R. Leopoldo Cruz Balbuena, Ph.D.
La Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2024 introduce modificaciones y adiciones al artículo 21 de nuestra Carta Magna. La reforma contiene la intención de fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno en respuesta a los retos de seguridad pública que enfrenta el país. La reforma incluye la creación de un Secretariado Ejecutivo con las más amplias facultades para dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Las modificaciones introducidas refuerzan el liderazgo del Ejecutivo Federal en la formulación de estrategias en la materia.
Palabras clave: Coordinación administrativa | Secretariado Ejecutivo | Seguridad Pública
Introducción
La Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública responde al contexto nacional de violencia en el que se encuentra nuestro país. Con ese contexto se hace necesaria una respuesta coherente y coordinada entre los tres niveles de gobierno, lo cual debería dotar de mayor fuerza a las tareas de atención al crimen organizado y la violencia. Así, la reforma genera el mandato para el diseño e institucionalización de una estrategia nacional de seguridad pública que optimice los recursos y estandarice las políticas públicas relacionadas con la materia. La iniciativa, presentada por la Presidente de la República responde a la creciente necesidad de mejorar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, corrigiendo la estrategia diseñada por su antecesor, mediante el ajuste operativo y administrativo, con la esperanza de mejorar la eficacia de las instituciones encargadas de la seguridad pública y combate a la violencia en el país. En las siguientes líneas examinaré la estructura de la reforma, e intentaré desvelar su impacto en nuestro sistema jurídico, evaluando sus implicaciones normativas en la estrategia de combate a la violencia e inseguridad que tanto daño han hecho a nuestro país.
2.Antecedentes
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha modificado en diversas ocasiones, tres de ellas en los últimos cien días, lo cual nos da una idea de la relevancia que tiene el marco jurídico en materia de seguridad pública y los retos que enfrenta nuestro país. La minuta enviada por las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y, de Estudios Legislativos del Senado de la República muestra la razón detrás de esta reforma constitucional, misma que reproduzco a continuación:
“En principio, estas Comisiones Unidas tienen en consideración que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana es la dependencia del gobierno federal encargada de coordinar las políticas de seguridad y de protección a la ciudadanía en el país, que cuenta con un papel central en la construcción de un México más seguro, al encomendarle la tarea de diseñar ejecutar las políticas públicas en la materia; sus funciones pueden agruparse en los siguientes rubros:
- Prevención del delito;
- Estrategia Nacional de Seguridad Pública;
- Coordinación de seguridad;
- Profesionalización policial;
- Participación en seguridad nacional;
- Protección civil;
- Vigilancia y protección.
El pasado 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adicionar un párrafo con la finalidad de establecer que esta Secretaria formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, políticas y acciones respectivos, entendida como el instrumento que planeará las acciones del Gobierno de México para mejorar la seguridad pública, reducir la violencia y proteger a la población, con el principal objetivo de combatir la inseguridad en el país mediate medidas preventivas y reactivas que respeten los derechos humanos y promuevan la paz social y atiendan las causas estructurales que generan la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción.
Ahora bien, con relación a la Iniciativa que es motivo del presente Dictamen, estos órganos legislativos coincidimos con la autora de que la propuesta de reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo fortalecer el marco institucional de seguridad pública y mejorar la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad de manera más eficiente y coordinada, misma que responde a la necesidad de dotar a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de atribuciones ampliadas, facilitando su colaboración con las Fiscalías del país, y otros cuerpos de seguridad para el combate integral a la delincuencia.
Por lo anterior, se coincide con la Iniciativa sobre la necesidad de fortalecer a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para mejorar la calidad de la actuación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismas que serán dirigidas y coordinadas por la Secretaria del Ramo, la cual deberá desarrollar e implementar políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia aplicada a la seguridad pública.
Conscientes de ello, estas Comisiones Unidas advertimos que la propuesta de reforma y adición al artículo 21 Constitucional busca robustecer el papel de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, integrando tecnología, inteligencia y análisis de datos en la investigación de delitos, promoviendo una coordinación efectiva con las Fiscalías del país y otras instancias.
