Proyecto para combatir el sobreendeudamiento y los fraudes bancarios

El día 3 de abril de 2024, la Sala del Senado tomó la decisión de despachar a segundo trámite un proyecto de ley destinado a modificar diversos cuerpos legales. Este proyecto, conocido como iniciativa miscelánea, tiene como objetivo principal combatir el sobreendeudamiento y abordar los crecientes problemas relacionados con los fraudes bancarios que afectan tanto a los consumidores como a las instituciones financieras.

El texto legal propuesto busca proporcionar nuevas herramientas para contrarrestar el sobreendeudamiento, así como también abordar el aumento de los costos del financiamiento y los delitos financieros asociados, como los fraudes bancarios. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la importancia de estas medidas, señalando que los abusos relacionados con los fraudes de tarjetas han resultado en pérdidas considerables para las instituciones financieras, con ejemplos impactantes, como los 11 millones de dólares en reclamos registrados por Banco Estado en una sola semana debido a denuncias de fraudes.

Durante el debate en el Senado, se resaltó la necesidad de regular y prevenir estos abusos, así como también se expresó preocupación por el aumento de tutoriales en redes sociales que explican cómo cometer fraudes, lo que no solo afecta a las utilidades de las instituciones financieras, sino que también encarece el crédito en general.

Nuevas medidas

El proyecto de ley introduce una serie de modificaciones destinadas a fortalecer los programas existentes y a implementar nuevas medidas para enfrentar estos desafíos. Entre ellas, se destacan los ajustes en los criterios de elegibilidad para los programas de garantías en el sector de la construcción y la vivienda, la extensión de la duración de ciertos programas hasta finales de 2024 y la creación de un nuevo programa de garantías para el refinanciamiento de deudas.

Además, se traslada la facultad de regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito a la Comisión para el Mercado Financiero, con el fin de evitar prácticas que generen costos no previstos para los deudores.

Fuente: senado.cl

Primer TOP de Santiago dicta sentencia por receptación de cables de telefonía

El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha emitido un fallo unánime condenando a Pablo Andrés López Valenzuela por el delito de receptación de cables de redes de suministro telefónico. López Valenzuela deberá cumplir una pena efectiva de 541 días de presidio, así como enfrentar la suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de su condena, además de pagar una multa equivalente a un tercio de UTM.

Los hechos que llevaron a esta condena tuvieron lugar aproximadamente a las 02:10 horas del 9 de abril de 2021 en la comuna de Pudahuel. Según lo establecido por el tribunal, López Valenzuela fue sorprendido por Carabineros sustrayendo cables de la empresa Telefónica utilizando una sierra. Tras una breve huida en bicicleta, fue detenido con 20 metros de cables en su posesión. Estos cables, que formaban parte de redes de suministro de servicios públicos de telefonía, fueron sustraídos previamente por López Valenzuela.

El tribunal, al determinar la pena a imponer, consideró una circunstancia atenuante muy calificada, lo que resultó en una rebaja de la pena asignada al delito. Sin embargo, no se eximió al acusado de la multa dispuesta por la ley, aunque esta fue considerablemente reducida. Además, se decidió no confiscar los cables telefónicos, ya que su propiedad fue reconocida por la parte afectada, Telefónica Chile S.A.

Es importante destacar que López Valenzuela tiene antecedentes penales, habiendo sido condenado anteriormente por dos robos consumados en lugar no habitado. Aunque se le concedió el beneficio de la libertad condicional en una instancia anterior, la pena impuesta en este caso no permite la aplicación de una pena sustitutiva según lo establecido por la ley.

Fuente: pjud.cl

Tribunal de Santiago emite condena por femicidio premeditado en Independencia

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha dictado una sentencia condenando a Pedro Jaime González Gabancho a la máxima pena del sistema penal chileno: presidio perpetuo calificado. Este fallo unánime, pronunciado en el marco de la causa rol 471-2023, establece a González Gabancho como autor de femicidio premeditado, amenazas y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), todos perpetrados en septiembre y octubre de 2021 en la comuna de Independencia.

La resolución judicial, liderada por las magistradas Paula Rodríguez Fondón, Nora Rosati Jerez y Ana Larredonda Muñoz, impone además las accesorias legales correspondientes, como la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, así como la sujeción a la vigilancia de la autoridad.

Hechos de violencia y hostigamiento

El caso, marcado por una violencia extrema y brutal, involucró una serie de eventos escalofriantes que culminaron en la pérdida de la vida de Angélica Jacqueline Ramírez Gracia. Desde amenazas de muerte hasta agresiones físicas y psicológicas, González Gabancho sometió a la víctima a un constante hostigamiento. Este acoso alcanzó su punto más álgido el 30 de octubre de 2021, cuando el agresor, armado con un bidón de líquido inflamable, roció a Ramírez Gracia y prendió fuego a su cuerpo mientras ella suplicaba por su vida.

