Cámara aprueba informe sobre agresiones sexuales en el deporte

La Cámara aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre agresiones sexuales en el ámbito deportivo, tras una votación en la que participaron 131 legisladores. El documento revisa incumplimientos al protocolo del Decreto Supremo 22, que establece normas para prevenir acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte nacional. La aprobación busca fortalecer las medidas de prevención y sanción frente a estas situaciones, especialmente a raíz de casos recientes de alto impacto, como el conocido «Caso Cobreloa».

Evaluación de los protocolos y casos de abuso

El informe destaca que, pese a la existencia de un protocolo de prevención establecido en 2019, los responsables institucionales aún muestran serias deficiencias en su implementación. Según la investigación, varias instituciones, incluyendo el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), cometieron errores graves, entre ellos no considerar adecuadamente las denuncias de las víctimas.

Además, la Comisión señala la existencia de casos donde personas no vinculadas directamente al deporte sufrieron abusos perpetrados por deportistas, lo que expone un vacío en los mecanismos de protección para terceros. Este análisis ha evidenciado la falta de capacitación y la necesidad de una especialización más estricta en quienes deben gestionar y responder a estas denuncias.

Propuestas para mejorar la prevención y reparación

El informe propone una serie de reformas para mejorar la prevención y la atención a las víctimas. Entre las medidas recomendadas se encuentra optimizar el registro y la difusión de información sobre niños, niñas y adolescentes que asisten a organizaciones deportivas. Esta propuesta busca que tanto los menores como sus familias conozcan los derechos y protocolos de seguridad existentes.

Asimismo, el texto plantea incorporar medidas restaurativas que reparen los daños causados a las víctimas, así como evaluar sanciones para las instituciones que incumplen o fallan en sus protocolos de prevención. La Comisión también recomienda revisar el rol de los responsables institucionales y asegurar su capacitación en temas de protección y derechos de las víctimas.

Otra de las propuestas clave del informe es la creación de un tribunal nacional de arbitraje deportivo, que permita una mejor regulación y supervisión de los casos de abuso en el deporte. Este tribunal aportaría una estructura disciplinaria más moderna y eficiente para tratar estas denuncias, con el objetivo de evitar la impunidad y fortalecer la confianza en las instituciones deportivas.

En este sentido, el informe solicita que el Presidente de la República presente un proyecto de ley que dé origen a este tribunal, además de reformas a la ley orgánica constitucional del Congreso para que las personas citadas a comisiones investigadoras tengan la obligación de comparecer y declarar, ya que actualmente su asistencia es voluntaria.

Conclusión del informe

El informe de la Comisión Especial Investigadora pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención, capacitación y respuesta institucional frente a las agresiones sexuales en el deporte. Con propuestas que abarcan desde reformas legales hasta la creación de un tribunal especializado, la Cámara de Diputados busca asegurar un entorno deportivo seguro y libre de abusos. Ahora, las recomendaciones quedan en manos del Poder Ejecutivo y otras instituciones que deberán evaluar y aplicar los cambios necesarios para proteger a las víctimas y prevenir futuros casos de abuso en el ámbito deportivo.

Fuente: camara.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Aprueban informe sobre deficiencias en farmacias populares

Aprueban informe sobre deficiencias en farmacias populares

La Comisión Especial Investigadora de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares aprobó su informe final. En él, se concluye que el modelo de abastecimiento de estas farmacias ha facilitado un sistema que defrauda las arcas municipales. El informe destaca graves deficiencias en la administración y control de los recursos asignados a estas entidades.

Adicionalmente, el documento señala que el actual modelo de abastecimiento de medicamentos gestionado por municipios fomenta irregularidades en el uso de recursos. Según la Contraloría General de la República, la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) presenta fallas significativas en transparencia y control financiero. Estas debilidades aumentan el riesgo de malversación y de incumplimiento de normativas vigentes.

