Jul 14, 2025 | Actualidad Prime
Consulta
¿Por qué motivo la Junta/Corte debe considerar el incidente de no acatamiento a sentencia laboral, cuando el patrón es condenado para una reinstalación de un trabajador de confianza con una antigüedad de más de 20 años y el tiempo suficiente para jubilarse?
Respuesta
La Ley Federal del Trabajo dispone expresamente que el empleador de un trabajador de confianza puede eximirse de la reinstalación obligatoria pagando las indemnizaciones correspondientes. En concreto, el art. 49 LFT establece que el patrón “queda eximido de la obligación de reinstalar al trabajador” en varios casos, incluyendo a los trabajadores de confianza:
<<Artículo 49.- La persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:
Párrafo reformado DOF 02-07-2019
I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año;
II. Si comprueba ante el Tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el Tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo;
Fracción reformada DOF 01-05-2019
III. En los casos de trabajadores de confianza;
IV. En el trabajo del hogar;
Fracción reformada DOF 01-05-2019, 02-07-2019, 24-12-2024
V. Cuando se trate de trabajadores eventuales, y
Fracción reformada DOF 24-12-2024
VI. Cuando se trate de personas trabajadoras en plataformas digitales. Únicamente procederá la reinstalación obligatoria en caso de violación a derechos colectivos, tales como la libertad de asociación, autonomía sindical, el derecho de huelga y de contratación colectiva.
Fracción adicionada DOF 24-12-2024
Para ejercer este derecho el patrón podrá acudir al Tribunal en la vía paraprocesal contemplada en el artículo 982 de esta Ley para depositar la indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. Para tal efecto el patrón aportará al Tribunal la información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador, para que se le notifique dicho paraprocesal, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo. Con el escrito de cuenta y desglose del monto de la indemnización el Tribunal correrá traslado al trabajador para su conocimiento.
Párrafo adicionado DOF 01-05-2019>>
Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus derechos para demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda; en caso de que en el juicio se resuelva que el trabajador no se encuentra en ninguna de las hipótesis de este artículo, el depósito de la indemnización no surtirá efecto alguno y el Tribunal dispondrá del dinero depositado para ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el Tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo, pero el monto depositado es insuficiente para pagar la indemnización, el Tribunal condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes.
Conforme al art. 947 LFT, si el patrón se niega al laudo de reinstalación (“no acata el laudo”), la Junta deberá dar por terminada la relación laboral y condenar al empleador al pago de indemnizaciones, salarios vencidos y prima de antigüedad:
<<Artículo 947.- Si el patrón se negare a someter sus diferencias al juicio o a aceptar la sentencia pronunciada, el Tribunal:
Párrafo reformado DOF 01-05-2019
I. Dará por terminada la relación de trabajo;
II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario;
III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y
IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162.
Fracción reformada DOF 30-11-2012
Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado “A” de la Constitución.
Artículo adicionado DOF 04-01-1980>>
En síntesis, el incidente de no acatamiento es el mecanismo que la propia ley prevé para resolver estas situaciones excepcionales: si procede, la relación se da por terminada con pago de las prestaciones legales en lugar de la reinstalación. La jurisprudencia de la SCJN confirma este esquema. En la Contradicción 278/2010 (2ª Sala, 29 sept. 2010) TMX 31.913. La Corte señaló que la insumisión al arbitraje o al laudo es “una excepción a la estabilidad en el empleo” y procede sólo en los casos previstos en el art. 49 LFT. De hecho, ese criterio resume el alcance del art. 49: “procederá […] se declare la terminación del contrato de trabajo y se condene al patrón al pago de las indemnizaciones […] Además de salarios vencidos y prima de antigüedad”.
Conclusión
Tratándose de un trabajador de confianza, la autoridad laboral debe resolver el incidente de no acatamiento conforme a la ley; art. 49 y 947 de la LFT, en lugar de imponer forzosamente la reinstalación. En el caso concreto, el trabajador es de confianza, con más de 20 años de servicio y a punto de jubilarse.
