Dic 8, 2023 | Actualidad Prime
El pasado 7 de diciembre, la sesión plenaria del Senado de la República aprobó el Proyecto de Ley 338 de 2023. Este proyecto tiene como objetivo extender los plazos para que las víctimas puedan realizar su declaración y sean reconocidas en el Registro Nacional de Víctimas y la Procuraduría General de la Nación.
El senador Alfredo Rafael Deluque Zuleta, representante del partido de La U y ponente del proyecto, destacó que muchas de las cerca de 9 millones 520 mil víctimas no han podido realizar sus declaraciones a tiempo debido a diversas razones, como vivir en áreas con violencia persistente, tener al agresor cerca o no haber accedido a la información necesaria en el momento adecuado.
En un gesto de justicia, enfatizó que es fundamental incluir a quienes han sufrido situaciones igualmente graves en el Registro Nacional. La propuesta busca permitir que una persona víctima de desplazamiento forzado pueda rendir su declaración ante cualquier institución del Ministerio Público en un plazo de tres (3) años después del desplazamiento, siempre que estos hechos hayan ocurrido desde el 1 de enero de 1985 y no estén registrados como víctimas.
En casos de declaraciones presentadas tres años después del evento, el funcionario del Ministerio Público deberá investigar las razones por las cuales la declaración no se hizo antes, con el fin de identificar posibles barreras que limiten el acceso de las víctimas a la protección del Estado.
La Procuraduría General de la Nación, junto con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tendrá seis (6) meses después de la promulgación de la ley para desarrollar un Plan de Acción. Este plan incluirá la capacitación de los funcionarios del Ministerio Público para seguir los lineamientos establecidos, así como un programa de difusión a nivel nacional sobre los derechos de las víctimas y cómo acceder al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Reforma a la salud: aprobada en Cámara de Representantes
Dic 7, 2023 | Actualidad Prime
La plenaria de la Cámara de Representantes concluyó el largo y debatido proyecto de ley de la reforma a la salud. Este proyecto recibió 87 votos favorables y 37 desfavorables en su última votación, y continúa su trámite ante el Senado de la República.
El presidente Calle elogió el extenso y detallado intercambio de más de tres meses, reconociendo el compromiso de todos los representantes, incluso aquellos en oposición como Andrés Forero, quien participó en cada artículo. Reconoció el papel de todos los partidos, independientemente de su posición política.
En la última sesión, se sometieron a votación temas cruciales, como las facultades especiales para el presidente en consultas con la población afro, aprobadas; se rechazó una propuesta de apoyo económico a la Nueva EPS y se descartó la modificación en la selección de gerentes de hospitales públicos.
El coordinador ponente, representante Alfredo Mondragón, expresó su satisfacción por el respaldo mayoritario (99 votos) a la reforma de salud, que otorga facultades al presidente para normas sobre consulta previa a pueblos étnicos.
La también coordinadora ponente, Marta Alfonso, elogió la oposición constructiva que fortaleció el debate y la construcción de consensos. Reconoció a la plenaria por su contribución al diálogo democrático.
Sin embargo, la representante Katherine Miranda se apartó de las facultades otorgadas al presidente, citando un fallo reciente de la Corte Constitucional que señala la inviabilidad de tal acción directa por parte del mandatario.
Heráclito Landinez del Pacto Histórico afirmó que respaldar la reforma a la salud era apoyar el programa del presidente Gustavo Petro, respaldado por casi 12 millones de colombianos, enfocándose en devolver el sistema de salud a los ciudadanos.
En contraste, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, indicó que aunque se logró la aprobación, no se convenció a todos, refiriéndose al desenlace del proyecto.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional exige respuestas diferenciadas para comunidades étnicas afectadas por desastres
Dic 6, 2023 | Actualidad Prime
La sentencia T-246 de 2023 de la Corte Constitucional insta al Congreso a crear leyes que reconozcan y aborden el desplazamiento forzado provocado por desastres y emergencias públicas, con especial consideración a las diferencias étnicas, protegiendo así los derechos de las comunidades étnicas afectadas.
