Dic 19, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de la Mujer realizaron un seminario para analizar los impactos de la Ley 21.484. Representantes de instituciones como juzgados de familia, la Corporación de Asistencia Judicial y el Registro Civil expusieron datos y reflexiones sobre la implementación de esta normativa que busca garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
La senadora Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión, inauguró el evento enfatizando la importancia de agilizar las medidas establecidas por la ley. Recordó que esta norma nació gracias al trabajo de diversas senadoras y un mensaje presidencial, con el objetivo de establecer mecanismos efectivos para el cobro de pensiones adeudadas.
La ministra Antonia Orellana destacó que, hasta octubre, los tribunales de familia lograron ordenar el pago de más de 1,3 billones de pesos mediante los mecanismos previstos en la ley, lo que ha permitido recuperar cerca de $588 mil millones. Este monto representa casi el doble de lo recaudado hasta mayo. También señaló que el 37% de los deudores inscritos en el registro han saldado sus deudas o alcanzado acuerdos judiciales.
Evaluación del sistema y propuestas de mejora
La jueza Paz Pérez, del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, analizó el funcionamiento de la normativa y sugirió ajustes para optimizar su impacto. Propuso crear un sistema de recopilación de datos estadísticos con enfoque en infancia y género, que permita identificar obstáculos y evaluar si el modelo actual cumple con los estándares necesarios para garantizar el derecho de los menores a un nivel de vida adecuado.
Rodrigo Mora, director de la Corporación de Asistencia Judicial, expuso los resultados de un programa piloto que ofrece orientación y representación judicial a mujeres demandantes de pensiones alimenticias en la Región Metropolitana. Destacó que la iniciativa ha superado las metas establecidas en cobertura y cumplimiento de casos.
El abogado Félix Marín, del Servicio de Registro Civil e Identificación, resaltó los beneficios del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que incluye restricciones para los deudores, mayor transparencia en los procesos de cobro y datos útiles para diseñar políticas públicas. Según sus cifras, hasta la fecha, 262.785 personas figuran como deudoras, acumulando una deuda total de más de $20 mil millones.
Queda trabajo por hacer
Parlamentarios presentes coincidieron en que, aunque se han logrado avances, es necesario profundizar los esfuerzos. La senadora Claudia Pascual subrayó la importancia de cambiar la cultura del no pago, mientras que el senador Gustavo Sanhueza propuso prohibir que deudores registrados puedan postularse a cargos de elección popular.
Por su parte, la senadora Fabiola Campillai, desde su experiencia personal, enfatizó que la ley representa un gran avance, pero llamó a seguir trabajando para garantizar que más hombres cumplan con sus obligaciones de pensión alimenticia.
El seminario cerró con un llamado transversal a fortalecer los mecanismos existentes y promover cambios legislativos y culturales que permitan construir una sociedad más responsable y comprometida con el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Fuente: senado.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Juzgado de Garantía prohíbe ingreso de turista holandés a Parque Nacional Torres del Paine por uso ilícito de fuego
Dic 18, 2024 | Actualidad Prime
El Juzgado de Garantía de Puerto Natales resolvió suspender condicionalmente el procedimiento contra el ciudadano holandés Arjan Leo Vanuem, quien enfrentó cargos por usar fuego de manera ilícita en el Parque Nacional Torres del Paine. El Ministerio Público propuso esta medida como salida alternativa al juicio.
La jueza Marianela Chacur Benítez, a cargo de la causa rol 937-2024, impuso al imputado dos condiciones: realizar una donación de $450.000 al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza en un plazo máximo de 72 horas y mantener una prohibición de ingreso al parque por un año.
Detalles del incidente
El hecho ocurrió el pasado 15 de diciembre de 2024, alrededor de las 14:00 horas, en el sector del Campamento Italiano. Según la Fiscalía, Vanuem encendió una cocinilla a gas butano en un área no habilitada, donde existen señaléticas que prohíben claramente el uso de fuego. Personal de Conaf lo sorprendió en flagrancia y lo trasladó al Juzgado de Garantía de Puerto Natales para enfrentar los cargos correspondientes.
