En fallo unánime (causa rol 18.856-2024), la Primera Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de casación deducido por el conductor en contra de la sentencia que le ordenó pagar la suma de $4.686.685 por concepto de daño emergente y $20.000.000 por daño moral, por su responsabilidad en un accidente de tránsito registrado en la comuna de La Granja, en agosto de 2020.

La Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Juan Eduardo Fuentes Belmar, Arturo Prado Puga, la ministra María Angélica Repetto García y los abogados (i) Raúl Fuentes Mechasqui y Álvaro Vidal Olivares– desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado y no cumplir con los requisitos necesarios para su procedencia.

Argumentos del recurso

El recurrente argumentó que la sentencia infringió varios artículos del Código Civil al condenarlo a pagar por conceptos de reparación del vehículo y gastos médicos, sin contar con pruebas fehacientes de los desembolsos efectuados. También alegó que se vulneraron los artículos 1698 y 1702 del Código Civil, así como el artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil, al utilizar pruebas no reconocidas en juicio para determinar el daño moral, liberando a la actora de la carga probatoria.

Falta de fundamentación adecuada

La Corte Suprema destacó que el recurso de casación debe cumplir con el requisito de especificar claramente en qué consisten los errores de derecho cometidos. En este caso, el recurrente no mencionó cómo se habían infringido ciertos artículos fundamentales del Código Civil que eran esenciales para resolver la cuestión controvertida.

En este sentido, al centrarse la controversia sobre un procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, la exigencia de precisar los errores de derechos, obligaba al impugnante a denunciar como infringidos aquellos preceptos que, al ser aplicados, sirvieron para resolver la contienda.

No obstante, señala la Corte “…el recurrente omite extender la infracción legal a los artículos 1437, 1438, 1445 y 2314 del Código Civil, en atención a que tienen el carácter de decisoria litis pues sirvió de sustento a la demanda y a los juzgadores para establecer el estatuto aplicable”.

Conclusión de la Corte Suprema

En consecuencia, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por el abogado Gabriel Esteban Nieto Muñoz, en representación del demandado, al considerar que no se indicó en el libelo de casación el quebrantamiento de la norma acusada, a saber, la ley especial que rige el conflicto jurídico y que ha tenido influencia sustancial en lo resolutivo de la sentencia cuya anulación se persigue, por lo tanto, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictada el 7 de mayo de 2024, se mantiene vigente.

Fuente: pjud.cl