Oct 23, 2024 | Actualidad Prime
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un hito en la historia jurídica de Colombia al celebrar una audiencia de diálogo intercultural con el Pueblo Siona los días 13 y 14 de septiembre en Mocoa, Putumayo. La Sala de Reconocimiento llevó a cabo este encuentro en la Casa de Mai, espacio sagrado del Cabildo Jai Ziaya Bain, integrando por primera vez los testimonios espirituales y culturales de los Jai Bain (taitas), las romingo (abuelas) y la Guardia Indígena, como parte de la investigación de los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos indígenas en el marco del Caso 09, que aborda los impactos del conflicto armado en Pueblos y Territorios Étnicos.
La audiencia estuvo enmarcada en la ceremonia espiritual del Mai ëco (Yagé), planta sagrada que los Siona consideran esencial para el diálogo con sus ancestros y la conexión con la madre tierra. Este proceso permitió a la magistratura de la JEP recoger testimonios desde una perspectiva indígena sobre las graves afectaciones sufridas entre 1996 y 2016. Los líderes Siona narraron cómo el conflicto les ha arrebatado no solo vidas humanas, sino también espacios sagrados, su cultura y su conexión ancestral con la tierra.
Durante la audiencia, las romingo denunciaron el exterminio físico y cultural que enfrenta su pueblo, describiendo el miedo a traer nuevas vidas a un mundo marcado por la violencia. Mientras tanto, los cuiracua (Guardia Indígena) destacaron la necesidad de contar con garantías para la protección de su territorio y la preservación de sus lugares sagrados. En sus intervenciones, también señalaron el impacto devastador que la extracción de recursos, como el petróleo, ha tenido sobre su medio ambiente y modos de vida.
La JEP, a través de esta audiencia, busca garantizar la participación efectiva del Pueblo Siona, aplicando un enfoque étnico-racial que respeta su cosmovisión y sus formas propias de justicia. Esta integración no solo profundiza en la investigación de los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas, sino que también refuerza las garantías de justicia y supervivencia para una comunidad que enfrenta riesgos de exterminio, reconocidos internacionalmente desde 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: jep.gov.co
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Jun 12, 2024 | Actualidad Prime
En una audiencia reservada celebrada el 31 de mayo en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Filipinas, hoy conocido como ‘Villa Paz’, la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a seis voceros de un grupo de 32 personas que aseguran haber pertenecido a las Farc-EP, pero que no fueron incluidas en los listados entregados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en 2017.
Durante esta diligencia sin precedentes, las magistradas Alexandra Sandoval Mantilla y Marcela Giraldo Muñoz recabaron información crucial para atender las solicitudes de estos individuos y resolver su situación jurídica. Las magistradas indagaron sobre el año y las circunstancias de su ingreso a las Farc-EP, la estructura a la que pertenecieron, quiénes eran sus comandantes, su rango en la extinta guerrilla y la razón de fuerza mayor por la que no fueron incluidos en los listados originales.
Las declaraciones obtenidas bajo juramento fueron complementadas con testimonios de exmiembros de las Farc-EP, un representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un representante de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y Pastor Alape, excomandante de las Farc-EP y representante del Partido Comunes.
Los participantes de la audiencia relataron las dificultades que han enfrentado durante el proceso de reincorporación debido a su falta de reconocimiento legal como firmantes del acuerdo de paz. Este grupo de personas ha solicitado a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP que verifique su situación jurídica para poder acceder a los programas de reincorporación económica, política y social que ofrece la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
Al concluir la diligencia, la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, vicepresidenta de la sala, indicó que pronto se tomará una decisión basada en la información recopilada sobre la situación jurídica de estas 32 personas. La decisión determinará si serán incluidas en los listados del Comité Técnico Interinstitucional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que les permitiría ser reconocidos oficialmente como exmiembros de las Farc-EP.
La magistrada Sandoval subrayó la importancia de garantizar la seguridad jurídica a los exintegrantes de las Farc-EP que dejaron las armas y están comprometidos con el Acuerdo de Paz, destacando que este paso es fundamental para fortalecer el proceso de reintegración a la sociedad y prevenir la repetición del conflicto armado en Colombia.
Fuente: jep.gov.co
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May 15, 2024 | Actualidad Prime
En un esfuerzo por restaurar los ecosistemas afectados por especies invasoras, el proyecto restaurativo «Siembras de Vida» de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha comenzado la erradicación manual del retamo espinoso en la región del Sumapaz. A pocos metros del embalse de Chisacá, en la localidad de Usme, cuarenta comparecientes de la JEP iniciaron su labor, enfrentando terrenos difíciles y resbaladizos para eliminar esta planta que ha invadido los Andes colombianos.
El retamo espinoso, introducido hace aproximadamente cincuenta años desde Europa para crear cercas naturales, ha proliferado rápidamente, desplazando a las especies nativas y alterando el ecosistema andino. Este proyecto de la JEP busca intervenir quince hectáreas en los próximos meses, comenzando con la delimitación de áreas de hasta 300 metros cuadrados donde los comparecientes trabajan en subgrupos para abarcar el mayor terreno posible.
Armados con machetes, picas, palas y azadones, los participantes abordan manualmente la erradicación del retamo, utilizando equipos de seguridad industrial como botas, sombreros, overoles y guantes de carnaza para protegerse de las espinas y la difícil topografía. La primera fase del proyecto implica limpiar el terreno y establecer una estrategia para la eliminación completa del retamo.
