Avanza en el Senado proyecto de ley que busca regular las corralejas en Colombia

La Comisión Sexta del Senado aprobó de forma unánime, con 12 votos a favor, el Proyecto de Ley No. 352 de 2024, una iniciativa liderada por la senadora Andrea Padilla del partido Alianza Verde. Esta propuesta legislativa tiene como objetivo establecer una regulación más estricta sobre las corralejas en Colombia, priorizando la protección de la vida y la integridad personal, y promoviendo prácticas culturales alternativas sin uso de animales.

El proyecto superó así su primer debate, centrando su enfoque en condiciones específicas para el desarrollo de estos eventos. Entre las medidas contempladas se encuentran la prohibición del ingreso de menores de 14 años y de personas en estado de embriaguez, así como la exigencia de elementos de protección para los equinos involucrados en estas actividades.

La iniciativa también reconoce y busca incentivar el «Toro de Carnaval», una manifestación cultural que simula las corralejas pero sin la participación de animales, lo que refleja una evolución en la manera como estas tradiciones se están reinterpretando en diferentes regiones del país.

Uno de los puntos clave del proyecto es que limita la realización de corralejas exclusivamente a aquellas zonas del país donde existe un arraigo cultural comprobado y una continuidad en la tradición. Esta disposición se fundamenta en una sentencia de la Corte Constitucional de 2010, lo que refuerza el respaldo jurídico de la propuesta.

Con esta aprobación en primer debate, el proyecto continúa su curso legislativo en el Congreso, abriendo el camino hacia una regulación más estricta de las corralejas, en concordancia con el respeto por los derechos fundamentales y la transformación de las expresiones culturales tradicionales en Colombia.

Fuente: senado.gov.co

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Senado da luz verde al trámite de la reforma laboral y niega consulta popular propuesta por el Gobierno

En una jornada decisiva para el futuro de la reforma laboral en Colombia, la Plenaria del Senado resolvió este miércoles que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional continúe su trámite legislativo, a pesar de haber sido archivado previamente por la Comisión Séptima. Asimismo, el Senado negó el concepto favorable necesario para la realización de una consulta popular sobre algunos puntos clave de la reforma.

Durante una extensa sesión, las mayorías del Senado respaldaron con 68 votos a favor y 3 en contra el informe presentado por los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Flórez (Pacto Histórico), que apelaba la decisión de archivo adoptada por la Comisión Séptima el pasado 18 de marzo. Esta apelación había sido impulsada inicialmente por el senador Fabián Díaz (Alianza Verde), quien solicitó que el proyecto continuara su discusión en una comisión distinta dentro del Senado.

Con la decisión adoptada por la Plenaria, la reforma laboral retomará su curso en otra comisión, cumpliendo con el procedimiento legislativo y con la obligación de ser debatida y votada antes del 20 de junio, fecha límite establecida por la ley.

Sin embargo, en una segunda votación realizada en la misma sesión, el Senado negó el concepto favorable para convocar una consulta popular sobre algunos puntos de la reforma, propuesta que había sido presentada por el Ejecutivo como alternativa ante el anterior archivo del proyecto. Con una votación cerrada —49 votos por el “no” frente a 47 por el “sí”— se desestimó este mecanismo de participación ciudadana. La consulta, según estimaciones de la Registraduría Nacional, habría representado un gasto cercano a los 700.000 millones de pesos.

Con estas decisiones, el camino para la reforma laboral se mantiene abierto en el Congreso, pero el Gobierno no podrá acudir a la consulta popular para respaldar su propuesta. Ahora, el proyecto deberá superar los dos debates restantes en el Senado antes de la finalización del periodo legislativo.

Fuente: camara.gov.co

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Proponen fortalecer Consejos de Juventud como instancias de concertación obligatoria

Un grupo de 26 congresistas radicó un proyecto de ley que propone una reforma significativa al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, con el propósito de potenciar la incidencia de los jóvenes colombianos en la toma de decisiones públicas. La iniciativa, que modifica las leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018, apunta a consolidar los Consejos de Juventud como instancias obligatorias de interlocución y concertación ante las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como territorial.

El proyecto reconoce el papel estratégico de la juventud como una generación nativa digital con capacidades particulares para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. En ese sentido, plantea la necesidad de fortalecer las estructuras de participación política juvenil, como vía para generar cohesión social, inclusión y formación de liderazgos desde temprana edad.