Por lo anterior, bajo el principio de realidad laboral, la autoridad debe atender estos hechos: obligar a reintegrarlo a poco de su jubilación podría contradecir la finalidad misma de su estabilidad y de su derecho a la seguridad social. De acuerdo con el art. 1.º constitucional (interpretación conforme con los derechos humanos) y el art. 123 A (derecho a la seguridad social), se procura la protección más favorable al trabajador. Es decir, al resolver el incidente, la Junta/Corte debe ponderar la necesidad práctica de la reinstalación frente al derecho humano de seguridad social del trabajador. Esto implica aplicar el esquema legal de excepción para trabajadores de confianza —terminar la relación y otorgar las indemnizaciones correspondientes — conforme al art. 49 LFT y la jurisprudencia citada, contradicción 278/2010 (2.ª Sala, 29 sept. 2010).
Jul 10, 2025 | Actualidad Prime
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina cuándo puede proceder la condena por daños punitivos ante el incumplimiento de un contrato de seguro relacionado con el derecho a la vida, a la integridad o a la salud.
Con el objetivo de establecer este criterio la Suprema Corte analiza en sede de revisión el caso de una mujer que contrató un seguro de vida que ofrecía un beneficio adicional en caso de ser diagnosticada con algún tipo de cáncer exclusivo de las mujeres. Sin embargo, al momento de contratar, la aseguradora no le hizo entrega de las condiciones generales de la póliza de seguro.
Posteriormente, la mujer fue diagnosticada con cáncer cérvico uterino, por lo que solicitó el pago de la póliza. Luego de la práctica de diversos exámenes médicos, de la revisión por parte de la aseguradora y de un despacho de abogados, su solicitud fue rechazada bajo el argumento de que dicha enfermedad estaba expresamente excluida en las condiciones generales del contrato.
Inconforme, la contratante promueve un juicio oral mercantil en el que reclama el cumplimiento del contrato y una indemnización por la responsabilidad civil por el daño moral y los daños punitivos ocasionados por la mala fe en el actuar de la aseguradora al incumplir con su deber de exhibir e inscribir las condiciones de exclusión de la póliza de seguro y, luego, aducir que dicha enfermedad estaba excluida con base en un documento que no fue entregado. Sobre este asunto, la Jueza ordenó el cumplimiento del contrato de seguro, pero absolvió a la demandada de los daños morales y los daños punitivos.
Por lo anterior, la actora interpone un juicio de amparo directo donde el Tribunal Colegiado del conocimiento sostuvo que no procedían los daños punitivos, porque no se había acreditado previamente el daño moral. La quejosa en desacuerdo con la decisión, promueve un recurso de revisión.
Criterio
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece como criterio jurisprudencial obligatorio que para determinar la procedencia de una condena por daños punitivos cuando se demanda a una empresa aseguradora por el incumplimiento injustificado de un contrato de seguro, relacionado con la protección del derecho a la vida, a la integridad personal o a la salud, la autoridad jurisdiccional debe valorar la intensidad de la gravedad de su conducta y el grado de reprochabilidad en su actuar.
Esto implica que, además de la indemnización por daño moral, la aseguradora puede ser condenada por daños punitivos cuando se advierta que actuó de mala fe. Tal situación puede configurarse cuando no se hayan entregado las condiciones generales del seguro, en donde consten las exclusiones de la póliza que pretenda hacer valer, y cuando dichas condiciones no se hayan registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Todo ello, sujeto al caso en concreto y al arbitrio del juez.
Lo anterior, debido a que la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, imponen a las aseguradoras la obligación de entregar a la persona usuaria las condiciones generales del seguro, en donde consten los montos de la cobertura y, sobre todo, las exclusiones del contrato. Además, conforme a este marco jurídico, las compañías de seguros tienen el deber de registrar dichas condiciones ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con el propósito de que sean conocidas por el público.