Este caso pone de manifiesto la estricta normativa que rige en áreas protegidas como Torres del Paine, donde las autoridades buscan prevenir conductas que puedan generar riesgos para la biodiversidad y los visitantes. Los incendios forestales representan una de las mayores amenazas para este emblemático parque, reconocido internacionalmente por su belleza natural y su condición de Reserva de la Biósfera por el Programa Hombre y Biósfera (MAB) de la UNESCO.
El Ministerio Público destacó la importancia de respetar las normas dentro del parque, especialmente en temporada alta, cuando miles de turistas de todo el mundo lo visitan. Por su parte, las autoridades de Conaf reiteraron que el uso de fuego en lugares no autorizados está prohibido y que cualquier infracción será sancionada de acuerdo a las disposiciones ambientales vigentes.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte de Apelaciones ordena a Municipalidad de Recoleta entregar Centro de Salud Familiar en condiciones óptimas para 2025
Dic 17, 2024 | Actualidad Prime
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que la Municipalidad de Recoleta debe entregar completamente reparado y acondicionado el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Patricio Hevia a más tardar el 25 de julio de 2025. Esta decisión responde al recurso de protección interpuesto por la asociación de funcionarios, que denunció condiciones precarias en el recinto.
Detalles del fallo
El fallo unánime (causa rol 18.794-2024), firmado por la ministra Elsa Barrientos, el ministro Matías de la Noi y la abogada integrante Catalina Infante, determinó que el municipio actuó de forma arbitraria al mantener el Cesfam operativo sin cumplir con estándares mínimos de higiene, infraestructura, equipamiento e insumos básicos. Según el tribunal, estas deficiencias afectan tanto a los funcionarios como a los usuarios del centro de salud.
“El municipio ha descuidado sus deberes sanitarios, perjudicando el derecho a la salud de los habitantes de la comuna y la integridad psíquica de los trabajadores al exponerlos a condiciones laborales inadecuadas”, señala el fallo.
La Corte ordenó a la municipalidad ejecutar las reparaciones necesarias para que el Cesfam cuente con espacios adecuados y equipamiento funcional. Entre las medidas exigidas se incluyen:
- Boxes de atención salubres.
- Baños diferenciados para funcionarios y usuarios.
- Espacios refrigerados para vacunas e insumos biológicos.
- Generadores y sistemas eléctricos en condiciones óptimas.
- Almacenamiento adecuado para insumos médicos.
El tribunal destacó que la Municipalidad de Recoleta reconoció la situación al informar que inició obras de reparación en enero de 2024. Sin embargo, el atraso en estas intervenciones y la persistencia de condiciones precarias desde 2022 llevaron a la Corte a catalogar el caso como un acto arbitrario que afecta derechos fundamentales.
Durante la audiencia, el abogado del municipio confirmó que existe un acuerdo con los funcionarios para finalizar las obras el 25 de julio de 2025. La Corte estableció esa fecha como límite para que el recinto quede completamente habilitado y pueda brindar atención médica en condiciones óptimas.
“Esta decisión busca restablecer el imperio del derecho y garantizar que los usuarios y funcionarios del Cesfam Patricio Hevia cuenten con un espacio digno y funcional para la atención de salud”, concluye el fallo.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema rechaza recurso de unificación de jurisprudencia por feriado legal adeudado
Dic 16, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Suprema rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia presentado contra la sentencia que ordenó a Constructora Agua Santa SA, como empresa principal, y subsidiariamente a Anglo American Sur SA, pagar $6.500.000 por feriado legal y proporcional adeudado a un extrabajador.
