Cámara avanza en proyecto que convertiría en política pública las prácticas remuneradas para jóvenes en el sector estatal

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dio un paso decisivo en la discusión del proyecto que busca transformar el actual programa Colombia Estado Joven en una política pública permanente, con el fin de garantizar condiciones laborales dignas para los estudiantes que realizan prácticas en entidades del Estado. La iniciativa surge ante la falta de continuidad financiera del programa, que desde su creación en 2016 ha tenido dificultades de sostenibilidad y no recibió recursos en 2023.

La propuesta plantea que todos los practicantes del sector público, incluyendo pasantes, judicantes y estudiantes vinculados mediante relaciones docencia-servicio, reciban un auxilio económico equivalente, como mínimo, a un salario mínimo mensual. Además, establece la obligatoriedad de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, así como convocatorias públicas y transparentes, una base nacional unificada de practicantes y estrictos mecanismos de protección de derechos.

El proyecto incorpora criterios de equidad para priorizar el acceso de jóvenes de estratos 1, 2 y 3, mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y personas con discapacidad. Asimismo, prevé una inversión anual cercana a los $777.590 millones para garantizar el sostenimiento de todos los practicantes del sector estatal, con seguimiento por parte del Ministerio del Trabajo y reportes periódicos al Congreso.

La iniciativa, que ahora espera debate en la plenaria de la Cámara, busca cerrar la brecha entre educación y empleo, aportar a la reducción del desempleo juvenil, que se aproxima al 19,9%, y fortalecer la modernización del servicio público mediante la vinculación de nuevas generaciones con formación digital y visión innovadora.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara aprueba la “Ley Empatía” y refuerza la educación ambiental y el bienestar animal en Colombia

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto conocido como “Ley Empatía”, una iniciativa que marca un cambio significativo en la forma en que el sistema educativo aborda el respeto por los animales y la relación con los ecosistemas. La propuesta incorpora, de manera obligatoria, contenidos sobre protección y bienestar animal en los programas académicos de instituciones públicas y privadas, integrando además estos temas en la Política Nacional de Educación Ambiental.

El objetivo central es fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas, promoviendo valores como la empatía, la ética y el respeto por todas las formas de vida. Con ello, las aulas colombianas deberán abrir espacio a nuevas prácticas pedagógicas que fomenten la comprensión de los ecosistemas, la responsabilidad frente a los seres sintientes y la participación activa en la conservación de la biodiversidad.

La iniciativa establece que el Ministerio de Educación Nacional tendrá un plazo de hasta seis meses después de la sanción presidencial para diseñar y adoptar los lineamientos curriculares que permitirán la aplicación de este enfoque en todos los grados escolares. Estos lineamientos deberán orientar a docentes y directivos en la incorporación de temáticas sobre bienestar animal, sostenibilidad y manejo responsable de los recursos naturales.

Además, la ley introduce dos innovaciones importantes. En primer lugar, los estudiantes de educación media podrán realizar su servicio social en entidades públicas o privadas dedicadas al bienestar y la protección animal, lo que abre un espacio para experiencias formativas directas y contribuye a fortalecer el compromiso juvenil con el cuidado de los seres sintientes. En segundo lugar, se creará una Red Nacional de Docentes para la Protección y el Bienestar Animal, destinada a facilitar el intercambio de buenas prácticas, la elaboración de materiales pedagógicos y el fortalecimiento de la formación docente en esta área especializada.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara aprueba reforma constitucional para ampliar la educación obligatoria de los 3 a los 18 años

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un acto legislativo que busca modificar el artículo 67 de la Constitución Política, con el fin de ampliar el rango de edad de la educación obligatoria en Colombia. La reforma propone que la permanencia en el sistema educativo sea desde los 3 hasta los 18 años, en lugar de los actuales 5 a 15 años. La medida tiene como propósito disminuir la deserción escolar, fortalecer la cobertura educativa y garantizar que los niños, niñas y jóvenes culminen sus estudios básicos y medios.

El proyecto establece la obligatoriedad de tres años de preescolar, nueve de educación básica y dos de educación media, con lo que se pretende mejorar la continuidad académica y los resultados en pruebas nacionales como las Saber 11, cuyos puntajes promedio se mantienen por debajo de los estándares esperados. La iniciativa surge en respuesta a los altos niveles de abandono escolar, especialmente en grados 10° y 11°, asociados a factores económicos, sociales y de maternidad temprana.

Las regiones más afectadas por la deserción, como Caquetá, Putumayo, Quindío, Vaupés y Amazonas, muestran además marcadas brechas en comprensión lectora y calidad educativa. Con la aprobación de esta propuesta, se espera avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y equitativo, respaldado por futuras normas que consoliden el derecho a una educación continua y de calidad en todo el país.

Fuente: camara.gov.co

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Congreso impulsa ley para proteger a desplazados por factores ambientales en Colombia

El Congreso de la República avanza en la discusión del Proyecto de Ley No. 048 de 2025, una iniciativa que busca crear un marco de protección integral para las personas desplazadas por factores ambientales en Colombia. La propuesta surge como respuesta a la sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional, que reconoció la existencia del desplazamiento interno forzado por causas ambientales y advirtió vacíos normativos en la atención de esta población.

El proyecto, impulsado por los representantes Cristian Avendaño y Andrés Cancimance, propone reconocer a las víctimas del desplazamiento ambiental como sujetos de especial protección constitucional, equiparando su atención a la que reciben actualmente las víctimas del conflicto armado.

La iniciativa incluye medidas para garantizar derechos fundamentales como el acceso a vivienda digna, servicios básicos, salud y empleo. También contempla acciones preventivas, entre ellas, la implementación de sistemas de alerta temprana, programas de adaptación al cambio climático y estrategias de reubicación segura.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la creación de un registro nacional que permita identificar y caracterizar a las personas desplazadas por factores ambientales. Además, se evaluará la posibilidad de canalizar los recursos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de atender a las más de 22 mil personas afectadas por desastres naturales en el país.

Con esta iniciativa, el Congreso busca responder a una problemática creciente que, según cifras internacionales, afecta a millones de personas en la región y representa un nuevo desafío humanitario y ambiental para Colombia.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara de Representantes aprueba en primer debate proyecto que restablece la mesada 14 para los docentes oficiales

En sesión plenaria, la Cámara de Representantes dio su aval inicial al proyecto que busca revivir el pago de la mesada 14 para los maestros del país, beneficio eliminado hace más de veinte años en el marco de las reformas fiscales orientadas a contener el gasto público.

La iniciativa, que pretende reconocer este derecho exclusivamente a los docentes oficiales, se fundamenta en la existencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), entidad con un funcionamiento financiero independiente, similar al de los fondos de retiro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

De acuerdo con la exposición de motivos, la medida cobijaría a cerca de 164.117 docentes jubilados, sin extenderse al resto de pensionados del país, debido a las implicaciones fiscales que supondría una aplicación generalizada.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá surtir ocho debates en total. Tras la aprobación en la Cámara, continuará su trámite en la Comisión y la Plenaria del Senado, para luego repetir el mismo proceso en ambas corporaciones. Todo el procedimiento deberá completarse antes de finalizar la presente legislatura para que, en caso de aprobación definitiva, el texto pueda ser sancionado por el presidente de la República.

Fuente: camara.gov.co

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