Nov 26, 2024 | Actualidad Prime
La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Cecilia Belén Billordo y ordenó gestionar la factibilidad de realizar dos audiencias telemáticas requeridas por un tribunal de Argentina. La resolución implica coordinar la presencia de un ministro de fe y notificar formalmente al tribunal trasandino.
El fallo, identificado con causa rol 28.336-2024, revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que previamente había rechazado el amparo. La Segunda Sala, compuesta por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, quien votó en contra de la resolución, y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Raúl Fuentes, fundamentó su resolución en los principios de protección de derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile.
Argumentos del fallo
El tribunal destacó que Billordo enfrenta una situación de vulnerabilidad, ya que es madre de cuatro hijos pequeños, uno de ellos lactante, bajo su cuidado. La extradición a Argentina, según la defensa, pondría en riesgo tanto su libertad como los derechos de sus hijos, quienes quedarían desamparados. Además, se enfatizó que el tribunal argentino solicitó expresamente las audiencias telemáticas para evitar el traslado de la amparada.
La sentencia citó la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a considerar la situación de mujeres en contextos de vulnerabilidad, especialmente cuando están expuestas a violencia o privación de libertad.
El fallo ordenó oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar la factibilidad de las audiencias telemáticas. Estas deben realizarse con la certificación de un ministro de fe designado por la Corte Suprema, quien verificará la identidad de Billordo. La Defensoría Penal Pública asumirá la coordinación logística, mientras la Cancillería deberá informar formalmente al tribunal argentino sobre la resolución adoptada.
Con esta decisión, la Corte Suprema busca garantizar los derechos fundamentales de la amparada y sus hijos, cumpliendo con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
Fuente: pjud.cl
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Oct 7, 2024 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Santiago, a través de la Undécima Sala, determinó que el Estado deberá pagar una indemnización de $50.000.000 a Sergio Artemio Palacios Muñoz, víctima de violencia estatal que fue detenido y torturado en 1973 cuando tenía 16 años. El fallo unánime (causa rol 1.803-2024) aumentó la compensación económica en proporción al daño sufrido, revocando una sentencia anterior.
Contexto del caso
Sergio Palacios fue detenido en octubre de 1973 por efectivos de la Fuerza Aérea y trasladado al Estadio Nacional. Durante su detención, que se extendió por aproximadamente un mes, fue torturado por agentes del Estado. La resolución judicial señala que Palacios sufre secuelas psicológicas graves, como estrés postraumático, ansiedad generalizada, pánico nocturno y problemas de socialización, todo como consecuencia de las torturas.
Argumentos de la Corte
La Corte basó su decisión en la intensidad del daño acreditado, destacando que Palacios, en su calidad de menor de edad y estudiante, fue víctima directa de violencia estatal. Se destacó también el impacto duradero que estos hechos tuvieron en su salud mental, justificando así el aumento de la indemnización inicialmente fijada.
El tribunal, conformado por el ministro Miguel Vázquez, la ministra Romy Rutherford y la abogada María Soledad Krause, ratificó la decisión del 24° Juzgado Civil de Santiago, con la modificación del monto compensatorio a $50.000.000, ajustable conforme al dictamen judicial una vez que la sentencia sea definitiva.
Este fallo marca un nuevo precedente en la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar en Chile.
Fuente: pjud.cl
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Sep 25, 2024 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Santiago ha determinado la publicación de una sentencia en un diario de circulación nacional, como parte de las medidas de reparación integral por crimen de lesa humanidad en el caso del secuestro calificado de José Abel Coronado Astudillo. Coronado Astudillo, trabajador de la central hidroeléctrica El Abanico, fue detenido el 17 de septiembre de 1973, y desde entonces se desconoce su paradero.
Sentencia y condena
En un fallo unánime,causa rol 1.465-2023, la Cuarta Sala del tribunal, compuesta por las ministras Jessica González, Isabel Margarita Zúñiga y la abogada (i) Paola Herrera, ratificó la condena al fisco por un monto total de $320.000.000, destinado a indemnizar por daño moral a los hermanos de la víctima. Asimismo, el tribunal ordenó la publicación de un extracto de la sentencia que confirma que Coronado Astudillo fue víctima de un crimen de lesa humanidad.
Los demandantes habían solicitado que, como parte de la reparación integral, se reconociera públicamente que su hermano fue víctima de un delito de lesa humanidad. En respuesta, la sentencia ordena al Fisco de Chile a publicar un extracto de los hechos relevantes del caso, con mención expresa de que Coronado Astudillo era trabajador de la empresa Endesa, de conformidad con los principios establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y las directrices de la ONU sobre reparaciones.
