Jun 25, 2024 | Actualidad Prime
En un fallo unánime, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó los recursos de nulidad presentados contra la sentencia que absolvió a tres miembros de una patrulla militar acusados por el Ministerio Público de cometer apremios ilegítimos en octubre de 2019 en la comuna de Peñalolén.
La decisión, correspondiente a la causa rol 2.600-2024, fue adoptada por los ministros Juan Cristóbal Mera, María Loreto Gutiérrez y la abogada integrante Claudia Candiani. El tribunal de alzada concluyó que no hubo error en la valoración de la prueba por parte del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que dictó la sentencia impugnada.
El fallo detalló varios puntos clave:
- Actuación de José Luis Santibáñez Lucero: Se consideró que no se probó que José Luis Santibáñez Lucero disparara la escopeta antidisturbios en infracción de los reglamentos, pues los acusadores no lograron demostrar la existencia de los protocolos a que aluden las acusaciones y que, en las circunstancias descritas -desórdenes y saqueos-, su acción no vulneró ninguna norma legal aplicable, pues tampoco logró acreditarse que que el disparo de Santibáñez haya sido dado directamente al cuerpo de la víctima, de modo que, con o sin reglamentos, tampoco hay un abuso de su cargo.
- Actuación de Patricio Fernando Gormaz Torres: Sobre Patricio Fernando Gormaz Torres, la corte señaló que no se demostró que hubiera golpeado violentamente a la víctima en las costillas, como se acusaba, sino que realizó un «tacle» para detener a alguien que huía, lo cual no constituye un apremio ilegítimo.
- Responsabilidad del Capitán Miguel Alejandro Puchi García: En cuanto a Miguel Alejandro Puchi García, la corte concluyó que no podía ser responsable de omisión, ya que no estaba en posición de impedir las acciones de sus subordinados dadas las circunstancias de insurrección y desorden, por lo que nunca estuvo en posición de impedir el disparo de Santibáñez. Además, precisa el fallo, que en materia penal solo se responde como autor, cómplice o encubridor, en los términos de los artículos 14, 15, 16 y 17 del Código Penal y, en ningún caso, por una responsabilidad del mando, que podrá dar origen a reproches de otra índole, como administrativa o civil, pero nunca penal..
El tribunal concluyó que, de haber condenado a los acusados, se habría incurrido en una grave falta al artículo 297 del Código Penal. Así, se rechazaron los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, confirmando la absolución de los tres militares.
En consecuencia, esta sentencia ratifica la decisión del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, emitida el 16 de abril de 2024, y confirma la libertad de los acusados en relación con los hechos ocurridos durante las manifestaciones en Peñalolén en octubre de 2019.
Fuente:pjud.cl
Jun 24, 2024 | Actualidad Prime
En un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo presentado por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, ordenó continuar la tramitación de la demanda por incumplimiento de contrato presentada contra la embajada de Brasil. Esta decisión se produjo después de que el tribunal inferior declarara, de manera errada, su incompetencia para conocer del caso, a pesar de que la embajada había renunciado a la inmunidad de jurisdicción.
La controversia surgió a partir del contrato N° 17/2013 celebrado entre la República Federativa de Brasil en Santiago y la empresa demandante Moguerza Constructora SpA para la ejecución de obras de restauración y modernización en la embajada. En el contrato, específicamente en su cláusula 14.4, ambas partes acordaron someter cualquier conflicto o controversia a los tribunales ordinarios de Santiago, incluyendo las cuestiones referentes a la validez, cumplimiento, ejecución o interpretación del contrato, lo que constituye una renuncia explícita a la inmunidad de jurisdicción.
El fallo de la Corte Suprema subraya que esta renuncia está regulada por el artículo 321 del Código de Bustamante, también conocido como Código de Derecho Internacional Privado, el cual establece que la sumisión expresa implica una renuncia clara y terminante al fuero propio y la designación precisa del juez competente. Precisa la Corte los elementos que configuran la sumisión expresa son: que sea hecha por los interesados, que la renuncia al fuero propio sea clara y terminante y que se designe con toda precisión al juez al que se somete el conflicto. Tanto la República de Chile como la República Federativa de Brasil son partes de este Código y signatarios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, lo que fortalece la validez de dicha renuncia.