Por otro lado, la autoridad judicial debe tomar en consideración que el derecho a la protección de las personas aseguradas le impone la obligación de regular y fiscalizar el actuar de las aseguradoras considerando la posición asimétrica de poder que existe frente a los usuarios de los seguros, aún más cuando están de por medio la salud, la vida o la integridad de las personas.
En ese sentido, frente al incumplimiento reiterado y de mala fe de este marco obligacional, se podrá condenar a la empresa aseguradora por daños punitivos, al incurrir en una conducta que merece un alto reproche social por su incidencia en los derechos a la vida y a la integridad de las personas contratantes. Lo anterior, debido a la necesidad de imponer una sanción ejemplar con el propósito de: a) compensar económicamente a quien fue afectado por una conducta ilícita; b) castigar a quien causó el daño en función de su grado de responsabilidad; c) evitar que el responsable se enriquezca a costa de la víctima; d) prevenir que hechos similares se repitan en un futuro; e) impulsar una cultura de la responsabilidad.
Primera sala – Suprema Corte de Justicia de la Nación (2025). DAÑOS PUNITIVOS. SU PROCEDENCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE SEGURO RELACIONADO CON EL DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD O A LA SALUD. Tesis de jurisprudencia 123/2025 (11a.). Registro [2030683]. Resolución del 25 de junio de 2025. Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época. Publicada el viernes 04 de julio de 2025. Obligatoria a partir del lunes 07 de julio de 2025.
TMX2.852.254
Jul 8, 2025 | Actualidad Prime
Del 8 al 15 de julio, aproveche los beneficios exclusivos en las soluciones legaltech de Tirant
En Tirant PRIME México reconocemos el compromiso, la vocación y la labor diaria de quienes ejercen el Derecho. Por ello, con motivo del Día del Abogado, le invitamos a celebrar con nosotros accediendo a una promoción especial del 8 al 15 de julio en todas nuestras soluciones legaltech.
Este es el momento ideal para fortalecer su ejercicio profesional con herramientas jurídicas de alto nivel, diseñadas para ofrecerle seguridad, eficiencia y actualización constante.
Descubra las principales soluciones de Tirant PRIME México
Base de datos jurídica y biblioteca virtual
Acceda a una plataforma robusta con legislación, jurisprudencia, doctrina y formularios actualizados. Todo el conocimiento jurídico que necesita, estructurado por materias y acompañado del fodo bibliográfico más prestigioso. Así, la biblioteca virtual cuenta con todas las obras de la editorial jurídica con mayor puntuaje en los rankings internacionales.
Consultoría jurídica personalizada
Un equipo de expertos le acompaña en la resolución de sus dudas jurídicas con respuestas claras, fundamentadas y adaptadas al contexto normativo mexicano. Un servicio exclusivo que le ahorra tiempo y le da respaldo profesional.
Tirant Analytics, la evolución de la inteligencia jurídica
Descubra la mejor herramienta de análisis jurisprudencial, que le permite visualizar tendencias, identificar criterios relevantes y anticiparse con datos a las decisiones judiciales. Una solución de vanguardia para quienes buscan ir más allá en el estudio del Derecho.
Gestión de despachos
Optimice la administración de su firma jurídica con herramientas que integran la gestión de expedientes, clientes, facturación y control de tiempos. Todo en una sola plataforma, segura y diseñada específicamente para el entorno legal.
Sof-IA, inteligencia jurídica generativa
La IA desarrollada por Tirant comprende y analiza los textos que el usuario escribe o carga en la plataforma, y sugiere automáticamente la normativa, jurisprudencia, formularios y doctrina más relevante.
Además, ofrece asistencia en la redacción jurídica mediante funciones como resumir, ampliar, corregir o generar nuevos textos a partir de una idea. También facilita el estudio de documentos existentes, proporcionando resúmenes, mapas conceptuales, relaciones entre ideas y los puntos clave del contenido.
Del 8 al 15 de julio, active su acceso con condiciones preferenciales
Celebre con nosotros el Día del Abogado y dé el siguiente paso en su práctica profesional. En Tirant PRIME, encontrará las herramientas jurídicas más innovadoras y confiables del mercado mexicano.
