Corte Suprema rechaza amparo presentado por ex alcaldesa de Maipú

La Corte Suprema confirmó ayer lunes 30 de diciembre la sentencia que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Carolina Barriga Guerra. Este recurso buscaba anular la audiencia que reformalizó la investigación en su contra y decretó su prisión preventiva.

Argumentos del fallo

En un fallo unánime (causa rol 61.163-2024), la Segunda Sala del tribunal, compuesta por el ministro Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo, y los abogados integrantes Pía Tavolari y Juan Carlos Ferrada, resolvió que no hubo irregularidades en la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El tribunal evaluó dos hechos atribuidos a la ex alcaldesa:

  1. Delito de falsificación de instrumentos públicos (Hecho 2): Según el fallo, Barriga habría entregado información falsa sobre la ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Maipú entre 2017 y 2020. Estas acciones, que buscaban ocultar un déficit financiero, se materializaron en informes al Concejo Municipal, su Cuenta Pública y solicitudes de transparencia.
  2. Delitos de falsificación de informes enviados a la Contraloría (Hecho 6): Entre 2017 y 2020, Barriga remitió informes presupuestarios a la Contraloría General de la República con datos falsificados. Los documentos no reflejaban los gastos reales del municipio, ocultando así el déficit financiero de la administración.

El fallo concluyó que las acciones descritas en los hechos 2 y 6 constituyen un mismo ilícito penal. Ambos se enmarcaron en un mismo periodo y contexto: la entrega de información falsa relacionada con la ejecución presupuestaria municipal. Aunque los destinatarios variaron, el objetivo común fue distorsionar la realidad financiera del municipio y evitar la fiscalización de los recursos.

El tribunal también destacó que la Fiscalía actuó conforme a las normas al formalizar los cargos. La resolución descartó afectaciones a los derechos de defensa de la imputada y concluyó que no existió abuso de poder por parte del ente persecutor.

El máximo tribunal determinó que las conductas imputadas justifican la prisión preventiva de Cathy Barriga. Además, señaló que el proceso investigativo sigue vigente y que la Fiscalía utilizó sus facultades legales de manera adecuada.

Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma la legalidad del proceso y desestima las alegaciones presentadas por la defensa de la exalcaldesa.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirma multas por infracciones laborales contra empresa de transporte

Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirma multas por infracciones laborales contra empresa de transporte

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó un recurso de nulidad presentado por la empresa Servicios y Transportes Rémoras Austral Limitada, que buscaba anular la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt. Esta resolución había confirmado multas por infracciones laborales por un total de 160 UTM, aplicadas por la Inspección Provincial del Trabajo.

El fallo, identificado con causa rol 360-2023, emitido por la Primera Sala del tribunal de alzada, destacó que el recurso carecía de fundamentos suficientes para cuestionar la sentencia original. Según el tribunal, la empresa no presentó argumentos válidos que demostraran errores en la resolución administrativa que impuso las sanciones originadas en infracciones laborales.

“Las alegaciones del reclamante se limitaron a discutir los fundamentos de la resolución de multa sin acreditar errores de hecho ni el cumplimiento de las normativas infringidas”, indicó el fallo, firmado por los ministros Patricio Rondini, Francisco del Campo y el abogado integrante Darío Parra.

Evaluación de las sanciones

El tribunal también confirmó que las multas respetaron las disposiciones del Código del Trabajo, considerando factores como la gravedad de las infracciones y la condición de mediana empresa del reclamante, que cuenta con 137 trabajadores. Además, descartó que las sanciones infringieran principios de legalidad o proporcionalidad.

El fallo recordó que el Tribunal Constitucional ya había rechazado un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la misma empresa contra el artículo 506 del Código del Trabajo. La resolución determinó que la norma cuestionada no vulnera la Constitución.

