Ene 17, 2025 | Actualidad Prime
Recientemente, el senador Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, presentó ante el Congreso el proyecto de acto legislativo 09 de 2025. Esta iniciativa propone una reducción significativa en las remuneraciones de los congresistas, estableciendo un nuevo límite de hasta 20 salarios mínimos mensuales a partir del 20 de julio de 2026.
Actualmente, los congresistas en Colombia perciben una asignación mensual de más de 48 millones de pesos, lo que ha sido motivo de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. El proyecto busca enmendar el artículo 187 de la Constitución Política, reduciendo los salarios en casi un 50% y estableciendo que estos se reajusten anualmente de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Sin embargo, la propuesta aclara que este cambio no afectará el régimen salarial de otros funcionarios públicos, cuyos ingresos seguirán basándose en lo devengado por el Presidente de la República.
La radicación del proyecto cuenta con el respaldo de 57 congresistas de distintas bancadas, incluyendo figuras como Humberto De La Calle, Mauricio Gómez Amín, Esmeralda Hernández, y Robert Daza. Este apoyo multipartidista resalta el consenso sobre la necesidad de promover una mayor equidad y transparencia en las instituciones legislativas.
El senador Cepeda se mostró optimista respecto al avance del proyecto en el Congreso, destacándolo como un paso fundamental hacia la transformación del sistema político. Además, señaló que esta iniciativa podría contribuir a recuperar la confianza ciudadana en una institución que ha enfrentado críticas por percepciones de privilegios excesivos.
El proyecto iniciará su trámite legislativo una vez se reanuden las sesiones ordinarias. De ser aprobado, deberá superar ocho debates para convertirse en ley. Este proceso será observado de cerca, ya que la propuesta busca acercar las instituciones a la ciudadanía y consolidar una política más austera y alineada con las necesidades del país.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado discutirá proyecto de ley sobre gestión comunitaria del agua
Ene 16, 2025 | Actualidad Prime
El Senado de la República retomará en su nuevo periodo legislativo la discusión de un proyecto de ley que busca regular y fortalecer la gestión comunitaria del agua y el manejo de aguas residuales. Esta iniciativa, promovida por el senador Robert Daza Guevara del partido Pacto Histórico, ya obtuvo aprobación en primer debate por parte de la Comisión Sexta del Senado con una votación favorable de 7 votos.
El proyecto de ley, compuesto por 42 artículos, sufrió ajustes significativos tras el retiro de los artículos 7 y 14 para revisiones adicionales. El artículo 7, en su redacción original, declaraba de interés público la gestión comunitaria del agua, prohibiendo actividades extractivas en áreas críticas para la conservación hídrica y fomentando la restauración ambiental y la adaptación al cambio climático. Por su parte, el artículo 14 reconocía el derecho al agua como de utilidad pública, promoviendo acuerdos de conservación en zonas afectadas por actividades que comprometan fuentes hídricas.
De ser aprobado, el proyecto establecerá un marco legal para las Comunidades Gestoras del Agua, reconociéndolas como organizaciones sin ánimo de lucro regidas por principios de solidaridad y participación democrática. Estas comunidades deberán registrarse en el Sistema de Información de las Comunidades Gestoras del Agua (SIGCA) y estarán supervisadas por la Superintendencia de Servicios Públicos bajo un régimen especial.
El objetivo principal de esta legislación es garantizar un acceso equitativo al agua, mejorar las condiciones de vida en áreas rurales y periurbanas, y proteger las prácticas culturales y la autonomía de las comunidades que gestionan este recurso vital. Con un enfoque basado en derechos humanos, sostenibilidad y equidad, el proyecto busca abordar las crecientes problemáticas relacionadas con el acceso al agua y su gestión en el país.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Protección a la maternidad: Corte Constitucional falla contra desacuartelamiento injusto
Ene 10, 2025 | Actualidad Prime
En septiembre de 2024, el Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, radicó ante el Congreso el proyecto de ley No. 212 de 2024, que busca reformar la financiación de las instituciones de educación superior públicas en el país. La iniciativa, titulada “Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública”, pretende abordar la crisis económica que afecta a estas instituciones y garantizar un modelo sostenible en el tiempo.
El proyecto fue discutido parcialmente el pasado 16 de diciembre en el Senado, durante el último día de las sesiones ordinarias. La ponencia en primer debate, presentada por el senador Pedro Hernando Flórez, del Pacto Histórico, no logró completarse debido al avance de otros proyectos en riesgo de ser archivados.
Modificaciones propuestas
La iniciativa plantea cambios a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regulan los aportes económicos a las universidades públicas:
- Artículo 86: Se propone que los recursos destinados a las universidades estatales se ajusten anualmente según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador diseñado para reflejar con mayor precisión las necesidades del sector, en lugar de utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Artículo 87: Busca que los aportes del Gobierno Nacional aumenten en al menos el 70% del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB), en lugar del 30% actual. Estos incrementos no formarían parte de la base presupuestal de las universidades públicas.