Jul 7, 2025 | Actualidad Prime
En el mundo del Derecho, contar con una base de datos jurídica fiable, actualizada y completa es fundamental para tomar decisiones con seguridad. Tanto si eres abogado, juez, notario o asesor jurídico, la calidad de las fuentes que utilizas marca la diferencia. En este sentido, Tirant PRIME se consolida como la mejor opción para quienes buscan una herramienta tecnológica de primer nivel, con el respaldo de una editorial líder en el ámbito jurídico.
¿Qué es una base de datos jurídica?
Una base de datos jurídica es una plataforma digital que permite acceder de forma estructurada y actualizada a contenidos legales como legislación, jurisprudencia, doctrina, formularios, esquemas procesales y otros recursos relevantes para el ejercicio profesional. Su objetivo es facilitar la consulta, análisis y aplicación del Derecho en diferentes áreas de especialidad.
¿Por qué elegir la base de datos jurídica de Tirant PRIME?
Tirant PRIME no es solo una base de datos jurídica más. Es una plataforma integral que combina contenido jurídico de alta calidad con tecnología de vanguardia para ofrecer una experiencia única:
✅ Contenido riguroso y actualizado
La base de datos jurídica de Tirant PRIME se alimenta de forma permanente con la normativa vigente, jurisprudencia relevante y doctrinas comentadas por expertos. Cada documento es revisado y anotado por un equipo editorial especializado, lo que garantiza una fiabilidad total.
✅ Inteligencia artificial aplicada al Derecho
Con su motor de IA generativa jurídica, Sof-IA, Tirant PRIME permite hacer consultas jurídicas en lenguaje natural y obtener resultados relacionados, contextualizados y con referencias normativas. Una funcionalidad pionera que ahorra tiempo y mejora la precisión.
✅ Personalización y navegación intuitiva
El usuario puede guardar búsquedas, crear alertas jurídicas, trabajar por carpetas temáticas y acceder rápidamente a lo que necesita gracias a su diseño moderno y centrado en la experiencia de uso.
✅ Especialización por sectores
Tirant PRIME se adapta a diferentes perfiles profesionales: derecho penal, civil, mercantil, laboral… ofreciendo contenidos específicos y soluciones orientadas a cada área.
Opinión de los profesionales jurídicos
Miles de juristas en España y Latinoamérica ya utilizan Tirant PRIME como su principal herramienta de trabajo. Lo eligen por la fiabilidad de sus contenidos, su tecnología puntera y por estar respaldado por Tirant lo Blanch, una de las editoriales jurídicas más prestigiosas del mundo hispanohablante.
¿Buscas una base de datos jurídica que marque la diferencia?
Si estás comparando opciones, recuerda: no todas las bases de datos jurídicas ofrecen el mismo nivel de profundidad, actualización y precisión. Con Tirant PRIME, tienes a tu alcance todo lo que necesitas para trabajar con seguridad y eficacia.
Solicita una demo gratuita y descubre por qué Tirant PRIME es la mejor base de datos jurídica del mercado.
📌 Preguntas relacionadas sobre bases de datos jurídicas
¿Qué debe tener una buena base de datos jurídica?
Una buena base de datos jurídica debe ofrecer legislación actualizada, jurisprudencia completa y anotada, formularios prácticos, doctrina relevante, y herramientas de búsqueda avanzadas. Además, debe ser fácil de usar, ofrecer contenido fiable y contar con un equipo editorial especializado que garantice la calidad y actualización constante. La base de datos jurídica de Tirant PRIME cumple con todos estos requisitos, integrando además inteligencia artificial para agilizar el trabajo legal.
¿Cómo acceder a Tirant PRIME?
Acceder a Tirant PRIME es muy sencillo. Puedes solicitar una demo gratuita o solicitar información para darte de alta. Una vez te hayan facilitado tu nombre de usuario y contraseña desde Tirant lo Blanch, podrás iniciar sesión desde el área de Acceso a Clientes.
