Jul 26, 2024 | Actualidad Prime
En cumplimiento de la Resolución 1235 de 2024, los ministerios de Justicia y del Derecho, y de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), firmaron este martes un compromiso con las mujeres privadas de la libertad en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá. Este acuerdo busca garantizar acciones administrativas, técnicas y financieras para suministrar productos que promocionen su salud y cuidado menstrual.
En el acto, las mujeres privadas de la libertad se comprometieron a ser responsables con su autocuidado y a disponer adecuadamente de los desechos sanitarios, con el fin de garantizar su salud y bienestar.
La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, quien estuvo acompañada por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, destacó la importancia de estas campañas. «Sabemos que estas iniciativas no solo deben implementarse para cumplir con una norma, sino porque es crucial llevar a cabo acciones que dignifiquen a las personas. Agradecemos el apoyo de organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas, ya que sin su colaboración es más complicado asegurar el respeto a los derechos de la población carcelaria», afirmó la ministra.
El compromiso firmado proyecta realizar al menos 10 capacitaciones similares en distintos establecimientos penitenciarios del país. El objetivo es ofrecer información completa y adecuada sobre la gestión de la salud menstrual de estas mujeres, beneficiando a más de 6.400 privadas de la libertad.
Se busca que estas mujeres comprendan la importancia de una correcta gestión menstrual y los impactos en su salud, bajo los principios de dignidad, igualdad de género, autonomía y no discriminación. Además, se pretende asegurar su acceso a servicios de salud, educación, trabajo, agua y saneamiento.
Fuente: minjusticia.gov.co
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May 16, 2024 | Actualidad Prime
En un importante avance para la justicia digital, Colombia ha ratificado el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, conocido como el «Tratado de Medellín». Este tratado, promovido por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), ha sido adoptado por varios países de la Comunidad Iberoamericana.
El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien también coordina la COMJIB a nivel nacional, celebró la ratificación del tratado, destacando su relevancia en el contexto actual donde la digitalización de la justicia es una prioridad del Gobierno. «Esta es sin duda una gran noticia para Colombia, en tiempos en los que la virtualidad se impuso y en los que la digitalización de la justicia se ha convertido en una de las banderas del Gobierno nacional», afirmó Osuna.
El tratado se basa en la plataforma electrónica Iber@, operativa desde 2020, que facilita la transmisión segura y confidencial de solicitudes de cooperación jurídica entre los países miembros de la COMJIB. Iber@ asegura la validez legal de los documentos transmitidos electrónicamente y elimina la necesidad de envíos físicos, agilizando los trámites y mejorando la eficiencia de los procedimientos judiciales.
La ratificación del Tratado de Medellín permitirá a Colombia acelerar la cooperación jurídica internacional, haciendo más eficaces los procesos y garantizando una justicia más rápida y accesible. Con esta adhesión, Colombia se convierte en el duodécimo país en ratificar el tratado, uniéndose a Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, España, Portugal, Paraguay y Uruguay. Los restantes países de COMJIB están en proceso de ratificación.
El tratado entró en vigor para Colombia este 15 de mayo, y representa un importante avance en la optimización de recursos económicos, humanos y ambientales en el ámbito judicial.
Fuente: minjusticia.gov.co
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Abr 12, 2024 | Actualidad Prime
En la semana conmemorativa del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, el Observatorio de Justicia Transicional de Colombia, bajo la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha presentado su estudio «Transiciones justas en clave restaurativa: Medidas y sanciones restaurativas en casos de violencias basadas en género y violencias por prejuicio».
El informe examina la concepción, diseño e implementación de enfoques de género y la perspectiva interseccional en la justicia restaurativa para casos de violencias basadas en género y prejuicio. Propone cerca de 20 buenas prácticas tanto para autoridades judiciales como para entidades del ejecutivo, con roles en la Justicia Transicional Restaurativa en Colombia.
Los resultados del estudio han sido compartidos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un esfuerzo por respaldar y contribuir técnicamente a su labor fundamental.
Mariana Ardila, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, enfatiza: «El momento de la justicia transicional restaurativa para las más de 35 mil víctimas de diferentes tipos de violencias de género y violencias por prejuicio registradas en la JEP es ahora.»
El lanzamiento de este estudio busca enriquecer el debate sobre cómo diseñar e implementar medidas que contribuyan efectivamente a reparar y restaurar los profundos daños causados por estas violencias.
Las recomendaciones se centran en acciones que contribuyan a prevenir la violencia basada en género y el prejuicio, así como en transformar las condiciones estructurales que perpetúan la exclusión y discriminación. Además, destacan la importancia de garantizar la participación y seguridad de las víctimas en el proceso, así como el cuidado de su salud mental y emocional.
El estudio contó con la participación de diversas organizaciones sociales, funcionarios de la JEP, académicos y expertos internacionales en justicia transicional y restaurativa, así como representantes de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. Fue realizado bajo la consultoría de la Fundación APG, Paz y Reconciliación.
Fuente: Comisión del Senado debate regulación de Inteligencia Artificial ante expertos y representantes del sector
Feb 16, 2024 | Actualidad Prime
Ene 25, 2024 | Actualidad Prime
Con la firma de la sanción presidencial de la Ley 2346 del 10 de enero de 2024, Colombia establece un nuevo panorama en la responsabilidad de garantizar la alimentación de personas privadas de libertad de manera transitoria. La normativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, brinda claridad sobre la obligación del servicio de alimentación en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Hasta el 30 de junio de 2025, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) seguirá brindando apoyo en la alimentación de aproximadamente 17 mil sindicados, quienes actualmente se encuentran recluidos en centros de detención transitoria en todo el país. Este servicio, que representa una necesidad vital para aquellos sin condena, continuará con la entrega de tres raciones diarias.
A partir del 1 de julio de 2025, la responsabilidad de proporcionar alimentación a todas las personas recluidas en estos centros de detención recaerá en los municipios y departamentos del país. Esta decisión surge como resultado de una aclaración de la Corte Constitucional en 2022, que estableció que dicha responsabilidad pertenece a las entidades territoriales.
Según cifras oficiales, en la actualidad, alrededor de 17 mil personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria se benefician del servicio de alimentación proporcionado por la USPEC. Para el año 2024, se proyecta una partida presupuestaria de $670 mil 656 millones para cubrir esta necesidad específica.
La concertación de esta nueva legislación contó con la participación y apoyo de diversas organizaciones de municipios y departamentos, como Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios y la Federación Nacional de Departamentos. Además, fue socializada y acordada con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, asegurando una base legal robusta y respaldada por diversos sectores.
El año 2023 cerró con una asignación de $647 mil millones para la alimentación de todos los privados de la libertad, incluyendo aquellos internos en cárceles administradas por el INPEC. De estos recursos, aproximadamente $93 mil millones fueron destinados a estaciones de Policía y las URI. Con la nueva ley, se busca fortalecer y estructurar el sistema de alimentación en el ámbito transitorio, garantizando el bienestar de quienes aguardan su proceso judicial sin condena.
Fuente: minjusticia.gov.co
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