El proyecto también incluye la creación del artículo 86A, que establece la asignación de un 0,05% del PIB al financiamiento de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUs), incluidas las de carácter territorial, históricamente excluidas de los mecanismos de financiación previstos en la ley actual.
Objetivos del proyecto
La propuesta busca garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas, mejorar su calidad y cobertura, y reducir desigualdades regionales y sociales en el acceso a la educación superior. Según el texto, estas reformas permitirían atender necesidades estructurales del sistema educativo, como la regionalización, el bienestar estudiantil, y la dignificación de la labor docente.
Próximos pasos
El proyecto será debatido nuevamente en la Comisión Sexta del Senado durante 2025, en un contexto de alta expectativa por parte del sector educativo. Representantes del movimiento estudiantil, rectores de universidades y expertos han expresado interés en que se avance en esta discusión, dados los retos financieros que enfrentan las instituciones de educación superior públicas en Colombia.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: La Comisión Legal de la Mujer presenta balance positivo de su gestión en Colombia
Ene 9, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Legal de la Mujer, bajo la presidencia de Lorena Ríos, ha presentado un informe destacado sobre su gestión reciente, resaltando avances significativos en materia legislativa, fortalecimiento regional y actividades conmemorativas en favor de los derechos de las mujeres colombianas.
Expansión territorial para una mayor representación femenina
Uno de los logros más sobresalientes fue la expansión territorial de la Comisión, que permitió la creación de más de 850 comisiones locales a nivel nacional. Estas estructuras han fortalecido la representación de las mujeres y garantizado la protección de sus derechos en las comunidades, llevando el trabajo legislativo y social a los territorios más alejados.
Progresos legislativos en pro de la equidad
En el ámbito normativo, la Comisión impulsó la prohibición del matrimonio infantil, un hito que refuerza la protección de los derechos de niñas y adolescentes. Además, lideró la reforma de la Ley de Mujer Rural, sin actualizarse en más de dos décadas, que actualmente avanza en el Senado. También se promovió la actualización de la Ley 1257, orientada a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, y se armonizaron 183 propuestas legislativas sobre temas de género, mejorando la coherencia y efectividad de estas iniciativas.
Fomento del emprendimiento femenino
En ciudades como Cúcuta, Barrancabermeja y Bogotá, la Comisión conectó la oferta nacional de servicios con lideresas locales, promoviendo políticas públicas que impulsan proyectos de emprendimiento femenino. Estas acciones buscan empoderar a las mujeres en sus comunidades y fortalecer su rol en el desarrollo económico del país.
Conmemoraciones y activismo por los derechos de las mujeres
En el ámbito conmemorativo, se celebraron los 70 años del voto femenino en Colombia, resaltando el papel clave de las mujeres en la consolidación de la democracia. También se lideraron actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con 16 días de activismo destinados a visibilizar los derechos femeninos y a promover acciones concretas para combatir la violencia de género.
Compromiso con una agenda inclusiva
El balance presentado refleja el compromiso de la Comisión Legal de la Mujer con la construcción de una agenda inclusiva y efectiva, enfocada en diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades actuales y fortalezcan el bienestar de las mujeres en todo el territorio colombiano. Estos avances demuestran un enfoque integral hacia la equidad de género y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: La JEP rechaza solicitud de sometimiento de Edilberto Castro Rincón, exgobernador del Meta
Dic 13, 2024 | Actualidad Prime
El Senado de la República aprobó un proyecto de ley que busca simplificar los trámites de divorcio, eliminando la necesidad de invocar causales específicas para disolver un matrimonio. Con 63 votos a favor, la iniciativa, conocida como «divorcio libre», permite que cualquiera de los cónyuges solicite unilateralmente la disolución de la unión marital, señalando únicamente su voluntad como motivo suficiente.
La reforma elimina las causales tradicionales establecidas en el Código Civil, como la infidelidad o problemas de adicción, argumentando que estas no deberían ser requisitos para poner fin a una relación. El senador David Luna, impulsor de la propuesta, afirmó que este cambio refuerza las libertades individuales y busca prevenir situaciones de chantaje o violencia que pueden surgir en los procesos de divorcio actuales. Según el legislador, el proyecto refleja la necesidad de garantizar que las relaciones sean producto del afecto y no de la obligación.
La medida ha generado posiciones encontradas. La senadora liberal Karina Espinosa expresó su preocupación por la eliminación de requisitos previos como terapias de pareja, advirtiendo que podría debilitar la institución familiar y su rol en la sociedad. Por otro lado, María José Pizarro, del Pacto Histórico, defendió la iniciativa, subrayando que los matrimonios deben basarse en el amor y la libertad.
El proyecto ahora está a la espera de la sanción presidencial para convertirse en ley, marcando un hito en la legislación colombiana al priorizar el respeto por las decisiones individuales en el ámbito matrimonial.
Fuente: senado.gov.co
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