Congreso impulsa ley para prohibir la mutilación genital femenina en Colombia

En un esfuerzo por erradicar la mutilación genital femenina en Colombia, congresistas de diversas bancadas han radicado un proyecto de ley que busca prohibir esta práctica, aún presente en la comunidad indígena Embera. La iniciativa ha cobrado mayor relevancia tras un conversatorio en la Universidad de los Andes, donde participaron el Congreso de la República, Equality Now, el Ministerio del Interior, lideresas indígenas y el programa Acción por la Igualdad y la Inclusión Social.

El proyecto, liderado por las representantes Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza, Carolina Giraldo y la senadora Angélica Lozano, tiene un enfoque preventivo y busca generar un cambio cultural en lugar de imponer nuevas penas. Según Vásquez, Colombia sigue siendo uno de los 92 países donde esta práctica persiste, y destacó el rol de la Gran Nación Embera en la lucha por erradicarla.

Carolina Giraldo, ponente del proyecto, subrayó la urgencia de incluir el tema en la agenda pública, recordando que Colombia es el único país de América donde aún se reportan casos de mutilación genital femenina. Por su parte, Juliana Dominico, consejera de la Gran Nación Embera, alertó sobre la gravedad de la situación, señalando que la práctica se realiza en niñas desde los 17 días de nacidas hasta los 12 años, con un aumento de casos tras la pandemia que ha resultado en la muerte de menores.

Claudia Peragamo, lideresa de la comunidad Embera Katío, hizo un llamado al Estado para fortalecer las normativas que protejan a las niñas indígenas y recalcó que la ablación no es una tradición propia de su comunidad.

La propuesta legislativa busca garantizar una vida libre de violencia para niñas y mujeres en Colombia, promoviendo además el financiamiento de políticas públicas y el respaldo de organizaciones sociales en la defensa de los derechos de las mujeres.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara de Representantes crea comisión para evaluar la declaratoria de Conmoción Interior en el Catatumbo

En respuesta a la reciente declaratoria de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, la mesa directiva de la Cámara de Representantes ha expedido una resolución mediante la cual se conforma una comisión accidental encargada de analizar las causas y fundamentos que llevaron al Gobierno Nacional a adoptar esta medida excepcional.

La comisión estará integrada por los representantes a la Cámara de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, así como por al menos un representante de cada bancada, incluyendo partidos de gobierno, oposición e independientes. Su principal función será evaluar la proporcionalidad y necesidad de la declaratoria de Conmoción Interior, conforme a los lineamientos constitucionales y legales vigentes.

De acuerdo con la resolución expedida, la comisión tendrá un plazo de 15 días para presentar sus conclusiones y recomendaciones. Dichas recomendaciones serán elevadas ante la plenaria de la Cámara de Representantes para su consideración y aprobación. Este análisis buscará garantizar el respeto al Estado de Derecho y la pertinencia de la medida frente a la situación de orden público en la región.

La declaratoria de Conmoción Interior por parte del Gobierno Nacional responde a la grave crisis de seguridad que afecta al Catatumbo, caracterizada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, aumento en los actos de violencia contra la población civil y amenazas a la institucionalidad. Bajo este estado de excepción, el Ejecutivo adquiere facultades especiales para restablecer el orden, lo que ha generado preocupaciones en distintos sectores sobre el alcance y posible impacto de las medidas adoptadas.

Diversos sectores políticos han expresado su opinión sobre la medida. Mientras algunos respaldan la declaratoria como un mecanismo necesario para garantizar la seguridad en la región, otros han manifestado su preocupación por posibles excesos y afectaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La conformación de esta comisión responde a la necesidad de un control político riguroso sobre la aplicación de la Conmoción Interior y sus eventuales consecuencias.

Fuente: camara.gov.co

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Crisis humanitaria en el Catatumbo: La Comisión Legal de Paz exige medidas urgentes al Gobierno Nacional

La Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes expresó su profunda solidaridad y preocupación ante la grave crisis humanitaria que afecta a la subregión del Catatumbo, donde en los últimos días se han intensificado los enfrentamientos armados, dejando un saldo devastador.

Según el informe, más de 80 personas han perdido la vida en tan solo tres días, mientras que un número indeterminado de civiles ha sido secuestrado. Las comunidades locales enfrentan desplazamientos masivos, confinamientos, la paralización de clases, el cierre del comercio y la interrupción del transporte. Entre las principales víctimas se encuentran campesinos y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.

La Comisión resaltó que esta crisis se ve exacerbada por el histórico abandono estatal en la región del Catatumbo, lo que ha dejado a sus habitantes en una situación de extrema vulnerabilidad frente a las disputas entre grupos armados. En este contexto, la Comisión hizo un llamado contundente al ELN y al EMB-FARC para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y cesen las hostilidades contra la población civil, además de exigir la liberación inmediata de los civiles retenidos.