¿Qué diferencia hay entre una base de datos jurídica tradicional y una con IA?
La diferencia principal está en la forma de acceder y procesar la información. Mientras que una base de datos jurídica tradicional se basa en búsquedas por palabras clave y navegación por carpetas, una con inteligencia artificial como Tirant PRIME permite hacer consultas en lenguaje natural, obtener resultados destacados y vinculados a normativa y jurisprudencia, y acceder más rápidamente a lo que necesitas. Esto mejora la productividad y reduce el margen de error.
¿Qué base de datos jurídica es mejor para abogados?
La mejor base de datos jurídica para abogados es aquella que combina contenido completo y actualizado con herramientas tecnológicas que faciliten el ejercicio profesional. Tirant PRIME destaca por su cobertura legislativa y jurisprudencial, sus formularios listos para usar, su enfoque por especialidades y su motor de IA jurídica, que arroja resultados en segundos. Por eso, cada vez más despachos y profesionales del Derecho la consideran su plataforma de referencia.
Jul 3, 2025 | Actualidad Prime
Consulta
Fundamentos juridicos y jurisprudencias sobre la presunción de inocencia
Respuesta
La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho penal que establece que toda persona se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso legal y justo. Esto implica que el acusado no debe ser tratado ni considerado como culpable antes de que se haya demostrado su responsabilidad a través de pruebas.
En México, la presunción de inocencia está consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio conforme a las leyes. Además, el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales también establece que el acusado se presume inocente y corresponde al Ministerio Público probar su culpabilidad.
Es importante destacar que este principio también está protegido por diversos tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales México es signatario. Estos tratados establecen que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
Posibles escenarios de solución
Es el derecho de ser tratado como inocente. No se es responsable de un delito hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia garantiza a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia en su contra. Cuatro efectos produce la presunción de inocencia; primero, la persona no está obligada a probar que es inocente, corresponde al acusador la carga de la prueba; segundo, el acusado no está obligado a confesar en su contra; tercero, la duda lo beneficia según el principio in dubio pro reo; cuarto, gozar de la libertad bajo caución ante la falta de elementos.
Otras consideraciones importantes:
La presunción de inocencia con la reforma del 18 de junio de 2008 a rango constitucional debe prevalecer, estimarse, presumirse, y tratarse a la persona como inocente antes del proceso y durante todas las etapas , y no ser presentado ante los medios de comunicación para evitar un repudio y pre juzgamiento anticipado social del imputado.
El derecho a la presunción de inocencia implica que toda persona acusada de un delito debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario y haya una sentencia condenatoria o absolutoria, a través del desarrollo de una actividad probatoria de cargo válida.
Fundamento
Se recomienda consultar la doctrina SÁNCHEZ GARCÍA, A.& GORJÓN GÓMEZ, F.J. (2016)
Presunción de inocencia
Se recomienda consultar la doctrina VIDAURRI ARÉCHIGA,M. (2018)
Principio de presunción de inocencia
Algunas de las leyes relacionadas son las siguientes:
Artículo 20.B.I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TMX 256.779
Artículo 13, 113.I , 130 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TMX 256.531
Declaración Universal de Derechos Humanos. TMX325.729
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. TMX1.011.640
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.
Marginal: 2a. XXXV/2007 Tipo sentencia: Tesis Aislada Época: Novena Época Instancia: Segunda sala – Suprema Corte de Justicia de la Nación Boletín: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Tomo XXV, Mayo de 2007 IUS: 172433
TMX 134.126
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA.
Marginal: 1a. XCVI/2013 (10a.) Tipo sentencia: Tesis Aislada Época: Décima Época Instancia: Primera sala – Suprema Corte de Justicia de la Nación Boletín: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 IUS: 2003344
TMX55.980
Jul 2, 2025 | Actualidad Prime
Consulta
En el caso de que ya existe un juicio en materia de alimentos pero no ha cumplido el demandado, para que encuadre en la via penal, es el juez de lo familiar el que le debe girar alguna orden a un MP o como seria, esto en el EDOMEX.