El trabajo se realiza bajo la supervisión de la Oficina Asesora de Monitoreo Integral de la Secretaría Ejecutiva de la JEP y con el apoyo de Naciones Unidas, que se encargan de recolectar datos y monitorear el progreso. El material vegetal retirado se agrupa en bolsas plásticas negras y será transportado para su procesamiento por la autoridad ambiental competente.
Este esfuerzo de erradicación manual no solo busca restaurar el equilibrio ecológico, sino también contribuir a la reconciliación y la construcción de paz en Colombia, involucrando a comparecientes en actividades productivas y sostenibles que beneficien a las comunidades locales y al medio ambiente.
Fuente: jep.gov.co
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May 8, 2024 | Actualidad Prime
En cumplimiento del compromiso de la JEP de garantizar la seguridad jurídica a los comparecientes de su competencia, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP ha ordenado a la Policía Nacional, Interpol, Dijín y la Registraduría Nacional que eliminen los antecedentes judiciales de 9,600 firmantes de paz de las extintas FARC-EP que recibieron amnistías de iure otorgadas por decreto de la Presidencia de la República por delitos políticos cometidos durante el conflicto armado.
Esta decisión tiene como objetivo materializar los beneficios jurídicos otorgados a los firmantes de paz que fueron amnistiados por el Estado colombiano entre junio de 2017 y julio de 2018, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, para garantizar su reincorporación de manera efectiva.
A pesar de recibir la amnistía, los beneficiarios enfrentaron obstáculos ya que sus antecedentes seguían vigentes. Por lo tanto, la SAI proporcionará un listado de los amnistiados para que las autoridades pertinentes actualicen o eliminen los registros relacionados con delitos políticos cometidos antes del 1 de diciembre.
En su resolución, la SAI destacó que numerosas peticiones presentadas ante la JEP revelaron la persistencia de estos registros en los sistemas de información de entidades estatales, obstaculizando el ejercicio de sus funciones sin un fundamento legal.
Los más de 9600 amnistiados no tienen responsabilidad en crímenes de guerra ni en violaciones de derechos humanos y tienen su situación legal resuelta. La claridad sobre su estatus legal es crucial para fortalecer su reintegración social y avanzar en los esfuerzos de paz.
La reincorporación efectiva de quienes están comprometidos con la paz garantiza el mandato de la JEP en la protección de los derechos de las víctimas. Si bien los beneficiarios deben cooperar con la JEP y la UBPD cuando sean convocados, aquellos que fueron amnistiados sin más obligaciones legales pueden continuar con su proceso de reintegración, convirtiéndose en contribuyentes activos para un país mejor.
Iniciada en septiembre de 2023, la investigación liderada por la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, en colaboración con agencias de paz relevantes y con el apoyo del PNUD, recopiló decretos presidenciales que concedieron amnistía a firmantes de paz, comunicados públicamente en febrero de 2024.
Desde entonces, la Sala ha visitado Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para entregar personalmente certificados de amnistía. Con el respaldo de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, se han entregado certificaciones en el ETCR Miravalle en San Vicente del Caguán y en el ETCR La Variante en Tumaco.
Fuente: jep.gov.co
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Abr 1, 2024 | Actualidad Prime
En un acto de significativa trascendencia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha notificado oficialmente a las comunidades del río Cauca sobre el reconocimiento de este afluente como víctima del conflicto armado en Colombia. Esta diligencia, que tuvo lugar en el corregimiento La Balsa, municipio de Buenos Aires (Cauca), marca un punto de inflexión en la justicia ambiental y la búsqueda de reconciliación en el país.
Con el río Cauca como protagonista, la JEP realizó un recorrido por sus corrientes en compañía de representantes de los Consejos Comunitarios de la Cuenca del Cauca, la Microcuenca de los ríos Teta y Mazamorrero, así como otras organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas. A través de cantos, elementos simbólicos y ofrendas, se notificó a estas comunidades que el río Cauca ha sido reconocido como una víctima del conflicto, en el marco del Caso 05 que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Este reconocimiento, catalogado como «con pertinencia natural», busca iniciar un proceso de reconciliación con el río y la naturaleza, reconociendo el papel central que desempeña el Cauca en la vida de las comunidades caucanas. Durante años, este afluente ha sido testigo de graves violaciones, incluyendo el uso de sus aguas como fosa común por parte de grupos paramilitares con la complicidad de la fuerza pública.
La notificación de la JEP, que se llevó a cabo con actos restaurativos y armonización, representa un primer paso hacia la reconstrucción de los vínculos rotos por la violencia entre las comunidades y el entorno natural. Para las víctimas del conflicto, sanar es el único camino hacia adelante, reconociendo el valor esencial que tiene el río Cauca en sus vidas.
Este reconocimiento fue motivado por la evidencia judicial que revela el uso sistemático del río como fosa común entre los años 2000 y 2004. Como parte del proceso de notificación, la JEP recorrió junto a las comunidades algunos sitios emblemáticos de la violencia, honrando la memoria de las víctimas y buscando restaurar la conexión perdida entre las comunidades y el río.
La participación de representantes de comunidades ancestrales, negras e indígenas de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, así como autoridades territoriales y organismos de control, subraya la importancia de este proceso para la reconciliación nacional. En un simbólico recorrido en canoas por el río Cauca, las comunidades y la JEP cerraron este acto de notificación con pertinencia natural.
Fuente: jep.gov.co
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