Oct 22, 2024 | Actualidad Prime
El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago resolvió a favor de un ejecutivo desvinculado de la productora de publicidad y marketing Toma Uno SpA, al acoger parcialmente su demanda por despido indebido. El fallo, identificado con causa rol 2.423-2023 emitido por la magistrada Carmen Gloria Correa Valenzuela, determinó que la empresa deberá pagar una suma total superior a los 73 millones de pesos por distintos conceptos indemnizatorios.
El fallo estableció el pago de $3.244.144 por concepto de indemnización de falta de aviso previo, $25.953.152 por indemnización por años de servicio, $20.762.521 como recargo legal del artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, $3.900.000 por feriado legal adeudado y $19.500.000 en remuneraciones correspondientes a los meses de marzo a julio de 2023.
Detalles del fallo
La magistrada determinó que la empresa no logró acreditar los motivos del despido del ejecutivo. No se presentó evidencia suficiente sobre la propiedad del comercial en conflicto ni sobre las gestiones mencionadas en la carta de despido. Además, no se aportaron pruebas de los contactos con la Agencia Atlas o Mandarina, que habrían influido en la decisión de desvinculación.
El tribunal concluyó que la empresa no pudo demostrar que las acciones del ejecutivo constituyeran una falta de probidad o incumplimiento de sus obligaciones laborales. En ese contexto, la jueza determinó que no existían elementos suficientes para validar el despido.
Conclusiones del tribunal
Finalmente, el tribunal rechazó la excepción de caducidad y la acción de tutela, pero acogió la demanda por despido indebido y ordenó el pago de las prestaciones correspondientes. Se dispuso que las sumas sean pagadas con reajustes e intereses conforme a la normativa laboral vigente.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema rechaza recurso de unificación en caso de despido injustificado de exjefa de terminal de buses
Oct 21, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Suprema, a través de su Cuarta Sala, resolvió de manera unánime declarar inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia presentado en contra de la sentencia que rechazó la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones interpuesta por una trabajadora que se desempeñó como jefa del terminal de la empresa Transportes Rurales SpA (Turbus) en Arica.
El fallo, identificado con causa rol 32.865-2024, fue emitido por las ministras Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Dobra Lusic, junto a las abogadas Fabiola Lathrop y María Angélica Benavides. En su análisis, determinaron que no existía un pronunciamiento sustancial sobre la materia de derecho que la trabajadora buscaba unificar.
Argumentos del recurso rechazado
El recurso planteaba que la causal de despido invocada fue genérica y no especializada, como exige el Código del Trabajo, debido a que las conductas imputadas a la trabajadora podrían configurarse como delito, lo que debería haberse tratado bajo una causal específica del artículo 160 N°1 letra a) de dicha norma. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos.
La Corte sostuvo que las conductas acreditadas, como compartir claves de acceso personal e intransferibles, suponían un incumplimiento grave de las obligaciones de confianza que la trabajadora, en su rol de jefatura, debía cumplir. Este comportamiento fue considerado suficiente para justificar el despido bajo la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, que se refiere a incumplimientos graves de las obligaciones del contrato.
Conclusión del tribunal
Finalmente, el fallo señaló que no existía una infracción a la normativa laboral en cuanto a la calificación jurídica del despido y que la recurrente no logró demostrar que las conductas acreditadas no fueran incumplimientos graves. Por lo tanto, el tribunal resolvió que el recurso no podía prosperar en esta instancia.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Sof-IA: La IA para abogados más eficiente
Oct 18, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de la Cámara de Diputados envió al Senado el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, que busca modificar la Ley General de Educación No.20.370. Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y la violencia en los establecimientos educativos.
Medidas para proteger a la comunidad educativa
El proyecto propone que el Estado implemente medidas para promover la convivencia educativa y el buen trato, protegiendo especialmente a los profesores y asistentes de la educación. No obstante, la Sala rechazó algunas normas clave por no alcanzar el quórum necesario, como el derecho de los estudiantes a un ambiente seguro, libre de violencia y discriminación, además de la inclusión de talleres de resolución de conflictos en la educación media.
Entre las normas rechazadas se incluyen el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos personales y la capacitación de los establecimientos por parte de la Superintendencia de Educación. También se descartó la posibilidad de pedir asesoría al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP).
Modificaciones a la Política Nacional de Convivencia Educativa
El proyecto, aunque aprobado parcialmente, incluye cambios a la Política Nacional de Convivencia Educativa y su implementación mediante un Plan Nacional de Acción. Los establecimientos deberán contar con un coordinador de Convivencia Educativa de dedicación exclusiva y establecer reglamentos internos con medidas de prevención y protocolos ante situaciones de violencia, tanto física como sexual.
Adicionalmente, el debate en la Cámara reveló diferencias entre los parlamentarios. Algunos defendieron la necesidad de abordar la violencia en los colegios, recordando casos trágicos como los de José Matías y Katherine Winter. Sin embargo, sectores de la oposición expresaron reservas constitucionales, argumentando que ciertas normas podrían afectar la libertad de enseñanza y los derechos de los padres en la educación de sus hijos.