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional tomó una determinación tras analizar una tutela presentada por la comunidad indígena Inga Musurrunakuna, quienes se vieron obligados a desplazarse de su territorio en la vereda San Antonio a otra área en la vereda El Pepino, municipio de Mocoa, debido a una avalancha ocurrida el 31 de marzo de 2017.
Esta decisión insta al Gobierno Nacional a establecer, en un plazo de seis meses, regulaciones que consideren las diversidades y desigualdades de las poblaciones étnicas en situación de riesgo frente a políticas de vivienda y gestión de desastres.
Se enfatiza en la necesidad de respuestas específicas para las comunidades étnicas, reconociendo sus necesidades y capacidades particulares, así como la importancia del diálogo con las autoridades étnicas en la preparación y recuperación frente a desastres.
La tutela invocó varios derechos, incluyendo la igualdad, la subsistencia, la integridad étnica, cultural y social, la propiedad de la tierra comunitaria, la autonomía, la participación y el debido proceso. Se solicitó la construcción de viviendas para los afectados.
Inicialmente, se protegieron estos derechos, pero posteriormente esta decisión fue revocada en segunda instancia. La Sala reformó la determinación, asegurando no solo la autonomía y participación, sino también la vivienda digna y la consulta previa.
El análisis reveló que el proyecto de vivienda rural no consideró el enfoque diferencial étnico ni las condiciones diversas de la comunidad Inga Musurrunakuna, lo que llevó a una falta de respuesta adecuada en la reconstrucción de viviendas para sus miembros.
Además, se evidenció la falta de coordinación entre autoridades para garantizar los derechos de la comunidad indígena durante la emergencia. El proyecto de vivienda incluido en el plan de acción de Mocoa incumplió elementos esenciales, como la participación del cabildo en decisiones sobre vivienda, la protección especial a la comunidad y la adaptación cultural del proyecto.
La Corte determinó que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y la alcaldía de Mocoa vulneraron derechos de participación, autonomía y consulta previa al no cumplir con los procedimientos establecidos.
Como resultado, se exige una consulta previa orientada a identificar las necesidades de vivienda de la comunidad Inga Musurrunakuna y establecer planes y proyectos de reubicación acordes al enfoque diferencial étnico.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional resguarda derechos ante la obesidad como prioridad de salud pública
Dic 5, 2023 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-432 de 2023, realizó un llamado al Gobierno Nacional para que establezca las normativas correspondientes a la ley que identificó la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles como prioritarias en términos de salud pública.
Antecedentes
La resolución se centró en el problema de la obesidad, de acuerdo con la Ley 1355 de 2009. Se evaluó la acción legal presentada por Antonia contra la Nueva EPS, ya que esta entidad se negó a llevar a cabo una evaluación integral que determinara si Antonia era candidata para someterse a una cirugía bariátrica. La negativa de atención médica representó una violación a sus derechos a la salud, una vida digna y el sustento mínimo.
A pesar de que en instancias previas se rechazó la protección, argumentando la falta de indicaciones médicas que demostraran un diagnóstico de riesgo para su salud y condiciones dignas de vida, la Sala Novena de Revisión, liderada por el magistrado José Fernando Reyes, protegió los derechos de Antonia en términos de diagnóstico de salud y una vida digna. Esto debido a que se ignoró el impacto físico y psicológico generado por la obesidad, que limitaba su plenitud de vida.
Consideraciones y decisión
La sentencia destacó que la obesidad puede derivar en problemas graves de salud física y mental, citando a la OMS que vincula la obesidad con enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoartritis y algunos tipos de cáncer. Además, hizo hincapié en el impacto psicológico al enfrentar insatisfacción con su apariencia física.
La Corte instó al Gobierno a regular y promover políticas sobre alimentación saludable, ejercicio físico y educación sobre riesgos asociados con malos hábitos alimenticios, ya que la obesidad es una prioridad de salud pública. Expresó preocupación por la falta de implementación efectiva de disposiciones de la Ley 1355 de 2009, enfocada en abordar la obesidad como problema de salud pública.