La víctima, con casi el 80% de su cuerpo quemado, agonizó durante dos meses antes de fallecer por una falla orgánica múltiple el 27 de diciembre de 2021. El tribunal destacó la crueldad de los actos perpetrados por González Gabancho, quien mostró una frialdad impactante incluso cuando la víctima le suplicaba clemencia.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, se procederá a la toma de muestras biológicas del sentenciado para su registro en el nacional de ADN de condenados, asegurando así la identificación y seguimiento de perpetradores de crímenes de género.

Fuente: pjud.cl

TOP de Santiago condena por incendio en Cerro Navia

El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha emitido una sentencia condenatoria en el caso del incendio ocurrido en diciembre de 2022 en la comuna de Cerro Navia. Ignacia Ramsay Cáceres Cid y Jenniffer Andrea Gatica Antinao han sido declaradas culpables como coautoras del delito de incendio consumado.

Sentencia y Penas Impuestas

El tribunal, integrado por los jueces Claudio Henríquez Alarcón (presidente), María Isabel Pantoja Merino y Rodrigo Palma Ruiz (redactor), ha impuesto penas efectivas a ambas acusadas. El Tribunal condenó a 10 años y un día de presidio a Ignacia Ramsay Cáceres Cid, mientras que Jenniffer Andrea Gatica Antinao recibió una pena de 5 años y un día de presidio efectivo. Además, se les han aplicado las accesorias legales correspondientes, incluyendo inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares mientras dure la condena.

Hechos Probados

El tribunal ha determinado, más allá de toda duda razonable, que las acusadas, en compañía de otros individuos no identificados, arrojaron un elemento inflamable por la ventana de un departamento en Cerro Navia, provocando un incendio que afectó gravemente el inmueble. Este acto irresponsable puso en peligro la vida de los residentes del edificio, causando lesiones a una de las personas presentes en el momento del incendio.

Consideraciones en la determinación de Penas

En la fijación de las penas, el tribunal tuvo en cuenta diversos factores, incluyendo las atenuantes y circunstancias específicas de cada acusada. Se reconoció la atenuante del artículo 11 n° 6 del Código Penal para Jenniffer Andrea Gatica Antinao, quien poseía un extracto de filiación libre de antecedentes penales. Además, se valoró positivamente el hecho de que ambas acusadas declararon y colaboraron en el esclarecimiento de los hechos, lo que contribuyó a la rebaja de las penas.

Opinión Disidente

Cabe destacar que el juez Rodrigo Palma Ruiz emitió un voto en contra de la condena, argumentando que la prueba presentada para demostrar la participación de las acusadas en el delito resultó insuficiente e inconsistente. Sin embargo, la mayoría del tribunal consideró que existían elementos suficientes para declararlas culpables y aplicar las penas correspondientes.

Fuente: pjud.cl

Avanza proyecto de ley para la creación de la defensoría de las víctimas

El Senado de la República ha recibido un proyecto de ley que marca un hito en la búsqueda de una justicia más inclusiva y accesible para todos los ciudadanos. Se trata del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, una iniciativa clave contemplada en la agenda de seguridad priorizada del país.

Objetivo del Proyecto

La esencia de este proyecto radica en garantizar el acceso a la justicia a aquellos individuos que carecen de los recursos necesarios para asegurar la defensa legal por parte de un profesional. La creación de una nueva institucionalidad y un sistema integral de protección a las víctimas busca proveerles de defensa, reparación, representación jurídica y asistencia psicológica, especialmente en casos de naturaleza penal.

Funciones y Alcance

El proyecto tiene como pilares fundamentales proporcionar orientación legal, asesoría y representación jurídica a aquellos que no pueden procurárselos por sí mismos, así como ofrecer apoyo psicológico y social en los casos que así lo requieran. La Defensoría de las Víctimas no solo será una línea de atención, sino una subdirección específica, consolidando la administración de programas públicos en materia de atención a víctimas.

Estructura y Alcance Territorial

La iniciativa contempla la creación de un servicio de alcance nacional con desconcentración territorial a través de direcciones regionales. Este nuevo servicio público estará estructurado en áreas de acción y programa, defensoría de bienes, defensoría de víctimas y subdirección de operaciones, asegurando así una cobertura amplia y efectiva en todo el país.

Reglamentación y Focalización

Un aspecto relevante del proyecto es la implementación de un reglamento que establecerá las condiciones para determinar los criterios de focalización. Este reglamento, dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y suscrito por el Ministerio de Hacienda, asegurará una distribución equitativa de los recursos y una atención prioritaria a aquellos que más lo necesiten.

En resumen, el proyecto de ley para la creación de la Defensoría de las Víctimas representa un paso significativo hacia la democratización del acceso a la justicia en Chile. Al asegurar la defensa legal y la protección de los derechos de las víctimas, se promueve un sistema judicial más equitativo y solidario. La implementación de este proyecto contribuirá a construir una sociedad más justa y empática, donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a la justicia de manera efectiva y oportuna.

Fuente: senado.cl