Ministro de Educación defiende el proyecto
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó la importancia del proyecto, señalando que aborda una problemática dolorosa para la comunidad educativa. Subrayó que la iniciativa busca fortalecer la prevención de la violencia en las escuelas y proteger tanto a los estudiantes como a los trabajadores de la educación.
El Senado ahora tendrá la tarea de revisar y votar este proyecto, que sigue generando amplio debate en el ámbito educativo.
Fuente: camara.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Gobierno presenta ambicioso proyecto de reforma en el Poder Judicial
Oct 17, 2024 | Actualidad Prime
El Gobierno ha anunciado un proyecto de reforma en el poder judicial que transformará radicalmente el proceso de nombramiento de jueces, juezas y ministros en los distintos niveles del Poder Judicial. Esta iniciativa, la mayor en las últimas tres décadas, pretende asegurar que los nombramientos se basen en criterios de mérito y transparencia, garantizando procesos objetivos y competitivos.
Principales transformaciones
Dentro del proyecto presentado por el Gobierno se busca reformar el proceso de nombramiento de jueces y ministros, basándose en los principios de mérito, transparencia y probidad. Dentro de las principales características del proyecto se destacan:
Creación del Consejo de Nombramientos de Jueces
Uno de los ejes principales del proyecto es la creación del Consejo de Nombramientos de Jueces, encargado de seleccionar a los candidatos con base en concursos competitivos que evalúan su trayectoria y capacidades. Este consejo estará compuesto mayoritariamente por miembros del Poder Judicial, elegidos por sorteo, con un mandato limitado a cinco años sin posibilidad de reelección.
Separación de funciones administrativas y jurisdiccionales
Otra medida clave de la reforma es la transferencia de las funciones administrativas de la Corte Suprema a un organismo autónomo, responsable de la gestión de los recursos del sistema judicial y sujeto a rendición de cuentas ante la Contraloría. De esta forma, los jueces podrán dedicarse exclusivamente a la resolución de casos, sin distraerse en tareas administrativas.
Fortalecimiento de la Fiscalía Judicial
El proyecto también refuerza las atribuciones de la Fiscalía Judicial, dotándola de herramientas para investigar conflictos de interés y posibles infracciones a la probidad dentro del sistema judicial. Los miembros de la Fiscalía no podrán ejercer funciones jurisdiccionales, y sus dictámenes sobre conflictos de interés tendrán carácter vinculante para todo el Poder Judicial.
Eliminación de la figura de los abogados integrantes
En línea con el objetivo de preservar la independencia judicial y evitar conflictos de interés, se propone la eliminación de la figura de los abogados integrantes. A partir de la reforma, solo jueces formalmente investidos podrán ejercer funciones jurisdiccionales.
Control ético bajo la supervisión de los colegios profesionales
El proyecto establece que los colegios profesionales tendrán la capacidad de demandar judicialmente sanciones a aquellos que incumplan con las normas éticas de la profesión, independientemente de su afiliación.
Esta reforma pretende transformar profundamente el funcionamiento del Poder Judicial, promoviendo la imparcialidad, la eficiencia y la transparencia en los procesos de nombramiento y gestión dentro del sistema.
Fuente: gob.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema revoca orden de expulsión de ciudadano haitiano con arraigo laboral en Chile
Oct 16, 2024 | Actualidad Prime
En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado en favor de un ciudadano haitiano, anulando la orden de expulsión emitida por la autoridad administrativa. Este ciudadano ha residido en Chile durante un tiempo considerable y tiene un arraigo laboral que fue determinante en la decisión del tribunal.
Argumentos de la Corte Suprema
El máximo tribunal, integrado por los ministros Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus, Dobra Lusic y la abogada Pía Tavolari, concluyó que la orden de abandono impuesta por la administración era ilegal y desproporcionada. Según el fallo, se vulneró el derecho a un procedimiento justo al rechazar la solicitud de residencia definitiva sin considerar adecuadamente el contexto del ciudadano haitiano, quien no había presentado la resolución sobre el pago de una multa pendiente.
La Corte destacó las graves consecuencias que la orden de expulsión tendría en la vida del ciudadano haitiano, subrayando que no tenía antecedentes penales y que contaba con un empleo estable en el país. Esto llevó a la Sala Penal a señalar que la medida era desproporcionada y debía ser reevaluada por la autoridad migratoria.
Decisión del fallo
Como resultado, el tribunal revocó la sentencia emitida previamente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ordenó a la autoridad administrativa otorgar un plazo de 60 días al ciudadano haitiano para resolver el pago de la multa pendiente. Además, la autoridad deberá continuar con el proceso administrativo para revisar la solicitud de residencia definitiva.
Este fallo establece un precedente importante en la protección de los derechos de los migrantes en Chile, asegurando que las decisiones administrativas no vulneren los derechos fundamentales de las personas, especialmente cuando existe arraigo en el país.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Tribunal de Angol condena a 5 años de prisión a mujer por incendio en Traiguén
