Dic 19, 2024 | Actualidad Prime
Se planteó una iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de reformar el artículo 19 de la Constitución Política.
Se expone que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental para las y los ciudadanos, quienes deben desplazarse con la confianza de que no serán víctimas de delitos que atenten contra su integridad física y patrimonial.
El robo en el transporte público se ha convertido en una problemática que afecta gravemente a la población, particularmente en zonas urbanas y conurbadas del país, como es el caso del Estado de México.
Se considera que la incorporación de este ilícito en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es una medida para enfrentar dicha problemática de manera efectiva y contundente.
Este, es uno de los delitos que más afecta a la población mexicana y los datos muestran que el robo con violencia es una constante en muchas entidades federativas.
Además, dicho delito no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino en muchos casos pone en riesgo su integridad física y su vida.
El robo en el transporte público es un delito que impacta de manera directa en la percepción de inseguridad de los ciudadanos.
La reincidencia es común entre los delincuentes que cometen estos actos, ya que, al no considerarse éste dentro del catálogo de aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los responsables pueden enfrentar su proceso en libertad, lo que facilita que vuelvan a delinquir.
La prisión preventiva oficiosa permitirá que los delincuentes que cometen este tipo de robos enfrenten su proceso legal desde el interior de un centro penitenciario, reduciendo el riesgo de que continúen delinquiendo mientras se lleva a cabo su juicio, y es una respuesta a la exigencia de la sociedad para tener un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas, subraya.
Dic 13, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Instituto Nacional de Migración en materia de censos a niñas y niños migrantes sin madre, padre o tutor a fin de que la Administración Pública Federal establezca políticas públicas congruentes con la reducción de las desigualdades y la facilitación de la migración ordenada, segura, regular y responsable.
Dic 10, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó dictámenes a las tres leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial por medio de las cuales se expiden las leyes Orgánica y de Carrera Judicial, así como la que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el dictamen sobre medidas de protección y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
El dictamen sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, cuyas funciones se trasladarán al Tribunal de Disciplina Judicial, que será el encargado de resolver sobre la posible responsabilidad administrativa o penal de las personas servidoras públicas del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones, y al Órgano de Administración Judicial, que tendrá la función de la administración de los recursos y de la carrera judicial.
Se reduce el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a nueve, y de 15 a 12 los años que se desempeñarán en el cargo.
En los transitorios señala que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad y que se extinguirán los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en alguna ley secundaria.
También se atribuye al Tribunal de Disciplina Judicial la función de velar por la independencia, integridad y honestidad del trabajo de los organismos de justicia; en este caso, tendrán las atribuciones de investigación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa por las faltas que cometan aquellas personas que desempeñan funciones jurisdiccionales.
Asimismo, será encargado de auxiliar al Consejo de la Judicatura Federal para implementar un plan de trabajo para la transferencia de recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales a los órganos y áreas del Poder Judicial Federal, de acuerdo con las nuevas leyes.
Por su parte, el dictamen de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial actualiza el marco normativo para alinearlo específicamente con el artículo 100 constitucional; establece como aspecto central la obligación de que exista una ley que defina las bases para la formación, evaluación y certificación de las personas funcionarias públicas y para el desarrollo de la carrera judicial fundamentada en los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo y paridad de género.
Este proyecto incorpora el deber para que el Poder Judicial incluya la perspectiva de género como criterio base para la carrera judicial, de modo que mujeres y hombres concursarán en igualdad de circunstancias para el ingreso a la carrera judicial o para su promoción dentro de la misma y se establece el combate a la violencia institucional a fin de evitar conductas de hostigamiento laboral, acoso sexual y otras formas de violencia sexual o de género en los órganos jurisdiccionales, por lo que se desarrollan diversos mecanismos para prevenir y sancionar estas prácticas.
Asimismo, el proyecto tiene un título específico que define las medidas jurídicas para combatir el nepotismo, ya que incorpora sanciones para los funcionarios que realicen nombramientos cruzados o triangulados de familiares o personas con las que tengan conflictos de interés y prevé medidas y mecanismos para que el trabajo de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial se desarrolle bajo los estándares de protección de derechos humanos, vocación de servicio público, compromiso social y ética en sus funciones.
Por otro lado, el proyecto de decreto por el que se reforman adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la facultad de investigar e imponer las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas del Poder Judicial por faltas administrativas y faculta a los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México para realizar lo propio con las personas servidoras públicas de los poderes judiciales locales.
Dic 9, 2024 | Actualidad Prime
Se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de reformar el Código Penal Federal en materia de suplantación de identidad; se pretende adicionar un Capítulo III Quáter denominado «Usurpación de identidad» y establecer que comete el delito de usurpación de identidad el que por cualquier medio obtenga datos personales en perjuicio de un tercero, con el objetivo de suplantar su identidad a fin de obtener algún beneficio para sí o para otra persona, o para la comisión de cualquier otro delito.
El documento precisa que a quien cometa este delito se le impondrá pena de dos a diez años de prisión y hasta cuatrocientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
Se aumentarán en una mitad las penas previstas en dicho artículo y suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional por un lapso de uno a cinco años en el supuesto de que el sujeto activo tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico reconocido en el rubro de la informática o la telemática.
Fue turnada a la Comisión de justicia.
Nov 26, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, y con 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 2025.
Se prevé que la Federación perciba ingresos totales por 9 billones 302, 015.8 millones de pesos (mdp), de los cuales los ingresos del Gobierno Federal por concepto de impuestos sumarán 5 billones 297, 812.9 mdp; de ingresos derivados de financiamientos, 1 billón 246, 366.5 mdp, y proyecta una recaudación federal participable por 4 billones 892 mil 179.6 mdp.
A su vez se determinó que las reservas de ambos documentos que forman parte del Paquete Económico 2025 se presenten ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Una vez aprobados se remitieron a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