Destacó que la obesidad afecta tanto a adultos como a niños y adolescentes, señalando que las medidas preventivas no han sido suficientes, permeando esta condición en la población en general. Enfatizó que la obesidad es multifactorial y requiere un enfoque interdisciplinario, afectando al 56,4% de la población colombiana.
En el caso específico, la Corte revocó decisiones previas y ordenó a Nueva EPS realizar una evaluación médica integral por un equipo multidisciplinario para determinar la idoneidad de una cirugía bariátrica para Antonia. Además, exigió a la EPS implementar políticas de prevención de la obesidad y establecer un programa de apoyo psicológico para usuarios con obesidad o sobrepeso dentro de su red.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Exgobernador de Casanare absuelto por falta de pruebas
Dic 4, 2023 | Actualidad Prime
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una sentencia absolutoria a favor del exgobernador del departamento de Casanare, Whitman Herney Porras Pérez, tras considerar la falta de pruebas relacionadas con los cargos imputados. Este dictamen se refiere a la acusación por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, relacionados con la liquidación de un contrato de obra destinado a la construcción de viviendas de interés social.
La Fiscalía alegaba que Porras Pérez liquidó el contrato de manera irregular en 2007, generando un detrimento patrimonial al ente territorial al reconocer pagos adicionales al contratista por un monto de $397.076.879 que no eran justificados.
La Sala de Instrucción concluyó que no se pudo demostrar irregularidades en el reconocimiento de pagos adicionales, ya que el retraso en la obra se debió a una falla de planeación por parte de la administración, permitiendo al contratista reclamar los mayores costos asociados a la demora en el inicio del contrato.
Además, se determinó que el exgobernador tenía derecho a incluir en la liquidación un valor por «utilidad esperada», a pesar de que algunas viviendas no fueron construidas debido a fallas de planificación de la administración, eximiendo al contratista de responsabilidad.
La sentencia absolutoria resalta la falta de pruebas que sustenten las acusaciones, argumentando que no se demostró que Porras Pérez haya incumplido sus deberes de control y verificación en la liquidación del contrato, ni que haya intentado apropiarse de recursos públicos.
En esta oportunidad, la Corte concluyó que no se logró derribar la presunción de inocencia del exgobernador en los cargos imputados, lo que llevó a la emisión de una sentencia absolutoria.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Consejo de Estado: Responsabilidades de costos en procesos de restitución de tierras
Dic 1, 2023 | Actualidad Prime
El Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, ha determinado mediante el Concepto 2511 del 18 de octubre de 2023 que los gastos tanto procesales como extraprocesales necesarios para acatar las órdenes judiciales en los procedimientos de restitución de tierras no deben ser sufragados por las víctimas ni por sus representantes legales dentro del Sistema Nacional de Defensoría Pública, siempre y cuando no se demuestre dolo, temeridad o mala fe.
En este sentido, se ha establecido que las víctimas representadas judicialmente por la Defensoría Pública o la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas no están obligadas a cubrir los gastos judiciales, a menos que existan circunstancias de mala conducta evidente. Las entidades encargadas de proporcionar la defensa técnica en estos procesos no tienen la responsabilidad de pagar los gastos derivados de las decisiones judiciales, ya que su papel es de representación en nombre y por cuenta de terceros, distinguiéndose así de las partes involucradas en el proceso.
Además, se determinó que en situaciones de amparo de pobreza no se impondrán costas en procesos judiciales. Los gastos procesales y extraprocesales necesarios para llevar a cabo las órdenes judiciales en los procesos de restitución de tierras, dirigidos exclusivamente a devolver a las víctimas a su estado previo a la violación de sus derechos, deben ser costeados por el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según lo establecido en el artículo 111 de la Ley 1448 de 2011.
Es importante señalar que esta responsabilidad de asumir los gastos excluye los impuestos territoriales y nacionales relacionados directamente con los terrenos restituidos, cuyo pago debe realizarse mediante los subsidios creados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Normativa para plantas de beneficio animal orientada a reducir costos en la carne: Ministerio de Agricultura