Esto apunta a un enfoque más estructural y sostenible, donde se prioriza la prevención y respuesta eficiente a través de la cooperación y transparencia.
De modo que, la participación de la Secretaria del Ramo del Ejecutivo Federal en coordinación con el Ministerio Público y la función del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refuerzan la rendición de cuentas y la gestión estratégica de los recursos federales para ayuda de la seguridad pública.
Bajo este preámbulo, estimamos que la modificación constitucional tiene tres ejes fundamentales:
- Integración de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en la investigación de delitos.
- Mejora de la coordinación interinstitucional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
- Fortalecimiento en las acciones de seguridad ciudadana.
Ahora bien, uno de los ineludibles beneficios que traerá la reforma y adición en los términos planteados en este Dictamen, será invariablemente el aprovechamiento de los recursos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en la investigación de los delitos.
Además, en el esclarecimiento de los hechos delictivos, dado que, la posibilidad de participar activamente en este sentido posibilitará que la recopilación y análisis de información que la Secretaria obtenga mediate el uso de las herramientas tecnológicas y de inteligencia, se pueda proporcionar a la representación social y con ello, se prevé que se aumente su tasa de efectividad y eficiencia en la judicialización de las carpetas de investigación, y en su caso en la obtención de sentencias condenatorias, garantizando un enfoque unificado en la persecución de delitos y las labores de prevención del crimen.
Asimismo, en cuanto a la transparencia en el uso de los recursos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizará labores del control y vigilancia de los fondos federales de ayuda para la seguridad pública, que reciben la Federación, los Estados y los Municipios, asegurando una administración eficiente y transparente de los recursos destinados a las tareas de seguridad pública, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Igualmente, subrayamos la utilización de inteligencia, datos estratégicos y tecnología de punta para fortalecer la prevención e investigación de delitos, lo que permitirá sin duda, que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana actúe como articulador central en la recopilación, análisis y diseminación de información relevante para anticipar amenazas y optimizar las operaciones de seguridad, con una base de datos sólida y herramientas de análisis avanzadas, así podrá enfocar sus esfuerzos en áreas de alto riesgo y en actores clave, optimizando la distribución de recursos reduciendo gastos innecesarios.
Como se puede advertir, se fortalece el mecanismo en que se ejecutará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pues con la adición correspondiente se establece que la misma deberá ser coordinada y dirigida por la Secretaria del Ramo.
Se insiste, el rol de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana será clave, dada que su posición como el centro coordinador de las estrategias en esta materia, facilitará que los operadores tomen decisiones basadas en datos precisos y anticipen riesgos, con lo que, se contribuye a la estabilidad y seguridad del país.
Como dictaminadoras, consideramos que realizar la adecuación normativa propuesta, se busca fortalecer las atribuciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual es fundamental y jurídicamente viable para consolidar el sistema de seguridad pública de nuestro país y hacerlo más eficaz, coordinado y basado en inteligencia aplicada.
De igual forma, las Presidencias de las Comisiones unidas, coincidimos en aplicar mejoras en la redacción del penúltimo párrafo de la iniciativa propuesta, con la finalidad de dar mayor claridad al sentido de coordinación en las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley.” (Cámara de Diputados, 2024, p. 5-9)
3.Proceso Legislativo
El proceso legislativo de la Reforma en materia de Seguridad Pública ha sido rápido, respondiendo a las necesidades de cambio de estrategia, acorde con la llegada a la titularidad del Ejecutivo de la Presidente Sheinbaum.
3.1Iniciativa y Desarrollo
La iniciativa de reforma fue presentada por la Presidente de la República Claudia Sheinbaum el 01 de noviembre de 2024 ante el Senado de la República, donde se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos. El trámite legislativo ha sido el siguiente:
01 de noviembre de 2024 |
Turno de la Iniciativa de Reforma a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos. |
11 de noviembre de 2024 |
Aprobación de la iniciativa con proyecto de Decreto en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos. |
13 de noviembre de 2024 |
Aprobación del Proyecto de Decreto por el que se propone la reforma y adición del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública, en el Pleno de la Cámara de Senadores, turnada a la Cámara de Diputados. |
14 de noviembre de 2024 |
Turno de la minuta con proyecto de decreto a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen. |
21 de noviembre de 2024 |
Aprobación del Proyecto de Decreto en el Pleno de la Cámara de Diputados y turno a los Congresos Locales, para su aprobación, publicada ese mismo día en la Gaceta Parlamentaria. |
3.2Debate y Votación
Durante los debates, los grupos parlamentarios discutieron el contenido de la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo Federal, sin que registrara votos en contra ni abstenciones; eso sí, con casi sesenta diputados ausentes.