Falta de transparencia y cumplimiento normativo

A su vez, las auditorías realizadas revelaron problemas graves, como la falta de transparencia, la omisión de normativas y una administración de fondos deficiente. Esto, según el informe, crea un entorno favorable para la corrupción y el mal manejo de fondos públicos. «Las observaciones sobre la falta de procedimientos adecuados y el incumplimiento de leyes de compras públicas indican un entorno propenso a la corrupción y al manejo ineficiente de recursos públicos», sostiene el documento.

Propuestas para mejorar la supervisión y el control

Para enfrentar estos problemas, la comisión propone varias medidas. Entre ellas, destaca la necesidad de capacitaciones para los directivos de las farmacias populares y de un monitoreo constante. También se recomienda crear protocolos de comunicación entre entidades fiscalizadoras, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público. El informe sugiere, además, establecer alianzas estratégicas con universidades para fortalecer la supervisión y transparencia de estas farmacias.

El informe concluye que es esencial mejorar el control interno y la transparencia en el funcionamiento de las farmacias populares. Propone fortalecer la supervisión tributaria mediante un programa de fiscalización más riguroso y plantea que la Cámara de Diputados debe potenciar su facultad fiscalizadora. Para ello, se impulsa la tramitación de una reforma a la ley N°18.918, que impondrá plazos estrictos para la respuesta a los oficios de fiscalización.

El presidente de la comisión, el diputado Eduardo Durán (RN), destacó el esfuerzo de la instancia y se comprometió a presentar el informe ante la Sala de la Cámara de Diputados para avanzar en la implementación de estas recomendaciones.

Fuente: camara.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema ordena cierre de investigación en caso de adolescentes imputados

Corte Suprema ordena cierre de investigación en caso de adolescentes imputados

En fallo unánime identificado con la causa rol 54.727-2024, la Segunda Sala de la Corte Suprema ordenó al Juzgado de Garantía de Melipilla convocar a una audiencia para cerrar la investigación contra dos adolescentes imputados, debido al vencimiento del plazo máximo establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). La decisión acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa de los jóvenes, quienes enfrentan imputaciones bajo el régimen especial de dicha normativa.

Detalles del fallo

El fallo de la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que previamente había rechazado el recurso de amparo. Los magistrados argumentaron que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente fija un plazo máximo de seis meses para la investigación, salvo en casos en que el juez disponga un tiempo inferior. Además, la ley permite una única extensión de hasta dos meses adicionales, si el fiscal lo solicita de manera fundamentada.

La resolución de la Corte Suprema destacó que la última extensión del plazo, concedida el 13 de agosto de 2024, agotó la posibilidad de nuevas prórrogas. Por lo tanto, el tribunal de primera instancia excedió sus facultades al autorizar una ampliación adicional el 7 de octubre de 2024.

El fallo señaló que la extensión de los plazos de investigación vulnera las garantías constitucionales de los adolescentes involucrados. La decisión subrayó que la dilación en el cierre de la investigación afecta los derechos de los jóvenes a la libertad personal y la seguridad individual, derechos reconocidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales ratificados por Chile, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño.

Resolución final y orden a Juzgado de Garantía

La Corte Suprema concluyó revocando la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel y anuló la extensión otorgada el 7 de octubre de 2024. Como resultado, ordenó al Juzgado de Garantía de Melipilla citar de inmediato a una audiencia para notificar el cierre de la investigación, en cumplimiento con el plazo legal máximo estipulado por la Ley N° 20.084.

Esta decisión reitera la importancia de los plazos establecidos en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y refuerza la protección de derechos para los menores sometidos a medidas cautelares.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema rechaza recurso de unificación en caso de cobro de prestaciones a docentes

Corte Suprema rechaza recurso de unificación en caso de cobro de prestaciones a docentes

La Corte Suprema, en fallo unánime de la Cuarta Sala identificado con causa rol 247.353-2023, rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia presentado en representación de la Municipalidad de Alhué. Este recurso buscaba revertir la sentencia que aceptó una demanda subsidiaria de cobro de prestaciones presentada por 51 profesores. La sala, compuesta por las ministras Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, el ministro Mario Gómez, y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry e Irene Rojas, determinó que el recurso no cumplía con los requisitos necesarios para su procedencia.

