Proyecto de ley busca garantizar la financiación y sostenibilidad de los sistemas de transporte público en Colombia

En la Cámara de Representantes avanza una iniciativa legislativa que pretende asegurar la operación continua, eficiente y de calidad de los Sistemas Integrados de Transporte Público (SITP), Masivo (SITM), Estratégico (SETP) y Regional (SITR) en el país. El proyecto plantea un modelo de cofinanciación entre la Nación y las entidades territoriales, con el fin de establecer fuentes claras y permanentes de recursos.

La propuesta, liderada por la representante Carolina Arbeláez y respaldada como coautora por la congresista Juliana Aray, surge en respuesta a la crisis financiera que atraviesan estos sistemas, cuyo déficit supera los 6 billones de pesos y que afecta a millones de usuarios en todo el territorio nacional.

En ciudades como Cartagena, donde el sistema Transcaribe enfrenta dificultades para sostener su operación, la iniciativa contempla medidas específicas para evitar un eventual colapso. Entre ellas, se incluye la posibilidad de que el Gobierno Nacional asuma parte del diferencial tarifario, la creación de un fondo de estabilización a nivel territorial, y el acceso a recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento y expansión de la operación.

El articulado también propone esquemas tarifarios diferenciados para estudiantes, personas en situación de vulnerabilidad y población de bajos ingresos, así como incentivos para la transición hacia tecnologías limpias, en línea con los compromisos ambientales de las ciudades.

Con más de 14 millones de colombianos que dependen diariamente del transporte público, este proyecto de ley se presenta como una herramienta jurídica para garantizar la sostenibilidad de un servicio esencial, aliviar la carga financiera de los entes territoriales y promover una movilidad más equitativa y sostenible en el país.

Fuente: camara.gov.co

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Avanza en el Congreso proyecto de ley para proteger a trabajadores de la economía popular y combatir el “gota a gota”

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 450 de 2024, que busca reconocer, fomentar y proteger la economía popular y comunitaria en Colombia. Esta iniciativa surge como respuesta a la precariedad laboral que enfrentan más de 14 millones de personas que subsisten del rebusque diario, sin acceso a seguridad social, garantías laborales ni respaldo institucional.

El proyecto contempla la creación de un Fondo Nacional de Economía Popular, así como mecanismos de acceso a microcréditos formales, seguros, subsidios productivos, empleo digno y participación en compras públicas. Además, prevé el fortalecimiento de capacidades organizativas y técnicas de los trabajadores por cuenta propia, como recicladores, vendedoras informales, tenderos, cocineras comunitarias y artistas callejeros.

Una de las principales problemáticas que pretende abordar la iniciativa es la dependencia de estos sectores del sistema ilegal de préstamos conocido como “gota a gota”, cuyos intereses pueden alcanzar tasas de hasta el 666% para pequeños negocios. Esta práctica ha desencadenado graves consecuencias, incluyendo amenazas, extorsiones y casos de violencia como los registrados recientemente en Ibagué, Neiva y Bogotá.

La aprobación de esta propuesta legislativa representa un avance en el reconocimiento de la economía popular como un pilar fundamental del tejido productivo nacional. El proyecto también incorpora un enfoque territorial y solidario, con el objetivo de promover un modelo de desarrollo más justo e incluyente para los sectores históricamente marginados.

Fuente: camara.gov.co

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Aprobada la «Ley Sarita», una norma que agiliza la entrega de cuotas alimentarias a menores en procesos judiciales

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley conocido como «Ley Sarita», una iniciativa legislativa que busca garantizar la entrega anticipada y oportuna de las cuotas alimentarias embargadas a favor de niñas, niños y adolescentes, sin necesidad de esperar la finalización de largos procesos judiciales.

El proyecto, impulsado por la senadora Liliana Bitar del Partido Conservador, responde a una problemática que afecta a miles de menores en Colombia: actualmente, cuando un juez embarga el salario o pensión de un padre por incumplimiento en el pago de alimentos, el dinero puede permanecer congelado en el Banco Agrario durante años, mientras se resuelve el proceso, afectando directamente el sustento de los menores.