La sentencia de reemplazo advierte que los jueces del fondo han efectuado una incorrecta aplicación de las disposiciones señaladas al declarar la carencia de jurisdicción de los tribunales chilenos para conocer del conflicto y en consecuencia, el recurso de casación en el fondo de la demandante, deberá ser acogido, por lo tanto, revoca la resolución apelada del 28 de noviembre de 2019 y declara que el tribunal unipersonal de excepción es competente para conocer del caso. Además, establece que un juez no inhabilitado deberá pronunciarse sobre las excepciones dilatorias presentadas, y dispone que las notificaciones necesarias en la causa sean practicadas conforme a las normas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este fallo reafirma la validez de la sumisión expresa a la jurisdicción ordinaria en contratos internacionales, incluso cuando involucran a entidades diplomáticas, siempre que se cumplan los requisitos legales y se reconozca la renuncia a la inmunidad de jurisdicción.
Fuente: pjud.cl
Jun 21, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones ha aprobado una nueva norma que modifica la Ley 18.168, General de Telecomunicaciones, para individualizar y registrar a los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago. Esta decisión busca fortalecer la persecución de delitos y el crimen organizado.
La iniciativa se aprobó por unanimidad. Se establece que las concesionarias de servicio público telefónico y de transmisión de datos deberán financiar un sistema que permita el bloqueo efectivo de los dispositivos robados. La Subsecretaría de Telecomunicaciones definirá, mediante normativa técnica, los mecanismos y requisitos que debe cumplir este sistema.
Nuevo delito
Además, se ha creado el delito de adulteración de IMEI. Según la norma, «el que adultere o modifique el IMEI, entendido como la identidad internacional del equipo móvil, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales».
Una vez emitido el informe respectivo de la Comisión, el texto se analizará en particular por la Sala del Senado. La senadora Ordenes ha expresado su agradecimiento por el trabajo realizado entre la Comisión y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, destacando que «el proyecto es parte de los compromisos de la agenda de seguridad pública. Es una norma relevante y esperamos que esté en Sala prontamente».
El senador Enrique Van Rysselberghe ha sugerido la posibilidad de invitar nuevamente a la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público para considerar propuestas adicionales para un futuro proyecto desde la misma Comisión. El Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, ha indicado que se están abordando temas importantes en materia de seguridad pública, señalando que «hay una cantidad relevante de estafas por vía telefónica o WhatsApp que se hacen desde teléfonos de prepago que hoy están innominados. Ahora habrá un usuario responsable».
El proyecto establece que las concesionarias de servicio público telefónico deberán solicitar los datos necesarios para la correcta individualización de los usuarios antes de iniciar la provisión del servicio. Estos datos incluyen nombre completo, domicilio, número de cédula de identidad o pasaporte, IMEI, MSISDN (identidad internacional del abonado móvil) e IMSI (identidad internacional del abonado móvil), así como otras especificaciones que la Subsecretaría pueda indicar en la norma técnica aplicable. El usuario registrado deberá ser mayor de edad.
Fuente: senado.cl
Jun 20, 2024 | Actualidad Prime
El proyecto de ley destinado a mejorar la responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado avanza en el Congreso tras ser aprobado en general por la Sala del Senado. La iniciativa, que fue derivada a la Cámara Baja, busca fortalecer la institucionalidad de las finanzas públicas, promoviendo la calidad, diseño, credibilidad y transparencia en la gestión fiscal.
Aspectos Clave del Proyecto
El proyecto, elaborado con la participación de la Comisión de Hacienda, introduce herramientas para modernizar y adaptar la normativa de manejo fiscal a los nuevos escenarios políticos y sociales. Entre las principales propuestas se incluye la complementariedad de la regla del Balance Estructural con un ancla de Deuda Bruta del Gobierno Central Total. Asimismo, se establece la «Cláusula de Escape», un mecanismo que permitirá al Gobierno desviarse temporalmente de las metas fiscales de Balance Estructural en situaciones específicas.
Además, se contemplan modificaciones para robustecer los fondos soberanos existentes, como el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones. También se amplían las funciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), incluyendo nuevas incompatibilidades con el ejercicio del cargo y la modificación de las dietas de sus consejeros.