Argumentos del fallo
En un fallo unánime (causa rol 51.751-2024), la Cuarta Sala del máximo tribunal, integrada por las ministras Gloria Ana Chevesich, Jessica González, María Loreto Gutiérrez y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Carlos Urquieta, desestimó el recurso por no cumplir con los requisitos jurídicos que permiten este tipo de arbitrios.
El tribunal señaló que el recurso de unificación de jurisprudencia, según lo establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo, procede solo cuando existen interpretaciones contradictorias sobre un mismo tema jurídico en fallos firmes emitidos por Tribunales Superiores de Justicia.
La resolución detalló que, según el artículo 483-A del Código del Trabajo, el recurso debe cumplir ciertos requisitos:
- Presentarse en el plazo legal.
- Exponer fundamentos claros.
- Incluir una relación precisa de las distintas interpretaciones jurisprudenciales sobre el tema en cuestión.
- Adjuntar copia de los fallos que sustentan el recurso.
En este caso, la materia de derecho propuesta para unificar consistía en la interpretación del artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, que permite aplicar apercibimientos por no exhibición de documentos en juicios laborales.
La Corte concluyó que este tema no constituye un asunto jurídico habilitante para el recurso de unificación. Por esta razón, declaró inadmisible la solicitud y desestimó su análisis en esta etapa procesal.
Este fallo reafirma los criterios restrictivos para aceptar este tipo de recursos en el ámbito laboral, exigiendo un cumplimiento riguroso de los requisitos legales y jurisprudenciales.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Comisión de Gobierno del Senado respaldó proyecto de modificación a Ley de Migración
Dic 13, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad la idea de legislar un proyecto que modifica la Ley N° 21.325 de migración y extranjería. La propuesta, en segundo trámite constitucional, se encuentra a la espera del informe técnico de la secretaría para ser analizada por la Sala del Senado.
Durante las sesiones, presididas por el senador Manuel José Ossandón, participaron la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a representantes del Servicio Jesuita Migrante, Corporación Humana, organización Migrantes, colectivo Sin Fronteras, y Álvaro Bellolio.
Modificaciones clave
El proyecto incorpora cambios significativos. Desde el Ejecutivo se detallaron nuevas prohibiciones de ingreso al país para personas con condenas por violencia intrafamiliar, delitos de crimen organizado o manipulación de pruebas en juicios. También se amplían las causales de expulsión, incluyendo a quienes hayan sido condenados en el extranjero o tengan procesos judiciales pendientes.
Además, la iniciativa introduce nuevas condiciones para rechazar o revocar permisos de residencia y actualiza los procedimientos de ingreso para menores de edad no acompañados.
Derechos Sociales
El debate más complejo se centra en los derechos sociales. La Cámara de Diputados propuso garantizar que la situación migratoria irregular no afecte el acceso a beneficios estatales en salud y educación. Sobre este punto, se establece el deber de registrar a los migrantes en condición irregular.
La senadora Luz Ebensperger subrayó la necesidad de evitar discriminaciones arbitrarias, aunque cuestionó situaciones específicas, como la prioridad para niños migrantes en programas educativos.
Nacionalización y sanciones
El proyecto duplica el periodo de residencia exigido para optar a la nacionalización, pasando de 5 a 10 años. También refuerza el registro nacional de extranjeros, incorporando datos biométricos, y ajusta los plazos para impugnar órdenes de expulsión.
En materia de sanciones, se endurecen las multas para medios de transporte y se aumentan las penas por promover el ingreso ilegal al país.
Preocupaciones por migración ilegal
El senador Ossandón advirtió sobre las dificultades para ejecutar las expulsiones mencionadas en el proyecto y calificó la migración ilegal como «una bomba de tiempo social». Por su parte, el senador Esteban Velásquez planteó la necesidad de mitigar el impacto de la migración en Chile, reconociendo su dimensión global.
El proyecto continúa generando discusión sobre cómo equilibrar la regulación migratoria con los derechos fundamentales y las responsabilidades del Estado.
Fuente: senado.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Inauguran primer Centro de Creación para niños, niñas y jóvenes
