de garantizar un mínimo vital afectivo para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos en etapas avanzadas de la vida.

En su análisis, la Corte llamó a la implementación de respuestas institucionales innovadoras y específicas para abordar estas dificultades. Sin embargo, enfatizó que cualquier medida adoptada debe respetar la dignidad, autonomía e independencia de las personas mayores, asegurando que el cuidado no se convierta en un pretexto para limitar su capacidad de decisión.

En el caso específico, la Corte determinó que la institución de salud demandada debía garantizar un acompañante no especializado para el paciente durante el procedimiento médico necesario, así como para futuros procedimientos. Además, resaltó la importancia del consentimiento informado en todas las intervenciones médicas.

Finalmente, la Corte exhortó a diversas autoridades gubernamentales a liderar discusiones encaminadas a desarrollar políticas públicas que aborden las necesidades y desafíos que enfrentan las personas mayores, incluyendo el cuidado, la soledad y la necesidad de acompañamiento en diversas etapas de sus vidas.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Estudio revela medidas para una justicia restaurativa en casos de violencias basadas en género y prejuicio en Colombia

Estudio revela medidas para una justicia restaurativa en casos de violencias basadas en género y prejuicio en Colombia

En la semana conmemorativa del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, el Observatorio de Justicia Transicional de Colombia, bajo la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha presentado su estudio «Transiciones justas en clave restaurativa: Medidas y sanciones restaurativas en casos de violencias basadas en género y violencias por prejuicio».

El informe examina la concepción, diseño e implementación de enfoques de género y la perspectiva interseccional en la justicia restaurativa para casos de violencias basadas en género y prejuicio. Propone cerca de 20 buenas prácticas tanto para autoridades judiciales como para entidades del ejecutivo, con roles en la Justicia Transicional Restaurativa en Colombia.

Los resultados del estudio han sido compartidos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un esfuerzo por respaldar y contribuir técnicamente a su labor fundamental.

Mariana Ardila, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, enfatiza: «El momento de la justicia transicional restaurativa para las más de 35 mil víctimas de diferentes tipos de violencias de género y violencias por prejuicio registradas en la JEP es ahora.»

El lanzamiento de este estudio busca enriquecer el debate sobre cómo diseñar e implementar medidas que contribuyan efectivamente a reparar y restaurar los profundos daños causados por estas violencias.

Las recomendaciones se centran en acciones que contribuyan a prevenir la violencia basada en género y el prejuicio, así como en transformar las condiciones estructurales que perpetúan la exclusión y discriminación. Además, destacan la importancia de garantizar la participación y seguridad de las víctimas en el proceso, así como el cuidado de su salud mental y emocional.

El estudio contó con la participación de diversas organizaciones sociales, funcionarios de la JEP, académicos y expertos internacionales en justicia transicional y restaurativa, así como representantes de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. Fue realizado bajo la consultoría de la Fundación APG, Paz y Reconciliación.

Fuente: Comisión del Senado debate regulación de Inteligencia Artificial ante expertos y representantes del sector

Comisión del Senado debate regulación de Inteligencia Artificial ante expertos y representantes del sector

En una sesión de la Comisión Primera del Senado de la República, se llevó a cabo un profundo debate sobre la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) y la posible necesidad de regulación en el país. Con ocasión de la mesa técnica convocada, congresistas y expertos discutieron los aspectos fundamentales de esta tecnología emergente y su impacto en la sociedad colombiana.

Uno de los puntos clave del debate fue la intervención de Pablo Nieto, presidente de la Asociación Latinoamericana de Internet, quien destacó la importancia de establecer una política pública sobre la IA, argumentando que Colombia no puede ignorar las tendencias globales en este campo. Nieto hizo referencia a la reciente revolución en la materia emitida por la ONU, instando a los países a analizar la gobernanza de la IA y adaptarla a las particularidades locales.

Felipe Sarmiento, representante de Five Partners, subrayó la necesidad de aprovechar la infraestructura de telecomunicaciones existente en Colombia para impulsar la implementación de la IA. Destacó los avances recientes en tecnología, como la cuarta generación de sistemas de procesamiento de lenguaje natural, y señaló el potencial impacto positivo en diversos sectores económicos y de producción.

Karim Dasuki, miembro del clúster de Innovación y Transformación Digital para el Caribe Colombiano, enfatizó la importancia de una adopción responsable de la IA, especialmente entre niños y adolescentes. Propuso incluir al sector privado en el debate y diferenciar claramente entre la recopilación de datos y el uso de la IA.

Por su parte, Wilson Río, decano de la facultad de derecho de la Universidad Areandina, abogó por una regulación general y ética de la IA, destacando la necesidad de adaptarse constantemente a los avances tecnológicos. Río mencionó la implementación de un decálogo de uso responsable en su universidad y resaltó la importancia de consideraciones éticas debido a las amplias implicaciones de esta tecnología.

En el Congreso de la República, varios proyectos relacionados con la inteligencia artificial están en curso, y la Comisión Primera enfatizó la importancia de nutrir estos proyectos con todas las voces y sectores pertinentes, como resultado del debate en la sesión.

Fuente: senado.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: No son apelables autos en acciones populares salvo excepciones: Consejo de Estado

No son apelables autos en acciones populares salvo excepciones: Consejo de Estado

El Consejo de Estado ha emitido un pronunciamiento relevante en cuanto a la apelación de autos proferidos en acciones populares, confirmando que, por regla general, estos no son apelables, a menos que se trate de una medida cautelar. Esta determinación surge a raíz de un caso específico relacionado con presuntas violaciones a derechos colectivos en un contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la UT Centros Poblados de Colombia 2020.

En este contexto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había denegado el recurso de apelación contra una decisión judicial que dio por terminado el proceso en esta acción popular. Tras un recurso de queja presentado por la Procuraduría, el Consejo de Estado respaldó la decisión del Tribunal, argumentando que se ajusta a las normas procesales vigentes.

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en disposiciones específicas de la Ley 472 de 1998 y el Código General del Proceso, señalando que, salvo excepciones, los autos proferidos en acciones populares están sujetos a reposición y no a apelación.

Esta resolución del Consejo de Estado establece un precedente significativo en materia procesal y destaca la importancia de la correcta interpretación y aplicación de las normativas legales en la protección de derechos colectivos. Las consideraciones del Consejo de Estado pueden consultarse por medio del siguiente enlace.

Fuente: consejodeestado.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: La Corte Constitucional exhorta a instituciones educativas y a la Fiscalía a implementar medidas contra el acoso sexual en entornos escolares

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