Otro aspecto destacado es la explicitación de la presentación de los Informes Financieros elaborados por la Dirección de Presupuestos, junto con la necesidad de publicar un informe financiero consolidado. Asimismo, se establecen nuevas funciones informativas para la Dirección de Presupuestos y se permite que personas jurídicas designadas por el Ministerio de Hacienda realicen intercambios temporales de valores de deuda pública en el contexto de un programa de formadores de mercado.
Debate y Votación
Durante la discusión en el Senado, el senador Juan Antonio Coloma, miembro de la Comisión de Hacienda, presentó el informe de la norma, destacando los cambios introducidos por las indicaciones del Ejecutivo y la importancia de fortalecer las finanzas públicas mediante nuevas herramientas. Coloma resaltó la necesidad de avanzar en transparencia fiscal y el esfuerzo de los especialistas de distintas administraciones.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, profundizó en el rol del Consejo Fiscal Autónomo y la importancia de la regla fiscal, señalando que el proyecto busca aclarar los casos en los que las reglas fiscales no pueden aplicarse. Durante el debate, intervinieron los senadores José García, Yasna Provoste, Carlos Kuschel y María José Gatica, quienes expresaron sus opiniones y análisis sobre la iniciativa.
Próximos Pasos
El proyecto ahora se encuentra en la Cámara Baja para su discusión y votación. De ser aprobado, se espera que la normativa contribuya a recuperar la estabilidad y capacidad de ahorro del país, mejorando la gestión financiera del Estado y fortaleciendo la confianza en las instituciones fiscales.
Fuente: senado.cl
Jun 19, 2024 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó, el 18 de junio, un fallo en el que se condena a la Municipalidad de Ñuñoa y a la empresa de servicios sanitarios Aguas Andinas SA a pagar una indemnización solidaria de $77.000.000. Esta sentencia se emite tras el accidente sufrido por una residente que cayó en una cámara abierta frente a su domicilio.
Detalles del Caso
El caso, identificado con la causa rol 9.364-2020, fue resuelto por la Novena Sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros José Pablo Rodríguez Moreno, Fernando Valderrama Martínez y la abogada integrante Renée Rivero Hurtado. El tribunal determinó la responsabilidad de ambas entidades por falta de servicio.
Fundamentos del Fallo
El fallo destaca que la Municipalidad de Ñuñoa, como órgano del Estado, debe regirse por el principio de juridicidad, orientando sus acciones a promover el bien común y el progreso de la comuna. La resolución señala que la falta de una tapa en el dispositivo de guardallaves ubicado en la vereda a la salida del domicilio de la actora fue un elemento clave en el accidente. No se probó la existencia de un socavón, pero sí se estableció el mal estado del guardallaves.
El tribunal consideró que la Municipalidad no ejerció su labor de fiscalización adecuadamente, ni antes ni después del accidente. Además, no comunicó a la empresa correspondiente el desperfecto en la vereda. Esta inactividad generó la responsabilidad del ente municipal en los perjuicios sufridos por la víctima.
Responsabilidad de Aguas Andinas SA
La empresa Aguas Andinas SA fue considerada propietaria del guardallaves y, por lo tanto, responsable de su mantenimiento. La falta de una tapa de protección y la inacción de la empresa durante meses después del accidente reforzaron su responsabilidad. Según el artículo 34 del D.F.L. N° 382 de 1989, la empresa debía controlar y mantener la calidad del servicio suministrado, lo cual no se cumplió.
Conclusiones del Tribunal
El fallo concluye que ambas entidades, la Municipalidad de Ñuñoa y Aguas Andinas SA, son solidariamente responsables de los daños ocasionados. La indemnización total de $77.000.000 incluye $7.000.000 por daño moral a la hija de la víctima, Lorena Sabrina Guidobono Dinamarca, y $70.000.000 por daño moral a la accidentada, María Eugenia Dinamarca Morales.
La decisión de revocar el fallo de primera instancia y conceder la indemnización fue adoptada con el voto en contra del ministro Valderrama Martínez respecto al daño emergente y de la abogada integrante Rivero Hurtado respecto al daño moral.
Fuente: pjud.cl