Argumentos del fallo

Según el fallo, el recurso carecía de pertinencia al abordar temas jurídicos diferentes de los tratados en la sentencia impugnada. La sentencia original establecía el derecho de los demandantes a un bono proporcional mensual, en función del artículo 1° de la Ley N°19.993, pero este fue invalidado en una resolución ya ejecutoriada. En su lugar, el debate se centró en la acción subsidiaria de cobro de un aumento general de remuneraciones.

El fallo subraya que la propuesta de la Municipalidad de Alhué no abordó esta acción subsidiaria en sus argumentos, limitándose a presentar respaldos de fallos que aplicaban solo a la acción principal, ya rechazada.

Resolución final

La Corte Suprema concluyó que el recurso no cumplía con los requisitos legales para su admisión, pues argumentaba temas ajenos a los resueltos en la sentencia original. La resolución estableció: “Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel”.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dicta veredicto condenatorio contra en caso de malversación de caudales públicos

Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dicta veredicto condenatorio contra en caso de malversación de caudales públicos

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable al ex general director de Carabineros, Eduardo Gregorio Gordon Valcárcel, como autor del delito de malversación de caudales públicos. La resolución unánime identificada con causa rol 148-2023, emitida el miércoles 30 de octubre, abarca ilícitos cometidos entre 2010 y 2011. Los jueces Erick Aravena Ibarra (presidente), Mauricio Olave Astorga y Patricia Bründl Riumalló (redactora) coincidieron en que la evidencia presentada durante el juicio respaldó las acusaciones.

Evidencia presentada en el caso

Durante el juicio, el tribunal presentó diversos testimonios y documentos que detallan las acciones de Gordon. Varios funcionarios confirmaron que recibieron regalos de fin de año, incluidos electrodomésticos y artículos personales, mientras trabajaban bajo el mando de Gordon en el Departamento de Relaciones Públicas. Además, el propio Gordon confirmó la existencia de una “Pauta de Saludos Protocolares” que aprobaba cada mes, donde se indicaba a quién se debía enviar presentes a su nombre, utilizando fondos públicos.

Entre otros gastos registrados, se incluyeron compras de artículos de uso personal y regalos entregados en eventos como matrimonios y cumpleaños de funcionarios y familiares. En su defensa, Gordon afirmó que estos regalos y celebraciones buscaban motivar al personal, aunque admitió haber ordenado resolver las observaciones realizadas por la Contraloría.

Otros detalles del fallo

El tribunal también declaró culpable a la capitana Marcela Alejandra Cuevas Muñoz como cómplice del delito. Cuevas, quien se desempeñaba como jefa de la Sección Administrativa del Departamento de Relaciones Públicas, supervisaba las compras relacionadas con los regalos cuestionados en la causa. Testigos y documentos corroboraron que ella firmaba junto a su superior los comprobantes de compras y recibía las facturas de los artículos adquiridos.

A pesar de que Cuevas argumentó que cumplía órdenes de su superior, el tribunal concluyó que, dada su formación en la Academia Superior de Carabineros, ella entendía la ilegalidad de sus acciones. La jueza Bründl destacó que Cuevas no presentó a sus superiores las irregularidades detectadas en el proceso de adquisiciones, lo que refuerza su participación dolosa en los hechos.

Sentencia y fecha de lectura

La magistrada Patricia Bründl Riumalló redactará la sentencia completa, cuya audiencia de comunicación quedó fijada para el próximo viernes 22 de noviembre a las 11:30 horas. El tribunal definirá entonces las penas a las que ambos acusados deberán enfrentarse por su rol en el delito de malversación de caudales públicos.

Fuente: pjud.cl

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