La Corte de Apelaciones finalmente resolvió mantener la sentencia del 31 de julio de 2023 y ordenó que la empresa asumiera las costas del proceso. Con esta decisión, las multas aplicadas por la Inspección Provincial del Trabajo permanecen vigentes y ratificadas.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: El Senado avanza en la creación del Servicio Nacional Forestal como sucesor de Conaf

Gobierno avanza en proyecto de modernización del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados discutió el pasado 17 de diciembre, el proyecto de ley que moderniza el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, propone crear un sistema autónomo para calificar enfermedades profesionales y fortalecer la fiscalización en este ámbito.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lideró la presentación del proyecto junto al subsecretario Claudio Reyes y la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana. Durante la sesión, las autoridades detallaron las principales propuestas, como el fortalecimiento de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la implementación de un régimen de monocotización para trabajadores informales y no obligados a cotizar.

«La creación de Comisiones Autónomas de Calificación de Enfermedades Profesionales y el fortalecimiento de la fiscalización permitirán ampliar la cobertura y los beneficios del sistema de salud laboral», señaló la ministra Jara.

Por su parte, el subsecretario Reyes explicó que las reformas buscan modificar el mecanismo de calificación de enfermedades profesionales y entregar nuevas facultades a la Suseso. «Nos enfocamos en un mejor gobierno corporativo y en garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente. Esperamos que las próximas sesiones incluyan las opiniones de trabajadores y otros actores clave», agregó.

Cambios clave en el proyecto

El proyecto contempla separar las labores de calificación de enfermedades profesionales de los organismos administradores actuales, como las mutualidades de empleadores y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Este nuevo sistema técnico busca mejorar la objetividad y transparencia en el proceso.

Además, otorga a la Suseso nuevas facultades para coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo del sistema, fiscalizar la gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento de estándares de gobierno corporativo en las mutualidades.

Monocotización para trabajadores informales

La propuesta incluye un régimen transitorio de monocotización que permitirá a trabajadores independientes acceder a prestaciones del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales por hasta cuatro años. También se busca fomentar la formalización laboral al incluir beneficios de la Ley Sanna, que cubre a niños y niñas con condiciones graves de salud.

La superintendenta Pamela Gana subrayó la importancia de estas medidas. «Nuestro objetivo es garantizar que los trabajadores reciban sus prestaciones en salud laboral de manera oportuna y adecuada», afirmó.

Próximos pasos

El proyecto continuará en discusión durante las próximas sesiones de la comisión, donde se espera recoger aportes de trabajadores y otros grupos relacionados antes de pasar a la votación específica. El Ejecutivo busca consolidar una reforma que fortalezca la seguridad social y amplíe la cobertura a sectores tradicionalmente excluidos.

Fuente: suseso.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Seminario sobre la Ley 21.484 resalta avances y desafíos en el sistema de pago de pensiones alimenticias

Seminario sobre la Ley 21.484 resalta avances y desafíos en el sistema de pago de pensiones alimenticias

La Comisión de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de la Mujer realizaron un seminario para analizar los impactos de la Ley 21.484. Representantes de instituciones como juzgados de familia, la Corporación de Asistencia Judicial y el Registro Civil expusieron datos y reflexiones sobre la implementación de esta normativa que busca garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.

La senadora Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión, inauguró el evento enfatizando la importancia de agilizar las medidas establecidas por la ley. Recordó que esta norma nació gracias al trabajo de diversas senadoras y un mensaje presidencial, con el objetivo de establecer mecanismos efectivos para el cobro de pensiones adeudadas.

La ministra Antonia Orellana destacó que, hasta octubre, los tribunales de familia lograron ordenar el pago de más de 1,3 billones de pesos mediante los mecanismos previstos en la ley, lo que ha permitido recuperar cerca de $588 mil millones. Este monto representa casi el doble de lo recaudado hasta mayo. También señaló que el 37% de los deudores inscritos en el registro han saldado sus deudas o alcanzado acuerdos judiciales.

