Grupo criminal que comercializaba atún rojo de pesca ilegal

La juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a un grupo criminal que comercializaba atún rojo de pesca ilegal.

La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha propuesto llevar a juicio a ocho personas y doce empresas. Entre ellas el principal grupo exportador de atún a nivel mundial, por la comercialización de atún rojo proveniente de la pesca ilegal y el blanqueo de los beneficios obtenidos.

La investigación ha revelado las pésimas condiciones de salubridad en las instalaciones utilizadas y las malas condiciones del atún para el consumo humano. Los atunes eran inyectados con aditivos para aparentar frescura, poniendo en grave peligro la salud pública.

Grupo criminal

La magistrada considera que los hechos investigados pueden constituir delitos de falsedad documental. Delitos de falsedad documental contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores. Así como descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales. Entre los acusados se encuentran un guardia civil y responsables del Grupo Pescnortmar y del Grupo Ricardo Fuentes. Este grupo es el mayor exportador de atún rojo con sede en Cartagena y operaciones en varios países.

Modus Operandi

El grupo criminal operaba de manera legal e ilegal, introduciendo en el mercado atún pescado ilegalmente con documentación falsificada. Esta mezcla deliberada dificultaba la detección del fraude. Además, las condiciones de higiene durante el transporte y almacenamiento del eran deficientes, lo que impedía la trazabilidad del producto, esencial para la salud pública.

Las instalaciones, especialmente una nave sin permiso administrativo, operaban fuera de los controles sanitarios en condiciones deplorables. Se detectaron niveles peligrosos de histamina en muestras de pescado y casos de intoxicación alimentaria, evidenciando un riesgo para la salud pública.

Objetivo y consecuencias | Propuesta de ser juzgados como un grupo criminal

El objetivo del grupo criminal era el lucro económico, enmascarando la pesca furtiva y el comercio ilícito con documentos falsos. La juez ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Delito de lesiones por imprudencia grave por soltar a su perro

El Tribunal Supremo ha condenado a una mujer por un delito de lesiones por imprudencia grave después de que su perro, de raza potencialmente peligrosa, atacara a una niña en un parque infantil en Valencia. La condena incluye una multa y una indemnización a la víctima.

Origen del caso

La mujer sacó a pasear a su perro, un American Staffordshire Terrier, sin correa ni bozal en las inmediaciones de la plaza Profesor Tierno Galván de Valencia. A sabiendas de que su perro era de una raza potencialmente peligrosa, la dueña permitió que el animal estuviera suelto. El perro atacó a una niña de 5 años, mordiéndola en los glúteos mientras jugaba con su abuelo. La niña sufrió una herida que le dejó una cicatriz de 6 centímetros.

Delito de lesiones por imprudencia grave

El Tribunal Supremo estimó el recurso del fiscal y anuló una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Valencia. La Audiencia consideró las lesiones como imprudencia menos grave. La Sala restableció la condena original del juzgado de Valencia, calificando los hechos como imprudencia grave. Debido al incumplimiento de las normativas sobre la tenencia de animales peligrosos.

  • Condiciones del Perro. El tribunal subrayó que la normativa administrativa y el Decreto 16/2025 del Consell regulan estrictamente la tenencia de animales potencialmente peligrosos. La dueña del perro incumplió estas normas al no utilizar correa ni bozal.
  • Pena Impuesta. La mujer fue condenada a una multa de diez meses con una cuota diaria de 6 euros. Y al pago de una indemnización de 5.366 euros al representante legal de la menor por las lesiones y secuelas sufridas.

Consideraciones del Tribunal en la determinación del delito de lesiones por imprudencia grave

El Supremo destacó la gravedad de la imprudencia de la propietaria del perro. A pesar de afirmar que su perro era manso, faltó a las reglas de prudencia y puso en riesgo la integridad física de otras personas. El tribunal rechazó la defensa de la acusada, que intentó demostrar la mansedumbre del perro con fotografías y testimonios. La sentencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto la importancia de cumplir con las normativas sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Delito continuado de agresión sexual hacia su esposa

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha decidido absolver a un acusado del delito continuado de agresión sexual hacia su esposa. A pesar de reconocer que existía un contexto de maltrato habitual en el matrimonio. Los motivos esgrimidos por el Tribunal Supremo para esta absolución se centran en varios puntos clave relacionados con el consentimiento y la percepción del acusado.