Demandas al Gobierno Nacional

La Comisión Legal de Paz también solicitó al Gobierno Nacional la implementación de acciones urgentes para mitigar la crisis y proteger a la población afectada. Entre sus exigencias destacan:

  1. Adoptar medidas inmediatas de protección para la población civil.
  2. Garantizar corredores humanitarios para la evacuación segura de las comunidades en riesgo.
  3. Cumplir con los principios de subsidiariedad y corresponsabilidad en la atención integral de las víctimas del conflicto.
  4. Recuperar el control territorial en la región.
  5. Buscar mecanismos humanitarios que permitan desescalar el conflicto.
  6. Acelerar la firma e implementación del «Pacto por la Transformación Territorial del Catatumbo», una herramienta clave para abordar las causas estructurales de la violencia en esta zona.

La Comisión reiteró que el Estado colombiano debe priorizar la asistencia integral y la seguridad de las comunidades afectadas, especialmente en una región históricamente golpeada por el conflicto armado. El llamado se extiende también a los actores armados ilegales, para que cesen las acciones que ponen en riesgo la vida y dignidad de la población civil.

La situación del Catatumbo representa una de las más graves crisis humanitarias en el país, y la respuesta oportuna y efectiva de las autoridades será determinante para evitar mayores tragedias.

Fuente: camara.gov.co

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Reforma del Código Procesal del Trabajo: nuevos jueces y digitalización para descongestionar el sistema

En el marco de la modernización del sistema judicial laboral, el Congreso de de la República continúa avanzando en la discusión de la reforma al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Este conjunto de normas, que regula las relaciones laborales y la función jurisdiccional del Estado en esta materia, está siendo revisado con el objetivo de mejorar la eficiencia, accesibilidad y agilidad en la resolución de conflictos laborales.

Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la eliminación de los jueces laborales de única instancia, quienes serán reemplazados por jueces laborales municipales. Según lo dispuesto en el artículo 13 del proyecto, estos nuevos jueces tendrán competencia para conocer, en primera instancia, de los procesos laborales cuyo monto no supere los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Por su parte, los jueces del circuito se encargarán de los procesos que excedan ese umbral económico.

Otra innovación destacada es la flexibilización de la competencia territorial. El artículo 10 contempla la posibilidad de asignar casos laborales a cualquier juez o tribunal del país mediante medios electrónicos y en formato digital, atendiendo a la carga laboral de los despachos judiciales. Esta medida tiene como objetivo reducir los tiempos procesales y descongestionar los juzgados. Sin embargo, su implementación será reglamentada por el Consejo Superior de la Judicatura, que también definirá los requisitos para las partes que aleguen imposibilidad de usar tecnologías de la información y comunicación (TIC).

A pesar de estos avances, varios artículos del proyecto de ley aún están pendientes de discusión, por lo que la Cámara de Representantes retomará el debate en los próximos días. Se espera que esta renovación del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social represente un paso significativo hacia un sistema judicial más moderno y eficiente, adaptado a las necesidades de trabajadores y empleadores en el país.

Fuente: camara.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Avanza el Proyecto de Ley «Hijos del Estado» para jóvenes egresados del ICBF

Avanza el Proyecto de Ley «Hijos del Estado» para jóvenes egresados del ICBF

El Congreso de la República se encuentra a punto de aprobar un proyecto de ley que promete transformar la vida de los jóvenes mayores de edad y en condición de discapacidad que egresan del sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sin haber sido adoptados. Conocida como la iniciativa Hijos del Estado, esta propuesta busca garantizar un acompañamiento integral a esta población históricamente desprotegida.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto impulsado por la senadora Lorena Ríos, con la coordinación de los representantes Alexandra Vásquez y Jairo Cristo. Ahora, solo resta la aprobación en plenaria para su paso a conciliación y posterior sanción presidencial.

Un programa para la inclusión y la autonomía

La iniciativa propone la creación del Programa Nacional de Acompañamiento Integral al Egresado, que tiene como finalidad apoyar a tres grupos principales:

  1. Jóvenes mayores de edad que egresaron del sistema de protección del ICBF.
  2. Adolescentes y jóvenes próximos a egresar con declaratoria de adoptabilidad.
  3. Jóvenes mayores de 18 años con discapacidad que permanecen bajo la protección del ICBF.

El proyecto contempla la implementación de Unidades de Acompañamiento Integral para fortalecer habilidades sociales, emocionales, educativas y laborales. Además, incluye un apoyo económico equivalente al 80 % del salario mínimo durante seis meses tras el egreso, junto con la priorización de esta población en programas educativos y sociales hasta los 28 años.

Impulso al bienestar integral y la empleabilidad

Otro de los ejes fundamentales de esta propuesta es la capacitación especializada para el personal del ICBF en temas psicoafectivos, así como la creación de programas que promuevan la empleabilidad y el emprendimiento juvenil. Esto incluye formación empresarial y líneas de crédito preferenciales para garantizar la autonomía económica de los beneficiarios.

Un estudio de la Universidad de Antioquia ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades a las que se enfrentan los jóvenes tras dejar el sistema de protección, evidenciando la necesidad urgente de medidas estructurales para asegurar su inclusión y bienestar.

El Proyecto de Ley «Hijos del Estado» representa un paso significativo hacia la consolidación de un sistema más justo y equitativo que ofrezca a estos jóvenes una oportunidad real de construir una vida digna y autónoma.

Fuente: camara.gov.co

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