Evaluación del sistema y propuestas de mejora

La jueza Paz Pérez, del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, analizó el funcionamiento de la normativa y sugirió ajustes para optimizar su impacto. Propuso crear un sistema de recopilación de datos estadísticos con enfoque en infancia y género, que permita identificar obstáculos y evaluar si el modelo actual cumple con los estándares necesarios para garantizar el derecho de los menores a un nivel de vida adecuado.

Rodrigo Mora, director de la Corporación de Asistencia Judicial, expuso los resultados de un programa piloto que ofrece orientación y representación judicial a mujeres demandantes de pensiones alimenticias en la Región Metropolitana. Destacó que la iniciativa ha superado las metas establecidas en cobertura y cumplimiento de casos.

El abogado Félix Marín, del Servicio de Registro Civil e Identificación, resaltó los beneficios del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que incluye restricciones para los deudores, mayor transparencia en los procesos de cobro y datos útiles para diseñar políticas públicas. Según sus cifras, hasta la fecha, 262.785 personas figuran como deudoras, acumulando una deuda total de más de $20 mil millones.

Queda trabajo por hacer

Parlamentarios presentes coincidieron en que, aunque se han logrado avances, es necesario profundizar los esfuerzos. La senadora Claudia Pascual subrayó la importancia de cambiar la cultura del no pago, mientras que el senador Gustavo Sanhueza propuso prohibir que deudores registrados puedan postularse a cargos de elección popular.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai, desde su experiencia personal, enfatizó que la ley representa un gran avance, pero llamó a seguir trabajando para garantizar que más hombres cumplan con sus obligaciones de pensión alimenticia.

El seminario cerró con un llamado transversal a fortalecer los mecanismos existentes y promover cambios legislativos y culturales que permitan construir una sociedad más responsable y comprometida con el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Fuente: senado.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Juzgado de Garantía prohíbe ingreso de turista holandés a Parque Nacional Torres del Paine por uso ilícito de fuego

Juzgado de Garantía prohíbe ingreso de turista holandés a Parque Nacional Torres del Paine por uso ilícito de fuego 

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales resolvió suspender condicionalmente el procedimiento contra el ciudadano holandés Arjan Leo Vanuem, quien enfrentó cargos por usar fuego de manera ilícita en el Parque Nacional Torres del Paine. El Ministerio Público propuso esta medida como salida alternativa al juicio.

La jueza Marianela Chacur Benítez, a cargo de la causa rol 937-2024, impuso al imputado dos condiciones: realizar una donación de $450.000 al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza en un plazo máximo de 72 horas y mantener una prohibición de ingreso al parque por un año.

Detalles del incidente

El hecho ocurrió el pasado 15 de diciembre de 2024, alrededor de las 14:00 horas, en el sector del Campamento Italiano. Según la Fiscalía, Vanuem encendió una cocinilla a gas butano en un área no habilitada, donde existen señaléticas que prohíben claramente el uso de fuego. Personal de Conaf lo sorprendió en flagrancia y lo trasladó al Juzgado de Garantía de Puerto Natales para enfrentar los cargos correspondientes.

Este caso pone de manifiesto la estricta normativa que rige en áreas protegidas como Torres del Paine, donde las autoridades buscan prevenir conductas que puedan generar riesgos para la biodiversidad y los visitantes. Los incendios forestales representan una de las mayores amenazas para este emblemático parque, reconocido internacionalmente por su belleza natural y su condición de  Reserva de la Biósfera por el Programa Hombre y Biósfera (MAB) de la UNESCO.

El Ministerio Público destacó la importancia de respetar las normas dentro del parque, especialmente en temporada alta, cuando miles de turistas de todo el mundo lo visitan. Por su parte, las autoridades de Conaf reiteraron que el uso de fuego en lugares no autorizados está prohibido y que cualquier infracción será sancionada de acuerdo a las disposiciones ambientales vigentes.

Fuente: pjud.cl

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