La votación final del Decreto de Reforma ha reflejado una clara aprobación unánime, quedando la votación en la Cámara de Diputados como sigue:
VOTOS |
MRN |
PAN |
PVEM |
PT |
PRI |
MC |
IND |
TOTAL |
A favor |
231 |
55 |
52 |
46 |
31 |
25 |
1 |
441 |
En contra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Abstención |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Quorum1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ausente |
22 |
16 |
10 |
3 |
6 |
2 |
0 |
59 |
TOTAL |
253 |
71 |
62 |
49 |
37 |
27 |
1 |
500 |
Antes de la votación en la Cámara de Diputados, se votó la iniciativa en la Cámara Alta, donde la aprobación también fue unánime, con lo que, la votación en el Senado de la República arrojó las siguientes cifras:
VOTOS |
MRN |
PAN |
PVEM |
PT |
PRI |
MC |
IND |
TOTAL |
A favor |
64 |
20 |
13 |
6 |
13 |
5 |
1 |
122 |
En contra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Abstención |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAL |
64 |
20 |
13 |
6 |
13 |
5 |
1 |
122 |
3.3Fecha de publicación y entrada en vigor
El Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; es decir, el 1 de enero de 2025.
4.Análisis Jurídico de la Reforma
La Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública se centra en la modificación y actualización del artículo 21 de nuestra Carta Magna a la realidad de nuestro país y la necesidad de centralizar la actuación de las diferentes fuerzas del Estado que colaboran en el combate contra la delincuencia y la violencia en nuestro país.
4.1Principales Modificaciones
Los ajustes legales introducidos buscan fortalecer la coordinación de las tareas de seguridad pública, fundando el Secretariado Ejecutivo como órgano de coordinación de las atribuciones concurrentes en materia de seguridad pública.
NORMA |
TIPOLOGÍA |
MATERIA |
Art. 21 |
Reforma Adiciona |
Modifica las instituciones a las que corresponde la investigación de los delitos. Crea el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública como ente encargado de la coordinación y homologación de atribuciones concurrentes entre los tres órdenes de gobierno. |
Artículo 21. Competencias del Ministerio Público y Seguridad Pública
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
[…]
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo.
f) El Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
[…]
La secretaría del ramo de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional; le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.
[…]
4.2Impacto en el Ordenamiento Jurídico
Se pueden identificar dos modificaciones que impactan el ordenamiento jurídico; por un lado, la reorganización institucional y consecuente redistribución competencial, que centraliza -más, si cabe- las tareas de seguridad pública, con la creación del Secretariado Ejecutivo. Por otro lado, tenemos el reconocimiento, a nivel constitucional del problema que representa la producción, distribución y consumo de sustancias tóxicas, desde las que se consumen a través de dispositivos electrónicos como los vapeadores, hasta las drogas sintéticas de última generación como el fentanilo que está causando una epidemia a nivel mundial, casi sin precedentes.
Si bien estas modificaciones son señales muy claras del cambio de estrategia en el combate al crimen organizado y el consumo de sustancias tóxicas, también es cierto que las normas constitucionales no suelen tener un impacto inmediato y directo en las políticas públicas que afectan al individuo; por lo que deberemos esperar al diseño y ejecución de la normativa secundaria, que deberá aterrizar la aplicación efectiva del mandato constitucional.
4.3Interpretación Legal
Como he insistido, la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública da espacio a diferentes interpretaciones del marco constitucional de nuestro país. Por un lado, se puede argumentar que la norma limita la autonomía de las entidades federativas, en favor de una ampliación de las atribuciones del Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, la magnitud del problema podría justificar la centralización, reorganización y coordinación de esfuerzos entre todos los niveles de gobierno.