Respuesta
I. En el Estado de México, el no pago de pensión alimenticia cuando ya existe una resolución judicial firme puede tipificarse como delito, conforme a la reforma conocida como la “Ley Sabina”, recogida en el Código Penal del Estado de México (CPEM) y artículos 1,2, 3, 4, 6, 8, 21 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):
Artículo 217.- CPEM. Comete el delito de incumplimiento de obligaciones, quien incurra en las siguientes conductas:
I. El que estando obligado por la ley, sin motivo justificado abandone a sus descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina, concubinario o acreedor alimentario, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, aun cuando éstos, con motivo del abandono, se vean obligados a allegarse por cualquier medio de recursos para satisfacer sus requerimientos indispensables, independientemente de que se inicie o no la instancia civil. El delito se sancionará con prisión de dos a cinco años y de treinta a quinientos días multa;
II. El que intencionalmente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a trescientos días multa. El órgano jurisdiccional determinará la aplicación del producto del trabajo que realice el inculpado, para satisfacer las obligaciones alimentarias a su cargo; y
III. El padre, madre, tutor o quien tenga legalmente la custodia de un menor de edad, que por incurrir en negligencia u omisión en más de una ocasión en las obligaciones que le impone la ley, ponga en riesgo la salud mental o física del menor, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos cincuenta días multa.
El Ministerio Público solicitará al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, información sobre antecedentes a que se refiere este artículo; asimismo podrá solicitar a la Dirección del Registro Civil del Estado de México información relacionada con quienes tengan la calidad de acreedor alimentario, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos sean menores de edad o incapaces; en cuyo caso, se perseguirá de oficio. En el caso de las fracciones I y II, para que el perdón concedido por el ofendido pueda extinguir la pretensión punitiva, deberá el inculpado pagar todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y garantizará el pago futuro de los mismos, por un término no menor a un año.
Al inculpado de este delito, además de las sanciones señaladas, se le impondrá la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad del menor o incapaz agraviado, por resolución judicial.
El inculpado de este delito, durante la investigación del mismo y al rendir su declaración, será apercibido por el Ministerio Público para que se abstenga de realizar cualquier conducta que pudiere causar daño a los pasivos.
En los casos de reincidencia del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, las penas a que se refiere este artículo se incrementarán hasta en una mitad.
II. ¿CÓMO PASA ESTO DE UN JUICIO CIVIL (FAMILIAR) A PENAL?
Primero debe existir una sentencia firme del juez de lo Familiar, y que esta establezca el monto, fechas y lugar de pago. Si el demandado no cumple, se puede presentar una denuncia o avisar directamente al Ministerio Público (MP), generalmente a través de: Un incidente de incumplimiento ante el mismo Juez familiar, quien puede:
1. Remitir los antecedentes al MP, o
2. Emitir un requerimiento formal para que el MP proceda penalmente.
Una vez que el MP (parte de la FGJEM, encargada de delitos del fuero común en Edomex) recibe el caso, deberá:
1. Verificar que hay una resolución ejecutoria, y
2. Que existe incumplimiento doloso, y
3. Emprender la acción penal correspondiente
III. LA PENA PENAL
El juez de lo Familiar no dicta la pena penal, pero es clave, porque emite la resolución judicial ejecutable, y puede solicitar la intervención del Ministerio Público al confirmar el incumplimiento.
El Ministerio Público (FGJEM) es la autoridad que abre la investigación penal y, si configura el delito, promueve la acción penal y acusa ante un juez Penal.
IV. CONCLUSIÓN
1. Una vez que hay una sentencia de alimentos firme y comprobado el incumplimiento, el juez de lo Familiar debe activar la vía penal — ya sea por remitir el expediente o solicitarlo — para que el Ministerio Público de la FGJEM proceda conforme al CPEM y la CPEUM.