Entre las principales propuestas se contempla la obligatoriedad, por parte de las entidades públicas, de incluir a los consejeros de juventud en los espacios donde se definan políticas o acciones que afecten directamente a esta población. Asimismo, se introduce una reforma al sistema electoral de los Consejos de Juventud, permitiendo la utilización de listas únicas y cerradas, o listas abiertas, según corresponda.

Una de las transformaciones más destacadas es la redistribución de las curules dentro de estos consejos: un 30% será destinado a jóvenes independientes, otro 30% a representantes de procesos organizativos juveniles, y el 40% restante a partidos o movimientos políticos con personería jurídica. Esta distribución busca equilibrar la representación y fortalecer el papel de los partidos en la formación de liderazgos juveniles.

La propuesta legislativa surge como respuesta a los desafíos evidenciados tras la primera elección popular de consejeros de juventud en 2021, la cual puso en evidencia la necesidad de dotar a estos espacios de mayores herramientas institucionales. El proyecto se inscribe en un esfuerzo más amplio por consolidar un sistema democrático más incluyente, en línea con los retos derivados de las transformaciones demográficas y tecnológicas del país.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara de Representantes aprueba ampliación de vigencia del FONPET para garantizar pensiones del sector público

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 112 votos afirmativos el proyecto que modifica la Ley 549 de 1999, con el objetivo de asegurar el financiamiento del pasivo pensional de las Entidades Territoriales y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Esta medida busca beneficiar especialmente a los empleados públicos de los sectores de salud y educación.

La iniciativa contempla la ampliación del plazo de vigencia del FONPET hasta el año 2044, ya que, de mantenerse el término original, el fondo no alcanzaría a cubrir adecuadamente los compromisos pensionales de los próximos años. Con esta modificación, se espera garantizar los recursos necesarios para atender las obligaciones de jubilación de los servidores públicos que aún se encuentran bajo el régimen anterior.

Además de extender el plazo, el proyecto permitirá a los entes territoriales utilizar los excedentes de ahorro pensional en inversiones locales, como infraestructura y otros proyectos que impulsen el desarrollo regional. Esto aplicará únicamente para aquellas entidades que hayan cumplido con los requisitos de ahorro establecidos por la ley.

Otra de las novedades es la creación de una junta de vigilancia que buscará transparentar el manejo de los recursos, ya que actualmente existen deficiencias en el seguimiento de los rendimientos generados por los fondos y su administración.

Pese a la aprobación mayoritaria, la iniciativa generó inquietudes en algunos sectores. Desde el Pacto Histórico se advirtió sobre un posible impacto fiscal no contemplado formalmente por el Ministerio de Hacienda, lo cual, según sus voceros, podría implicar un uso inadecuado de recursos destinados originalmente al pago de pensiones. También se cuestionó que el proyecto permita canalizar estos fondos hacia inversiones, lo que podría abrir un debate constitucional sobre el uso del ahorro pensional.

Fuente: camara.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Nueva ley reconoce oficialmente a entrenadores deportivos en Colombia y crea mecanismos de profesionalización

Nueva ley reconoce oficialmente a entrenadores deportivos en Colombia y crea mecanismos de profesionalización

Desde el 23 de mayo de 2022 entró en vigor la Ley 2210, una norma que marca un antes y un después en la regulación del ejercicio del entrenamiento deportivo en Colombia. Con esta legislación, se llena un vacío histórico en el marco jurídico del sector y se reconoce formalmente el papel de los entrenadores como agentes clave en el desarrollo atlético del país.

La ley establece la creación del Registro Único de Entrenadores Deportivos, administrado por el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo (COCED), en el cual podrán inscribirse quienes cuenten con formación profesional en deporte o áreas afines. A través de este registro, los profesionales podrán acceder a la Tarjeta Profesional de Entrenador Deportivo, instrumento que acredita su idoneidad y les brinda respaldo legal para ejercer su labor.

Asimismo, se implementa el Registro Provisional dirigido a personas sin estudios formales en el área, pero con experiencia comprobada mínima de un año en la preparación de deportistas. Este registro tiene una vigencia inicial de cinco años, renovable por un período igual, y busca facilitar la profesionalización progresiva de quienes han ejercido la actividad de manera empírica.

La iniciativa no solo busca ordenar y regular la actividad de los entrenadores, sino también brindarles un reconocimiento institucional que contribuya a su desarrollo profesional, mejore su acceso a recursos y fortalezca su protección laboral. Con este avance, el país da un paso hacia un sistema deportivo más justo, profesional y transparente, que impactará positivamente en la calidad del entrenamiento y en la formación de nuevos talentos.

Fuente: camara.gov.co

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