Dicho lo anterior, la reforma establece estándares de actuación y mecanismos de coordinación que podrían favorecer la seguridad pública; sin embargo, su éxito dependerá del uso adecuado de las atribuciones otorgadas al Secretariado, aunque debemos advertir que es una materia susceptible de ser judicializada por los órdenes de gobierno que ven como sus facultades de investigación y combate a la delincuencia se ven mermadas.
5.Conclusiones
La Reforma Constitucional en Materia de Seguridad Pública refleja la necesidad de tomar en serio el combate al narcotráfico y la seguridad de los ciudadanos. Los cambios introducidos refuerzan un esquema de coordinación más centralizado, lo cual podría beneficiar el mejor manejo de los recursos con los que cuenta nuestra nación en este tema.
Por un lado, el legislador deberá velar por que la nueva normativa no sea percibida como un intento de centralización excesiva, mientras intenta armonizar la legislación en materia de seguridad para los tres niveles de gobierno, mientras se asignan recursos presupuestales suficientes y adecuados, mitigando conflictos competenciales entre los encargados de la seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
6.Recursos en Tirant online México
6.1Normas
Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6.2Jurisprudencia
Plenos Regionales. (2024). PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL RESULTADO DE «NO APROBADO» CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUSPENDIÓ EL ESTÍMULO MENSUAL DE CINCO MIL PESOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO OTORGA A LOS MIEMBROS DE ESAS CORPORACIONES QUE SÍ LO APRUEBAN Y NO INSTAURÓ EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RESPECTIVO CONTRA EL SERVIDOR PÚBLICO AFECTADO. Registro [2028216]. Resolución del 16 de febrero de 2024. Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época.
Segunda Sala – Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2017). SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES CONSTITUCIONAL AL PREVER QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO QUE NO PERTENEZCAN A LA CARRERA POLICIAL NI AL SERVICIO DE CARRERA, SERÁN CONSIDERADOS TRABAJADORES DE CONFIANZA. Registro [2013732]. Resolución del 24 de febrero de 2017. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.
Segunda Sala – Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2017). SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES INAPLICABLE A LOS MIEMBROS DE INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. Registro [2013629]. Resolución del 10 de febrero de 2017. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.
Tribunales Colegiados de Circuito. (2013). PRUEBA PERICIAL EN DACTILOSCOPIA EN EL PROCESO PENAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL DICTAMEN OFICIAL RENDIDO CON BASE EN UNA CONSULTA AL REGISTRO DE HUELLAS DACTILARES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. Registro [2003366]. Resolución del 10 de enero de 2013. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.
Tribunales Colegiados de Circuito. (2015). SEGURIDAD PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA. Registro [2008926]. Resolución del 17 de abril de 2015. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.
6.3Formularios
Amparo contra actuación del ministerio público | TMX1.295.412
Escrito de solicitud de prórroga de investigación | TMX1.634.227
Escrito solicitando al Ministerio Público la aplicación de criterio de oportunidad | TMX2.716.933
6.4Bibliografía
Cámara de Diputados. (2024). Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se Reforma y Adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública. Gaceta Parlamentaria, número 6664-I. 21 de noviembre de 2024.
Brito de Assis, A. (2020). Ministerio Público y combate a la corrupción política. Tirant lo Blanch. https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/info/9788413363059
Carbonell Sánchez, M. (2023). La Constitución Interpretada. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con jurisprudencia. 3a Edición. Tirant lo Blanch. https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/info/9788411699587
Flores Sánchez, J. (2022). Investigación científica del delito. Prueba científica en México. Tirant lo Blanch. https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/info/9788411134859
Martínez Garza, J. (2021). El Delito. Tirant lo Blanch. https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/info/9788413783611
Martínez Rivas, J. et al. (2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. 3 Volúmenes. Tirant lo Blanch. https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/info/9788491436225
Vázquez Avedillo, J. F. (2022). Responsabilidades de los servidores públicos en México. Tirant lo Blanch. https://www.tirantonline.com.mx/cloudLibrary/ebook/info/9788411303279
1 Asistencia, sin voto.