La nueva normativa modifica el Código General del Proceso para incluir un nuevo artículo, el 397A, y también introduce ajustes al artículo 447. Estas reformas establecen un procedimiento especial que ordena a los jueces de familia entregar sin dilaciones los dineros embargados cuando se trata de cuotas alimentarias en favor de menores de edad.

La ley toma su nombre del caso de Sara Guiselle, una niña con múltiples discapacidades cuya historia fue conocida a través del consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. Durante más de año y medio, Sarita no pudo acceder a los recursos económicos embargados a su padre, a pesar de sus urgentes necesidades médicas y personales. Este caso inspiró el desarrollo de la ley, que busca evitar que situaciones similares se repitan.

Con esta aprobación, la ‘Ley Sarita’ culmina su trámite legislativo y queda pendiente de la sanción presidencial para entrar en vigencia. Se estima que la norma impactará positivamente más de 55.000 procesos de alimentos activos en el país, permitiendo que los menores beneficiarios accedan de forma más ágil y efectiva a sus derechos.

Fuente: senado.gov.co

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Cámara de Representantes subsana vicio de procedimiento en la Reforma Pensional, como lo ordenó la Corte Constitucional

En cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, la Cámara de Representantes repitió el debate y la votación de la proposición sustitutiva presentada por la representante María del Mar Pizarro y otros congresistas, que había sido aprobada inicialmente el 14 de junio de 2024 durante la tramitación de la Reforma Pensional.

La decisión se adoptó con 104 votos a favor y 9 en contra, en el marco de sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno Nacional. El Alto Tribunal había identificado un vicio de procedimiento y exigió a la Cámara llevar a cabo nuevamente la discusión para garantizar el cumplimiento de los requisitos formales del proceso legislativo.

Tras la aprobación de la proposición sustitutiva que adopta el texto previamente aprobado en el Senado, la plenaria dedicó más de cinco horas a debatir el auto de la Corte, el cual también ordenaba que se diera espacio a la discusión de otras proposiciones. En ese contexto, fue negada por mayoría la propuesta del representante Juan Carlos Wills, que buscaba reabrir el debate sobre el articulado del Senado.

Finalmente, la Cámara procedió a votar el título y la pregunta del proyecto, obteniendo 97 votos positivos. Con ello, la presidencia de la corporación deberá enviar a la Corte Constitucional el informe correspondiente, como parte del proceso de subsanación del trámite.

Mientras tanto, y por disposición del propio Tribunal Constitucional, se mantiene suspendida la entrada en vigencia de la Reforma Pensional —originalmente prevista para el 1 de julio de 2025—, salvo por los artículos 12, su parágrafo transitorio y el artículo 76 de la ley aprobada. El alto tribunal continuará el estudio de otras demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la reforma.

Fuente: camara.gov.co

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Entra en vigencia la reforma laboral en Colombia tras aprobación en el Congreso

Tras completar su trámite legislativo, fue aprobada en el Congreso de la República la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, la cual entrará en vigencia dentro de seis meses y representa una transformación significativa en las condiciones laborales del país. La nueva normativa introduce cambios clave en temas como la jornada nocturna, los recargos dominicales, la formalización del trabajo en plataformas digitales y las condiciones contractuales de los aprendices del SENA.

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la redefinición del horario nocturno, que ahora comenzará a partir de las 6:00 p. m., así como el aumento progresivo de los recargos por trabajo en domingos y festivos. Asimismo, se establecen disposiciones para mejorar las garantías laborales de quienes trabajan a través de aplicaciones digitales, y se fortalece la figura del contrato de aprendizaje, buscando una mayor vinculación formal de los practicantes.

Durante el acto de sanción del proyecto, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, destacó la importancia del trabajo legislativo en la construcción de reformas estructurales como la laboral y la de salud. Subrayó también la capacidad del Congreso para legislar en armonía con el Ejecutivo, sin perder la autonomía institucional, y expresó su respaldo a la reforma pensional, la cual deberá ser nuevamente debatida en la plenaria de la Cámara por mandato de la Corte Constitucional.

Con la entrada en vigor de esta normativa, las empresas tendrán un plazo de seis meses para adecuar sus políticas y prácticas laborales a los nuevos lineamientos establecidos por la ley.

Fuente: camara.gov.co

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