Reparación integral y memoria histórica
El fallo subraya que la reparación por violaciones a los derechos humanos debe alinearse con las normas internacionales y con las disposiciones del derecho interno. Además, recalca que la reparación integral no solo implica la indemnización económica, sino también medidas de restitución, rehabilitación y, en este caso, de satisfacción y garantía de no repetición. Estas acciones contribuyen tanto al resarcimiento de las víctimas como al fortalecimiento de la memoria histórica de la sociedad.
Finalmente, el tribunal revocó la parte de una sentencia previa que rechazaba la solicitud de publicación, ordenando que se haga efectiva la difusión en un diario nacional de los hechos establecidos en la sentencia penal condenatoria del secuestro calificado de José Abel Coronado Astudillo. Este fallo tiene como objetivo avanzar en la justicia y la reparación, reafirmando la responsabilidad del Estado en este tipo de crímenes.
Fuente: pjud.cl
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May 17, 2024 | Actualidad Prime
El Senado ha brindado un sólido respaldo a la idea de legislar sobre el proyecto que establece el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta iniciativa, que ahora pasa a su segunda etapa de trámite, ha recibido una suma urgencia para su tratamiento en la Comisión de Constitución del Senado.
El presidente de la Comisión, senador Alfonso De Urresti, informó a la Sala del Senado sobre los aspectos generales del proyecto y los puntos que serán objeto de modificaciones durante su discusión en particular.
El proyecto tiene como objetivo la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que será una entidad administrativa descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este servicio estará bajo la supervisión del presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Funciones que tendría
Entre las funciones principales del Servicio se encuentra la entrega de orientación legal, asesoría y representación jurídica a personas que no puedan procurárselas por sí mismas, así como a víctimas de delitos. También se encargará de administrar el sistema de mediación familiar y brindar apoyo psicológico y social a grupos de especial protección.
La dirección nacional del Servicio se organizará en tres subdirecciones funcionales, además de contar con un Departamento de Auditoría y Control y un Departamento Jurídico y Fiscalía, dependientes directamente del Director Nacional.
El proyecto contempla que este servicio sea el sucesor legal de las Corporaciones de Asistencia Judicial existentes en el país, con el objetivo de institucionalizar y unificar las normativas relacionadas con el acceso a la justicia.
Durante el debate, diversos senadores y el ministro de Justicia y Derechos Humanos coincidieron en la importancia de este proyecto, destacando que permitirá mejorar el acceso a la justicia, especialmente para las víctimas de delitos, y proporcionarles las herramientas legales necesarias para enfrentar la delincuencia.
En resumen, el respaldo del Senado a esta iniciativa refleja la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia y proteger los derechos de las víctimas en el país. Ahora, la Comisión de Constitución del Senado continuará su estudio en particular para lograr una legislación que beneficie a toda la ciudadanía.
Fuente: senado.cl
Mar 20, 2024 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Santiago ha elevado la indemnización que el fisco deberá pagar a Gabriel Andrés Espinoza Silva, víctima de detención y tortura en 1982 y 1985. Esta decisión, tomada de forma unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada, reafirma la responsabilidad del Estado en casos de violaciones a los Derechos Humanos y destaca la importancia de la reparación integral a las víctimas de tales abusos.
El fallo (causa rol 14.713-2023) de la Primera Sala del tribunal de alzada, compuesta por el ministro Alejandro Rivera, la ministra Sandra Araya y el abogado Jorge Gómez, confirma la sentencia emitida por el 24° Juzgado Civil, incrementando el monto indemnizatorio en proporción al daño sufrido por Espinoza Silva. La resolución destaca la imprescriptibilidad de las violaciones a los Derechos Humanos, tanto en el ámbito penal como en las consecuencias patrimoniales, subrayando el compromiso del Estado chileno en la protección y reparación de las víctimas.
En este sentido, se hace hincapié en la obligación del Estado de respetar y promover los derechos esenciales de los ciudadanos, tal como establece la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile. La calificación de imprescriptibilidad de estas conductas violatorias busca asegurar la persecución y responsabilidad del Estado en la reparación integral a las víctimas, sin límites temporales, debido al daño permanente y profundo causado.
La jurisprudencia de la Corte Suprema sostiene que, en casos de delitos de lesa humanidad, la acción civil indemnizatoria no está sujeta a las normas de prescripción establecidas en la ley civil interna. Por tanto, cualquier diferenciación en el tratamiento de estas acciones resulta discriminatoria e incoherente con el marco legal nacional e internacional.
La resolución de la Corte de Santiago, al revocar la sentencia que acogía la excepción de reparación integral, reafirma la obligación del Estado de reparar de manera integral los daños causados por hechos ilícitos. Se confirma así el incremento en la indemnización a favor de Espinoza Silva, fijando el monto en $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), el cual se incrementará con reajustes e intereses de acuerdo con lo dispuesto en el fallo de primer grado.
Fuente: pjud.cl