Importancia del consentimiento en las relaciones sexuales

Primero, el Tribunal subraya la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales, especialmente en el contexto matrimonial. Aunque se reconoció que el acusado ejercía un control autoritario y agresivo sobre su esposa, la sentencia señala que no se puede asumir automáticamente la ausencia de consentimiento en todos los encuentros sexuales dentro de un matrimonio marcado por el maltrato. El Tribunal enfatiza que para considerar un acto sexual como abusivo, la negativa al consentimiento debe ser clara y perceptible por la persona que intenta realizar el acto sexual.

La descripción de la convivencia entre el acusado y su esposa presentada en el juicio revela un ambiente de dominación y miedo. Sin embargo, el Tribunal encontró que no hubo suficientes pruebas que demostraran que el acusado comprendiera que su esposa no consentía en las relaciones sexuales. Tampoco se pudo deducir que el acusado pudiera inferir la falta de consentimiento por parte de su esposa . La sentencia aclara que, aunque la esposa mantenía relaciones sexuales con su esposo por miedo a sus reacciones de ira, estas reacciones no se manifestaban de forma inmediata o explícita durante los encuentros sexuales. Esto impide concluir que el acusado actuó sabiendo que su esposa no consentía.

Delito continuado de agresión sexual

Además, el Tribunal destacó la insuficiencia de pruebas específicas y detalladas sobre el contexto en que ocurrieron los actos sexuales. El relato de hechos probados no ofrecía una descripción clara y concreta de las circunstancias en las que la esposa manifestó su falta de consentimiento. Lo que dificulta evaluar si el acusado pudo percibir esta falta de consentimiento. La falta de concreción en la narración de los hechos impide una defensa efectiva por parte del acusado. También impide al Tribunal llegar a una conclusión firme sobre la percepción del acusado respecto al consentimiento de su esposa.

El Tribunal también consideró la actitud pasiva de la esposa durante los actos sexuales. La sentencia indica que el comportamiento de la esposa, quien no mostró una oposición explícita o gestos de desaprobación durante los encuentros sexuales, no puede interpretarse como una falta de consentimiento clara. Tampoco puede ser percibido como tal por el acusado. Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la ausencia de consentimiento debe ser captada por el autor del acto para que se considere un abuso sexual. Lo cual no quedó demostrado en este caso.

Fallo del Tribunal | Absuelto del delito continuado de agresión sexual hacia su esposa

Finalmente, la sentencia concluye que no se ha probado que el acusado tuviera una percepción errónea sobre el consentimiento de su esposa. No hay evidencia de que el acusado actuara bajo una creencia equivocada de que su esposa consentía los encuentros sexuales. Esto también habría llevado a la anulación de la condena, dado que no se puede punir una actuación imprudente en este contexto.

Los fijos discontinuos y el desarrollo de una segunda actividad en el sector público

El Tribunal Supremo ha dictaminado que los trabajadores fijos discontinuos pueden desarrollar una segunda actividad en el sector público durante sus periodos de inactividad. Este fallo se deriva de un recurso presentado por un bombero forestal al que se le había denegado la compatibilidad para trabajar como peón de brigada de repoblación forestal en un ayuntamiento durante su tiempo inactivo.

Desarrollar una segunda actividad

La sentencia responde a la solicitud de un bombero, empleado como fijo discontinuo en el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de Galicia. El trabajador pidió compatibilidad para trabajar en otro puesto durante la inactividad de la campaña antiincendios. Sin embargo, la Xunta de Galicia se lo denegó en octubre de 2019. La denegación fue inicialmente avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Fijos discontinuos en una segunda actividad

El Tribunal Supremo establece que los periodos de inactividad de los trabajadores fijos discontinuos son compatibles con el desempeño de una segunda actividad en el sector público. Siempre que esta no interfiera con sus deberes laborales ni comprometa su imparcialidad e independencia. La sentencia se basa en el Estatuto de los Trabajadores, que permite a estos empleados realizar otra actividad durante sus periodos de inactividad. No se excluye al sector público

La sentencia también considera que la Ley de Incompatibilidades de 1984 no puede contradecir las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al personal laboral discontinuo. La compatibilidad se permite siempre que se respete la prohibición de doble actividad y remuneración. Aplicándose solo durante los periodos de inactividad, cuando no hay actividad material ni remuneración.

Los fijos discontinuos pueden desarrollar una segunda actividad en el sector público en los periodos de inactividad

El Supremo revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y restablece la decisión inicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra. El juzgado de lo contencioso había fallado a favor del bombero forestal. La Xunta de Galicia deberá abonar al trabajador una indemnización de 6.542 euros.

Blanqueo de capitales | Debe representar una amenaza significativa al orden económico

En una reciente decisión, el Tribunal Supremo ha determinado que la acción de permitir el uso de una cuenta bancaria para transferir una cantidad de 850 euros, en el contexto de una estafa, no cumple con los criterios para ser considerada como blanqueo de capitales. Este fallo se basa en varios aspectos fundamentales.

Contexto del caso

Primero, el análisis del uso de la cuenta bancaria mostró que esta fue empleada directamente para cometer la estafa. No se utilizó para reintroducir en el circuito económico fondos provenientes de un delito anterior. Este es un elemento esencial. La que el blanqueo de capitales generalmente implica la manipulación de activos obtenidos de actividades delictivas previas para ocultar su origen ilícito.

Consideraciones del Tribunal Supremo sobre el blanqueo de capitales

El tribunal también resaltó la ausencia de un delito antecedente que generase los fondos implicados. Los 850 euros transferidos no provenían de un crimen previo, sino que representaban el pago por un bien que nunca fue entregado. Eliminando así la necesidad de «lavar» dichos fondos.

Otro punto clave fue la consideración de la cantidad involucrada. De acuerdo con la jurisprudencia, para que se configure un delito de blanqueo de capitales, la suma involucrada debe representar una amenaza significativa al orden económico y social. En este caso, se determinó que 850 euros no alcanzan tal magnitud.

La decisión también se fundamentó en la intención detrás de la legislación de blanqueo de capitales, que es proteger la integridad del sistema económico. Se argumentó que operaciones de montos menores no representan una amenaza real para este sistema. Por lo que penalizarlas como blanqueo sería contrario al espíritu de la ley.

Finalmente, el tribunal aplicó el principio de insignificancia. Y, para ello, menciona precedentes relevantes. Estos sugieren que se deben considerar atípicas las actividades que involucran sumas menores y que no impactan significativamente al orden socioeconómico dentro del marco de blanqueo de capitales.

Fallo del Tribunal Supremo

Tribunal Supremo excluyó la conducta examinada del ámbito del blanqueo de capitales, resultando en una sentencia absolutoria para el implicado.

26 meses de prisión por cometer una «estafa del amor»

Un Juzgado de Coruña ha condenado a 26 meses de prisión a un hombre por cometer una estafa emocional, comúnmente conocida como «estafa del amor». El condenado, que contactó con la víctima a través de Facebook, le solicitó y obtuvo 1.500 euros que nunca devolvió. Utilizó tácticas de engaño y chantaje emocional, fingiendo ser un empresario de alto perfil relacionado con el mundo del toro y del vino.

Detalles del Caso

En marzo de 2021, el acusado, de 51 años, contactó con la víctima a través de Facebook, iniciando una relación afectiva a distancia. Aprovechando esta confianza, el hombre solicitó dinero alegando necesitarlo para una operación empresarial ficticia. La víctima, creyendo en sus mentiras, le transfirió 750 euros el 6 de abril de 2021 y otros 750 euros tres días después. Tras recibir el dinero, el acusado rompió el contacto y no devolvió el dinero.

El juez del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha impuesto una condena de dos años y dos meses de cárcel, además del pago de una indemnización de 1.500 euros a la víctima. El magistrado destacó que el acusado usó múltiples falsedades. Estas incluían un nombre falso, una empresa inexistente y una supuesta procedencia de Sevilla, cuando en realidad es de Salamanca. Además, el condenado tiene cinco antecedentes penales, dos de ellos relevantes para la reincidencia.

Dos años y dos meses de cárcel por la comúnmente conocida como «estafa del amor» | Justificación de la condena

El juez ha subrayado que la gravedad de la estafa y el daño emocional causado a la víctima justifican una respuesta judicial severa. Asimismo, rechaza la excusa del acusado de no devolver el dinero debido a publicaciones en redes sociales hechas por la víctima. El fallo enfatiza que, si hubiese sido un préstamo legítimo no devuelto por circunstancias sobrevenidas, no se trataría de una patraña. La correcta acción habría sido devolver el dinero y, si fuera necesario, emprender acciones legales por daños a la reputación.

La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida.